La ONG considera que las sentencias emitidas por el TSJ contra los partidos de oposición, viola los derechos de los venezolanos a tener elecciones libres y justas
Este martes, 7 de julio, la ONG Human Rights Watch (HRW) criticó los últimos fallos del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela contra los partidos opositores y ha advertido de que en el país sudamericano “ya no queda ni una fachada de proceso democrático”.
“Cuando un poder judicial que responde a Nicolás Maduro, descabeza a partidos políticos opositores que representan voces disidentes, vulnera los derechos de todos los venezolanos”, dijo el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, horas después de que el TSJ expulsara a la cúpula de Voluntad Popular, el partido del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó.
La ONG considera que, con estos fallos, el gobierno viola los derechos de los venezolanos a tener elecciones libres y justas y a la libertad de asociación. Los principales partidos opositores ya han denunciado que, con las condiciones actuales, no hay unas mínimas garantías para la celebración de elecciones parlamentarias el 6 de diciembre.
Esta sentencia se asemeja a otras ya dictadas contra los dirigentes de Acción Democrática y Primero Justicia y anticipa el resultado de un proceso aún abierto contra Un Nuevo Tiempo, la otra formación del denominado G4 de la oposición en Venezuela.
«El derecho de los venezolanos a votar por los candidatos de su preferencia requiere que haya elecciones libres y justas, en las cuales todos los partidos y candidatos tengan una oportunidad razonable de plantear sus ideas al electorado», subrayó Vivanco en un comunicado.
Desde 2012, el TSJ ha interferido en la dirección o la estructura interna de ocho partidos opositores. Las condiciones previas a las últimas elecciones no fueron en absoluto equitativas. Se inhabilitó en forma arbitraria a opositores para que no se postularan a funciones públicas y hubo señalamientos creíbles de discriminación política en el empleo público. Estas acciones afectan gravemente la posibilidad de numerosos venezolanos de expresar sus opiniones libremente. Asimismo, en elecciones anteriores, las autoridades venezolanas han usado el hambre como herramienta para el control social y político.
Las últimas elecciones, celebradas en 2017 para elegir a miembros de la Asamblea Constituyente, estuvieron marcadas por los señalamientos de fraude que planteó Smartmatic, una empresa británica contratada por el gobierno para supervisar la votación. La empresa concluyó que se habían manipulado las cifras sobre la cantidad de votantes y estimó que la convocatoria real probablemente había sido de un millón de personas menos que la informada oficialmente, de 8 millones. Hace años que no existe observación internacional independiente de las elecciones en Venezuela.
*Con información de HRW
