A Limbania Ramírez la desalojaron de su casa y la botaron de su trabajo luego de que supuestamente celebrara el presunto atentado en contra de Nicolás Maduro en 2018
Limbania Ramírez vivía en el sector Los Chinos del complejo urbanístico Misión Vivienda, ubicado dentro de Fuerte Tiuna, desde el año 2015. Pero el 6 de agosto de 2018, dos días después del presunto atentado en contra de Nicolás Maduro, ya no pudo llamar a ese lugar su hogar.
Esa noche, acompañada por colectivos armados y Llafrancis Colina conductora del programa Zurda Conducta, la jefa de gobierno del Distrito Capital, Carolina Cestari, la desalojaron de su vivienda. La acusaron de traidora por supuestamente celebrar lo ocurrido con el presidente y por vender efectivo a 400% de su valor.
Ramírez también fue despedida de su empleo como servidora pública en la Superintendencia de Servicios de Certificación Electrónica. Cuando se dirigió a la oficina de recursos humanos para pedir una explicación, le dijeron que la orden fue hecha por los superiores. “Lo que el gobierno decida, nosotros lo apoyamos”, le respondieron.
Sin empleo ni vivienda, tuvo que irse a vivir en el interior del país con sus familiares. Actualmente, vive de la buena voluntad de sus allegados y del dinero que su esposo pueda conseguir.
“Me dejaron sin trabajo, sin casa, vulnerable. Ahora, tampoco me puedo defender ante la justicia. Todo esto es injusto ¿qué hice para merecerlo? Ni siquiera de lo que se me acusa yo lo cometí”.
“Desde que nos sacaron, hemos recibido amenazas de muerte de desconocidos, hasta de colectivos. Algunos de ellos estaban el día que nos desalojaron de mi casa. Es más, el 7 de agosto, cuando volvimos al apartamento para buscar las cosas que nos quedaban, las que no nos hurtaron, llegó un funcionario del Ministerio de Vivienda y Habitat, que se identificó como Armando Rondón, nos advirtió que ellos no se harían responsables de nuestra integridad personal, si nos quedamos allí”.
Ha sido en vano
A pesar de las amenazas y represalias, tres días después del intento de magnicidio, se dirigió a la sede del Ministerio Público para consignar una denuncia contra la jefa del gobierno del Distrito Capital. El caso fue tomado por la fiscalía 50 del área Metropolitana de Caracas.
Por su parte, abogados de las organizaciones Provea y Proiuris consignaron un amparo en la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para que le sean garantizados el derecho a la vivienda de Limbania.
El abogado de Proiuris sostuvo que el amparo consignado es para que se le garantice una vivienda a Ramírez y responsabilicen a los funcionarios que violentaron sus derechos. “Se espera que el tribunal cite a las personas responsables para que resarzan el daño y le devuelvan su vivienda o una nueva con las misma condiciones. Es importante actual por esta vía para que estas personas se pongan a la orden de la justicia”, señaló.
“Fui tanto al Ministerio Público en su Dirección de Atención a la Víctima, a la Defensoría del Pueblo y a la Inmobiliaria Nacional S.A, con la intención de dar a conocer el desalojo forzoso de mi vivienda y obtener las reparaciones correspondientes. Pero ninguno de estos organismos me ha otorgado una respuesta en concreto”, manifestó en 2018.
