En la última plenaria de la Asamblea Nacional (AN) antes de la instalación de la comisión delegada, la comisión de Medios de Comunicación consignó un informe con violaciones que, según el diputado Jony Rahal, podrían constituir incluso crímenes de Lesa Humanidad. El documento especificaba que la estatal Cantv atacó con alevosía los portales informativos El Pitazo, La Patilla, El Nacional Web y Tal Cual Digital, y la Comisión de Telecomunicaciones (Conatel) no levantó investigaciones al respecto.
“Así se violenta el derecho a la información de los ciudadanos venezolanos y el derecho del acceso a internet”, indicó el parlamentario de Primero Justicia durante la sesión del pasado 14 de agosto. En esta entrevista para El Pitazo aseguró que no solo la estatal es responsable de bloqueos. Las telefónicas privadas Movistar y Digitel también registran bloqueos a medios de comunicación digitales, entre los que figura El Pitazo.
Determinar la responsabilidad política del presidente de Cantv, Manuel Fernández Meléndez, y del director de Conatel, Jorge Márquez Monsalve, representa para Rahal, quien preside la comisión de Medios de Comunicación, un punto de partida para que las empresas privadas involucradas en las violaciones del derecho a la información y al libre acceso a internet dejen de participar en esos procedimientos. “Aspiramos a que den un paso al frente en defensa de la democracia, que depongan los intereses particulares sobre los intereses de la nación. No pueden ser cómplices por omisión”, apuntó a El Pitazo.
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–Antes de que la oposición ganara las parlamentarias en 2015 y tomara posesión en 2016, ¿cuánta documentación había sobre la censura a los medios de comunicación venezolanos?
–Ese primer año inició Tomás Guanipa en la comisión de Medios de Comunicación, y el segundo asumió Adriana D’Elia. Ahora estoy yo asumiendo el tercer año. Tenemos documentado que, ya para esa fecha, comenzó a generarse censura directa. Hay presión por parte de Conatel a medios radiales y a los televisivos extorsionando con las concesiones. También hay ataques a los periódicos; arbitrariamente les otorgaban papel o no. Y, por supuesto, agresiones y ataques a reporteros de investigación y denuncias a los directivos de medios, como es el caso de Tal Cual con Teodoro Petkoff o el caso de Miguel Henrique Otero, con El Nacional, usando el poder judicial.
Se habían contabilizado muchos ataques entonces, pero se han incrementado con fuerza en 2017 con la cobertura de las protestas en esos cuatro meses del año. Entre 2017 y 2018, incluido, se registraron 48 medios impresos que cerraron sus puertas porque no les distribuyen el papel. Eso sin contar que hay una decena adicional que se ha convertido en semanario, porque no les dan papel; tan sencillo como eso.
Son más de 12 emisoras radiales las que han cerrado sus puertas. Les quitan la frecuencia y les roban los equipos, sin contar las infinitas extorsiones que han recibido todos los medios radiales. Conatel tiene la tarea de aplicar mecanismos perversos para controlar cada programa de radio e impone que se suspenda un programa en específico, que saque a tal periodista, que no puedan decir esta o esa palabra.
Además, llama la atención que todos esos oficios que les llegan a las emisoras, nos los envían, pero las emisoras nos piden que no los nombremos, por miedo. Nos dicen que no los usemos, para que veas la autocensura. En la comisión no hemos podido abrir un expediente porque las mismas emisoras no quieren afrontar este abuso y esta violación a los derechos fundamentales.
Pero los oficios, que se emiten desde Conatel, no tienen el nombre del director nacional de Conatel, sino del adjunto. Son tan cobardes que no ponen la firma, sino dicen que tiene una firma digitalizada. Eso no existe dentro del ordenamiento jurídico. Se necesita la firma del representante de la institución, pero se hacen los locos. Eso es una cobardía. Eso sucede con las emisoras y con todos los prestadores de servicios de internet, las empresas de telefonía móvil y las cableras, donde también llegan los oficios. Con eso te obligan, te ordenan bloquear determinada página, pero nadie de hace responsable. Como no hay estado de derecho, lamentablemente, la empresa privada baja su cabeza y cae en el juego de la extorsión, pero no es motivo para eximirse del daño.
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–En la sesión del 14 de agosto, la comisión de Medios de Comunicación consignó a la plenaria un informe con ataques a portales informativos, material que sirvió a la Asamblea Nacional para determinar la responsabilidad política de los directivos de Cantv y Conatel. ¿Qué repercusiones podemos esperar de esto?
–Cuando se aprobó este documento, dirigimos la responsabilidad política a los directivos de Conatel y Cantv, pero aspiramos a que las empresas telefónicas y las cableras den un paso al frente en defensa de la democracia, que depongan los intereses particulares sobre los intereses de la nación. No pueden ser cómplices por omisión. En la sesión pasada logramos determinar esas responsabilidades, que van a repercutir en el ámbito nacional, porque los delitos no prescriben, e internacional, porque los países democráticos que desconocen la Constituyente y que están trabajando para ayudar a la restitución de la democracia en Venezuela están pendientes de saber quiénes son los agresores y cómo han violado los derechos humanos.
–¿Qué implica esa medida para los señalados, en este caso el presidente de la estatal, Manuel Fernández Meléndez, y del director de Conatel, Jorge Márquez Monsalve?
–Se abre un abanico de acciones, de responsabilidades civiles, penales y administrativas contra esos funcionarios. Acá, si hubiera Estado de Derecho, la Fiscalía hubiese actuado de oficio; igual la Contraloría, pero no hay justicia en Venezuela.
A nivel internacional, en vista de que hay denegación de justicia, conlleva a que hemos dado cimiento para que las instancias que defienden los Derechos Humanos, como el Alto Comisionado de la Organización de Naciones Unidas (ONU), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el parlamento europeo y el congreso de los Estados Unidos tomen acciones y sepan quiénes son, con nombres y apellidos. Con la aprobación de la Asamblea Nacional se sabrá quiénes son los que vulneran los Derechos Humanos, que no es más que incurrir en delitos de Lesa Humanidad. El derecho a la información es derecho conquistado, en Venezuela aún más. Ha pasado de constitución en constitución; no se puede retroceder. Hay que entender que el derecho a la información es tan importante como el derecho a la vida y a la salud.
¿Qué tenemos que sensibilizar? ¿Qué es importante? Claro, ese es el trabajo que estamos haciendo en la comisión de Medios. En vista de que lo están cercenando, hay una responsabilidad penal internacional para esas personas que pueden, además, ser perseguidas en cualquier parte del mundo y cualquier momento.
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–Un estudio del Instituto Prensa y Sociedad (Ipys) y otras organizaciones no gubernamentales reveló que hay telefónicas implicadas en el bloqueo de portales digitales, como Movistar y Digitel. ¿La comisión de Medios de Comunicación tiene pruebas de esto?
–Tenemos informes consignados por El Pitazo, por la gente de La Patilla y El Nacional. Se presentaron con documentos técnicos independientes de expertos que demuestran tres modalidades de ataques: uno, al sistema de computadores en redes; otro, saturando el sistema de manera tal que las páginas web no tengan manera de actualizarse, y el último, donde directamente hay un bloqueo del dominio de cada página. Los ataques los hacen con alevosía. Que estas empresas no permitan el acceso libre a internet y a estos portales informativos también constituye una violación a los Derechos Humanos universales. El acceso a internet está contemplado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, actualizada recientemente. Es grave esta situación.
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–¿En la comisión de Medios se llamó a comparecer a los directivos por estos bloqueos?
–Sí, a los presidentes de cada una de estas telefónicas, pero no han asistido. Sabemos que el problema es Conatel y el régimen marxista comunista que los extorsiona. Nosotros más bien queremos proteger a la empresa privada, queremos que haya seguridad jurídica. En ningún momento queremos generar un frente, pero eso no quiere decir que tengamos que pasar por debajo de la mesa cuando que ejecuten algo que constituye vulneraciones de los Derechos Humanos Universales y cometan delitos graves.
Por eso, en la plenaria pasada, en mi discurso les dejé un mensaje de reflexión a las empresas de telecomunicaciones privadas y cableras, diciéndoles que tienen que ponerse a la alturade las circunstancias. Nosotros en la Asamblea Nacional estamos allí para apoyarlos. No creo que el régimen se atreva a cerrar Movistar y Digitel porque están haciendo lo correcto, que es que el pueblo tenga acceso a internet. Les decimos que no se dejen intimidar por un oficio no firmado, que evalúen la situación. Nadie se está haciendo responsable de los oficios, porque son cobardes, unos culillúos los de Conatel. Con toda honestidad hice ese llamado.
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–En caso de que los ataques no cesen y las telefónicas privadas sigan incurriendo en estas violaciones, ¿cuáles serían los siguientes pasos de la comisión de Medios de Comunicación y de la Asamblea Nacional?
–Se están evaluando ahorita los hechos. Vamos a ver su accionar de ahora en adelante. Ahora, los responsables son del Gobierno. Esperamos no tener que abrir una segunda fase de investigaciones. Esperamos que esto cese de una vez por todas y que no se dejen llevar más por el miedo de unos cobardes que quieren congraciarse con el que está en Miraflores.
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–¿La Asamblea Nacional puede determinar igualmente la responsabilidad política de la directiva de estas empresas de telecomunicaciones privadas?
–Mira, no se descarta. Teníamos los elementos para determinarla de los directivos de Conatel y Cantv, y eso hicimos, porque los elementos estaban ahí. Esperamos que, con esta reflexión, tomen el sendero de la libertad.
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–Al tenerse ya decretada esta responsabilidad ¿la comisión de Medios de Comunicación piensa consignar este informe y el acuerdo de la Asamblea Nacional como una denuncia internacional?
–En primer lugar, vamos a notificar a la Fiscalía, en nombre de Luisa Ortega Díaz que es la fiscal legítima, para que ella utilice esta decisión formal de la Asamblea Nacional. Para efectos legales subsiguientes, sería provechoso que ella, con su legitimidad, acuda a instancias internacionales, ya que tiene la voluntad política e institucional de hacerlo de esta manera.
Este resultado, esta aprobación, la vamos a elevar a todos los parlamentos democráticos en primer término para visibilizarla, y vamos a elevarla a la Cidh, donde tenemos un contacto hecho, y también ante el Alto Comisionado de la ONU.
