A mediados de la década de 1980, Venezuela, con su gran riqueza en petróleo y minerales, tenía un PBI per cápita similar al de Noruega y era el país más rico de América Latina . 40 años más tarde en 2017, más del 80% de su población vive en la pobreza . En 2018 se espera que su tasa de inflación anual supere el 1.000.000 por ciento.

Anthea Jeffery, jefa de investigaciones del Institute of Race del Reino Unido, realizó un trabajo en el que estudia las causas y las consecuencias de la debacle económica por la que atraviesa Venezuela, el informe fue publicado por el portal Biznews y traducido por el portal venezolano lapatilla.com

Según Jeffrey el presidente Nicolás Maduro culpa a la implosión del país de una “guerra económica” que libran contra ella los partidos de oposición y los EEUU, sin embargo las verdaderas razones de la crisis se encuentran en las expropiaciones y controles de precios intrínsecas al “Socialismo del Siglo 21” introducido por el fallecido presidente Hugo Chávez.

En 1999, Chávez enmendó la Constitución para declarar que “el predominio de grandes latifundios era contrario a los intereses de la sociedad”. En 2001 introdujo una Ley de Tierras que permitía la expropiación de tales latifundios .

La ley se fundamentaba en que los pobres poseían solo el 6% de la tierra, mientras que el 5% de la población, quienes tenían más dinero, poseía el 75% de la tierra. Según Chávez, estas estadísticas hicieron imperativo “dividir grandes propiedades de tierras ociosas y permitir que los campesinos se apropien de la tierra que cultivan”.

En Venezuela, los latifundios dirigidos se definieron inicialmente como “tierras agrícolas ociosas de alta calidad de más de 100 hectáreas” o “tierras agrícolas ociosas de menor calidad de más de 5.000 hectáreas”. En 2005, sin embargo, la cantidad máxima permitida de tierra de alta calidad “inactiva” se redujo de 100 hectáreas a 50. La tierra “inactiva” de menor calidad fue establecida en 3.000 hectáreas.

En la práctica, sin embargo, no fue solo la tierra “ociosa” que se tomó. Además, el gobierno fomentó implícitamente las invasiones de tierras, que a menudo redujeron la productividad hasta el punto en que las granjas estaban lo suficientemente “ociosas” como para calificar para la expropiación.

También introdujo una regla de “una vaca por hectárea”, según la cual las explotaciones con menos de una vaca por hectárea se consideraban improductivas y se las expropiaba. Los ganaderos aumentaron el número de su ganado, para no caer en la regla, pero consideraron que estaban sobrecargando la tierra lo que erosionaría en el futuro su productividad, estos agricultores también fueron expropiados. El resultado fue una incertidumbre debilitante que virtualmente hizo vulnerable a todos los agricultores.

A los nuevos poseedores de la tierra no se les dio el título de los terrenos que ocupaban, a pesar de las promesas del gobierno de que esto se haría, al final el Estado era el gran propietario de todas las tierras expropiadas. A los nuevos agricultores y ganaderos beneficiados por los programas del gobierno se les otorgó un título con carácter provisional, o sea que sus concesiones de tierras podrían revocarse si no cumplían los “objetivos” de producción del estado.

La tierra también se asignó de acuerdo con criterios políticos, y los que apoyaban al gobierno tenían más probabilidades de recibirla que aquellos que eran apolíticos o apoyaban a la oposición.

Escribe Michael Albertus en Foreign Policy : “Esto ayudó a generar un grupo de clientes políticamente confiables, que fueron favorecidos a través de concesiones de tierras, y que luego ayudaron al régimen a perpetuarse en el poder votando por él en las elecciones”.

Ejemplo de esta redistribución de las tierras afectó al productor agrario Franklin José Brito Rodríguez (5 de septiembre de 1960–Caracas, Venezuela, 30 de agosto de 2010) quien sostuvo una disputa de propiedad de terrenos con el gobierno bolivariano. Realizó una serie de disputas legales y protestas públicas desde 2004, coincidiendo generalmente con otras protestas como las de Venezuela de 2007. Brito fue virtualmente secuestrado por las autoridades venezolanas y hospitalizado contra su voluntad. Sus protestas culminaron en su muerte a causa de una huelga de hambre.

 Cronología del desastre

Para 2010, el gobierno distribuyó entre 5,5 y 7,5 millones de hectáreas de las 27 millones de hectáreas utilizadas para el cultivo, tierras que representaban el 20% de las tierras agrícolas productivas totales de Venezuela.

Sin embargo, la redistribución de la tierra a los pequeños agricultores no resultó en un aumento en la producción de alimentos. Por el contrario, según la Confederación Nacional de Asociaciones Agrícolas y Ganaderas (Cofagan), la producción agrícola cayó drásticamente entre 2007 y 2011: maíz en 40%, arroz en 39%, sorgo en 83%, caña de azúcar en 37%, café en 47%, papas en 64%, tomates en 4% y cebollas en 25%.

La proucción de grandes cantidades de tierras fértiles cayó, y en contraposición las importaciones de alimentos aumentaron.

Sin embargo, a partir de 2014, cuando el precio del petróleo cayó drásticamente, las importaciones de todos los productos esenciales, incluidos los alimentos, se volvieron cada vez más difíciles para el gobierno.

En ese momento el gobierno atribuyó la escasez al “acaparamiento” y se introdujo el racionamiento de alimentos.

Ese mismo año, el gobierno endureció los controles de precios que había introducido en 2003. Tanto los agricultores como los productores de alimentos se vieron obligados a vender a precios inferiores a los costos de producción, lo que redujo aún más la oferta.

Para 2015, miles de personas hacían cola de cinco a seis horas por día con la esperanza de comprar alimentos y otros artículos muy necesarios.

En 2016 Maduro comenzó a instar a las personas a cultivar alimentos y criar pollos en sus hogares, a pesar de que la población está urbanizada en un 80%. A menudo, se esperaba que la gente lograra esto en balcones y tejados, retomando la idea de su predecesor de los “Gallineros verticales” y los cultuvos orgánopónicos en azoteas de edificios.

En 2016 comenzaron los disturbios callejeros, junto con el robo de camiones de comida y el saqueo violento de tiendas. Maduro temó una “medida económica” entregó la administración de los alimentos básicos bajo el control del ministro de Defensa, general Vladimir Padrino López, mientras que el Ministerio de Trabajo anunciaba que todos los empleadores privados y públicos deben permitir que sus trabajadores ser reasignados a cultivos en crecimiento.

Aunque las expropiaciones se enfocaron primero en la tierra, pronto se extendieron a otros sectores. En 2007, por ejemplo, el gobierno exigió el control mayoritario de los proyectos administrados por compañías petroleras internacionales.

También expropió los activos de las dos compañías (Exxon Mobil y ConocoPhillips) que se negaron a consentir en esto. Chávez justificó estas tomas sobre la base de que estaba “devolviendo” la riqueza de Venezuela a la propiedad de “la gente como un todo”.

En 2008, el gobierno nacionalizó el sector del cemento, centrándose en la suiza Holcim Ltd, la francesa La Farge y la mexicana Cemex SAB de CV.

En 2009, Chávez cerró una serie de pequeños bancos por lo que dijo eran irregularidades operacionales, pero reabrió algunas como firmas estatales. También prometió nacionalizar cualquier banco que no cumpliera con las pautas de préstamos del gobierno o que estaba en problemas financieros.

En 2009, el Ministerio de Minería se apoderó del proyecto Brisas de Gold Reserve Inc., mientras que en 2011 Chávez anunció que estaba nacionalizando la industria del oro.

Consecuencias económicas catastróficas

En palabras de Greg Mills y Lyal White, de The Brenthurst Foundation, en un documento de discusión de mayo de 2018 sobre el Populismo Armageddon en Venezuela : “entre 2013 y 2017, la economía de Venezuela se contrajo en un 39%. Se espera que se desplome aún más, con una contracción del 50% para 2019 a las tasas actuales de colapso.

“Los profesores universitarios ahora ganan US $ 6 al mes, al igual que un jefe de policía con 17 años de experiencia. Requieren un estimado de 98 veces el salario mensual mínimo oficial de 700 000 bolívares simplemente para sobrevivir”.

Aunque el gobierno dejó de proporcionar cifras oficiales en 2016, la inflación mensual alcanzó el 100% en febrero de 2018. Esto se traducirá en tasas anuales de inflación de más de 1.000.000 por ciento. Mientras que el gobierno mantiene un tipo de cambio oficial de 120.000 bolívares por dólar estadounidense (Dicom), la tasa del mercado negro, que los tenderos usan abiertamente es ampliamente mayor.

Para 2018, la deuda total del gobierno se estimó en US $ 150 mil millones, más del 100% del PIB. En 2017, el incumplimiento de los bonos del gobierno fue de 2.500 millones de dólares. Para 2018 se proyecta que será de US $ 10 mil millones. La infraestructura básica de agua y electricidad está cerca del colapso, y el desempleo es desenfrenado.

La industria local ha sido destruida y prácticamente todo tiene que importarse, incluida la comida, pero el gobierno ya no tiene los fondos para hacerlo… El porcentaje de la población que vive en la pobreza supera el 80%. La pobreza extrema ha pasado del 24% de la población en 2014 a más del 61% tres años después.

Acerca de la autora La doctora Anthea Jeffery, Jefe de Investigación de Políticas del Institute of Race Relations del Reino Unido, organización nacida en el año 1958 para promover el desarrollo de los pueblos, conocer y compartir información sobre las distintas razas y generar políticas antiracistas, además el “think tank” o laboratorio de ideas promueve la libertad política y económica.