La CIDH concluyo que el Estado usó la fuerza letal ante personas que ya estaban rendidas
La Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CorteIDH) conoció el caso llamado “Masacre de El Junquito”, donde fue presuntamente ejecutado Oscar Pérez y otras seis personas.
Tras casi seis años el organismo internacional aceptó el caso bajo el numero 14.178 el 11 de octubre de 2023.
El caso se describe como el resultado de “ejecuciones extrajudiciales de y otras seis personas, por parte de agentes estatales en 2018”, según la nota publicada por la Organización de Estados Americanos (OEA).
La Comisión Interamericana concluyó que el uso de la fuerza letal por parte del Estado “fue incompatible con las obligaciones internacionales y consideró que no se cumplió con el principio de absoluta necesidad ni se adoptaron medidas menos lesivas, lo que resultó en la ejecución extrajudicial de siete personas ya neutralizadas”.
La Comisión señaló que “las víctimas fueron acorraladas y posteriormente ejecutadas, lo cual evidenció la violación del derecho a la vida y de la integridad personal”.
En su informe, la CIDH considera que el Estado venezolano es responsable por la violación a los siguientes derechos: Violación de los derechos a la vida (artículo 4.1), Violación a la integridad personal (artículo 5.1), Violación a las garantías judiciales (artículo 8.1), Violación a la libertad de conciencia y religión (artículo 12) y Violación a la protección judicial (artículo 25.1).
La Comisión recomendó al Estado de Venezuela diversas medidas de reparación entre las que destacan el reparo integral de las violaciones de derechos humanos tanto en el aspecto material como inmaterial; llevar a cabo una investigación diligente y oportuna para identificar responsables y aplicar las sanciones correspondientes.
Masacre de Oscar Pérez
El 15 de enero de 2018 unos 500 funcionarios de la fuerza pública “atacaron” la residencia en El Junquito donde se encontraban Oscar Pérez y otras seis personas.
La operación ocurrió al mismo tiempo que se publicaban videos en los que Pérez y las víctimas se rindieron y manifestaron su disposición para iniciar una negociación.
Sin embargo, las autoridades estatales ingresaron a la vivienda, utilizando armamento pesado. Todas las víctimas perdieron la vida durante el operativo.
“Las autopsias y fotos publicadas en medios indicaron ejecuciones con tiros de gracia”. Posteriormente, familiares enfrentaron intimidaciones y el Estado no les permitió realizar un funeral adecuado.
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