El instrumento que pretende aprobar el Gobierno madurista va en detrimento de los afectados por la crisis humanitaria compleja y violaciones a derechos humanos
De acuerdo con el abogado, especialista en Derecho Administrativo y Procesal, Darrin Gibbs, la “Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines” persigue establecer en Venezuela un régimen administrativo de control, limitación y sanción en todos los ámbitos.
“Esto está muy lejos de promover, fortalecer y mejorar el funcionamiento de las ONG y sus fines benéficos, sociales y de interés general”, dijo el miembro de la ONG Defiende Venezuela.
A principios del mes de enero de 2024, el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez ordenó a los parlamentarios que iniciaran el ciclo de consultas públicas referentes al instrumento, luego que en enero de 2023 se aprobara en primera discusión el instrumento legal.
La presidenta de la Comisión Permanente de Política Interior, María Gabriela Vega (PSUV), afirmó que esta “busca controlar y hacer seguimiento a las ONG que financian el terrorismo en el país”.
“Se presume la utilización de fondos ilícitos que reciben las ONG para operar de manera irregular”, aseveró la parlamentaria.
Julio García Zerpa (PSUV), precisó que “la ley contiene cinco capítulos, 18 artículos y dos disposiciones transitorias, y busca permitir supervisar, revisar y registrar las ONG”.
Implicaciones de la Ley
Gibbs, profesor-investigador de la Universidad Central de Venezuela (UCV), aseguró que, de aprobarse esta normativa, “los espacios de acción de las ONG se verán seriamente limitados por un conjunto de medidas administrativas que lesionan gravemente las garantías del derecho de asociación”.
Es por ello que mencionó algunas implicaciones que traería la aprobación de esta Ley:
-Reducción del espacio de la sociedad civil para satisfacer la defensa, protección y garantía de los derechos humanos por parte de las ONG y afines.
-Pérdida de los espacios para defensa y protección de los fines benéficos, sociales, o de interés general, relacionados con la preservación del medio ambiente, la salud, desarrollos científicos, tecnológicos, de derechos humanos, artísticos, literarios, religiosos, educativos u otros ámbitos de utilidad general.
-Violación manifiesta del derecho a la libertad de asociación como derecho humano
–Coerción del Estado sobre la creación, operatividad y desarrollo de las formas de entidad civil sin fines de lucro, organizaciones sociales, organizaciones no gubernamentales y fundaciones, limitando severamente el logro de sus finalidades de interés general.
–Impunidad del Estado en la violación sistemática de derechos humanos en Venezuela
–Sometimiento de las ONG y afines a un sistema de control administrativo exorbitante cuyo incumplimiento queda sujeto a fuertes sanciones, incluso su disolución de oficio.
Atención a las víctimas está en juego
Gibss detalló que de aprobarse esta ley se perdería un espacio fundamental de atención, documentación, memoria, asesoramiento y visibilización para la efectiva tutela y reparación integral de las violaciones manifiestas de los derechos humanos.
Carlos Briceño, abogado y director general de la ONG Defiende Venezuela, expresó que “al bloquear el financiamiento a través de los fondos de cooperación internacional, la Ley eventualmente sofocaría a las Organizaciones”.
El también abogado y profesor de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) precisó que esto impediría la continuación de los programas de defensa y promoción de derechos humanos, así como los de asistencia humanitaria.
Los expertos aseguraron que las ONG deben tomar dos posiciones estratégicas. La primera sería la denuncia en instancias internacionales contra la Ley y la segunda presentar antes los organismos correspondientes la solicitud de nulidad del instrumento jurídico.
Con información de Defiende Venezuela
