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DDHH Olvidados | Al estudiante Jhon Álvarez lo torturaron y acusan de conspiración
Denuncias de tratos crueles pesan sobre los captores del estudiante de antropología de la Universidad Central de Venezuela

 

 

Al estudiante de 23 años del primer semestre de Antropología de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Jhon Kelvin Álvarez Peña, lo detuvieron el 30 de agosto de este año cuando iba transitando en su moto por la avenida Bolívar de Caracas.

De acuerdo a declaraciones emitidas por el propio Jhon, fueron miembros sin identificación de la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) quienes lo capturaron.

Según el abogado Joel García, a Jhon lo llevaron a Los Chaguaramos y luego a su actual centro de reclusión en la sede de la PNB en La Yaguara.

“Le robaron la moto y otras pertenencias personales”, dijo García.

El también abogado y activista sindical, Eduardo Torres, afirmó que luego de detenerlo arbitrariamente, a Jhon lo “ruleteraron” por toda Caracas y después lo torturaron

“El nos dijo en la audiencia de presentación que lo habían encapuchado y pegado con un bate en las costillas y extremidades, lo envolvieron en un colchón para que no se le notaran las heridas”.

García ratificó la denuncia.

“Le pegaron con tablas, le pusieron electricidad en la espalda, costados y testículos, además de eso, lo pusieron a grabar un video incriminando al dirigente sindical Carlos Salazar y al periodista y dirigente vecinal Carlos Julio Rojas”. 

“Mientras estaban grabando el video, un funcionario le dijo que si se movía se le disparaba el fusil”, agregó Torres. 

A Jhon le están imputando los delitos de conspiración y asociación para delinquir.

“Lo están relacionando con el caso de los 6 sindicalistas condenados recientemente a 16 años de prisión, según la Fiscalía, Jhon estaba solicitado desde el 6 de julio de 2022”, informó García. 

Los líderes sindicales Reynaldo Cortés, Alonso Meléndez, Alcides Bracho, Néstor Astudillo, Gabriel Blanco y Emilio Negrín fueron sentenciados a más de tres lustros de cárcel por supuestos delitos de conspiración y asociación para delinquir.

Los sindicalistas fueron aprehendidos entre el 4 y 7 de julio del año pasado después de encabezar protestas callejeras exigiendo sueldos dignos y mejoras laborales.

Golpeada, pero entera

Wendelin Peña, madre de Jhon, declaró que toda la familia está destrozada. 

“Estamos destruidos, pero en pie de lucha. Jhon es una persona maravillosa y extraordinaria. Estoy segura que voy a recuperar a mi hijo porque él es inocente”.  

Acompañada de familiares, amigos y abogados, Peña entregó un documento en la Defensoría del Pueblo para que averiguen las denuncias sobre torturas.

“El tiene una condición especial porque fue operado y me preocupa su salud”, indicó Peña.  

Torres exigió la apertura de una investigación imparcial y remitir el caso de Jhon a un tribunal de derechos fundamentales.

García informó que el expediente de Jhon está en manos del tribunal 4to con competencia en terrorismo y la fiscalía 76 Nacional. 

“Estamos a la espera que nos entreguen el acta de detención para apelar por la privativa de libertad”.

Piden esclarecer hechos 

Diversos organismos dentro y fuera de Venezuela han solicitado el esclarecimiento de la detención del estudiante universitario y las posteriores denuncias de tortura.

“Las circunstancias que rodean el hecho distan de estar claras”, reza un comunicado firmado por el rector de la UCV, Víctor Rago.

“Todo esto configura un estado de cosas que suscita serias dudas acerca de las actuaciones de los órganos del Estado y sobre el respeto al debido proceso”, prosigue el documento.

“Demandamos que se giren las instrucciones necesarias para que se investiguen y sancionen las denuncias de torturas y vejaciones a las que fue sometido durante los días siguientes a su detención”, se desprende de otro comunicado rubricado por el director de la escuela de Antropología de la UCV, Angel Reyes.

Además de la UCV se han pronunciado contra la detención organismos como Provea, el Observatorio Nacional de Derechos Humanos, la Federación de Centros Universitarios y Amnistía Internacional