Un informe del Observatorio Venezolano de Prisiones evidencia que la comunidad LGBTIQ+ que está detenida sufre de abandono y discriminación

El Estado no garantiza el respeto a los derechos humanos de esta comunidad en las cárceles 

No se proporciona atención médica y mucho menos tratamientos especializados para las personas trans, incluyendo los hormonales  

De acuerdo con datos del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), para el primer semestre de 2023 en el país había una población reclusa superior a las 32 mil personas en sitios con una capacidad real instalada para 20.888, lo que representaba un hacinamiento de 154,15%.

Según el OVP, 69% de los centros de reclusión en Venezuela se encuentran en condiciones de hacinamiento. 

A este dato hay que agregar que no existen cifras oficiales en cuanto a la población LGBTIQ+ que permanece en los centros de reclusión.

A propósito de esta incógnita y el estado de indefensión en el que se encuentra este segmento, el OVP elaboró el informe Personas privadas de libertad LGBTIQ+: el derecho a la salud es una ficción en los centros penitenciarios de Venezuela.   

El director del OVP, Humberto Prado, indicó que la opacidad en torno a la cantidad de personas LGBTIQ+ en los centros de reclusión, dificulta la implementación de medidas adecuadas para su bienestar y garantía de derechos.

Prado aseveró que no hay personal capacitado para atender las demandas sanitarias, específicas de la gente que conforma este segmento de la sociedad.

“Todo este problema tiene su base en la falta de personal debidamente formado, lo cual no es imposible porque hay un mandato constitucional que establece que las personas que trabajan en las cárceles deben ser penitenciaristas profesionales con credenciales académicas universitarias”, dijo Prado.  

El activista de DDHH sostuvo que el objetivo del informe es exigir al Gobierno venezolano el cumplimiento de la posición de garante frente a toda persona que se encuentre bajo su custodia y el cese de las violaciones a los derechos humanos de los grupos vulnerables como el LGBTIQ+.

Prado indicó que en 2015 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo un informe donde expone que las personas LGBTI enfrentan un mayor riesgo de violencia sexual, otros actos de violencia y discriminación.

Por su parte, el OVP expuso en el 187 período de sesiones de la CIDH que Venezuela posee un sistema penitenciario colapsado por los elevados índices de hacinamiento, retardo procesal, violaciones al debido proceso, proliferación de enfermedades, falta de medicamentos, atención médica y alimentación inadecuada, una crisis de la que no escapa la población LGBTIQ+.

Estas son los principales puntos que plantea el informe:

-La situación de las personas LGBTIQ+ que se encuentran detenidas en Venezuela se agrava debido a la falta de legislación que reconozca el cambio de identidad para las personas trans.

-La homofobia y la transfobia se agudizan en contextos de privación de libertad debido al hacinamiento, la corrupción y el autogobierno de las cárceles.

-Las personas LGBTIQ+ enfrentan violencia física, verbal y psicológica, así como persecución por parte de autoridades y grupos sociales conservadores en las prisiones y centros de detención preventiva.

-No existen áreas establecidas por diferenciación de género para la comunidad LGTBIQ+ en los centros de reclusión, exponiendo a esta a situaciones de peligro.

-Las personas LGTBIQ+ son víctimas de esclavitud por parte de otros privados de libertad y de funcionarios de quienes reciben maltrato físico y psicológico, en muchos casos se les obliga a prostituirse y a sufrir abuso sexual.

-Las personas trans son ingresadas a los centros según lo que dice su cédula y no su identidad de género.

-Las mujeres trans están recluidas con hombres y son forzadas a realizar labores de limpieza como lavar la ropa de otros reclusos bajo amenaza de muerte o castigos.

-No hay una legislación que les garantice a la comunidad LGTBIQ+ detenida atención médica general, salud reproductiva, programas de educación, información referente a tratamientos hormonales y cuidado de la salud mental, pese a que el artículo 15 del Código Orgánico Penitenciario expresa el derecho a la salud de la persona privada de libertad.

-Las cárceles venezolanas no cuentan con personal médico ni espacios adecuados para la atención médica, en cada recinto hay entre 2 y 4 personas encargadas de la salud, lo cual no sirve para atender ni al 0,2 % de la población reclusa.

-Los traslados a los centros de salud, solo se realizan por decisión arbitraria de las autoridades penitenciarias.

-No hay programas de despistaje de atención primaria de salud, diagnóstico temprano y prevención del VIH, tuberculosis, cáncer y otras patologías.

-No se proporcionan tratamientos especializados a la población trans, incluyendo los hormonales.

-El personal carcelario no está capacitado para atender  a las personas con VIH, especialmente a las que forman parte de la comunidad LGQBTI+.

-Las prisiones se han convertido en espacios carentes de salubridad y con escasez o ausencia total de agua potable. Asimismo los reclusos no gozan de una alimentación adecuada.

-Las mujeres embarazadas en las cárceles venezolanas no reciben la atención médica adecuada durante el embarazo y el parto.

-Prevalece la inexistencia de canales de monitoreo, seguimiento y denuncia de posibles casos que pudieran afectar los derechos de las personas LGBTIQ+.

-Venezuela no cuenta con una política pública en materia de salud mental, se evidencia escasa información, desconocimiento y pocos mecanismos de protección al preso. No hay información oficial sobre registros de depresión, ansiedad, estrés post traumático, y otros trastornos del estado de ánimo que podrían afectar a la población reclusa.

Un deber del Gobierno en las prisiones 

El artículo 272 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela expresa que el Estado tiene el deber de “Garantizar un sistema penitenciario que asegure la rehabilitación del interno o interna y el respeto de sus derechos humanos. Para ello, los establecimientos penitenciarios contarán con espacios para el trabajo, el estudio, el deporte y la recreación”.

Ante el estado de indefensión en el que se encuentra la población LGBTIQ+ que permanece en centros de reclusión, el OVP alertó que es perentorio que dentro de las prisiones venezolanas se organicen sesiones de sensibilización y concienciación para el público general y para los profesionales que trabajan allí.

“El Estado venezolano debe atender la necesidad de fortalecer procesos de capacitación y sensibilización con enfoque de derechos humanos”, reza el informe.

Igualmente exigió capacitación y asesoramiento a funcionarios de prisiones, personal médico y psicológico y abogados en cuanto a los derechos de la población reclusa y las necesidades específicas de las personas LGBTIQ+.

Enfatizó que es importante establecer alianzas con organizaciones de derechos humanos, grupos LGBTIQ+ y otras entidades para evitar más opacidad y discriminación.

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