Después de varias discusiones en el Congreso de los Estados Unidos por las acusaciones de violaciones de Derechos Humanos ocurridas en Venezuela durante las manifestaciones de Febrero de este año, el Senado Norteamericano adoptó una resolución condenatoria proponiendo sanciones puntuales orientadas a suprimirles la visa a aquellos responsables de esos actos. Por supuesto que el Presidente Maduro anunció que adoptaría medidas contra los Estados Unidos, complicando las ya difíciles relaciones con nuestro cliente principal y proveedor importante de productos y bienes.
Pero esta no es la única confrontación. En estos días, los más destacados voceros del Gobierno “Bolivariano” -comenzando con el propio Presidente de la República- han desenterrado la “diplomacia del micrófono” para declarar una “guerra” unilateral, contra toda persona o institución que ponga en duda la transparencia “democrática” o el “apego del Gobierno en la protección de los derechos humanos”. El abanico se extiende desde los más modestos funcionarios diplomáticos como la desmedida campaña por radio, prensa y televisión contra un discreto observador de la Embajada Norteamericana invitado a presenciar las incidencias del juicio arbitrario contra María Corina Machado; hasta atingir a destacadas personalidades como al Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU por exhortar el cumplimiento de los compromisos del Pacto de Derechos Políticos y Civiles; o contra la Presidenta del Fondo Monetario Internacional, por criticar la multiplicación de organismos regionales en América Latina dedicados a tratar los mismos temas (Alba, Petrocaribe, Unasur, Mercosur); o contra el Parlamento Canadiense por pronunciarse en relación al tema de los derechos humanos; o contra el Presidente del Gobierno Español; y muchos otros casos en los que las declaraciones muestran un nerviosismo que obnubila a los responsables diplomáticos del país a utilizar los instrumentos internacionales de manera acertada. En vez de tratar de demostrarle a todos estos organismos nacionales e internacionales el deseo de cumplir con los compromisos asumidos por la República a través de los Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos y Democracia, tal como consagra la Constitución vigente; y anunciar que de existir incumplimientos estarían dispuestos a corregir las injusticias, cesar con las detenciones arbitraria, liberar a los presos políticos, cumplir con los compromisos económicos y sociales, vemos con preocupación que la posición que se ha adoptado es diametralmente opuesta y que el lenguaje utilizado es el del insulto, la amenaza, o la proliferación de declaraciones como las del Embajador Isea en España que propone en un Informe ante el PSUV que hay que utilizar al partido Hispano Podemos no solo para presionar al Gobierno Español por el pecado de recibir a la esposa del dirigente opositor Leopoldo López, sino de utilizarlo como plataforma del chavismo en Europa
La diplomacia es un arte y una ciencia, cuya finalidad consiste en utilizar herramientas adecuadas para evitar la confrontación. Pero en los últimos días, hemos visto que en vez de que los actores fundamentales de la política exterior venezolana procuren el uso de los canales diplomáticos para el dialogo y el cumplimientos de los compromisos internacionales, ha recurrido a radicalizar sus posiciones al utilizar un lenguaje poco adecuado para encontrar caminos de solución, optando más bien por una “diplomacia espectáculo” que genera conflictos contra todos y contra todo. Un mal camino para quien pretende representar a América Latina en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a partir de Enero, cuya misión es precisamente el de la prevención de conflictos.
