Urgen a la AN afrontar el reto de una gestión de transparencia

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Desde el Palacio Federal Legislativo de la Asamblea Nacional, Transparencia Venezuela presentó los resultados del Índice Latinoamericano de Transparencia Legislativa 2016 con la participación del segundo vicepresidente de la Cámara, Simón Calzadilla.

El estudio, que agrupó en esta ocasión a 13 parlamentos latinoamericanos, arrojó un promedio de 50% de cumplimiento de los estándares mínimos de transparencia del quehacer político, administrativo y propiamente legislativo de los congresos evaluados.

El instrumento que comprende cuatro dimensiones, dejó a la Asamblea Nacional con la más baja calificación. En aspectos de existencia de Normatividad, la AN obtuvo 37,61%; en Publicación de la labor del parlamento, el resultado fue de 19,72%; transparencia presupuestaria y administrativa promedió 6,95% y en la última dimensión, encargada de evaluar los mecanismos de participación, atención ciudadana y rendición de cuentas tuvo 30,4%.

Aunque hubo una modesta mejoría en comparación al estudio realizado en 2014 (de 19% a 21%) la Asamblea Nacional requiere de la institucionalización de una política de Parlamento Abierto que fije los plazos y responsables de contrarrestar la actual situación en beneficio de la apertura, accesibilidad y transparencia parlamentaria, partiendo del principio fundamental que la información es propiedad de los ciudadanos.

El estudio destacó como un avance significativo, el libre acceso de todos los medios de comunicación a las sesiones plenarias y de comisiones; la publicación de los proyectos de ley; memorias y cuentas del Poder Ejecutivo, además de la posibilidad de participar en consultas públicas desde el portal web de la Asamblea. El restablecimiento de la periodicidad de dos sesiones plenarias a la semana, sumado a la apertura de las comisiones permanentes y especiales para la participación y aportes de las organizaciones de la sociedad civil, fueron los avances más relevantes.

Sin embargo, la falta de normativa que regule el acceso a la información pública, las actividades de lobby o cabildeo, la no publicación de las declaraciones de patrimonio y de intereses de los legisladores o de la memoria legislativa de las actividades realizadas en las plenarias, comisiones permanentes, especiales o mixtas, evidencian un estancamiento por parte de la Asamblea Nacional, en comparación a la medición realizada en 2014.

En materia administrativa, la falta de publicación de los informes de asignación y ejecución presupuestaria, adjudicaciones de las contrataciones públicas y las auditorías internas y externas a la que se somete la AN, siguen quedando en letargo en comparación a los demás parlamentos regionales.
A pesar de haberse habilitado un canal online que ofrece cobertura en vivo las sesiones de la Asamblea Nacional y brinda espacios a todas las tendencias políticas, el hurto de la señal abierta del canal de televisión ANTV, significó un retroceso en comparación a la evaluación de 2014.

En cuanto a la información de los diputados que se publica, los retos se acentúan ante la falta de divulgación de aspectos tan básicos como los puntos de contactos de los legisladores, temas de trabajo, intervenciones realizadas, asesorías recibidas, sueldos devengados, asistencias a reuniones de comisiones, equipos de trabajo a su cargo o sus agendas de trabajo.

El vicepresidente de la Asamblea Nacional recibió el informe en nombre de la directiva y agradeció a Transparencia Venezuela por las propuestas planteada, comprometiéndose a revisarlas y adoptarlas en el futuro. Calzadilla argumentó que el parlamento ha sido objeto de un cerco financiero que ha imposibilitado hacer las inversiones necesarias, sobre todo en tecnología, para facilitar el acceso de la ciudadanía a la información.

El Índice fue elaborado por la Red Latinoamericana por la Transparencia Legislativa (RLTL), compuesta por 24 organizaciones de sociedad civil en 13 países de Latinoamérica, entre ellas Transparencia Venezuela. Esta herramienta exhaustiva, cuenta con 477 preguntas distribuidas en cuatro ejes de medición, que permiten establecer criterio apegado a la realidad sobre los niveles de transparencia de los cuerpos legislativos de la región, obteniendo una medición que se convierte en referencia para conocer los avances y retrocesos en la materia.

Transparencia Venezuela presenta los resultado como un aporte ante los grandes desafíos que tiene por delante la Asamblea Nacional, y de la cual ya da indicios de cambios como la aprobación en primera discusión del proyecto de Ley de Transparencia, Divulgación y Acceso a la Información Pública; los esfuerzos que se vienen efectuado para recuperar el canal de televisión del cual fue despojado, además de la conformación de una comisión modernizadora de la Cámara.

El legislativo tiene la oportunidad de convertirse en la instancia referencia en materia de accesibilidad y transparencia en Venezuela si abre el camino para la implementación de los cambios. Esto implica una importante inversión financiera y profesional, pero el mayor reto es contar con la voluntad política.

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