Las detenciones arbitrarias, y otros crímenes de derecho internacional, son cometidos como parte de un curso de acción que ha demostrado ser sistemático y generalizado. Esto lleva a creer que pueden constituir crímenes de lesa humanidad, según el Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ), el Foro Penal y Amnistía Internacional
El Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ), el Foro Penal y Amnistía Internacional publicaron una nueva investigación en la que se analizaron los datos de actos de represión en Venezuela.
El estudio identificó los distintos patrones en los que las detenciones arbitrarias por motivos políticos se correlacionan con las estigmatizaciones de ataques hacia personas defensoras de derechos humanos.
La investigación, titulada: «Represión calculada: Correlación entre las estigmatizaciones y las detenciones arbitrarias por motivos políticos en Venezuela», se llevó a cabo a lo largo de más de un año.
El estudio analizó los registros del Foro Penal y el CDJ, ambas organizaciones defensoras de los derechos humanos basadas en Caracas. A estos datos de las organizaciones, que abarcan el período desde enero de 2019 hasta junio de 2021, se le aplicaron distintos modelos estadísticos como la correlación de Pearson, y otros de analítica descriptiva como análisis evolutivos y distribución de frecuencias porcentuales. Los modelos estadísticos fueron validados por un proceso de revisión de pares (peer review).
A continuación, algunas claves del análisis hecho por las organizaciones:
Estigmatización para deslegitimar
Las estigmatizaciones son la caracterización de personas defensoras como “terroristas”, “enemigas del Estado” u “oponentes políticos” por parte de autoridades y medios de comunicación estatales. Estas se usan para deslegitimar su trabajo, incrementando su vulnerabilidad a sufrir abusos y violaciones a derechos humanos.
Medios del gobierno, canales de la estigmatización
El CDJ ha registrado eventos de estigmatización en contra de defensores de derechos humanos entre enero de 2019 y junio de 2021 en Venezuela, a través de medios de comunicación, públicos y privados, que tienen vínculos con el gobierno. Estos utilizan los espacios para atacar, exponer y hostigar a personas que son percibidas como críticas al gobierno de Nicolás Maduro.
El Mazo Dando fue la fuente que más emitió discursos con estigmatizaciones, ocupando 20,4% del total registrado. Le sigue Misión Verdad con 15,1% y Lechuginos con 9,8%.
Las fuentes mencionadas anteriormente son las que realizaron más estigmatizaciones tres días antes de que se llevaran a cabo detenciones arbitrarias entre enero de 2019 y junio de 2021.
En 486 detenciones arbitrarias, el portal web “Misión Verdad” había realizado estigmatizaciones tres días antes de que sucediera el arresto. En el caso del programa televisivo «Con El Mazo Dando» se registraron 481 casos donde ocurrió lo mismo, y en alrededor de 100 casos, los arrestos se producían tres días después de que el portal «Lechuguinos» publicara información estigmatizante.
Detenciones arbitrarias «sistemáticas y generalizadas» y con la discriminación política como trasfondo
Para que una detención sea considerada arbitraria se toma en cuenta la forma en que se practica, que suele ser sin orden judicial, y también la falta de garantías al debido proceso.
En Venezuela, las detenciones arbitrarias por motivos políticos han sido ampliamente documentadas por organizaciones nacionales e internacionales. Ellas, y otros crímenes de derecho internacional, son cometidos como parte de un curso de acción que ha demostrado ser sistemático y generalizado. Esto lleva a creer que pueden constituir crímenes de lesa humanidad.
La naturaleza arbitraria de las detenciones ha sido ampliamente documentada, pero los hallazgos de este informe indican con mayor certeza el carácter de discriminación política detrás de ellas.
En el período bajo análisis se documentaron más de 1200 detenciones arbitrarias.
Detenciones arbitrarias como consecuencia de las estigmatizaciones
La correlación entre detenciones arbitrarias por motivos políticos y las estigmatizaciones llegó hasta a 77% en 2021. Mientras que en 2020, era 42% y, en 2019 29%.
Las organizaciones consideran que la dependencia entre la narrativa discriminatoria (estigmatizaciones) y las violaciones a derechos humanos (detenciones arbitrarias) podría indicar la existencia del crimen de lesa humanidad de persecución, por lo que las autoridades venezolanas, incluido al más alto nivel, deben ser investigadas para determinar su responsabilidad penal en estos hechos.
FAES, el cuerpo de seguridad que más practica detenciones arbitrarias
Las detenciones arbitrarias por motivos políticos son practicadas por cuerpos de seguridad del Estado venezolano, entre ellos: la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).
La DGCIM, de índole militar, se ubica como el segundo cuerpo de seguridad en realizar detenciones arbitrarias cada año.
Otra progresión importante ha sido cómo las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la PNB han aumentado las detenciones que han realizado. En 2019 ocupaban el quinto lugar de cuerpos de seguridad que detuvieron de manera arbitraria, para el 2020 fueron el tercero y en 2021 se coloca como la primera fuerza de seguridad en llevar a cabo las detenciones arbitrarias.
El SEBIN, que depende del Poder Ejecutivo, y la DGCIM, que depende funcionalmente del Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, es decir del presidente de la República, y administrativamente del Ministerio de la Defensa, han fungido como órganos represores del gobierno de Maduro.
¿A quiénes afecta la dinámica represiva?
La dinámica de la represión en Venezuela se ha dirigido contra un grupo determinante de personas, que son aquellas percibidas como disidentes u opositoras al gobierno de Nicolás Maduro.
En Venezuela, los medios de comunicación han sido sometidos a un control administrativo que ha implicado el cierre y la descontinuación de concesiones. En paralelo, los medios de comunicación públicos, financiados por el presupuesto estatal, y otros medios de comunicación de línea editorial cercana al partido de gobierno, han proliferado.
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