Junto a las murallas del Kremlin, se encuentra el Mausoleo que resguarda la momia de Lenin. Un fantasma del pasado que ya no recorre Europa como antes, pero que sigue clavado en pleno corazón de Moscú. Ante el Centenario de su Revolución, el otro Vladímir que es hoy el hombre fuerte de Rusia, prefirió mirar hacia otro lado. En nuestros días, la élite rusa celebra otras fiestas, como el “Día de la Unidad de la Patria”, el 4 de noviembre; este año con acto encabezado por el Presidente Putin y el Patriarca Kirill en el Monumento de Minin y Pozharski en la Plaza Roja –los héroes de la rebelión que echó a los polacos de Rusia en 1612. En cambio, Lenin tuvo que conformarse con el silencio oficial tres días después.

La ambivalencia de Putin hacia el fantasma de Lenin se debe a varias razones. En primer lugar, debido a la división que aún genera el período soviético en la sociedad rusa, apenas 25 años después de la caída de la URSS. En segundo lugar, debido al fuerte rechazo de la Iglesia Ortodoxa –aliada de Putin– hacia Lenin, quien ordenó confiscar sus propiedades, ejecutar sus obispos y acosar a sus creyentes. En tercer lugar, por el rol del Partido Comunista de Rusia como principal fuerza política dentro de la fragmentada oposición rusa. En tercer lugar, porque Lenin representa a las “revoluciones” que en la visión actual del Kremlin rara vez responden a los anhelos genuinos de la población, sino que tienden a ser el resultado de manipulaciones de sectores sediciosos en conjunción con intrigas geopolíticas, orquestadas desde Occidente para atacar a Rusia. Es decir, aquellos que hoy desafían el poder de Putin dentro de Rusia y en su esfera de influencia, mediante las llamadas “revoluciones de colores”: Yugoslavia (2000), Georgia (2003), Ucrania (2004 y 2014), Kirguistán (2005), Belarús (2006) y, Moldavia (2009). Al fin y al cabo, fue el Imperio alemán quien facilitó –lo envió “cual bacilo de la peste” en palabras de Churchill– el épico viaje en tren de Lenin desde su exilio en Zúrich hasta Petrogrado (como se conocía a San Petersburgo) para desestabilizar al Imperio ruso y provocar su salida de la Primera Guerra Mundial. Ergo, idealizar ahora la Revolución de Octubre sería caer en una contradicción; así como un error al dar una potencial bandera a eventuales protestas sociales debido a una economía rusa que apenas se recupera de la recesión provocada por la caída de los precios del petróleo y las sanciones internacionales tras la anexión de Crimea. En cuarto lugar, tenemos las críticas públicas de Putin hacia el personaje: “Lenin puso una bomba atómica bajo el edificio que llamamos Rusia al conceder derecho a la secesión a las repúblicas integrantes del Estado y luego explotó. No nos hacía falta una revolución mundial”. En quinto lugar, porque en el proceso de definición simbólica de la nueva Rusia, Putin ha escogido elementos del pasado zarista (la bandera, el escudo, y la citada alianza con la Iglesia Ortodoxa) a la vez que del pasado soviético (el himno, las Fuerzas Armadas, y la nostalgia imperial por la Guerra Fría). Esta mezcla denota la puesta en marcha de una nueva narrativa nacional simplificada, sincrética, y vinculada a los aspectos más destacables de su pasado; según la cual Lenin “traicionó”, Stalin recuperó”, Gorbachov volvió a “perder” y Putin ha logrado “rehabilitar” a la “Madre Rusia”. Así, Putin no enarbola las banderas de la revolución ni de la reacción, sino que representa la síntesis: unidad, estabilidad y grandeza. En este contexto, se explica la erección de monumentos al Príncipe Vladímir –quien cristianizó la Rus de Kiev en 988– junto al Kremlin en 2016, o a Kaláshnikov –inventor del famoso fusil de asalto– en 2017. También explica la reivindicación del “Día de la Victoria” (en la “Gran Guerra Patria”, como denominan los rusos a la Segunda Guerra Mundial, el 9 de mayo): la celebración del 60 Aniversario en 2005 fue fastuosa y se utilizó para rehabilitar la figura de Stalin; mientras la celebración del 70 Aniversario en 2015 supuso una demostración de fuerza militar sin parangón desde la caída de la URSS. En resumen, para el Kremlin no hay nada que celebrar a un siglo de la Revolución. Mejor no reabrir heridas dolorosas.

Paradójicamente, la celebración oficial negada a Lenin en Moscú se hizo presente en la tórrida Caracas, donde Nicolás Maduro convocó una marcha “en honor al Centenario de la Gran Revolución Socialista de Octubre”. Al invocar el fantasma de Lenin en la Venezuela de hoy, Maduro y su camarilla asumen abiertamente la  verdadera naturaleza del putsch que han venido dando a “las reglas democráticas-burguesas” de la Constitución de 1999, al ya no poder ganar una elección libre y justa: desde la suspensión del referéndum revocatorio hasta las fraudulentas elecciones de la Constituyente comunal y de gobernadores. De hecho, para no dejar lugar a dudas, Maduro recibió la marcha en una tribuna instalada en el Palacio de Miraflores con la figura de Lenin como telón de fondo, arengando: “Venezuela, inspirada en la Revolución de Octubre, ha tomado el camino de la Revolución Bolivariana para construir una nueva sociedad y humanidad. Todo el poder para el pueblo”. Así, Maduro nos grita que sigue la estrategia que ejecutaron los bolcheviques hace un siglo, donde una minoría cohesionada, utilizando las armas y el control social (de los Sóviets a las Comunas y CLAPs), doblegó al resto de la sociedad en nombre de una mayoría que en realidad le adversaba. Empero, donde flaquea la estrategia leninista de Maduro es a nivel internacional, ya que ningún “país desarrollado socialista” vendrá en su ayuda como mecenas. China ha tomado una postura prudente y privilegia el cobro de deudas contraídas a partir de los proyectos en marcha. Mientras desde Rusia, un Putin que –como vimos– tiende al conservadurismo, observa con cierta aprensión al imitador tropical de Lenin: prefiere hombres fuertes y solventes. De allí que haya resultado absurda –y hasta jocosa de no haber sido por su plegamiento e indignidad–, la declaración de Maduro durante su última visita a Moscú el mes pasado: “El líder del Mundo en que queremos vivir es el Presidente Vladímir Putin”. Cabe esperar, eso sí, que Putin siga dando respaldo diplomático a Maduro en el marco de su gran estrategia de erosión del orden internacional liderado por EEUU; y que refinancie deudas a cambio de activos petroleros: ¿acaso tiene otra opción? No obstante, cualquier apoyo económico será limitado debido a la propia situación rusa (con un PIB actual apenas similar al de la ciudad de Nueva York) y la baja prioridad de Venezuela en su política exterior. Además, están los riesgos que supone una figura como Maduro que viaja en Cubana de Aviación, representa una minoría y fomenta la división de su propio país con el fantasma de Lenin como guía.

El problema de fondo, tanto en Moscú como en Caracas y más allá, es que aún no se han ajustado todas las cuentas con el comunismo como se hizo con el fascismo, lo cual hace que muchos puedan seguir defendiendo “legítimamente” sus banderas a pesar de todo el sufrimiento que ha causado desde 1917. Debemos recordar que el comunismo se sustenta en tres ideas fuerza: una revolución social como mito apocalíptico inevitable; un Estado jacobino que en nombre de la emancipación de las masas las termina oprimiendo (suprime la libertad negativa en nombre de la libertad positiva, siguiendo el magistral ensayo Dos conceptos de Libertad de Isaiah Berlin); y una concepción hegeliana de la Historia como progreso dialéctico hacia un fin, lo cual permite aseverar que existen retrocesos y avances de acuerdo a determinados criterios políticos y morales, y hace a su vez posible justificar tautológicamente las acciones revolucionarias y del Estado jacobino. De ese credo se desprenden sus dos grandes errores: el fanatismo extremista y la falta de una dimensión ética en lo que respecta al derecho de las personas frente a la coacción del Estado; lo cual supone que los comunistas no pueden reivindicar la emancipación humana. También explica el lado oscuro de sus revoluciones. En un discurso intitulado Mensaje al Siglo XXI, Isaiah Berlin nos advierte de los peligros de abrazar en forma intolerante ideales simples como lo hace el comunismo. Una vez que un líder comunista expone las verdades esenciales, sólo los estúpidos y los traidores ofrecerán resistencia. Quienes se oponen deben ser persuadidos; si no es posible, es necesario aprobar leyes para contenerlos. Si eso tampoco funciona, se ejerce la represión del Estado jacobino. Y por último, de ser necesario, el terror. Lenin creía en todo esto después de asumir como biblia El Capital de Marx y Engels. De allí el Terror Rojo, los fusilamientos y deportaciones, los gulag, y el Holodomor  (“matar de hambre”) en nombre de la utopía; con un saldo final de 20 millones de muertos en la URSS.

Isaiah Berlin conocía bien todo esto, ya que lo había visto durante su infancia: “Cualquiera que, como yo, hubiera visto la Revolución Rusa en acción hubiera tenido pocas probabilidades de sentirse tentado con ella”. Con unidad, todos los venezolanos debemos detener la necia conjura del fantasma de Lenin que viene haciendo Maduro, antes de que sea demasiado tarde. ¿Y usted qué opina?

@kenopina

*Doctor en Ciencias Políticas, MBA en Energía e Internacionalista. Profesor de la Universidad Central de Venezuela (UCV) y Presidente del Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales (COVRI).

 

El pasado 17 de julio, el Presidente Trump amenazó al régimen de Maduro con sanciones económicas “rápidas y firmes” si seguía adelante con su fraudulenta Constituyente, que intenta imponer –inútilmente– el modelo comunista cubano en Venezuela de espaldas a la Constitución y la voluntad del pueblo. Todo esto fue ratificado el pasado 28 de julio, por el Vicepresidente Mike Pence en llamada telefónica Leopoldo López. Empero, Maduro junto a su camarilla, se ha tomado este asunto con una imprudente levedad. Por tanto, a pocas horas de cruzar el punto de no retorno, toca evaluar en que podrían consistir dichas sanciones.

La literatura de las Relaciones Internacionales clasifica las sanciones en dos grandes tipos: las sanciones específicas, selectivas o inteligentes que un país emisor impone a individuos que pertenecen y apoyan a un régimen autoritario objetivo con el fin de lograr concesiones sobre un asunto determinado; y las sanciones comprehensivas, extensivas o paralizantes que un país emisor impone a todo o parte del comercio y finanzas de un país objetivo con el fin de lograr como mínimo concesiones de su régimen respecto a un asunto concreto, o como máximo un cambio político. También las divide en unilaterales o multilaterales.

Desde el 18 de diciembre de 2014, cuando el Presidente Obama firmó la “Ley para la Defensa de los Derechos Humanos y la Sociedad Civil en Venezuela”, EEUU ha venido imponiendo sanciones inteligentes a diferentes funcionarios del régimen de Maduro en varias tandas que van desde la famosa Orden Ejecutiva N° 13692 del 9 de marzo de 2015 hasta la reciente inclusión de 13 altos funcionarios del régimen de Maduro por la Administración Trump en la lista de la OFAC. Ahora, el Departamento de Estado ha estado buscando hacerlas multilaterales, solicitando a los países latinoamericanos (México, Colombia y Panamá ya han manifestado su apoyo) y a la Unión Europea que se sumen para aumentar su efectividad.

Empero, las sanciones económicas anunciadas por el Presidente Trump caen dentro de las llamadas sanciones paralizantes; trascendiendo que se trataría de medidas dirigidas al sector petrolero, incluyendo a PDVSA. Maduro irresponsablemente sólo ha dicho que “a Venezuela no la bloquea nadie”. Sin embargo, los fríos cálculos dibujan un panorama que causa vértigo.

En 2016, PDVSA obtuvo alrededor de 16 millardos de dólares en sus 4 mercados principales: EEUU, China, India, y El Caribe. En el caso de China y El Caribe se obtuvo poco dinero contante y sonante, porque los volúmenes fueron destinados a pagar deudas ya contraídas con instituciones chinas y por las facilidades de PETROCARIBE. Esto hace que los dos clientes que realmente generan ingresos en efectivo sean EEUU e India. En el caso de India, PDVSA se convirtió en su cuarto proveedor en 2015 (12,9% de sus importaciones totales), pero actualmente sólo provee alrededor de 300 mil barriles diarios, debido al levantamiento de las sanciones a Irán en 2016 –proveedor natural– y la caída de la producción venezolana que lleva a un menor volumen exportable libre de compromisos.

En el caso de EEUU, más allá de la retórica, Venezuela sigue siendo su tercer proveedor, suministrando 750-800 mil barriles diarios. En consecuencias, las exportaciones venezolanas hacia este mercado representaron 62% de los ingresos reales por ventas petroleras en 2016. En 2017, al continuar la producción venezolana declinando, ha aumentado la importancia del mercado estadounidense, que representa hoy por hoy tres cuartos de los ingresos.

En consecuencia, si la Administración Trump llegase a imponer un embargo petrolero, generaría un colapso en una Venezuela que ya se encuentra sumida en una grave crisis económica. No olvidemos que en los últimos tres años (2014-2016) el PIB se ha contraído en -24,5%; y que el FMI ha cambiado recientemente su pronóstico de decrecimiento económico para 2017 desde -7,4% hasta -12%.

Analistas y “opinadores” cercanos al régimen de Maduro han señalado que esta decisión difícilmente podría tomarse por los efectos que podría acarrear para el propio EEUU. No obstante, aquí debemos ponderar la dinámica de la interdependencia: EEUU es sensible respecto al suministro petrolero venezolano (7% del total de sus importaciones petroleras), mientras Venezuela es vulnerable (50% de sus exportaciones petroleras y 75% de sus ingresos reales). Cuando vemos caso por caso, la empresa refinadora más afectada sería CITGO (que compra 33% de su suministro a Venezuela), seguida de Valero (26%), Chevron (14%) y Phillips 66 (13%). Es decir, la empresa más afectada también sería venezolana, la cual en caso extremo también podría ser intervenida a través del Comité de Inversiones Extranjeras (por sus siglas en inglés, CFIUS), que ya viene monitoreándola tras el acuerdo PDVSA-Rosneft que la colocó como colateral de pago. Por otra parte, la Administración Trump tiene margen de maniobra para evitar impactos a sus consumidores, bien sea vendiendo a las empresas refinadoras afectadas parte de su Reserva Estratégica de Petróleo que contiene 687,7 millones de barriles y que ya había propuesto reducir gradualmente en 270 millones de barriles en la próxima década en el presupuesto para 2018 presentado al Congreso; o mediante compras de crudo de estas empresas refinadoras a Canadá, México o Arabia Saudita en un mercado que se encuentra actualmente sobre-abastecido en alrededor de 1 millón de barriles diarios.

Teóricamente, Venezuela podría colocar su crudo en China e India, pero conseguir clientes para un crudo tan pesado, con alto contenido de azufre y metales no es tarea sencilla, teniendo en cuenta que estos países no cuentan con suficientes refinerías de conversión profunda, y la alta competencia que se desarrolla actualmente en los mercados asiáticos entre proveedores de Medio Oriente tras la expansión de la producción estadounidense y el regreso de Irán al mercado. Sólo una parte podría ser colocada y con descuento (10-15% por debajo del precio del mercado para hacerlo atractivo como tuvo que hacer Irán en 2012).

Empero, aquí debemos considerar que las sanciones también podrían incluir la prohibición de suministros de crudo, productos y equipos a PDVSA desde EEUU, lo cual tendría impacto en la producción. Desde EEUU se obtienen alrededor de 100-150 mil barriles diarios en productos, que se encuentran destinados a la dilución para la producción de crudo extrapesado en la Faja Petrolífera del Orinoco, lo cual podría forzar un cierre de exportaciones entre 250-300 mil barriles diarios en el corto plazo. Esto además afectaría la producción de gasolina agravando la contracción económica. Asimismo, si las sanciones también incluyen la prohibición de inversiones en el sector petrolero venezolano, Chevron y empresas de servicios como Halliburton y Schlumberger tendrían que abandonar sus actividades en el país, generando un severo impacto en la producción petrolera difícil de ponderar.

En otro orden de ideas, debemos tomar en cuenta que las sanciones colocadas a Irán en 2012 también incluyeron sanciones financieras a su empresa petrolera nacional NIOC y su Banco Central. En el caso que se prohíba a PDVSA y al BCV realizar transacciones financieras con bancos estadounidenses y se le impida la utilización de los códigos de verificación bancaria internacional SWIFT, Venezuela se vería forzada a buscar bancos intermediarios fuera de EEUU y la Unión Europea para vender crudo y adquirir productos y equipos, lo cual no sería nada sencillo. Irán a pesar de tener una economía más diversificada (80% de sus ingresos provenientes de las exportaciones petroleras, contra 96% de Venezuela) y en plena expansión, además de poseer reservas internacionales en buen nivel, y estar más cercano a los mercados asiáticos con alta demanda petrolera en 2012, se vio forzado a buscar un acuerdo nuclear con la Administración Obama tras ver esfumar 20% de su PIB en el período 2012-2015 con fuerte impacto en el nivel de vida de su población, debido a una caída del 28% de su producción petrolera y una reducción del 60% de sus exportaciones petroleras. En el caso de Irak, las sanciones comerciales y financieras generaron una pérdida del 48% de su PIB en el período 1991-1998 y una crisis humanitaria que ya Venezuela está sufriendo.

En consecuencia, un embargo petrolero acompañado de sanciones financieras supondrían un cataclismo devastador para una PDVSA que ya se encuentra en declive (desde 2015, la producción ha caído en 500 mil barriles diarios), y una parálisis total para la economía nacional; con alto riesgo de impago de deuda externa a finales de año y mayor deterioro de las condiciones de vida que generarán inevitablemente un tsunami popular que se llevará todo por delante. Esto sin mencionar el descontento de una Fuerza Armada ante la presión popular y el deterioro de sus privilegios.

En Miraflores deben hacer bien las cuentas. Cuba logró resistir las sanciones económicas debido al apoyo de la Unión Soviética, de la propia Venezuela, y la izquierda internacional en general. Hoy por hoy, estamos en otro contexto geopolítico y el régimen de Maduro carece del encanto que despertó la Revolución Cubana. Por otra parte, la base de datos sobre sanciones económicas Threat and Imposition of Economic Sanctions (TIES) –la más completa y actualizada que se dispone– señala que de los 1412 casos registrados en el período 1945-2005, lograron su cometido o forzaron un acuerdo en un 56,3%. Además, la casuística muestra que los casos exitosos se han producido cuando el régimen político sancionado tiene cierto grado de pluralismo político; si el país objetivo es económicamente débil y políticamente inestable; si el comercio con el país emisor representaba más del 28% del total del comercio exterior del país objetivo; si las sanciones se imponen con rapidez quitándole tiempo al país objetivo para reaccionar; y si el costo promedio de las sanciones para el país objetivo es alto.

Maduro debe ahorrarle más sufrimientos al pueblo venezolano y escuchar al menos a Rodríguez Zapatero que bien sabe cómo funcionan las sanciones paralizantes, y por tanto le ha pedido “nuevos gestos” para poder continuar con su polémica labor de facilitación; léase: suspender la fraudulenta iniciativa de Constituyente y aceptar la creación de un grupo de países amigos que permita abrir caminos a una negociación tendiente a una salida democrática para la crisis venezolana. Maduro y su camarilla serán los únicos responsables de las penurias que puedan ocasionar las sanciones paralizantes al pueblo de Venezuela. Que no apelen luego al falso nacionalismo si condenan a todo el país por su temeridad y ambición. ¿Y usted qué opina?

 Kenneth Ramírez / @kenopina

Doctor en Ciencias Políticas, MBA en Energía e Internacionalista. Profesor de la Universidad Central de Venezuela (UCV) y Presidente del Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales (COVRI).

 

La Primera Sesión de la 29° Reunión de Consulta de Cancilleres de la OEA se inauguró en Washington el pasado 31 de mayo, con el propósito de hallar una respuesta a la crisis venezolana como el desafío regional más urgente del presente. Se presentaron sendos proyectos de resolución: uno de parte del G-14 –los Estados miembros más críticos hacia el régimen de Maduro– encabezado por Perú, quienes pedían retirar la iniciativa de Asamblea Nacional Constituyente en los términos en que está planteada, ofrecían ayuda humanitaria, y llamaban a la creación de un grupo de contacto; el otro más tibio, sólo llamaba al diálogo entre el régimen de Maduro y la oposición venezolana, siendo presentado por Guyana en nombre de la CARICOM –al detentar la Presidencia Pro-Témpore. Desde entonces, la estrategia diplomática del régimen de Maduro ha sido presionar a CARICOM para obtener una minoría de bloqueo, a través de Estados afines como Surinam y Haití, y de los microestados de la Organización de Estados del Caribe Oriental (la cual agrupa la mitad de los Estados miembros de la CARICOM), a sabiendas de que estas pequeñas islas son las más vulnerables respecto al suministro petrolero y las deudas acumuladas, siendo por la misma razón menos gravoso mantenerlas –apenas 10 mil barriles diarios. Debido a la falta de acuerdo, se decidió dar un compás de negociación, apuntando a la Asamblea General de la OEA que tendría lugar en Cancún entre el 19 y el 21 de junio.

La tarea fue encomendada a una Comisión de Embajadores: EEUU, Brasil, y Perú, por el G-14; y Antigua y Barbuda, Barbados, y Guyana, por CARICOM. Se reunieron al menos en 4 ocasiones hasta que hallaron un texto de consenso, que si bien suavizaba el lenguaje, mantenía los aspectos esenciales del proyecto de resolución del G-14. En los márgenes, la diplomacia mexicana tendía puentes y llegaba a compromisos para apuntarse una victoria diplomática en Cancún; así por ejemplo, lograba cristalizar una Reunión de Alto Nivel entre EEUU, México y el Triángulo del Norte para asuntos económicos y de seguridad en Miami el 15 y 16 de junio, por lo cual El Salvador se habría comprometido a apoyar la resolución.

Al iniciar la Segunda Sesión de la 29° Reunión de Consulta en Cancún, el 19 de junio, todo transcurría según lo previsto. Primero, Delcy Rodríguez se dedicó a negar la crisis humanitaria en Venezuela que consideró una “falsaria”, señaló que había un supuesto “diálogo masivo” y presentó la Asamblea Constituyente como “solución”, además de atacar al Secretario General de la OEA, Dr. Luis Almagro, y rematar señalando que desconocería cualquier resultado de la reunión, para acto seguido, retirarse. Nicaragua y Bolivia le respaldaron. Empero, al solicitar la palabra el Canciller de San Vicente y Las Granadinas, Camillo Gonsalves, el consenso empezó a resquebrajarse. Señaló que no había sido consultado por el resto de CARICOM, lo cual tuvo que ser desmentido por los Cancilleres de Guyana y Barbados, y reintrodujo el proyecto presentado por CARICOM el 31 de mayo. El Canciller de Haití intervino alegando desconocer la propuesta y se quejó por no haber sido circulada en su idioma; mientras la Canciller de Dominica señaló que no se podía pedir a Venezuela retirar la Constituyente. El Canciller de El Salvador, Hugo Martínez, solicitó un receso, el cual terminó siendo aceptado por el resto de sus homólogos, quienes se mostraban perplejos por la división de una CARICOM que parecía no haber negociado de buena fe. Desde tempranas horas, Delcy Rodríguez acompañada de su grande y costosa delegación –un total de 28 funcionarios, lo cual no dejaba de ser paradójico considerando la crisis de Venezuela y el anuncio de su retiro de la OEA en abril pasado–, se dedicó a presionar a los países caribeños. Tras el receso, se decidió votar ambos proyectos. El proyecto “de consenso” obtuvo 20 votos a favor, 5 en contra, 8 abstenciones y 1 ausente (Venezuela), y por tanto, a pesar de recabar gran respaldo, no alcanzó la mayoría de dos tercios (23 votos). El proyecto presentado por San Vicente apenas obtuvo 8 votos a favor, 14 en contra, 11 abstenciones, 1 ausente. El Canciller de Guatemala, Carlos Raúl Morales, quien detenta la Presidencia de la Reunión, la dejó abierta al no haber tampoco votos para cerrarla.

Ya en rueda de prensa, el Canciller de México, Luis Videgaray, aclaró que algunos Estados caribeños que se habían comprometido a votar a favor del proyecto mayoritario, cambiaron de posición en último minuto. Por otra parte, trascendió que la abstención salvadoreña le había desagradado. Esta versión de los hechos, también fue confirmada en un relato que a modo de descargo público de responsabilidades, publicó el Representante de Antigua y Barbuda, Ronald Sanders, en el diario Kaieteur News, donde dejó claro la aviesa defección “pública y sin previo aviso” de parte de Surinam; dando a entender que le secundaron San Cristóbal y Nevis, Dominica y Haití. Según Sanders, Antigua y Barbuda, Granada y Trinidad y Tobago, se habrían abstenido debido a la división que dejó “una CARICOM gravemente herida” y con una credibilidad mermada; agregando que San Vicente nunca se habría sumado al consenso. En cualquier caso, abstenerse después de ser parte de la comisión negociadora no parece una postura seria.

De esta forma, culminó una nueva sesión de la 29° Reunión de Consulta sin resultados prácticos –a pesar de aumentar el número de países críticos con el régimen–, mientras la crisis venezolana se continúa agravando. Tras el sinsabor, 10 países del G-14 emitieron una Declaración que venía a reiterar los puntos del proyecto mayoritario. En resumen, una decepción que puede atribuirse tanto a un reminiscencia del considerable poder e influencia que detentó Venezuela en la región en la última década; a la falta de liderazgo de EEUU que no presionó ni incentivó suficiente a la CARICOM –sin olvidar que el Secretario de Estado, Rex Tillerson, no asistió a Cancún; mientras el Subsecretario de Estado, John Sullivan, que si estaba presente, no acudió a la Reunión de Consulta-; al parroquialismo de algunos países caribeños; así como a solidaridades ideológicas (Nicaragua, Bolivia, y en menor medida el Ecuador de Lenín Moreno que se abstuvo).

Pasada la página, y abierta la Asamblea General de la OEA, el G-14 encabezado por México, no pudo incluir el proyecto de resolución sobre Venezuela, ya que al estar fuera de plazo por confiar que se aprobaría en la Reunión de Consulta, requerían mayoría de dos tercios para hacerlo –¿estrategia poco asertiva del G-14 o estratagema exitosa del régimen de Maduro?–, aunque sólo 18 votos para aprobarlo. Sólo podían entonces incluir un párrafo en una resolución general de Derechos Humanos, pero concluyeron que eso sería una acción simbólica carente de la contundencia necesaria. Por otra parte, tampoco la delegación del régimen de Maduro logró que se aprobase ninguno de sus polémicos proyectos de resolución presentados a última hora, y que buscaran atacar a México, EEUU y el Dr. Almagro. La retórica incendiaria y la falta de majestad con que se condujo Delcy Rodríguez apenas logró entorpecer la Asamblea. Ya casi al final, la delegación parlamentaria encabezada por el Diputado Luis Florido como Presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, la cual hizo grandes esfuerzos para transmitir la voz del pueblo venezolano en los pasillos y salones contiguos, realizó un acto de protesta pacífica.

Todo lo acaecido en Cancún, fue buen reflejo del momento apolar que atraviesa el Hemisferio; donde no hay un liderazgo claro de una, dos o varias potencias globales y/o regionales, sino que existe desorden, deriva e incertidumbre dado que el poder e influencia están muy distribuidos tras el quiebre de la hegemonía de la izquierda foropaulista, y la crisis que ha desdibujado a Brasil como potencia emergente. Incluso EEUU con sus grandes capacidades, bien sea por tener una Administración en sus primeros meses o tener otras prioridades, parece carecer al menos por ahora del liderazgo requerido. La existencia de tantos potenciales encargados de tomar decisiones dificulta su adopción. Esto genera dificultad para construir respuestas colectivas a desafíos apremiantes como la crisis venezolana, y para proporcionar bienes públicos regionales necesarios.

En contextos geopolíticos de apolaridad como el observado en Cancún, lo peor es asumir la inercia que sólo aumenta la gravedad de los retos y las crisis ante la falta de soluciones. Debe modelarse un orden a través de un multilateralismo flexible y pragmático, que más allá del formalismo institucional, coordine efectivamente a los actores más capaces. Ergo, más allá del marco institucional de la OEA, debe explorarse una respuesta a la crisis venezolana. El hecho de que los 20 países que representan más del 90% del PIB y la población del Hemisferio entiendan que la “crisis de Venezuela, no es sólo de Venezuela, sino de toda la región” como subrayó el Canciller de Costa Rica, Manuel González Sanz; y tienen claro qué debe hacerse para resolverla, implica un valioso punto de partida. Bien saben que ya no sólo se trata de las implicaciones normativas en materia de respeto a la democracia y los Derechos Humanos, sino de su potencial impacto estratégico: Venezuela va rumbo a convertirse en un Estado fallido debido al inútil intento de Maduro y su camarilla de aferrase al poder; y las ondas expansivas se sentirán en todo el Hemisferio vía flujo masivo de refugiados, violencia, epidemias y mafias.

A partir de aquí, debemos celebrar al menos que haya quedado abierta la Reunión de Consulta como espacio de presión y discusión; donde se requiere trabajo diplomático de parte del G-14 y la oposición venezolana para consolidar y aumentar apoyos en El Caribe. Empero, la política debe trascender los límites institucionales. Consideramos que ha llegado la hora de impulsar la “fórmula Trudeau” esbozada por el Canciller de Perú, Ricardo Luna, en Madrid el 12 de junio, donde señaló que “no hay que obsesionarse con la idea de que sea la OEA quien la resuelva la crisis venezolana”, agregando que se debe crear un “grupo de contacto” integrado por 3 países cercanos al régimen de Maduro y 3 países cercanos a la oposición, del que salga un mediador, sugiriendo al Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau. Creemos que dicha fórmula debe seguir el ejemplo del “Grupo de Contadora”, el cual fue creado al margen de cualquier organización regional. En esta línea, puede crearse un “Grupo de Ottawa” en apoyo a la mediación del Primer Ministro Trudeau, el cual estaría compuesto por Canadá, México, y Argentina (que ocupa la Presidencia Pro-Témpore de UNASUR y MERCOSUR, y tiene un diplomático de carrera como Canciller, Jorge Faurie), los cuales a través de Uruguay –país crítico con el régimen de Maduro, pero que a la vez ha sido invitado como acompañante de un hipotético diálogo– deben contactar a dos países que se abstuvieron en la votación del 19 de junio, y que también el régimen de Maduro ha invitado como acompañantes, República Dominicana y El Salvador (que ocupa la Presidencia Pro-Témpore de la CELAC). Estos últimos países, no pueden quedarse de brazos cruzados a menos que estén dispuestos a ser señalados como co-responsables de lo que ocurra en Venezuela. Más aún, al explicar su voto, ambos manifestaron apoyar la creación de un grupo de contacto.

Más adelante la “fórmula Trudeau” puede ser avalada en la Reunión de Consulta; y sus miembros deben coordinarse con otros actores clave como la Administración Trump, Colombia, Brasil, El Vaticano y la Unión Europea, para lograr incentivos apropiados que impulsen la negociación (desde préstamos, donaciones, asistencia técnica, salvoconductos y ofertas de asilo; hasta la apertura de investigaciones por crímenes de lesa Humanidad en la Corte Penal Internacional y sanciones).

Cabe destacar, que el Primer Ministro Trudeau goza de relaciones que lo convierten en una figura indicada para una tarea de mediación: por un lado, cuenta con el apoyo de la oposición venezolana –incluso recibió a Lilian Tintori en Ottawa–; por otro, tiene capacidad de interacción con Cuba, cuestión capital tomando en cuenta la considerable influencia de Raúl Castro sobre Maduro. La familia Trudeau tiene excelentes relaciones con la familia Castro, las cuales se remontan a 1976 cuando su padre, el entonces Primer Ministro, Pierre Trudeau, se convirtió en el primer líder de un país de la OTAN en visitar a la Cuba de Fidel, haciendo lo propio en 2016. A pesar de sus críticas al régimen de Maduro, Trudeau ha mantenido abierto el canal diplomático; invitando incluso a Rafael Ramírez –recibiendo críticas por esto– junto a otros Embajadores en la ONU, al musical canadiense Come from Away en Broadway que trata sobre la hospitalidad hacia los inmigrantes, donde llevó simbólicamente a Ivanka Trump en marzo.

Respecto a los intereses de Canadá, debemos señalar que el martes 6 de junio, la Canciller Chrystia Freeland, dirigió un importante mensaje a su Parlamento, donde subrayó que el Mundo está ingresando a una fase post-estadounidense y deben adaptarse rápidamente a las nuevas circunstancias. Esto reflejó el malestar que ha causado en Ottawa el cuestionamiento de la Administración Trump a la OTAN y el NAFTA –dirige a EEUU el 70% de sus exportaciones–, así como con su polémico bromance con Putin, más allá de la habilidad que ha tenido Trudeau en lidiar con el nuevo inquilino de la Casa Blanca. Para Freeland, la seguridad y prosperidad de Canadá descansan en el orden internacional liberal, el cual se ha estremecido con un Trump que cuestiona el rol de EEUU como garante del mismo. Ergo, Canadá debe tomar medidas para proteger su soberanía y fortalecer el orden internacional. En este contexto, la crisis venezolana representa para Trudeau una oportunidad de apuntalar el liderazgo canadiense en un nuevo orden hemisférico, y para Freeland la ocasión de llevar su visión a la práctica.

El Primer Ministro Trudeau, junto al “Grupo de Ottawa”, debe impulsar una negociación de envergadura tendiente a una salida democrática para la crisis venezolana, mediante la retirada de la fraudulenta iniciativa de Asamblea Constituyente, la liberación de los presos políticos y cese de inhabilitaciones, la fijación de un cronograma electoral con observación internacional, el respeto a las competencias de la Asamblea Nacional y la Fiscalía General de la República, y el inmediato suministro de alimentos y medicinas con garantías de que no serán distribuidas de manera clientelar. Venezuela promete ser una faena complicada, pero Trudeau ha demostrado dotes para la tauromaquia. ¿Y usted qué opina?

@kenopina

Doctor en Ciencias Políticas, MBA en Energía e Internacionalista. Profesor de la Universidad Central de Venezuela (UCV) y Presidente del Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales (COVRI).

 

Una vez un diplomático nigeriano me relató una fábula de su país: “Había una vez un Caballo que no se dejaba domeñar por nadie. Tanta era la fuerza que transmitía, que el Rey anheló tenerlo como montura. Sin embargo, a pesar de los considerables esfuerzos del Rey, el animal se mantuvo indómito. El Rey desistió de su inicial deseo, y soltó al Caballo para que viviera en el campo. El Buey que vio al Caballo cabalgando hacia la libertad debido a su rebeldía, lo admiró profundamente, y decidió imitarlo. El Rey notando la nueva indocilidad del Buey, le dio de comer en mayores cantidades y ordenó que le rebajaran su carga de trabajo. El Buey decidió seguir imitando el Caballo, pero sólo obtenía con ello buen trato. Con el tiempo el Buey fue cebándose mucho, y el Rey viendo su rolliza hermosura, terminó sacrificándolo en honor a un dignatario extranjero que vino a visitarlo”. Hizo una pausa, y sentenció a modo de moraleja: “el que imita fracasa”.

El 28 de abril de 2017, Maduro envió carta al Secretario General de la OEA, Luis Almagro, notificando “nuestra indeclinable decisión de denunciar la Carta de la OEA, conforme a su Artículo 143, que da inicio al retiro definitivo de Venezuela de esta Organización”. Por si fuera poco, el 1 de mayo, Maduro convocó a una “Asamblea Nacional Constituyente”, sin consultar al pueblo venezolano, e informó que la mitad de sus miembros serían electos en segundo grado desde movimientos sectoriales afectos, consejos comunales, comunas y colectivos que no se encuentran en la Constitución, y cuyos voceros tienen sus mandatos vencidos desde 2016. Con este fraude constitucional, se aseguraría una mayoría que no tiene, ya que hoy por hoy 8 de cada 10 venezolanos le adversan por haber sumido al país en una grave crisis económica y humanitaria. En definitiva, estamos ante dos nuevos actos autoritarios que agravan la violación del orden constitucional, e intentan dar sostenibilidad a la situación de facto en la que Venezuela se encuentra desde la arbitraria suspensión del referéndum revocatorio en 2016; y las recientes sentencias 155 y 156 de la Sala Constitucional del TSJ.

De esta manera, el régimen de Maduro ha tomado la decisión de huir hacia adelante y tratar de romper las ataduras que le fuerzan a realizar elecciones libres: el Sistema Interamericano y la Constitución. Ergo, tanto la denuncia de la Carta de la OEA como la “Constituyente Comunal” deben entenderse integralmente como una estrategia de signo totalitario inspirada en la historia soviética y cubana, cuyo objetivo es aislar al país de la Comunidad de Democracias, para imponer sin restricciones un dominio asfixiante sobre el pueblo venezolano. Se trata de un putsch comunista para hallar la “solución final” a la “contradicción esencial del proceso” señalada desde atrás por La Habana, de emprender una “revolución socialista” con “elecciones burguesas”; de la cual se vanagloriaba Chávez y que sólo era viable con precios del petróleo en 100 $/Bl. Así, Maduro trata de evitar de una vez por todas la realización de elecciones libres, hacer irreversible la “Revolución Bolivariana” y atornillar su nomenklatura mafiosa en el poder.

En la carta panfletaria que dirigió Maduro a Almagro, encubrió con las frases “profunda dignidad” y “nueva independencia” lo que es en realidad su inviable deriva autoritaria destinada a llevar a Venezuela al abismo. Calificando su intento de salir de la OEA como un “escudo de protección de la autodeterminación, la independencia, la paz y la soberanía” cuando en realidad lo que pretende es erigir una muralla contra el escrutinio internacional de sus violaciones a los Derechos Humanos y la democracia. Recurre a la propaganda para intentar victimizarse, señalando una supuesta “agresión sistemática” de Almagro y “clientelas del monroísmo” al referirse a países miembros de la OEA que le cuestionan y representan el 90% del PIB y la población de América Latina y El Caribe. Bien sabe Maduro que esta mayoría, clara y en aumento, podría terminar suspendiéndole de la OEA e imponiéndole sanciones al no estar dispuesto a cumplir con la Carta Democrática Interamericana como ha demostrado nuevamente al convocar su “Constituyente Comunal”; por lo que decidió expulsarse a sí mismo, no sin antes denunciar un supuesto “plan imperial perverso” para derrocarlo y “reeditar con la Venezuela Bolivariana la persecución que esta Organización orquestó inmoralmente contra la digna Revolución Cubana” en 1962. Esto último, deja en evidencia su intención de imitar la historia de Cuba y la OEA. Es decir, resistir las acciones de EEUU y su “Ministerio de Colonias” al no tener fuerza para frenar la OEA como otrora, construir una relación de vasallaje con la Rusia de Putin como lo hizo Fidel con la URSS –eso sí, “¡con dignidad!”-, sin olvidar la instrumentalización del multilateralismo tercermundista del MNOAL para seguir haciendo vida en la ONU y contrapesar el aislamiento regional.

Por otra parte, con la “Constituyente Comunal”, Maduro muestra su pretensión de tropicalizar la táctica que le permitió a Lenin tomar el poder hace un siglo desde los “soviets” (consejos de obreros y campesinos). Lenin describía la situación rusa para abril de 1917, tras la llamada Revolución de Febrero, como una dualidad de poderes entre el gobierno provisional conformado tras la abdicación del Zar y los soviets. En su artículo Las tareas del proletariado en la presente revolución señaló: “La dualidad de poderes no expresa más que un momento transitorio en el curso de la revolución, el momento en que ésta ha rebasado ya los cauces de la revolución democrático-burguesa corriente, pero no ha llegado todavía al tipo puro de dictadura del proletariado”. Maduro que sabe perdido el favor popular, trata de llevarse por delante “las reglas democrático-burguesas” de la Constitución, convocando al “poder popular constituyente para lograr la paz y construir una democracia verdadera”; léase, apoyándose en el generalato, colectivos y comunas como poderes fácticos trata de institucionalizar su dictadura. Recordemos que en el léxico comunista, “democracia verdadera” es igual a “dictadura del proletariado”, lo cual ha terminado siendo siempre una tiranía del “líder fundamental” y su nomenklatura; incluso heredada de abuelos a nietos cual vulgar Ancien Régime.

El desprecio de los marxistas-leninistas por las elecciones libres tiene copiosos ejemplos. En enero de 1918, Lenin clausuró la Asamblea Constituyente rusa a pesar de exigirla insistentemente al gobierno provisional el año anterior, ya que al no favorecerle los resultados, ponía en jaque su Revolución Octubre. Este segundo golpe de Estado de Lenin fue justificado en su obra La Revolución Proletaria y el renegado Kautsky: “Para la transición del régimen burgués al socialista, para la dictadura del proletariado, la República de los Soviets […] no es sólo una forma de tipo más elevado de instituciones democráticas, sino la única forma capaz de asegurar el tránsito menos doloroso al socialismo”. Fidel Castro al entrar en La Habana en enero de 1959, declaró: “Tendremos elecciones en menos de un año”; pasando luego a cuestionarlas el 1 de mayo de 1960: “Nuestros enemigos preguntan por las elecciones. Como si después de tantas elecciones fraudulentas, como si después de tanta política falsa y traicionera, como si después de tanta corrupción, fuese posible hacerles creer a los pueblos que el único procedimiento democrático fuera el procedimiento electoral, y no sea, en cambio, democrático ese procedimiento mediante el cual un pueblo, no con un lápiz, sino con su sangre rompió las cadenas”. A lo que sus avisados acólitos, respondieron con el grito: “¿Elecciones para qué? Ya votamos por Fidel”.

Maduro debería leer más a Marx, quien subrayó en El 18 Brumario de Luis Bonaparte, que los grandes hechos y personajes de la historia aparecen, como si dijéramos dos veces, la primera como tragedia, y la segunda como farsa. Bien le vendría considerar la advertencia de Lenin en A los comunistas de Azerbaiyán, Georgia, Daguestán y la República de los Montañeses: “No copien nuestras tácticas, sino analicen independientemente las causas de sus rasgos peculiares, las condiciones que la originaron, y sus resultados”. Venezuela no es Cuba, mucho menos Rusia. Tampoco la geopolítica actual es similar a la Guerra Fría.

La diplomacia hemisférica se encuentra movilizada por la preocupante situación de Venezuela, y ha sido convocada una Reunión de Consulta de Cancilleres de la OEA para finales de mayo. Ningún líder democrático se ha dejado engañar con la fraudulenta “Constituyente Comunal” y siguen exigiendo elecciones libres. El pueblo venezolano lleva más de un mes en las calles a pesar de la brutal represión con lamentable saldo de muertos y heridos. La crisis económica y humanitaria se agrava de día a día. EEUU prepara nuevas sanciones … Maduro dista mucho de ser Lenin o el Caballo –como le decían los cubanos- Fidel. Se parece más al Buey de la fábula que citamos al principio; tanto así que ya hasta habla con las vacas. El que imita fracasa. ¿Y usted qué opina?

@kenopina

Doctor en Ciencias Políticas, MBA en Energía e Internacionalista. Profesor de la Universidad Central de Venezuela (UCV) y Presidente del Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales (COVRI).

 

El pasado 31 de marzo, ante el autogolpe perpetrado por Nicolás Maduro a través de las sentencias 155 y 156 del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), los 20 Estados miembros de la OEA que el 28 de marzo habían emitido una Declaración sobre Venezuela (Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, EEUU, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú, Santa Lucía y Uruguay), solicitaron a la Presidencia del Consejo Permanente de la OEA –que en ese momento estaba en manos del Representante de Belice, Embajador Patrick Andrews–, una sesión extraordinaria con carácter de urgencia para el lunes 3 de abril con el propósito de “considerar los sucesos recientes de Venezuela”.

Empero, llegado el día, el Representante de Bolivia, Embajador Diego Pary Rodríguez, alegó que el “impasse entre poderes en Venezuela” había sido subsanado tras el paso atrás dado por el régimen de Maduro a raíz de la declaración de la Fiscal General, Luisa Ortega Díaz, que le llevó a la convocatoria del Consejo de Defensa de la Nación y a la revisión parcial de las sentencias del TSJ. En consecuencia, desconvocó la reunión del Consejo Permanente y convocó a una reunión informal para tratar este asunto a la misma hora en otro salón.

El Representante de México, Embajador Luis Alfonso de Alba, acompañado de otras delegaciones, protestaron por lo que consideraron “un abuso” de parte de Bolivia. En consecuencia, dado que el Consejo Permanente había sido convocado en tiempo y forma, siguiendo el Artículo 37 literal B de su Reglamento, los Estados miembros decidieron reunirse en el lugar y hora acordada. Ante el persistente boicot de los Representantes de Bolivia y Haití, a la sazón Presidente y Vicepresidente del Consejo Permanente, hicieron uso del Artículo 6 del Reglamento, que establece que en caso de sus ausencias asuma la Presidencia el representante de mayor antigüedad. Por tanto, el Representante de Honduras, Embajador Leonidas Rosa Bautista, asumió la Presidencia en forma accidental.

Una vez constituida la sesión, el Representante de México señaló que el comportamiento del Embajador Pary sentaba “un precedente muy peligroso y es motivo de alta preocupación para mi país. Hay dos funciones distintas: la de Presidente y la de Representante nacional. Confiamos en que Pary sabrá ejercer con independencia y autonomía su función de Presidente”. En la misma línea, el Representante de Colombia, Embajador Andrés González Díaz, subrayó que la convocatoria era “absolutamente válida, los Estados miembros tenemos derecho a reunirnos y debatir”. En todo caso, los Estados miembros no estaban dispuestos a dejar pasar impunemente el “Madurazo”, ya que suponía hacerse la vista gorda de un autogolpe que traía muy malos recuerdos a la región, desde el golpe de Bordaberry en Uruguay en 1973 hasta el “Fujimorazo” en Perú en 1992 y el “Serranazo” en Guatemala en 1993.

Aunque se constató que existía quórum, la Presidencia decidió suspender por 15 minutos la sesión para informarle al resto de las delegaciones e instarlas a asistir. Pasado el receso, se le dio la palabra a la Canciller de Argentina, Susana Malcorra, como una cortesía dado su rango, quien procedió a exponer la gran preocupación respecto a la crisis venezolana existente entre los Estados Partes del MERCOSUR, en su calidad de Presidente Pro-Témpore de este mecanismo de integración. Explicó que, el pasado sábado 1 de abril, se había realizado una Reunión de Cancilleres del MERCOSUR en Buenos Aires, la cual decidió aplicar ante los sucesos ocurridos en Venezuela, la cláusula democrática contenida en el Protocolo de Ushuaia. En este sentido, los Estados Partes mantendrían consultas entre sí y con el gobierno venezolano para “restablecer la plena vigencia de las instituciones democráticas”. Asimismo, se instruyó a la Presidencia Pro-Témpore argentina a “iniciar las consultas indicadas con todas las partes venezolanas involucradas”. Aunque podría asumirse en teoría, que el problema había sido resuelto, porque Nicolás Maduro había instruido al TSJ a revisar las sentencias; en palabras de la Canciller Malcorra: “Esto demostró no solamente una injerencia del Poder Judicial sobre el Poder Legislativo sino que comprobó la injerencia del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial. Lo cual es la prueba evidente de que las instituciones democráticas no están funcionando en Venezuela”.

La intervención de la Canciller Malcorra fue saboteada por la súbita incorporación del Representante de Bolivia quien pidió un punto de orden y habló de “golpe institucional” por haberse reunido el Consejo Permanente sin su presencia. El Representante de Honduras le explicó la normativa aplicada. El Representante Alterno de Venezuela, Samuel Moncada, respaldó los argumentos bolivianos sobre la “ilegalidad” de la sesión extraordinaria y pasó de allí a denunciar con cinismo un supuesto “golpe de Estado en la OEA”, obviando olímpicamente que el Consejo Permanente se había reunido muy a su pesar para tratar el “Madurazo”. El Representante de Nicaragua, Embajador Denis Moncada, intervino como el otro escudero de la ALBA –nótese, en cambio, la actitud cauta que ha tenido Ecuador– para intentar continuar con el lamentable espectáculo. La Representante de Canadá, Embajadora Jennifer May Loten, afirmó que la sesión estaba ajustada al Reglamento y que debía seguirse tratando el tema de fondo. Llamados al orden, la Canciller Malcorra apenas pudo culminar su discurso diciendo “que el proceso progresivo de aplicación de la cláusula democrática del MERCOSUR está en línea con la Carta Democrática Interamericana”.

A partir de allí, Moncada apeló a la histeria, en lugar de la diplomacia.  Arremetió contra la Canciller Malcorra y contra la “facción minoritaria” que desconocía a su juicio los principios de la organización. Prosiguió con improperios contra los gobiernos de México, Colombia y Paraguay. El Representante de México le señaló con agudo sarcasmo que “el Representante Permanente Alterno de Venezuela, tengo entendido que es eso” mostraba un lenguaje impropio y un amplio desconocimiento de la normativa de la organización. El Representante de Colombia le increpó “usted tiene la habilidad de ocultar su condición de diplomático”. El Representante de Argentina, Embajador Juan José Arcuri, exigió respeto a su Canciller, y visiblemente molesto sentenció “la grosería aquí prevalece”, para a renglón seguido mandar a callar al Representante venezolano que le interrumpía constantemente. La Representante de Paraguay, Embajadora Elisa Ruiz Díaz, desafió a Moncada señalando que en su país se respetaban los derechos humanos y no existían presos políticos. Visto que no podían detener la sesión, Moncada flanqueado por sus escuderos se retiraron en “protesta”. En lugar de hacernos más dignos, todo este episodio constituyó una auténtica vergüenza para el pueblo venezolano.

Acto seguido, con un quórum de 21 delegaciones, procedió a discutirse un proyecto de resolución que venía siendo considerado en los pasillos, el cual finalmente quedó aprobado por consenso según el Artículo 67 del Reglamento. Se produjo así un punto de inflexión en la OEA respecto a la crisis venezolana, ya que en el marco del Artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana, se hizo una apreciación colectiva de la situación, se concluyó que existe una “alteración inconstitucional del orden democrático en la República Bolivariana de Venezuela”, y se estimó conveniente adoptar la Resolución 1078. En términos más llanos, se decidió empezar a aplicar formalmente la Carta Democrática Interamericana al gobierno venezolano como proceso gradual que inicia por gestiones diplomáticas. El gobierno de Maduro ha visto así reducido su margen de maniobra y prestigio internacional, ya que esto supone un reconocimiento formal de la falta de normalidad democrática en Venezuela; en tanto que una amplia mayoría de Estados del Hemisferio que representan el 90% de su población y territorio, lo perciben claramente como una autocracia. Ergo, ayer  también presenciamos una clara sanción moral y política al gobierno venezolano tras el “Madurazo”.

Más específicamente, la Resolución 1078 estipula un conjunto de acciones enmarcadas en los supuestos del Artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana. Veamos: 1) “Urgir al gobierno de Venezuela a actuar para garantizar la separación e independencia de los poderes constitucionales y restaurar la plena autoridad de la Asamblea Nacional”; es decir, los Estados miembros hacen responsable al gobierno venezolano por todo lo ocurrido y por eso le solicitan subsanar la situación, al tiempo que piden finalizar el “desacato” de la Asamblea Nacional declarado por el TSJ que ha derivado en una suerte de tutelaje judicial sobre el Poder Legislativo, un  atropello a la inmunidad parlamentaria y una usurpación de funciones; 2) “Mantenerse dispuesto a apoyar las medidas que permitan el retorno al orden democrático y al Estado de Derecho”, es decir, mantener su fraternal ofrecimiento a apoyar diplomáticamente una nueva etapa de diálogo y negociación en Venezuela para dar lugar a una restauración pacífica del orden democrático mediante el respeto a la separación de poderes, la fijación de un cronograma electoral, la liberación de los presos políticos y la garantía del pleno goce de los derechos humanos y libertades fundamentales; 3) “Seguir ocupándose de Venezuela y emprender, en la medida que sea necesario, gestiones diplomáticas adicionales para fomentar la normalización de la institucionalidad democrática, de conformidad con la Carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana, incluyendo la convocatoria de una reunión a nivel ministerial”; es decir, mantienen el monitoreo sobre la crisis venezolana y en el marco de lo dispuesto en el Artículo 20  de la Carta Democrática Interamericana dejan la puerta abierta a emprender gestiones diplomáticas más activas, incluso convocar un período extraordinario de sesiones de la Asamblea General en caso de seguirse deteriorando la situación en el país.

El gobierno venezolano reaccionó emitiendo un Comunicado que “denuncia ante la Comunidad Internacional la grave alteración del orden institucional de la OEA”. El Mundo al revés. Un intento de desvirtuar la realidad a golpe de retórica que está destinado al fracaso. Asimismo, en cadena nacional, Nicolás Maduro gritó “¡Vade retro OEA! Saca tus manos, inmundas y llenas de sangre, de Venezuela” y “la derecha continental ha convertido la OEA en un tribunal de inquisición contra Venezuela”. Empero, no se atrevió a la ruptura definitiva. Bien sabe que no tiene fuerzas suficientes, y que esta coyuntura en nada se asemeja a la vivida por Cuba en 1962. Meros chillidos de fiera herida, que además se sabe acorralada.

En todo caso, se ha iniciado oficialmente un pulso largo y complicado entre la OEA que ha decidido aplicar la Carta Democrática Interamericana –acompañada del MERCOSUR que ha decidido aplicar el Protocolo de Ushuaia– y el régimen de Maduro. Se ha terminado el silencio y la indiferencia. Una amplia mayoría de Estados miembros han despejado el camino para que la OEA se ocupe a fondo del tema, y las discrepancias de enfoque cada vez son menores. Ergo, estamos ante una coyuntura internacional muy favorable para la redemocratización de Venezuela, la cual no debe ser desaprovechada. ¿Y usted qué opina?

 

 

@kenopina

Doctor en Ciencias Políticas, MBA en Energía e Internacionalista. Profesor de la Universidad Central de Venezuela (UCV) y Presidente del Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales (COVRI).

 

El pasado 14 de marzo, ante el agravamiento de la crisis en Venezuela y tras constatar el incumplimiento de los acuerdos del proceso de diálogo que se desarrolló durante casi un año con la facilitación del trío de Ex-Presidentes Zapatero-Fernández-Torrijos, a los que en la última fase se sumó El Vaticano, el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, presentó un nuevo informe en el que concluye que “los continuos esfuerzos de diálogo han fracasado”, por lo que propuso un conjunto de medidas que, al amparo de la Carta Democrática Interamericana, pudieran llegar hasta la suspensión de Venezuela de la OEA a menos que se realizarán elecciones generales anticipadas en plazo breve.

Ante ello, un grupo de Estados miembros de la OEA que incluye a Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, EEUU, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay, decidió asumir un papel más activo mediante la Declaración del pasado 23 de marzo, donde señalan “la necesidad de agotar los esfuerzos diplomáticos antes de adoptar decisiones drásticas”, y por ello subraya la importancia del diálogo y la negociación como la vía idónea para llegar a soluciones duraderas, al tiempo que ofrece su colaboración para encontrar esas soluciones. También consideran urgente que se atienda de manera prioritaria la liberación de presos políticos, que se reconozca la legitimidad de las decisiones de la Asamblea Nacional y que se establezca un calendario electoral.

A esta iniciativa le siguió la celebración de sendas sesiones extraordinarias del Consejo Permanente (CP) de la OEA el lunes y martes de esta semana. La sesión extraordinaria del CP del martes fue convocada en primera instancia por los 14 Estados signatarios de la citada Declaración, a los que se sumaron Bahamas, Barbados, Jamaica y Santa Lucía, en la que se analizaría colectivamente la situación de Venezuela a fin de identificar un curso de acción que coadyuve en la búsqueda de soluciones. La sesión extraordinaria del CP del lunes fue convocada a posteriori por la delegación Venezuela, como un intento de frenar la del día siguiente, para lo cual se trasladó la Canciller Delcy Rodríguez a Washington.

Tanto el largo discurso de 43 minutos de la Canciller el día lunes, como la intervención del Vicecanciller para América del Norte y nuevo Representante Alterno de Venezuela en la OEA, Samuel Moncada, el día martes, fueron lamentables. Insultos al Secretario General para evitar discutir los temas de fondo; ataques a la OEA con la tradicional retórica de facturación cubana; rechazo a la convocatoria del CP por “tratar asuntos internos sin contar con el consentimiento del país concernido”. Y, finalmente, desdeño de los argumentos de Almagro como meras “fabricaciones” para impulsar una “intervención” de parte de una “facción minoritaria de países”; exponiendo a partir de allí, la situación actual de Venezuela en términos tan idílicos que sólo se corresponden con el particular universo paralelo del gobierno venezolano. Empero, lo peor vino al final de las respectivas intervenciones. La Canciller indicó amenazante que “de persistir estas agresiones y acosos contra Venezuela, tomaremos severas y definitorias acciones”. Colocando sobre la mesa la amenaza implícita de una hipotético retiro de Venezuela de la OEA como respuesta a una eventual aplicación de medidas drásticas en el marco de la Carta Democrática Interamericana; al tiempo que dejaba como única rendija abierta la posibilidad de retomar la facilitación del trío de Ex-Presidentes al agradecerle la ominosa carta que enviaron al CP.

Por su parte, el Vicecanciller Moncada se esforzó por subir el tono. Al saber débil su argumentación, y tras ser derrotado con la aprobación del orden del día (20 a favor, 11 en contra, 2 abstenciones y 1 ausente) y tener que escuchar las numerosas intervenciones críticas sobre la situación venezolana, calificó la sesión como un “acto hostil” y arremetió contra varios Estados miembros y el Secretario General con un lenguaje muy agresivo, al tiempo que intentaba victimizarse en un intento desesperado de dar vuelta al debate, lo cual resultó contraproducente. La Presidencia del CP conminada por varias delegaciones tuvo que llamarlo al orden en varias ocasiones. El Representante de México, Embajador Luis Alfonso de Alba, familiarizado con la estratagema del “pleito ratero”, incluso llegó a amenazar con retirarse. En todo caso, los Estados miembros recibieron una buena dosis de diplomacia pugnaz llena de “pos-verdad” que los llevó al límite.

Hacia el final del debate, Canadá presentó en nombre de 20 Estados miembros una nueva Declaración que emplaza a la OEA  a “concretar una hoja de ruta en el menor plazo posible” para “apoyar el funcionamiento de la democracia en Venezuela”. Agregando que “coincidimos en la necesidad de que encontremos propuestas concretas para definir un curso de acción que coadyuve a identificar soluciones diplomáticas, en el menor plazo posible, en el marco institucional de nuestra organización y a través de consultas incluyentes”. Por tanto, aunque muchos no lo perciban y el gobierno venezolano intente cantar victoria dada la falta de una resolución formal como colofón de las intensas sesiones, la OEA ha dado un paso adelante respecto a la crisis venezolana. Una amplia mayoría de Estados miembros con gran preocupación por el deterioro de la crisis venezolana que puede llevar a escenarios de explosión social, violencia e inestabilidad política con consecuencias para todo el vecindario; han decidido reactivar labores de diplomacia preventiva desde los pasillos de la organización, mostrando mayor disposición a impulsar y asumir tareas de facilitación o mediación tendientes al pronto restablecimiento del orden democrático en Venezuela.

Todo esto enmarcado en los principios del Sistema Interamericano, acordados expresamente en la Carta de la OEA, así como en la Carta Democrática Interamericana suscrita en forma soberana en tiempos de Hugo Chávez, e invocada en el pasado –concretamente en la crisis de Honduras de 2009- por Nicolás Maduro cuando ejercía funciones de Canciller, y por ello no cabe hablar de intervencionismo. Estamos ante un ejercicio de responsabilidad de parte de los Estados miembros, ya que fueron ellos mismos -incluyendo a Venezuela-, quienes se han comprometido individual y colectivamente a promover y defender la democracia y los derechos humanos en el Hemisferio.

Resulta por ello difícil de entender para el resto de los Estados miembros de la OEA, el rechazo tozudo del gobierno venezolano a la identificación de acciones y mecanismos -como la recomposición de los facilitadores y la constitución de un Grupo de Países Amigos propuesto por algunas delegaciones-, con el objeto de encauzar un nuevo proceso de diálogo y negociación entre venezolanos con una agenda concreta y monitoreo periódico, para producir resultados en un tiempo razonable, dentro del marco institucional de la OEA. No obstante, ni la paciencia de los Estados miembros es infinita ni el gobierno venezolano tiene escapatoria de una realidad signada por la crisis interna y su aislamiento externo.

Cualquier cálculo que pueda estarse haciendo en altas esferas del poder tendiente a una ruptura con la OEA, como se desprende del discurso de la Canciller Rodríguez y los últimos actos del Tribunal Supremo de Justicia, debe tomar en cuenta varias cosas:

1) Más allá de la dimensión normativa de las relaciones internacionales, sólo se encuentran las realidades del poder desnudo, donde Venezuela tiene pocas bazas a su favor en momentos en que los precios del petróleo están deprimidos y no tienen perspectivas de recuperación en el corto y mediano plazo;

2) Romper con el marco multilateral hemisférico sólo implica una mayor exposición ante acciones de terceras potencias, cuyas acciones unilaterales pueden ser incluso vistas en esos escenarios como legítimas;

3) Resulta crucial no creer en la propaganda propia; ni el Movimiento de los No Alineados se encuentra en su mejor momento, ni UNASUR sirve de cobertura como en tiempos pretéritos debido a los cambios políticos que ha experimentado la región;

4)  Debe tenerse mucho cuidado con los consejos envenenados que podría estar dando Raúl Castro que sólo buscan alentar al gobierno venezolano a realizar peligrosas acciones temerarias, para intentar así invisibilizarse y sobrevivir a la Administración Trump;

5) Ni Venezuela es Cuba, ni Maduro es Fidel, ni 2017 es 1962. Por cierto, tampoco la Rusia de Putin o la China de Xi pueden ser vistas como una URSS rediviva. ¿Y usted qué opina?

 

@kenopina

Doctor en Ciencias Políticas, MBA en Energía e Internacionalista. Profesor de la UCV y Presidente del Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales (COVRI).

Hemos perdido la oportunidad de hacer del MERCOSUR un instrumento para impulsar el desarrollo nacional y mejorar la inserción de Venezuela a nivel regional y global. Los gobiernos socialistas desde 1999 han tomado a la ligera la integración; todo bajo el supuesto, de que las afinidades político-ideológicas siempre estarían por encima de los compromisos adquiridos, y el resultado ha sido la salida de Venezuela del MERCOSUR por no adoptar y cumplir el acervo normativo como exigía el artículo 3 del Protocolo de Adhesión –firmado en Caracas el 4 de julio de 2006–, el cual estableció un plazo máximo de 4 años contados a partir de su entrada en vigencia en agosto de 2012. Más concretamente, se trata de varias normas técnicas y alrededor de 25% de los tratados fundacionales, incluyendo el Acuerdo de Complementación Económica N°18 -“espina dorsal” del MERCOSUR fenicio- y el Acuerdo de Residencia del MERCOSUR que tanto hubiese podido beneficiar a los venezolanos.

A pesar de los numerosos llamados realizados por diferentes actores de la sociedad civil como el Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales (COVRI) desde el polémico ingreso de Venezuela al MERCOSUR en 2012, el gobierno venezolano no hizo un esfuerzo suficiente para adoptar e internalizar el acervo normativo en el marco de un amplio diálogo nacional. Tampoco buscó negociar una hoja de ruta para completar el proceso con la Asamblea Nacional y el resto de los Estados Partes, a partir de la “tarjeta amarilla” que supuso la “Declaración Conjunta Relativa al Funcionamiento del MERCOSUR y al Protocolo de Adhesión de la República Bolivariana de Venezuela” adoptada el 13 de septiembre de 2016 en Nueva York, mediante la cual la Presidencia Pro-Témpore se traspasó de Uruguay a una comisión coordinadora –saltando así a Venezuela por no cumplir sus compromisos, en una situación inédita en los 25 años del MERCOSUR. Además, los Estados Partes le dieron un plazo extra al gobierno venezolano para ponerse al día hasta el pasado 1 de diciembre. En lugar de optar por una diplomacia prudente, la Canciller Rodríguez reaccionó desvirtuando la realidad e insultando a los gobiernos de Argentina, Brasil y Paraguay. Su actuación sólo agravó el problema. Como última línea de defensa, la diplomacia socialista esgrimió el respeto de los “principios de gradualidad, flexibilidad y equilibrio” recogidos en el Protocolo de Adhesión, así como la “titánica tarea” que supone el “análisis de un universo de más de 2500 normas adoptadas en 20 años” a ser incorporadas en tan sólo 4 años. Empero, era un argumento débil, ya que fue el propio Presidente Maduro –cuando era Canciller– quien aceptó este plazo.

Entre dimes y diretes estériles, vino la “tarjeta roja” con la “Notificación a Venezuela sobre el cese del ejercicio de los derechos inherentes a la condición de Estado Parte del MERCOSUR” del 2 de diciembre, la cual se sustenta en la Decisión CMC N°28/05 que establece las condiciones y términos específicos que deben seguir los Estados que quieren adherirse al MERCOSUR; y remite al artículo 60 numeral 2 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969 como principio jurídico y norma consuetudinaria, que facultaría a los Estados Partes por acuerdo unánime a suspender la aplicación del Protocolo de Adhesión debido al incumplimiento venezolano. Asimismo, la Notificación agrega que la medida regirá hasta que los Estados Partes convengan con Venezuela “las condiciones para restablecer el ejercicio de sus derechos como Estado Parte”. Ergo, Venezuela ha sido suspendida de iure, siendo degradada de Estado Parte a Estado Asociado del MERCOSUR; pero ha sido expulsada de facto del bloque. Esto último lo decimos porque los Estados Partes del MERCOSUR saben bien que nuestra aguda crisis interna prolongará sine die el cese de los derechos de Venezuela, dejándoles margen para relanzar el MERCOSUR. Por tanto, una eventual reincorporación de Venezuela requerirá negociar un nuevo Protocolo de Adhesión. Es decir, los gobiernos socialistas nos han llevado durante diez años –desde su retirada de la Comunidad Andina en 2006– hacia “ninguna parte” en materia de integración, y el país vuelve a quedarse sólo con el paraguas ALADI.

En buena medida, la cuestión de fondo es el aislamiento regional del gobierno de Maduro tras la suspensión del Referéndum Revocatorio, el irrespeto a la Asamblea Nacional, así como su negativa a liberar los presos políticos y al canal humanitario. Aunque no se haya producido un juicio sobre nuestro trance interno, resulta evidente que los cambios en el Cono Sur tras la victoria de Macri y el impeachment a Rousseff, han hecho a los Estados del MERCOSUR más críticos con el gobierno venezolano en materia de democracia y derechos humanos.

Finalmente, el gobierno venezolano invocó el Protocolo de Olivos para la Solución de Controversias en el MERCOSUR. No obstante, la Canciller Rodríguez no esperó a su activación en la reunión convocada para el 16 de diciembre en Montevideo; y se presentó sin invitación a la XI Reunión Extraordinaria de Cancilleres del MERCOSUR celebrada el 14 de diciembre en Buenos Aires con el objetivo de traspasar la Presidencia Pro-Témpore a Argentina. Allí, decidió irrumpir por la fuerza en el Palacio de San Martín contra todas las normas diplomáticas, montando un espectáculo bochornoso para el país. Esto incluso fue calificado por el Canciller de Uruguay, Rodolfo Nin Novoa –el más empático con el gobierno venezolano en MERCOSUR-, como “un acto grave”. Por ello, la diplomacia uruguaya pasó desde señalar que la suspensión de Venezuela “no es irreversible”, hasta afirmar recientemente que la situación venezolana en MERCOSUR se asemeja “a una vía de tren muerta”. Es decir, el mecanismo de solución de controversias parece destinado al naufragio. En lugar de condecoraciones, la Canciller Rodríguez debería ser removida del cargo. ¿Y usted qué opina?