El pasado 15 de enero, Día del Maestro, el gremio protestó en todo el país en aras de reclamar mejores salarios, beneficios y el descuido de las infraestructuras; una jornada de manifestaciones que recibió como respuesta una ola masiva de despidos por parte del Ministerio de Educación, que ha dejado desempleados hasta a 200 educadores.
La «persecución contra los docentes» de todo el país, como lo denominó la secretaria de contratación colectiva y reclamos del Sindicato Venezolano de Maestros del Distrito Capital, Gricelda Sánchez, atenta contra el legítimo derecho a la protesta, contemplado en la Constitución.
A los trabajadores afectados se les suspende el salario sin recibir siquiera una razón, especialmente en estados concretos donde se ha convertido en una tendencia por parte del ente oficialista.
«Los estados más afectados son Táchira, Zulia, Miranda y Distrito Capital, siendo el caso más dantesco de ataque a nuestro la detención del profesor Roberth Franco el cual lleva más de un mes preso y aún no puede recibir visitas de sus familiares», destacó Sánchez en una entrevista para El Impulso.
Tanto el ministro de Educación, Aristóbulo Istúriz, como el gobernante Nicolás Maduro, hacen oídos sordos a las manifestaciones y quejas del sector gremial, a pesar de que el chavismo se vende a sí mismo como un proyecto a favor de los movimientos sindicales. En lugar de responder a sus exigencias salariales, optan por suspender a los docentes.
«El ministro sabe que ante un magisterio organizado en las calles exigiendo su derecho a un salario, él ha optado por la agresión a los maestros, y una prueba es que solo en el mes de enero van más de 200 maestros suspendidos en toda Venezuela», resaltó.
Docentes no pueden ni tomar un autobús
Manteniendo su reclamo sobre los salarios, la también presidenta de la asociación civil para la Formación de la Dirigencia Sindical (Fordisi) argumentó que un regreso a clases presenciales sería inviable con la remuneración actual del docente promedio, aunque el oficialismo adelantara que pretende abrir las aulas de clases en las próximas semanas.
«Sería un regreso a las aulas en condiciones inhumanas y totalmente violatorio de los derechos humanos tanto de los maestros como del propio alumnado», insistió.
