La literatura de las Relaciones Internacionales clasifica las sanciones en dos grandes tipos: las sanciones específicas, selectivas o inteligentes que un país emisor impone a individuos que pertenecen y apoyan a un régimen autoritario objetivo con el fin de lograr concesiones sobre un asunto determinado; y las sanciones comprehensivas, extensivas o paralizantes que un país emisor impone a todo o parte del comercio y finanzas de un país objetivo con el fin de lograr como mínimo concesiones de su régimen respecto a un asunto concreto, o como máximo un cambio político. También las divide en unilaterales o multilaterales.
Desde el 18 de diciembre de 2014, cuando el Presidente Obama firmó la “Ley para la Defensa de los Derechos Humanos y la Sociedad Civil en Venezuela”, EEUU ha venido imponiendo sanciones inteligentes a diferentes funcionarios del régimen de Maduro en varias tandas que van desde la famosa Orden Ejecutiva N° 13692 del 9 de marzo de 2015 hasta la reciente inclusión de 13 altos funcionarios del régimen de Maduro por la Administración Trump en la lista de la OFAC. Ahora, el Departamento de Estado ha estado buscando hacerlas multilaterales, solicitando a los países latinoamericanos (México, Colombia y Panamá ya han manifestado su apoyo) y a la Unión Europea que se sumen para aumentar su efectividad.
Empero, las sanciones económicas anunciadas por el Presidente Trump caen dentro de las llamadas sanciones paralizantes; trascendiendo que se trataría de medidas dirigidas al sector petrolero, incluyendo a PDVSA. Maduro irresponsablemente sólo ha dicho que “a Venezuela no la bloquea nadie”. Sin embargo, los fríos cálculos dibujan un panorama que causa vértigo.
En 2016, PDVSA obtuvo alrededor de 16 millardos de dólares en sus 4 mercados principales: EEUU, China, India, y El Caribe. En el caso de China y El Caribe se obtuvo poco dinero contante y sonante, porque los volúmenes fueron destinados a pagar deudas ya contraídas con instituciones chinas y por las facilidades de PETROCARIBE. Esto hace que los dos clientes que realmente generan ingresos en efectivo sean EEUU e India. En el caso de India, PDVSA se convirtió en su cuarto proveedor en 2015 (12,9% de sus importaciones totales), pero actualmente sólo provee alrededor de 300 mil barriles diarios, debido al levantamiento de las sanciones a Irán en 2016 –proveedor natural– y la caída de la producción venezolana que lleva a un menor volumen exportable libre de compromisos.
En el caso de EEUU, más allá de la retórica, Venezuela sigue siendo su tercer proveedor, suministrando 750-800 mil barriles diarios. En consecuencias, las exportaciones venezolanas hacia este mercado representaron 62% de los ingresos reales por ventas petroleras en 2016. En 2017, al continuar la producción venezolana declinando, ha aumentado la importancia del mercado estadounidense, que representa hoy por hoy tres cuartos de los ingresos.
En consecuencia, si la Administración Trump llegase a imponer un embargo petrolero, generaría un colapso en una Venezuela que ya se encuentra sumida en una grave crisis económica. No olvidemos que en los últimos tres años (2014-2016) el PIB se ha contraído en -24,5%; y que el FMI ha cambiado recientemente su pronóstico de decrecimiento económico para 2017 desde -7,4% hasta -12%.
Analistas y “opinadores” cercanos al régimen de Maduro han señalado que esta decisión difícilmente podría tomarse por los efectos que podría acarrear para el propio EEUU. No obstante, aquí debemos ponderar la dinámica de la interdependencia: EEUU es sensible respecto al suministro petrolero venezolano (7% del total de sus importaciones petroleras), mientras Venezuela es vulnerable (50% de sus exportaciones petroleras y 75% de sus ingresos reales). Cuando vemos caso por caso, la empresa refinadora más afectada sería CITGO (que compra 33% de su suministro a Venezuela), seguida de Valero (26%), Chevron (14%) y Phillips 66 (13%). Es decir, la empresa más afectada también sería venezolana, la cual en caso extremo también podría ser intervenida a través del Comité de Inversiones Extranjeras (por sus siglas en inglés, CFIUS), que ya viene monitoreándola tras el acuerdo PDVSA-Rosneft que la colocó como colateral de pago. Por otra parte, la Administración Trump tiene margen de maniobra para evitar impactos a sus consumidores, bien sea vendiendo a las empresas refinadoras afectadas parte de su Reserva Estratégica de Petróleo que contiene 687,7 millones de barriles y que ya había propuesto reducir gradualmente en 270 millones de barriles en la próxima década en el presupuesto para 2018 presentado al Congreso; o mediante compras de crudo de estas empresas refinadoras a Canadá, México o Arabia Saudita en un mercado que se encuentra actualmente sobre-abastecido en alrededor de 1 millón de barriles diarios.
Teóricamente, Venezuela podría colocar su crudo en China e India, pero conseguir clientes para un crudo tan pesado, con alto contenido de azufre y metales no es tarea sencilla, teniendo en cuenta que estos países no cuentan con suficientes refinerías de conversión profunda, y la alta competencia que se desarrolla actualmente en los mercados asiáticos entre proveedores de Medio Oriente tras la expansión de la producción estadounidense y el regreso de Irán al mercado. Sólo una parte podría ser colocada y con descuento (10-15% por debajo del precio del mercado para hacerlo atractivo como tuvo que hacer Irán en 2012).
Empero, aquí debemos considerar que las sanciones también podrían incluir la prohibición de suministros de crudo, productos y equipos a PDVSA desde EEUU, lo cual tendría impacto en la producción. Desde EEUU se obtienen alrededor de 100-150 mil barriles diarios en productos, que se encuentran destinados a la dilución para la producción de crudo extrapesado en la Faja Petrolífera del Orinoco, lo cual podría forzar un cierre de exportaciones entre 250-300 mil barriles diarios en el corto plazo. Esto además afectaría la producción de gasolina agravando la contracción económica. Asimismo, si las sanciones también incluyen la prohibición de inversiones en el sector petrolero venezolano, Chevron y empresas de servicios como Halliburton y Schlumberger tendrían que abandonar sus actividades en el país, generando un severo impacto en la producción petrolera difícil de ponderar.
En otro orden de ideas, debemos tomar en cuenta que las sanciones colocadas a Irán en 2012 también incluyeron sanciones financieras a su empresa petrolera nacional NIOC y su Banco Central. En el caso que se prohíba a PDVSA y al BCV realizar transacciones financieras con bancos estadounidenses y se le impida la utilización de los códigos de verificación bancaria internacional SWIFT, Venezuela se vería forzada a buscar bancos intermediarios fuera de EEUU y la Unión Europea para vender crudo y adquirir productos y equipos, lo cual no sería nada sencillo. Irán a pesar de tener una economía más diversificada (80% de sus ingresos provenientes de las exportaciones petroleras, contra 96% de Venezuela) y en plena expansión, además de poseer reservas internacionales en buen nivel, y estar más cercano a los mercados asiáticos con alta demanda petrolera en 2012, se vio forzado a buscar un acuerdo nuclear con la Administración Obama tras ver esfumar 20% de su PIB en el período 2012-2015 con fuerte impacto en el nivel de vida de su población, debido a una caída del 28% de su producción petrolera y una reducción del 60% de sus exportaciones petroleras. En el caso de Irak, las sanciones comerciales y financieras generaron una pérdida del 48% de su PIB en el período 1991-1998 y una crisis humanitaria que ya Venezuela está sufriendo.
En consecuencia, un embargo petrolero acompañado de sanciones financieras supondrían un cataclismo devastador para una PDVSA que ya se encuentra en declive (desde 2015, la producción ha caído en 500 mil barriles diarios), y una parálisis total para la economía nacional; con alto riesgo de impago de deuda externa a finales de año y mayor deterioro de las condiciones de vida que generarán inevitablemente un tsunami popular que se llevará todo por delante. Esto sin mencionar el descontento de una Fuerza Armada ante la presión popular y el deterioro de sus privilegios.
En Miraflores deben hacer bien las cuentas. Cuba logró resistir las sanciones económicas debido al apoyo de la Unión Soviética, de la propia Venezuela, y la izquierda internacional en general. Hoy por hoy, estamos en otro contexto geopolítico y el régimen de Maduro carece del encanto que despertó la Revolución Cubana. Por otra parte, la base de datos sobre sanciones económicas Threat and Imposition of Economic Sanctions (TIES) –la más completa y actualizada que se dispone– señala que de los 1412 casos registrados en el período 1945-2005, lograron su cometido o forzaron un acuerdo en un 56,3%. Además, la casuística muestra que los casos exitosos se han producido cuando el régimen político sancionado tiene cierto grado de pluralismo político; si el país objetivo es económicamente débil y políticamente inestable; si el comercio con el país emisor representaba más del 28% del total del comercio exterior del país objetivo; si las sanciones se imponen con rapidez quitándole tiempo al país objetivo para reaccionar; y si el costo promedio de las sanciones para el país objetivo es alto.
Maduro debe ahorrarle más sufrimientos al pueblo venezolano y escuchar al menos a Rodríguez Zapatero que bien sabe cómo funcionan las sanciones paralizantes, y por tanto le ha pedido “nuevos gestos” para poder continuar con su polémica labor de facilitación; léase: suspender la fraudulenta iniciativa de Constituyente y aceptar la creación de un grupo de países amigos que permita abrir caminos a una negociación tendiente a una salida democrática para la crisis venezolana. Maduro y su camarilla serán los únicos responsables de las penurias que puedan ocasionar las sanciones paralizantes al pueblo de Venezuela. Que no apelen luego al falso nacionalismo si condenan a todo el país por su temeridad y ambición. ¿Y usted qué opina?
Kenneth Ramírez / @kenopina
Doctor en Ciencias Políticas, MBA en Energía e Internacionalista. Profesor de la Universidad Central de Venezuela (UCV) y Presidente del Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales (COVRI).
