La guía pretende dotar a la sociedad civil de las herramientas necesarias para hacer registro y seguimiento de las agresiones contra la prensa
En medio de una escalada de persecución y represión contra los periodistas y el ejercicio del periodismo libre, el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) diseñó una guía dirigida a la ciudadanía civil para contribuir en la generación de políticas de protección para comunicadores sociales.
Esta «Guía de Seguimiento Ciudadano» fue desarrollada como parte de un modelo creado por una red de organizaciones de la sociedad civil llamada «Sinergia», que hace un seguimiento a la Agenda 2030 y sus intentos por alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.
La guía de IPYS pretende dotar a la sociedad civil de las herramientas necesarias para hacer registro y seguimiento de las agresiones contra la prensa, con la finalidad de levantar datos, generar estadísticas y sentar las bases de posibles denuncias o políticas a favor de los periodistas.
Para cumplir con este cometido, la ciudadanía debe convertirse en defensora de la prensa libre y exigir al Estado la rendición de cuentas sobre el acceso a la información pública.
De igual forma, la guía propone ayudar a visibilizar y sensibilizar sobre la exigencia de resultados en investigaciones sobre asesinatos, desapariciones y agresiones contra periodistas; incluso activando la función controladora y de seguimiento del Poder Legislativo.
IPYS postula que la capacitación a funcionarios y líderes de opinión sobre las consecuencias de la violencia contra comunicadores sociales es importante, así como la construcción de una narrativa de comunicación democrática.
También afirma que la creación de medios independientes desde el sector privado son un punto importante para promover el periodismo de calidad, con la ayuda de organismos internacionales, garantizando el financiamiento de trabajos periodísticos significativos, claves para desarrollar un «tejido comunicacional acorde al desarrollo sustentable».
Asedio contra periodistas
La relación entre la administración de Nicolás Maduro y la prensa nunca ha sido conocida por mantenerse en buenos términos, pero en los últimos años se alerta un incremento de la censura y los ataques al ejercicio del periodismo.
Concretamente 2021 inició con mal pie en este sentido, ya que el chavismo impulsa una narrativa en contra de los medios de comunicación acompañado por un accionar de acoso y recriminación por ejercer su labor.
En las siete semanas que van de 2021, ya el chavismo aplicó procesos administrativos contra Panorama, mediante el Seniat, y contra VPI a través de Conatel. Este último medio se vio obligado a interrumpir sus labores en Venezuela debido al decomiso de todos sus equipos.
Durante este lapso de tiempo, también se evidenciaron casos de ataques cibernéticos contra TalCual y acusaciones infundadas contra Efecto Cocuyo, acompañadas de amenazas de procesos judiciales encabezados por organismos que obedecen órdenes del chavismo.
