Delsa Solórzano, diputada de la Asamblea Nacional por la bancada de la MUD, presentó el Proyecto de Ley de Limitación de Telefonía Celular e Internet en Centros Penitenciarios, el cual fue aprobado por unanimidad en primera discusión.

«Hemos traído una propuesta que es fundamental, de cara a lo que es la seguridad ciudadana, uno de los principales problemas que atraviesa la gente hoy», expresó al iniciar su discurso ante el Parlamento.

Sobre la situación de inseguridad en el país, señaló que todos los venezolanos «conocemos por lo menos a una persona que ha sido víctima de una extorsión, un robo o un secuestro desde dentro de los recintos penitenciarios. Esta realidad ha sido incluso reconocida por el Código Orgánico Penitenciario aprobado por esta Asamblea Nacional en el período anterior, donde en su artículo 107 se señala que es una prohibición absoluta usar teléfonos celulares para los privados de libertad (…) Pero lamentablemente, así como también está prohibido el uso de armas de fuego por parte de los reclusos, y hemos visto cómo esa prohibición no se cumple y los reclusos en Venezuela tienen armas incluso de guerra, así mismo ocurre con los celulares y con el uso de internet, utilizado lamentablemente para cometer horrendos crímenes desde dentro de los recintos penitenciarios».

La diputada agregó que no se trata de inventos, sino de la realidad que viven los venezolanos, que «sienten miedo de recibir una llamada telefónica y le digan ‘estamos llamando desde tal cárcel y usted tiene que venir a recuperar su vehículo aquí y pagar el rescate aquí dentro de la cárcel'».

En este sentido, precisó que 65% de las extorsiones son cometidas desde dentro de la cárcel de San Felipe. «Eso no lo digo yo, lo dice el funcionario de la Guardia Nacional encargado del tema (…) El 95% de las extorsiones cometidas en nuestra Venezuela son realizadas con llamadas telefónicas desde dentro de los centros penitenciarios», acotó.

Desde el interior de los recintos penitenciarios, dijo Solórzano, «los reos se reúnen para investigar el Twitter, el Facebook y otras redes sociales de las víctimas y saber quiénes pueden ser objeto de extorsión, de secuestro o de robo de sus vehículos».

«El problema no está ni siquiera en los reclusos, el problema está en el sistema que no funciona (…) El Código Orgánico Penitenciario contiene una prohibición, esa prohibición tiene que ser debidamente desarrollada en una ley y ese es el proyecto de ley que estamos presentando hoy», explicó la parlamentaria.