Una venezolana jubilada de 67 años denunció por cinco años las torturas del preso político Juan Carlos Monasterios, su hijo. Ahora ella cumple cuatro meses de estar detenida arbitrariamente en el INOF esperando su primer juicio
Yosida María Vanegas de Monasterios, una venezolana jubilada de 67 años, viajaba en carretera por La Pedrera, en la frontera entre el estado Táchira y Colombia. Era el 15 de agosto del 2023 y ella quería visitar a su hijo, Juan Carlos Monasterios, un preso político que recién lo habían operado de la vesícula.
Tenía cuatro años que no podía visitarlo: había emigrado a Perú.
Pero los funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) detuvieron a Vanegas en una alcabala. Y, sin decirle nada a ella ni a su familia ni a sus abogados, la llevaron hasta Caracas y estuvo 33 días desaparecida forzadamente.
Su hija, Giovanna Monasterios, denunció desde Perú que a su madre la detuvieron sin ningún cargo ni acusación.
«Exijo que sea liberada de inmediato y hago responsables de lo que le pueda pasar (a mi madre) a Nicolás Maduro, Vladimir Padrino y Granko Arteaga», recalcó Giovanna, temiendo que su madre sufra la misma suerte que su hermano, quien es uno de los 17 presos políticos condenados entre 8 a 30 años por estar involucrado en un presunto intento de magnicidio contra Nicolás Maduro en 2018, conocido como «el caso Dron».
#Atención || Giovanna Monasterios, hija de Yosida Venegas de Monasterios de 67 años de edad, habla sobre la detención arbitraria de su madre:
¿Qué se sabe sobre esto?
– Fue detenida el 15 de Agosto en el Estado Táchira.
– Presuntamente la DGCIM la trasladó a Caracas.
– Aún… pic.twitter.com/CAYij3peyB— Bárbara Uzcátegui Sanz (@BarbaraUSanz) August 18, 2023
«Ahora, a Yosida la terminan involucrando en el mismo caso de su hijo en una supuesta investigación que se ha hecho de forma extendida y la están imputando con acusaciones de financiamiento al terrorismo y asociación para delinquir. Imputaciones absurdas porque ella, al ser una mujer jubilada, es de los más escasos recursos», explicó Martha Tineo, abogada y Cofundadora de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) en una entrevista a Runrun.es.
«Fue trasladada al INOF (Instituto Nacional de Orientación Femenina, en el estado Miranda), esperando, como la gran cantidad de presos políticos, un juicio, sufriendo una pena anticipada. Aún está esperando la audiencia preliminar, no se le ha acusado formalmente en la comisión de esos delitos», agregó.
«Pareciera que el delito por el cuál ella está siendo apresada es ser madre de un preso político».
De víctima indirecta a una directa
Para la Corte Penal Internacional, las amenazas, persecuciones y la responsabilidad penal hacia los familiares de un preso político también son un crimen de lesa humanidad. El Sippenhaft, el término jurídico de origen alemán para referirse a ese crimen, ocurre en al menos 25 casos de presos políticos venezolanos.
Incluso la sociedad civil ha documentado la tortura de mascotas de los privados de libertad por parte del Estado para generar más tortura psicológica en los presos políticos.
«En el momento en que su hijo fue detenido y se llevaron a cabo las primeras investigaciones en el denominado “caso Dron”, a Yosida la llevaron para tomar declaraciones. Lo hizo, evidentemente no estaba involucrada con absolutamente nada, y no hubo ninguna decisión contra ella. Es por ello que pudo salir del país en ese entonces», dijo Tineo.
#Venezuela. #CasoDron. Yosida Vanegas de Monasterio , madre de Juan Carlos Monasterios, condenado a 30 años, narra las Torturas y condición en q estaba su hijo cuando puedo verlo después de su detención. El Fiscal Farik Mora condujo sus Torturas. Y Tarek William Saab el AR. pic.twitter.com/XsCmMJtDwU
— Tamara Suju (@TAMARA_SUJU) August 7, 2022
Una amiga de Yosida, que pidió protección a Runrun.es, recordó que el 04 de agosto del 2018, cuando detuvieron a Juan Carlos Monasterios, la Dirección general de contrainteligencia Militar (Dgcim) invadió y vandalizó los hogares de Yosida y su hijo, presuntamente para buscar evidencias. Hasta el son de hoy no se consigue ninguna orden de allanamiento de los hogares de la familia Monasterios Vanegas.
«Ellos (la Dgcim) les quitaron todo. Les quitaron la casa, en Maracay (estado Aragua), le quitaron los carros, los vehículos que tenían…», explicó la amiga de Yosida Vanegas. «Ella se va en 2019, después de que la Dgcim hizo todos sus allanamientos, todas sus acusaciones. Y ahora dicen que ella estaba solicitada desde el 2018».
Después de ser detenida, Yosida Vanegas estuvo sin paradero en Táchira hasta presentarse en el Tribunal Segundo de Control de ese estado cinco días después. Allí la vincularon con «el caso Dron». Después pasaron 33 días desaparecida forzadamente hasta que notificaron que estaba en el INOF, según la ONG Justicia y Proceso Venezuela.
Ella está a la espera del primer juicio bajo el Tribunal Primero de Control contra el Terrorismo, presidido por la jueza Angie Carfi. Hasta los momentos, la defensa aún denuncia que no tienen ninguna orden
de aprehensión.
Yosida Vanegas, fue trasladada al INOF, luego de 33 días de haber permanecido en la DGCIM y vinculada al caso Dron. Pedimos a Angie Carfi, juez Primera de Control Contra el Terrorismo, quien conoce la causa, que otorgue la libertad de manera inmediata pic.twitter.com/UJvbttOYcj
— JuyProVen (@JuyPro) September 18, 2023
Cuidar a un preso político
Aunque ella llevaba años jubilada como administradora en el Instituto Pedagógico de Caracas, se dedicó a denunciar y a visitar a su hijo en la sede de la Dgcim en Boleíta, Caracas, uno de los centros de torturas denunciados por la ONU en sus cuatro informes sobre violaciones a los derechos humanos en Venezuela.
«Desde el momento en que detuvieron a su hijo, como cualquier madre, fue muy activa en denunciar las torturas y todas las violaciones a los derechos humanos de las cuales estaba siendo víctima su hijo», reiteró la cofundadora de JEP.
Exigimos la inmediata liberación de #YosidaVanegasDeMonasterio, madre del preso político Juan Carlos Monasterio. Y exigimos que cesen crueles e inhumanas prácticas de tortura como éstas, ejercidas por el poder en #Venezuela. https://t.co/owpkUweXP7
— Luis Almagro (@Almagro_OEA2015) August 18, 2023
En Venezuela, los familiares de un preso político deben encargarse de todas las necesidades del privado de libertad. No conformes la condena anticipada, el Estado no les garantiza la alimentación, el acceso al agua, la higiene personal y la salud a los presos políticos.
En algunos casos, como lo denuncian otras ONG como el Observatorio Venezolano de Prisiones, los familiares deben pagar una cuota, «una vacuna», para ingresar a los centros penitenciarios y ofrecer lo que tienen a los presos políticos.
«Pero, además, las denuncias fueron en un contexto difícil, una situación económica muy difícil que no escapa de la realidad de los más de cinco millones jubilados y pensionados: estar condenados a una pobreza extrema, con una pensión que no supera los cuatro dólares mensuales», explicó Tineo.
«Lamentablemente nada fue fácil, como a millones de venezolanos en el extranjero. Una señora de una edad avanzada que no conseguía un empleo fijo juntaba lo que tenía junto a su hija para mandarlo a Venezuela para que otra persona llevara algo de comida y medicinas o de insumos de higiene a su hijo. Al sentirse tan impotente de no estar al lado de Juan Carlos, de no poder ayudarlo, se fue deteriorando su ánimo y su salud. Es por ello que ella decide volver a Venezuela, para estar cerca de su hijo», agregó.
Ahora, Giovanna Monasterios es el único familiar directo que puede cuidar a su hermano Juan Carlos y a su madre Yosida Vanegas desde Perú.
El desgaste de Yosida Vanegas y otras madres
JEP advirtió que las madres y las esposas de los presos políticos son quiénes sufren los mayores gastos económicos y desgastes de su integridad física y psicológica para cuidar a sus familiares. Al menos 227 de los 276 presos políticos que hay en Venezuela hasta la fecha se identifican como hombres, según la ONG Foro Penal.
«La mayoría de los presos políticos son los responsables económicos de sus familias: los hijos, los esposos, los padres. Estamos en medio de una emergencia humanitaria compleja desde el 2015, los índices de pobreza en la población se acercan al 80 %. Estas familias no se escapan de esa realidad, que deben dividir sus recursos entre su subsistencia y la del preso político», dijo Tineo.
Más de 50 presos políticos están en condiciones críticas de salud y el Estado no los atiende. «A ese número lo podemos multiplicar por tres, considerando que cada persona tiene una familia de al menos tres integrantes».
Yosida Vanegas ya sufría de mareos por la escasa alimentación, artrosis, hipertensión y problemas gastrointestinales antes de ser privada de libertad. Ahora, tanto Giovanna como los abogados defensores piden medidas humanitarias para que, al menos, le den un tratamiento médico.
#Venezuela: Extraoficial. A #YosidaVanegasDeMonasterio de 67 años, la habrían presentado a escondidas, con abogado público en el Tribunal 2do de Control, por presuntos delitos de Financiamiento al Terrorismo y Asociación para Delinquir.
El Amparo Constitucional fue denegado.… pic.twitter.com/4lulCwVfJf
— Tamara Suju (@TAMARA_SUJU) August 25, 2023
Como ella, otras madres de presos políticos mantienen cuadros clínicos críticos sin ser atendidas. Edircia Fuenmayor, madre del preso político Ángel Barrios, y Yusleida Pérez, madre del preso político Roberto Romero, requieren de operaciones y tratamientos como la meniscectomía parcial artroscópica, «pero no tienen recursos para hacerlo porque deben velar por la salud de sus hijos».
«Estas madres, al igual que Yosida, por denunciar, por documentar las torturas y detenciones arbitrarias contra sus hijos fueron perseguidas a tal punto que tuvieron que huir de Venezuela con el corazón partido en dos: medio corazón consigo y medio corazón en la cárcel con sus hijos», denunció la cofundadora de JEP.
«Señoras mayores que se van a otro país con condiciones mínimas para conseguir otro empleo, están en situación de precariedad. Estamos viendo el aumento de estos casos en la medida en que la presión política se ha extendido y el deterioro tanto de los presos como de sus familiares se está agravando. Cuando hay un preso político, toda su familia queda presa con esa persona», concluyó.
