Carlos Briceño, director general de la ONG, llamó a no crear falsas esperanzas en el inicio de una investigación contra el Estado venezolano de parte de la Corte Penal Internacional por presuntas violaciones a derechos humanos
Celebró la apertura del proceso y dijo que ahora más que nunca las organizaciones deben apoyar a las víctimas de la represión
Para la ONG Defiende Venezuela, la decisión de la Corte Penal Internacional de abrir una investigación al Estado por supuestos crímenes de lesa humanidad abre una ventana de justicia en el país, pero compromete a las organizaciones a seguir trabajando en pro de apoyar a las eventuales víctimas de atropellos y vejaciones por parte del gobierno.
En su reciente visita a la nación durante la primera semana de noviembre, el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, informó a la administración de Nicolás Maduro que el caso de Venezuela pasaba de la fase preliminar a la apertura de una investigación formal.
El paso histórico por parte del Fiscal Karim Khan que abrió investigación para Venezuela da esperanza a las víctimas de represión y persecución que han ocurrido en el país y permitirá a la fiscalía de la @IntlCrimCourt ejecutar sus recursos para obtener más pruebas de lo ocurrido pic.twitter.com/x84sbOX2pG
— Defiende Venezuela (@DefiendeVE) November 8, 2021
Briceño resaltó que ahora las reglas del juego cambian porque durante la fase preliminar, la CPI recibe información de organizaciones no gubernamentales y el propio Estado, mientras que en la etapa de investigación puede enviar misiones al país a investigar, emitir órdenes de comparecencia ante la corte e incluso arresto si lo considera necesario. “Recabaría evidencia que comprometa a individuos, pero también pudiera determinar que no hay indicios para continuar la investigación y cerrarla”, agrega.
Ojo puesto en organismos de seguridad
Aunque en su breve visita, Khan aseveró a través del documento firmado con el gobierno que “no se ha identificado a ningún sospechoso ni a ningún objetivo”, Briceño indicó que a través de la investigación la CPI podrá recabar evidencia y estaría en condiciones de presentar cargos contra un sujeto.
“En estos casos se maneja la presunción de inocencia, nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario, pero la Fiscalía de la CPI hizo una selección de organismos que estarían ligados a violaciones a derechos humanos como el Sebin, la Dgcim, la Guardia Nacional Bolivariana, la Policía Nacional Bolivariana, cuerpos de civiles armados y otros casos potenciales que en un futuro pudieran formar parte de esa investigación”, sostuvo Briceño.
Dentro de esos casos potenciales entrarían las cadenas de mando y responsables no solo materiales de violaciones a derechos humanos, sino también intelectuales.
“Sino se investigan las cadenas de mando esas averiguaciones van a ser insatisfactorias para la CPI y, por lo tanto, ello alentaría a la propia Fiscalía a investigar, el Estado está obligado a señalar a presuntos responsables para evitar que la CPI entre en su jurisdicción, al menos así está estipulado en el ejercicio de complementariedad”.
Entre las principales víctimas de la represión por parte del Estado en Venezuela existen: sindicalistas, pueblos indígenas, defensores de derechos humanos, líderes políticos de la oposición y militares críticos. pic.twitter.com/IajTGiXctm
— Defiende Venezuela (@DefiendeVE) November 8, 2021
Briceño sentenció que para que el gobierno venezolano logre con éxito una investigación imparcial sin la intervención de la CPI tendría que juzgar no solo a los autores materiales sino a superiores dentro de las cadenas de mando. “Eso no lo hemos visto, por el contrario el sistema de justicia ha sido criticado por la politización que hay en él y todo ello ha generado mucho escepticismo a nivel internacional desde que se produjeron las protestas en el año 2017 en concreto”.
Víctimas hasta ahora sin nombre
El director general de Defiende Venezuela indicó que actualmente tampoco se puede hablar de víctimas con nombre y apellido.
“Una vez que la Fiscalía de la CPI determine la identidad de los presuntos culpables, las víctimas tienen que acreditarse ante la corte y exponer sus casos particulares”.
Para Briceño, la CPI solicitó el ejercicio de la complementariedad con el Estado venezolano porque es incapaz de abarcar todo el proceso investigativo.
“La CPI atiende asuntos a escala global, la corte no va a poder juzgar a todos los perpetradores. Pareciera que el Estado se está comprometiendo a colaborar. La CPI forzó al Estado a desarrollar procesos legítimos, esto no significa que la Fiscalía no pueda adelantar sus propias investigaciones”.
A juicio de Briceño, el gobierno de Maduro sabía que la apertura de una investigación era inminente por la cantidad de pruebas consignadas ante la Corte Penal Internacional y su intención fue siempre dilatar el proceso.
“Por eso introdujeron un recurso de investigación judicial durante la gestión de la anterior fiscal Fatou Bensouda y ahora invitaron al país a Karim Khan para buscar disuadir, nosotros siempre tuvimos claro que este momento tarde o temprano iba a llegar”, acotó finalmente.
