La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó a través de un comunicado su preocupación por las «declaraciones estigmatizantes, el cierre de medios de comunicación independientes y los procesamientos judiciales» contra periodistas en Venezuela
Consideran que las «figuras penales vagas contenidas en la denominada Ley Contra el Odio tienen el potencial de restringir expresiones públicas que están protegidas por el derecho internacional»
La Relatoría también reseña que ha seguido con «particular preocupación» los reportes sobre las órdenes de allanamiento y aprehensión dictadas en contra del periodista Roberto Deniz y el hostigamiento a su familia
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó a través de un comunicado su preocupación por las «declaraciones estigmatizantes, el cierre de medios de comunicación independientes y los procesamientos judiciales» contra periodistas en Venezuela que investigan, informan y denuncian asuntos de interés público.
«En este sentido, la RELE llama al Estado a cesar las amenazas y restricciones arbitrarias a la libertad de expresión e insta a las autoridades a mantener un discurso favorable a la deliberación pública», se lee en el texto publicado en el sitio web de la Relatoría el pasado 28 de enero.
#Venezuela🇻🇪 La @RELE_CIDH insta al Estado a cesar la criminalización, las declaraciones estigmatizantes y las medidas de censura contra periodistas que investigan e informan sobre asuntos públicos o se manifiestan críticamente contra el gobierno
👉🏽https://t.co/mThb7s9ukS pic.twitter.com/EOvSLWsxcQ— Relatoría Especial p/la Libertad Expresión (CIDH) (@RELE_CIDH) January 31, 2022
En el documento, hicieron una revisión de los últimos casos de amenazas y ataques contra periodistas en el país. Entre ellos, narraron que un diputado oficialista» exhibió afiches de periodistas, señalándolos como «ladrones» y llamando a su búsqueda bajo esa calificación y a su criminalización: «La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión rechaza este tipo de señalamientos estigmatizantes, que acentúan la hostilidad contra la prensa. Para la Relatoría, la alta investidura de quien los ha pronunciado y su reiteración implican una omisión de las autoridades en su deber de prevenir hechos de violencia contra la prensa».
Entre otros hechos que preocupan a la Relatoría y ocurridos en 2021 recordaron que agentes de la Dirección Contra la Delincuencia Organizada de la Policía Nacional allanaron la sede del Colegio Nacional de Periodistas seccional Cumaná, Sucre, y prohibieron el acceso de autoridades y miembros de la asociación.
Caso Roberto Deniz
La Relatoría también reseña que ha seguido con «particular preocupación» los reportes sobre las órdenes de allanamiento y aprehensión dictadas en contra del periodista Roberto Deniz, quien reside actualmente en Colombia y cuyos familiares son beneficiarios de medidas cautelares de la Comisión desde febrero de 2020.
«Según información recibida, el 12 de octubre de 2021 el periodista habría sido informado sobre la apertura de un nuevo proceso penal por el delito de incitación al odio, supuestamente vinculado a su labor periodística. Tres días después, agentes del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas allanaron la residencia de sus padres en Caracas», recordaron.
La RELE recordó que, respecto a Venezuela, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reiterado que las personas que ejercen la función pública tienen una posición de garante de derechos fundamentales: «En consecuencia, sus declaraciones no pueden «constituir formas de injerencia directa o indirecta o presión lesiva en los derechos de quienes pretenden contribuir a la deliberación pública mediante la expresión y difusión de su pensamiento».
Asimismo, consideran que las «figuras penales vagas contenidas en la denominada Ley Contra el Odio tienen el potencial de restringir expresiones públicas que están protegidas por el derecho internacional».
«En atención a las consideraciones previas, la Relatoría Especial llama al Estado de Venezuela a cesar la criminalización, declaraciones estigmatizantes y medidas de censura contra periodistas y medios de comunicación, especialmente contra quienes se manifiestan críticamente contra el gobierno o denuncian actos de corrupción», concluyen.
