A través de una nota de prensa, la Red Agroalimentaria de Venezuela fijó posición frente a recientes informes internacionales que dan cuenta de la situación alimentaria y nutricional en Venezuela.
Para hacer este pronunciamiento, la red se basó en un documento de la Unicef (2018) y de los relatores especiales de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU (2018); en la encuesta nacional de seguridad alimentaria del Programa Mundial de Alimentos – PMA-(2019); en la Global Humanitarian Overview, Global Report on Food Crisis (2020), impactos potenciales de la pandemia por COVID-19 sobre la seguridad alimentaria en América Latina (2020) y el Global Nutrition (2020).
A continuación, reproducimos íntegra la posición de la red:
Los documentos señalados dan cuenta de la precariedad de la situación alimentaria y nutricional en Venezuela: una de las peores crisis alimentarias del mundo y necesidad inmediata de ayuda alimentaria externa para los 9,3 millones de venezolanos que para el 2019 estaban padeciendo de inseguridad alimentaria aguda. Escenario que, seguramente, con la pandemia del COVID-19 se agravará aún más.
No obstante lo señalado y expresado, el país ha recibido reconocimientos inexplicables por parte de las agencias internacionales por supuestos avances de materia de seguridad alimentaria. Sorprendentemente, ha sido calificado como país en vías de alcanzar las metas mundiales de nutrición. (¡¿) Se han utilizado cifras sobre el estado nutricional de niños menores de cinco años, cuya vigencia tiene una data de cinco a once años de retardo. El sistema de entrega y distribución de alimentos –CLAP- ha sido considerado como ejemplo en la mitigación de las disrupciones que se esperan en la distribución de alimentos, en el entorno de la Covid-19. Este sistema de distribución ha sido investigado por corrupción a raíz de denuncias del propio gobierno venezolano y de los gobiernos de México, Colombia y Argentina. Este proceso, viola de manera flagrante y consuetudinaria el derecho a la alimentación de los venezolanos, especialmente de los más vulnerables, debido a su marcado carácter excluyente.
Las agencias y organizaciones internacionales pretenden dar visibilidad a la información sobre el caso venezolano. Esto, se diluye debido a un inadecuado manejo de la información que resulta contradictoria, desactualizada e incompleta, incumpliendo el mandato constitucional, artículo 58, donde se precisa: “la información debe ser veráz, oportuna e imparcial”. Conjuntamente, con todo lo anteior, hay disimulo y opacidad sobre la situación del hambre y la desnutrición en Venezuela. Lo que, ha incidido negativamente en la estimación de las necesidades humanitarias de la población. Se ha retardado, como consecuencia de lo que se ha expresado, la activación de mecanismos de respuesta, la movilización de fondos y la planificación humanitaria relevante que podría lograrse a través de la arquitectura humanitaria instalada desde 2019 en Venezuela.
