La Universidad Metropolitana rechazó, a través de un comunicado, los eventos ocurridos el 20 de septiembre de 2016 contra Andreyna Febres-Cordero, directora de la escuela de derecho de esta casa de estudios.

Ante estos hechos, la Unimet se pronunció en contra de lo que configura la detención arbitraria sufrida por la profesora Febres-Cordero, durante aproximadamente 4 horas, por parte de funcionarios del SEBIN, aun cuando no poseían citación alguna emanada de una autoridad competente, bien sea el Ministerio Público como director de la investigación penal, o un Tribunal de la República.

“La permanencia de estos funcionarios en el hogar de la profesora sin retirarse sino en las condiciones por ellos exigidas, implicó una restricción del derecho a la libertad de esta ciudadana, en términos contrarios a la Constitución y a los tratados internacionales en materia de derechos humanos suscritos y ratificados por la República, en particular el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”, señala la Universidad Metropolitana en el comunicado, a la vez que insta al Ministerio Público a iniciar la averiguación correspondiente.

Se exige también a través del comunicado “el cese de actuaciones de las fuerzas policiales y militares que no sólo privan ilegítimamente de libertad a las personas, tal como es el caso que rechazamos con este pronunciamiento, sino también pretenden darle denominaciones distintas (retención, invitación a dialogar o declarar, conminación, entrevista, entre otras), tratando así que estos hechos no sean investigados ni sancionados, es decir, que permanezcan impunes”.

Por último, la comunidad unimetana se solidarizó en el mensaje con la profesora Andreyna Febres-Cordero y solicitó “la aplicación de las medidas correspondientes para evitar que situaciones como estas, que repudiamos, se repitan en el país”.

A continuación puede leer el comunicado completo:

LA UNVERSIDAD METROPOLITANA Y LA COMUNIDAD UNIMETANA FRENTE A LOS EVENTOS OCURRIDOS EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2016 CONTRA LA PROF. ANDREYNA FEBRESCORDERO, DIRECTORA DE LA ESCUELA DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD METROPOLITANA.

El 20 de septiembre funcionarios adscritos al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) se presentaron en la vivienda de la Directora de la Escuela de Derecho de la Universidad Metropolitana, Prof. Andreyna Febres-Cordero, asegurando que existía una orden de aprehensión en contra de su hijo, Andrés Eloy Moreno Febres-Cordero, emitida por el Tribunal Militar Primero de Control con Sede en Caracas el 19 de septiembre de 2016 a solicitud de Fiscales Militares por la presunta comisión de delitos establecidos en el Código de Justicia Militar referidos a Injuria u Ofensa a la Fuerza Armada Nacional, Usurpación de Autoridad, y Uso Indebido de Condecoraciones, Insignias y Títulos Militares. Hemos decidido pronunciarnos en contra de lo que configura la detención arbitraria sufrida por la directora de nuestra Escuela de Derecho durante aproximadamente 4 horas y la violación del derecho que representa la pretensión de juzgar a un civil por la jurisdicción penal militar.

Detención arbitraria

La prof. Andreyna Febres-Cordero permitió que los funcionarios adscritos al SEBIN ingresaran a su vivienda pero éstos, tras verificar que el joven Andrés Eloy Moreno Febres-Cordero no se encontraba en el lugar, se negaron a retirarse hasta tanto la Directora de la Escuela de Derecho accediera a acompañarlos a rendir declaración en la sede del cuerpo policial, aun cuando no tenían citación alguna emanada de una autoridad competente, bien sea el Ministerio Público como director de la investigación penal o un Tribunal de la República. La permanencia de estos funcionarios en el hogar de la profesora sin retirarse sino en las condiciones por ellos exigidas, implicó una restricción del derecho a la libertad de esta ciudadana, en términos contrarios a la Constitución y a los tratados internacionales en materia de derechos humanos suscritos y ratificados por la República, en particular el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Dado que la ciudadana Andreyna Febres-Cordero no estaba cometiendo delito alguno ni existe en su contra orden de detención, los funcionarios policiales al mantenerla privada de su libertad han cometido abuso en sus funciones, por lo que instamos al Ministerio Público a iniciar la averiguación correspondiente. Exigimos también el cese de actuaciones de las fuerzas policiales y militares que no sólo privan ilegítimamente de libertad a las personas, tal como es el caso que rechazamos con este pronunciamiento, sino también pretenden darle denominaciones distintas (retención, invitación a dialogar o declarar, conminación, entrevista, entre otras), tratando así que estos hechos no sean investigados ni sancionados, es decir, que permanezcan impunes.

Pretensión de juzgar a un civil por la jurisdicción penal militar

El ciudadano Andrés Eloy Moreno Febres-Cordero de profesión politólogo egresado de la Universidad Central de Venezuela, no es militar ni ejerce cargo alguno en la Fuerza Armada Nacional, sin embargo está siendo solicitado por un tribunal militar. Aún cuando el Código de Justicia Militar establece que los Consejos de Guerra conocerán todas las causas que se sigan incluso a los civiles sometidos a la jurisdicción militar, la Constitución Venezolana es clara al establecer que “Toda persona tiene derecho a ser juzgada por sus jueces naturales”. En el marco del debido proceso y en concordancia con las Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre el Cuarto Informe Periódico de la República Bolivariana de Venezuela, “El Estado parte (Venezuela) debe adoptar las medidas legislativas o de otra índole necesarias para prohibir que los civiles puedan ser juzgados por la jurisdicción penal militar.” El juzgamiento de civiles por la jurisdicción penal militar, aun cuando esté establecida en una norma, viola derechos humanos y debe ser calificada como inconstitucional, por lo que los tribunales de la República deben ejercer el control constitucional de las leyes, de conformidad con lo establecido en el artículo 334 de la carta magna, y por lo tanto desaplicar dichas normas. El Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Estudios Jurídicos y Políticos de la Universidad Metropolitana ha hecho señalamientos en oportunidades anteriores repudiando situaciones similares de detención arbitraria; esperamos por lo tanto del Estado venezolano una actuación ajustada a derecho, entendiendo que en el marco del estado constitucional, los derechos ciudadanos deben ser garantizados, mientras que el poder del Estado debe ser limitado.

En cuanto al inicio de un proceso penal en contra del ciudadano Andrés Eloy Moreno Febres-Cordero, también esperamos del Estado venezolano el cumplimiento de todas las garantías procesales con el fin de perseguir la verdad y alcanzar la justicia, lo cual no será posible si se lo juzga por un juez distinto a su juez natural, lo cual viciaría plenamente el proceso penal que se desarrolle.

Por todo lo antes expuesto, nos solidarizamos con la Prof. Andreyna FebresCordero y reiteramos las exigencias ya expuestas de inicio correcto de una investigación penal, así como la aplicación de las medidas correspondientes para evitar que situaciones como estas, que repudiamos, se repitan en el país.

Suscriben: Benjamín Scharifker, Rector; Mary Carmen Lombao, Vicerrectora Académica; María Elena Cedeño, Vicerrectora Administrativa; Mirian Rodríguez de Mezoa, Secretaria General; Javier Ríos, Decano de Ciencias y Artes; Zulay Cassier de Crespo, Decana (E) de Ingeniería; José Ángel Velásquez, Decano de Ciencias Económicas y Sociales; Humberto Njaim, Decano de Estudios Jurídicos y Políticos; Andrés Stambouli, Decano de Postgrado Roberto; Réquiz, Decano de Investigación y Desarrollo Académico; Migdalia de Montes de Oca, Decana de Estudiantes Profesores, estudiantes y trabajadores de la Universidad Metropolitana (firmas en depósito).

*Con información de nota de prensa