ANTE LA MUERTE DEL CONCEJAL del Municipio Libertador de Caracas Fernando Albán, mientras se encontraba detenido en la sede del Sebin, Una Ventana a la Libertad quiere dejar su posición pública ante tales hechos de la manera siguiente:

1.- Repudiamos y rechazamos la muerte del Concejal Albán, en las circunstancias que hasta ahora se han hecho conocidas, de acuerdo a lo establecido en el artículo 272 de nuestra Constitución Nacional, el Estado debe de garantizar y velar por el respeto a los derechos humanos de los privados de libertad.

2.- Es un hecho público, notorio y comunicacional que el Concejal Fernando Albán se encontraba bajo la custodia del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), al momento de su muerte, cuestión que  hace responsable directo a este cuerpo policial del Estado venezolano, de violar la norma constitucional antes citada así como convenios y pactos internacionales suscritos por Venezuela, entre ellas las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Mandela), por no garantizar la vida del hoy fallecido Concejal Albán.

3.- Una Ventana a la Libertad desde 2017 ha denunciado las constantes violaciones a los derechos humanos de los privados de libertad en Venezuela y en tal circunstancia en el mes de junio de 2017 publicamos un informe sobre la situación de los derechos humanos de los privados de libertad en las sedes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en Plaza Venezuela y El Helicoide, donde narramos el horror que viven las personas recluidas en estos centros, sin que hasta la fecha tengamos respuesta alguna del Estado venezolano, ni conocemos que esta situación haya cambiado o mejorado, ante el hecho que ocupa este comunicado podríamos decir que ha empeorado y las constantes violaciones a los derechos humanos de los allí recluidos han recrudecido, al extremo que hoy lamentamos la muerte del Concejal Fernando Albán.

Por lo antes expuesto Una Ventana a la Libertad solicita al Estado venezolano:

1.- Sea abierta una investigación objetiva e imparcial sobre lo ocurrido y se sancione a los responsables, bien sea por acción u omisión de tales hechos.

2.- Exigimos a la Defensoría del Pueblo que cumpla con su trabajo de velar por los derechos humanos de los privados de libertad en Venezuela y deje su complicidad con la grave situación de violaciones a los derechos humanos que están ocurriendo en Venezuela.

3.- Solicitamos a la comunidad internacional el respaldo a nuestras solicitudes y estar vigilantes de las posibles consecuencias o represalias que podrían haber a futuro contra las organizaciones de derechos humanos o alguno de sus miembros, por parte de los cuerpos de seguridad del Estado venezolano por denunciar tales hechos.