Venezuela

 

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ratificó que los ciudadanos tienen derecho a manifestar, pacíficamente y sin armas, tal y como lo prevé la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 68, y la Ley de Reforma Parcial de la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones, aprobada por la Asamblea Nacional.

El TSJ en la sentencia recordó, que la manifestación en el ordenamiento jurídico venezolano no es un derecho absoluto, entendiendo por tal, aquella clase de derecho que no admite restricción de ningún tipo, como es el caso del derecho a la vida. Así lo indica la máxima intérprete de la Carta Magna en su decisión N° 944 del 15 de noviembre de 2016.

Asimismo ratificó la jurisprudencia de esta Sala en su sentencia N° 276 del 24 de abril de 2014, donde afirmó que el derecho a la manifestación admite válidamente restricciones,  tal como lo establecía la Constitución de 1961 en su artículo 115. Entre esas previsiones para ejercer el derecho a manifestar se requiere solicitar los permisos a las autoridades respectivas, tal como lo dispone, por ejemplo, el artículo 74 de la Ley de Transporte Terrestre, según el cual «…Los ciudadanos y las ciudadanas, previa obtención de la autorización emanada de la autoridad competente, tienen derecho a manifestar,  sin afectar, obstruir o impedir el libre tránsito de personas y vehículos.»

 

TSJ prohíbe convocar y realizar actos que alteren el orden público https://t.co/KeV553nWmY pic.twitter.com/CRmnIWj49E

— Runrunes (@RunRunesWeb) 15 de noviembre de 2016

 

De la misma forma, el artículo 68 constitucional también dispone un acatamiento irrestricto a la ley por parte de los cuerpos policiales y de seguridad encargados del control del orden público, quienes en su actuación no solo estarán en la obligación de garantizar el derecho de los ciudadanos y ciudadanas a manifestar pacíficamente; sino también a impedir que éstos, en el curso de la protesta, incurran en excesos que se puedan traducir en delitos y vulneraciones a derechos fundamentales del resto de la ciudadanía, como sería el caso de los derechos al libre tránsito, al trabajo y a la paz.

El TSJ hace referencia a la polémica sentencia N° 948, que también del 15 de noviembre de 2016, por considerar que está en concordancia en la que se “PROHÍBE convocar y realizar actos que alteren el orden público; instigaciones contra autoridades y Poderes Públicos, así como otras actuaciones al margen de los derechos constitucionales y del orden jurídico”.

Finalmente, se reitera que contra las decisiones de la Sala Constitucional no se admitirá recurso alguno, conforme a lo dispuesto en los artículos 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y 335 Constitucional, en concordancia con la jurisprudencia inveterada de este Máximo Tribunal de la República.  

TSJ negó acceso a expedientes que contienen sentencias de la Sala Constitucional https://t.co/9BiPKo2BnVpic.twitter.com/xoMHIGK0ER

— Runrunes (@RunRunesWeb) 17 de noviembre de 2016

 

 

Este miércoles el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) realizó una sesión extraordinaria en el que hizo una consideración del “Proyecto de Declaración del Consejo Permanente en apoyo al proceso de Diálogo Nacional en Venezuela”. Antes de que se supiera el resultado del debate, la delegación nacional abandonó el lugar por considerarlo de carácter injerencista. “No podemos acompañar un espacio donde se pueda perturbar un proceso», aseguraron.

Sin embargo, al final de la sesión, decidieron adoptar por una declaración de apoyo al diálogo entre el Gobierno y la oposición venezolana. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, saludo la declaración pero indicó que espera «que la mediación del Vaticano en Venezuela restituya la separación de poderes, los derechos electorales del pueblo y el respeto a la Constitución.»

 

• OEA adoptó por declaración en apoyo al diálogo en Venezuela

• Acompañantes del diálogo piden al gobierno y oposición cesar descalificaciones

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¿Podrían los sobrinos Flores salvarse de ir a la cárcel?

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#Mentirómetro La rectora Sandra Oblitas también echó sus cuentos en el EPU 2016

 

 

 

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[iconbox title=»Indicadores Económicos» title_align=»center» content_align=»center» title_color=»#dd9933″ align=»center» type=»vector» icon=»steady-icon-bars» icon_align_to=»box» size=»32″ icon_color=»#dd9933″ icon_color_hover=»#0c0c89″ icon_animation=»none» ]

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Los acompañantes en el proceso de diálogo entre el gobierno y la oposición en Venezuela pidieron hoy a ambas partes que «cesen la campaña de descalificaciones públicas» para preservar el desarrollo de las conversaciones en marcha, según un comunicado de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).

En el documento, la secretaría general del ente regional, monseñor Claudio Maria Celli y los expresidentes Leonel Fernández (República Dominicana), José Luis Rodríguez Zapatero (España) y Martín Torrijos (Panamá) les llamaron a respetar «el espíritu y el contenido» de la declaración «Convivir en Paz», aprobada el pasado 12 de noviembre.

Los acompañantes, por ello, pidieron poner fin a las descalificaciones, que no especificaron, al considerar «que no contribuyen a la convivencia pacífica».

También abogaron por el respeto «político y personal» entre los poderes públicos «como único cauce racional para preservar el Diálogo Nacional y los compromisos adquiridos», así como los logros alcanzados y, de ese modo «avanzar en la senda pacífica y constitucional que reclama la inmensa mayoría de los venezolanos».

El gobierno venezolano y la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) iniciaron el pasado 30 de octubre un proceso de diálogo con el auspicio de la Unasur y del Vaticano, así como con el acompañamiento de los expresidentes citados, para tratar de aliviar la crisis política, social y económica por la que atraviesa el país petrolero.

 

Carlos Luis Valera Aguilar, hombre que se encontraba detenido en los calabozos del Centro de Coordinación Policial Unión, fue decapitado este martes, en horas de la tarde. Al parecer, el reo quería tomar el poder en el lugar, por lo que sus compañeros de celda arremetieron en contra de él.

Fuertes gritos que provenían desde el calabozo de la estación policial de Polilara alertaron a los funcionarios destacados en el lugar de que algo irregular estaba sucediendo. Al entrar al área, donde se encontraban para la fecha 67 privados de libertad, se hallaron con que uno de ellos había sido decapitado.

La víctima era Carlos Luis Valera Aguilar, de 27 años de edad, quien desde hace ocho meses atrás habría ingresado al CCP Unión, tras presentar varios delitos en su historial y encontrarse solicitado para aquel entonces. Al parecer, este hombre había estado intentando imponerse en el mando del calabozo, hasta
que ayer, a eso de las 2:00 de la tarde, a 44 de sus compañeros de celda no les tembló el pulso para darle una fuerte golpiza y, luego, con un ‘chuzo’ quitarle la cabeza.

Una fuerte movida policial en el lugar y la llegada de funcionarios del CICPC y fiscales del Ministerio Público alertaron a vecinos y familiares de los reos de Unión, quienes se concentraron en las adyacencias del CCP para saber qué pasaba. Horas después, el cuerpo de Valera fue sacado del lugar y trasladado hasta la morgue del Hospital Central.

 

 

Transparencia Venezuela presentó ante la Comisión de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional un informe especial sobre doce importantes obras de vialidad y transporte a cargo del Ministerio del Poder Popular para Transporte y Obras Públicas, que se encuentran inconclusas tras el vencimiento de los lapsos de ejecución.

El compilado permitió identificar las irregularidades financieras, opacidad e imprecisión de la información, así como la continua reprogramación de las fechas de culminación. La investigación realizada en conjunto con el equipo técnico de la Comisión presidida por Stalin González, logró constatar incremento de los recursos asignados a obras aún sin concluir con variaciones de hasta un 3000, situación que habría permitido la construcción en tres oportunidades de cada obra y le costaría un desembolso adicional a la Nación de Bs. 222 mil millones.

Por su parte, Rodríguez dijo que analizaron información correspondiente a los años 2011 al 2015 debido a que no tuvieron acceso a la documentación a los años anteriores, además otra limitación que tuvieron fue no tenían la lista de contrataciones de obras, ni información sobre los créditos adicionales que se usaron para las obras.

Entre las obras investigadas se encuentran siete líneas de Metro – Línea 5 Metro de Caracas, Línea 2 Metro de Valencia, Línea 2 Metro de Los Teques, Rehabilitación Línea 1 Metro de Caracas, Metro Cable Mariche, Metro Guarenas-Guatire y Línea 2 Metro de Maracaibo-; tres sistemas ferroviarios -el Nacional Centro Occidental Simón Bolívar, Central Ezequiel Zamora y el Sistema Ferroviario Centro Oriental Tramo Tinaco-Anaco; y los puentes Nigale, Segundo puente sobre el Lago de Maracaibo; y Tercer Puente sobre el Río Orinoco.

Los estados donde se ubican las mega ingenieras son Caracas, Miranda, Zulia, Bolívar, Carabobo, Anzoátegui y Guárico, todos afectados por los retrasos en las obras del Ministerio de Transporte.

Cabe destacar que la constructora brasilera Odebretch, cuyo presidente Marcelo Odebretch fue sentenciado a 19 años de prisión por delitos de corrupción y lavado de dinero por la justicia brasilera, es la responsable de la construcción de 5 de las obras.

Se espera que la próxima semana la plenaria discuta el informe y solicite la interpelación del Ministerio del Poder Popular para Transporte y Obras Públicas, Ricardo Molina, para que de respuesta de los retrasos e irregularidades.

Puede ver el informe completo AQUÍ.

 

La comisión especial para estudiar la crisis alimentaria en Venezuela y los productores del sector maíz solicitaron el aumento del precio del kilo de maíz blanco en más de 250 bolívares.

En una reunión celebrada en la Asamblea Nacional este miércoles, el presidente de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios (Fedeagro), Tony Pestana, afirmó que la economía venezolana se puede diversificar a través de la actividad agropecuaria.

“El estado venezolano por cada dólar invertido para producir internamente, llámense agroquímicos y repuestos, nos ahorramos 5 dólares en importación directa de alimento además de potenciar el resto de la economía”.

Pestana agregó que con estos ajustes de precio el ganador es el pueblo venezolano, quien contará con este producto al alcance de sus manos.

El diputado Rafael Guzmán se refirió a su colega Tania Díaz como “vampira” durante la sesión ordinaria de este martes 15 de noviembre.

Mientras Guzmán ejercía su derecho a la palabra en la discusión sobre la prórroga al Decreto de Emergencia Económica que el presidente Nicolás Maduro solicitó, la parlamentaria por el Psuv gritaba desaprobando lo que decía, a lo que el diputado le dijo «cálmate vampira, cálmate».

La reacción de la diputada fue inmediata y el jefe de la fracción parlamentaria del Psuv, Héctor Rodríguez, se levantó de su curul para enfrentar a Guzmán en la tribuna de oradores.

Después del incidente, Díaz tuvo un derecho a replica en el que aseguró que «lamentamos tener que tomar la palabra para repudiar las palabras de ese disputado que si no es que se para ahí para insultar a mujeres nadie sabría quién es porque no tiene argumentos”, afirmó.

“Sabemos que esa intervención deja al descubierto una parte de la oposición venezolana que no está a tono con lo que quiere el país. Ha dejado en evidencia lo peor de una oposición que se empeña en mantener el país con zozobra”, aseveró.

El calificativo de vampira fue usado por primera vez en un polémico audio del conductor del programa La Hojilla, Mario Silva, donde explicó que Díaz forma parte del «grupo de los Vampiros», personas que habían entrado al canal del estado VTV gracias a la primera dama Cilia Flores y que en menos de tres meses, explica Silva, «se robaron todos los reales que pudieron».

 

 

La Asamblea Nacional aprobó moción de desaprobación de la prórroga del Decreto Nº 2548 de Estado de Excepción y Emergencia Económica, publicada en Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 6272, el pasado 13 de noviembre. Ante esto, el presidente de la Academia de Ciencias Economías de Venezuela, Humberto García, consideró como necesario, crear condiciones que permitan incentivar la producción; al tiempo que aseguró que no existe racionalidad alguna para que el decreto resuelva la actual crisis económica.

“El Decreto parte de tres premisas falsas: una que la economía se puede manejar a voluntad y se puede controlar y orientar en función de la voluntad de quién esté ejerciendo cargos públicos; segundo, que hay una supuesta guerra económica, que es una apreciación absurda en términos económicos y tercero que los problemas de abastecimiento es un problema de logística“, precisó García durante su intervención.

El presidente de la Academia de Ciencias Económicas de Venezuela aseguró que  «desde el punto de vista económico, no hay racionalidad alguna para que el Decreto de Emergencia Económica resuelva la crisis.»

Ante esto, el diputado Alfonso Marquina, quien calificó de “boicot” la continuidad de la resolución, sostuvo que esta sería la quinta vez que el gobierno prorroga el Estado de Excepción; lo que a su juicio, seguirá “profundizando la crisis que vivimos los venezolanos”. “El Gobierno lejos de resolver los problemas de todos los venezolanos, los ha agravado aún más (…) el gobierno viola de manera flagante, el artículo 338 de la Constitución, que limita a solo dos meses un decreto de excepción, y a solo dos meses una prórroga y ya llevan 10”, enfatizó.

Por su parte, el parlamentario oficialista, Hugbel Roa, expresó que en años anteriores, según estudios del Banco Central de Venezuela, el consumo estaba reducido a 8 %, “porque a pesar de que los anaqueles estaban full, nadie podía comprar nada”. En este sentido, Roa manifestó que gracias al Decreto “se ha mantenido la paz en el país”; sin embargo, lamentó el poco entendimiento que tienen varios sectores de las decisiones que toma el Gobierno. “Si nosotros pudieramos escuchar una propuesta real para resolver un problema de divisas e ingresos, yo pudiera entenderlo, pero aquí viene una oposición a no asumir ningún tipo de condición propositiva para resolver el problema“, sentenció.