La creación del Consejo de Estado con el fin de justificar la salida de Venezuela de la CIDH -medida que ya fue respaldada por la Asamblea Nacional- no parece suficiente, ya que ahora el Canciller Maduro pretende exportar el modelo de destrucción del sistema interamericano de protección de los Derechos Humanos al proponer que en la Reunión de Cancilleres en Cochabamba se debilite la actividad del organismo hemisférico.
El peligro de la propuesta “bolivariana”, radica en el hecho de que a ningún Gobierno, sea de derecha, de centro o de izquierda, le agrada que la Comisión o la Corte de Derechos Humanos los condene por incumplir los derechos de aquellos que se sienten vulnerados. Si prospera la moción, se limitará el derecho de periodistas, sindicalistas, disidentes, indígenas y otras victimas, quienes verán más difícil recurrir ante esas instancias para hacer valer sus derechos consagrados en Acuerdos Internacionales.
El viernes 1 de Junio en el marco de la Mesa Redonda organizada por la UCAB y el Instituto Parlamentario Fermín Toro pudimos escuchar al ex Relator de Libertad de Expresión de la CIDH Ignacio Álvarez quien resalto el nuevo peligro que se cierne con esa limitación, mientras que el Juez Apitz, y Leopoldo López, resaltaron la importancia de las medidas de protección que se produjeron a su favor, como un testimonio de lucha.
La propuesta de debilitar a la CIDH, sea a través de la autocensura que propicia el Secretario General Inzulza, o de presentar mecanismos sustitutivos como la absurda propuesta del Presidente Correa de que UNASUR –organismo que no contempla la protección de los Derechos Humanos en su Tratado- sea quien ejerza esas funciones, dejaría de lado la defensa de los derechos de los ciudadanos, para inclinarse mas bien a la defensa de los “derechos” de los Gobiernos y permitir que sigan violando las libertades.
Los Derechos Humanos y la Democracia están íntimamente ligados. Por ello también es preocupante que algunos Estados pretendan que UNASUR sea el responsable de los mecanismos de observación electoral eliminando el papel cumplido por la OEA, y la Unión Europea, para sustituirlo por observadores complacientes al gusto y a la orden de la manipulación de algunos socios no muy democráticos. La llegada de Ali Rodríguez Araque como próximo Secretario General de UNASUR puede agravar esta situación por la reiterada insistencia de la diplomacia “bolivariana” de aplastar a la OEA, a la CAN, al G-3, a la CIDH, y a la Carta Interamericana Democrática.
Si en el Siglo XX Venezuela se caracterizo por impulsar la democratización y la defensa de los Derechos Humanos, en el Siglo XXI el Gobierno se ha empeñado en destruir los mecanismos Democráticos y Humanitarios. Este es el momento en que las ONGs del Hemisferio deben unirse para defender los logros en defensa de la Democracia y los Derechos Humanos, que por primera vez podrían estar afectados a nivel global.
