LA ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL FORO PENAL se pronunció este 9 de septiembre ante la actualización del informe presentado ante el consejo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por Michelle Bachelet, alta comisionada para los derechos humanos de la ONU.
Foro Penal celebró que se haya dado continuidad a la evaluación sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela y el hecho de que se haya tomado en cuenta las observaciones de distintas ONG sobre las graves violaciones a los DDHH.
La organización espera que exista una verdadera voluntad de avanzar por parte del Gobierno de Nicolás Maduro y que se le permita al equipo de Bachelet el acceso a los centros de reclusión donde se encuentran presos políticos, como la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM) en Boleíta Norte, las sede del Sebin, el Helicoide y La Tumba, entre otros. «Instamos a que se permita el acceso a los representantes de la oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos a las audiencias en tribunales de detenidos y presos políticos», indicó Foro Penal en un comunicado.
Por otra parte, la organización aseguró que el uso de cuerpos de seguridad como armas para la intolerancia y la persecución política no ha cesado. «2019 sigue siendo el año con mayor número promedio de presos políticos registrado hasta ahora. Las detenciones se caracterizan por la continuidad de las agresiones, malos tratos y torturas», afirmó el comunicado de la organización.
Foro Penal aseguró que desde la presentación del informe original de la Alta Comisionada para los DDHH de la ONU, se produjeron 12 nuevos arrestos arbitrarios, de los cuales 2 personas quedaron formalmente privadas de libertad. Desde esa fecha, en total, se han producido un total de 89 excarcelaciones. De estas personas excarceladas, 74 quedaron sujetas a medidas cautelares, cinco fueron excarceladas después de haber sido forzadas a admitir los hechos, cinco fueron liberados sin haber sido presentados y cinco quedaron en libertad plena.
Foro Penal registró un total de 478 presos políticos, mientras que 8906 personas siguen sujetas a procesos penales injustos y arbitrarios bajo medidas cautelares que restringen su libertad. De acuerdo con los registros de la organización desde 2017, 848 civiles, detenidos políticos, han sido presentados ante fiscales y tribunales militares, situación inconstitucional y violatoria de los derechos humanos que se mantiene.
