Nacional

En el marco de la clausura de la Expo Venezuela Digital 2017, el presidente de la República Nicolás Maduro convocó al Consejo de Seguridad de la Nación, para dirimir las diferencias surgidas entre el Tribunal Supremo de Justicia y la Fiscalía General, en torno a la sentencia 156 que transfiere a la Sala Constitucional del TSJ las potestades de la Asamblea Nacional.

“Activo el artículo 323 para convocar a ese consejo, que resolverá cualquier diferencia que pueda haber entre poderes constituidos y salgamos al paso a la locura golpista e intervencionista de la derecha y de la coalición de gobiernos de derecha que quieren venir a tragarse a Venezuela”, dijo.

Maduro sentenció que a través de diálogo este mismo viernes deseaba resolver el «ímpasse» (sic) surgido entre el órgano presidido por el magistrado Maikel Moreno y el otro presidido por Luisa Ortega Díaz.

«No sabía nada del pronunciamiento que iba a hacer la fiscal, como no sabía nada de la sentencia 156 del TSJ. Tengo mi opinión sobre una y otra cosa», aseguró

Maduro contradijo a la Fiscal, quien aseveró que había sucedido una ruptura del orden constitucional a raíz de las últimas dos sentencias del TSJ.

“En Venezuela la única ruptura del orden constitucional la protagonizó la derecha fascista que controla la AN el 11, 12 y 13 de abril de 2002. En 18 años es la única ruptura del orden constitucional o golpe de estado que se ha dado en Venezuela y fue el pueblo y la FAN, basados en la Constitución, los que restablecieron el orden y rescató al presidente Chávez”.

Frente a las decisiones dictadas por la Sala Constitucional de Tribunal Supremo de Justicia, identificadas con los números 155 y 156, es del dominio público de la comunidad internacional y nacional la lesión a los derechos constitucionales del pueblo venezolano consagrados en la Constitución de la República Bolivariana, hecho mediante el cual esa sala lejos de ser una máxima instancia de justicia incurre en una nueva y reincidente transgresión al texto constitucional.

Situaciones que no escapan de la mirada vigilante del pueblo venezolano y ante las cuales se ha quedado corta en su pronunciamiento la titular de la Fiscalía General de la República, dado la gravedad de la ruptura del hilo constitucional y del orden democrático como ha señalado en recientes declaraciones, siendo imperativo para el gremio de abogados exhortar a la Fiscal General de la República a interponer de manera inmediata las acciones legales y sus respectivos antejuicios de mérito contra los responsables de la ruptura del hilo constitucional y del orden democrático señalado en sus declaraciones.

Es deber de los juristas que asumen el reto de estar al frente de las instituciones del estado venezolano, accionar los mecanismos legales establecidos para defender el estado de derecho y el orden constitucional, alertar sin acciones es lanzar palabras al viento y dejar impune o sin sanciones a los responsables por tan graves hechos. Por ello, el gremio de abogados en nombre del pueblo de Venezuela solicita la activación de las acciones legales que conlleven a sancionar a los responsables implicados en los hechos denunciados.

Igualmente exhortamos a la abogados titulares de las restantes instituciones del estado a pronunciarse en el marco de sus competencias, atribuidas en el orden constitucional, para que en nombre del pueblo venezolano ejerzan la defensa de los derechos de los hombres y mujeres de este gran país y se restituya el orden democrático quebrantado por tal innobles actuaciones.

Comunicado de Fundeci

Nosotros, miembros de la Asociación Civil de Derechos Humanos y de Derechos Civiles FUNDECI, saludamos y aplaudimos el pronunciamiento que la Fiscal General de la República, la Doctora Luisa Ortega Díaz, hiciera el día de hoy 31/03/2017 sobre las sentencias números 155 y 156 que emitiera en “Ponencia Conjunta” la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, y en el que no dudó en señalar que las mismas son violación al orden constitucional y desconocimiento del modelo de Estado consagrado en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en consecuencia constituyen una ruptura del hilo constitucional. Ahora bien ciudadana Fiscal General, usted como parte integrante del Poder Ciudadano, Poder que se ejerce a través del Consejo Moral Republicano, le exhortamos públicamente a que su pronunciamiento no sólo quede en meras palabras producto del momento político que vive el país, sino que solicite con carácter de urgencia al Consejo Moral Republicano una reunión extraordinaria a fin de estudiar, investigar y evaluar sí los siete (7) magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia y quienes en “Ponencia Conjunta” de las referidas sentencias, incurrieron en algunas de las seis (6) causales que a tenor de lo establecido en el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Ciudadano son consideradas FALTAS GRAVES de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y en consecuencia de ser así, iniciar el procedimiento establecido en dicha Ley Orgánica e informar a la Asamblea Nacional los hechos pormenorizados de la conducta de los magistrados que contengan la calificación de faltas graves en un lapso de tres (3) días hábiles contados a partir de la fecha de la decisión, ello de conformidad al artículo 34 de la Ley Orgánica del Poder Ciudadano, para que una vez cumplido con el procedimiento establecido en dicha ley orgánica y el Debido Proceso consagrado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Asamblea Nacional proceda de conformidad a lo establecido en el artículo 265 de nuestra Carta Fundamental a la remoción de los integrantes de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.

*Con información de Prensa Colegio de Abogados de Caracas y ONG Fundeci

El gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles, anunció que habrá un Consejo Permanente extraordinario de la Organización de Estados Americanos sobre Venezuela el próximo lunes o martes y pidió a los Estados miembros que declaren que en su país «se rompió el hilo constitucional».

En declaraciones a los medios tras reunirse con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, en Washington, Capriles pidió una declaración el lunes que «reconozca esa ruptura» porque en Venezuela «se dio un golpe de Estado» con la sentencia por la que el Tribunal Supremo asumió ayer las facultades de la Asamblea Nacional.

El dos veces candidato presidencial aseguró que apoya «toda sanción» al Gobierno de Venezuela, incluida su suspensión de la OEA, si no se anula esa sentencia contra el Parlamento, de mayoría opositora.

Tras su anuncio, fuentes diplomáticas confirmaron a EFE que un grupo amplio de países pedirá formalmente a la Presidencia del Consejo una sesión extraordinaria sobre Venezuela para el lunes.

Almagro ya solicitó por su cuenta de manera formal a la Presidencia del Consejo que se convoque una sesión urgente sobre la situación en Venezuela bajo el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana.

Capriles explicó que pide a la OEA lo mismo que a Mercosur (que este sábado celebrará una reunión de cancilleres sobre Venezuela) y a las Naciones Unidas, que declaren que en Venezuela «se rompió el hilo constitucional» y apoyen la convocatoria de elecciones generales para «restituir ese orden».

«Queremos resolver la crisis política votando», afirmó, para añadir que «es una hora decisiva en la región» porque los países deben situarse «o con la democracia» o del lado «del dictador».

Capriles indicó que, hasta ahora «se entorpecía» el trabajo de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora desde enero de 2016, pero que con la sentencia del Supremo «se pasó la última raya» porque «anula» al poder legislativo.

Ahora está en manos de la Presidencia de turno del Consejo decidir si se convoca esa reunión y cuándo, una responsabilidad que tiene Belice pero a partir de mañana será de Bolivia, gran aliado de Venezuela y que se opone a que haya sesiones sobre el país sin el beneplácito de su Gobierno.

No obstante, la Presidencia del Consejo es un puesto de carácter protocolario que cambia cada tres meses y, de haber los votos, no podría negarse a que se celebrara la reunión, aunque sí podría intentar retrasar los procesos con mecanismos formales, según explicaron a Efe fuentes diplomáticas.

La acción de Luisa Ortega Díaz sienta un precedente para actuar en contra de los magistrados de la Sala Constitucional que avalaron las sentencias

Tras las afirmaciones de Luisa Ortega Díaz, Fiscal General de la República, sobre la “ruptura del orden constitucional” derivadas de las sentencias 155 y 156 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, procede de su parte formalizar la denuncia ante el Poder Moral Republicano por la comisión de una “falta grave” de los magistrados que avalaron la decisión. Esto significa que la funcionaria puede activar o convocar el proceso de destitución de los integrantes de la Sala Constitucional, entre ellos el presidente del TSJ, Maikel Moreno.

Fiscal general de Venezuela dice sentencias del máximo tribunal violan orden constitucional – https://t.co/es290u0Lu9 pic.twitter.com/8ddYTrksKm

— Runrunes (@RunRunesWeb) March 31, 2017

Las declaraciones de la Fiscal General emitidas luego de la presentación del Informe de Gestión del Ministerio Público 2016, no se enmarcan dentro de un mero acto de libertad de expresión, tras sus afirmaciones, “procede que la Fiscal denuncie la falta grave de los Magistrados de la Sala Constitucional ante el Consejo Moral Republicano para su destitución”, explicó el abogado constitucionalista Luis Alfonso Herrera.

Tal “deber ser” está estipulado en la Ley Orgánica del Poder Ciudadano, artículo 10, numeral 10: “El Consejo Moral Republicano, conformado por la Fiscalía, Contraloría y la Defensoría del Pueblo, debe calificar las faltas graves que hubieran cometido los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, lo que es causal de remoción”.

De acuerdo con la organización Transparencia Venezuela, la posición de Ortega frente a las sentencias que dieron poderes plenos al Presidente Maduro y terminaron de vaciar de competencias a la Asamblea Nacional, es de esperarse que, cumpliendo la ley, solicite la calificación de falta grave de estos magistrados ante el resto del Consejo.

“Uno de los 13 causales de remoción que establecen la Ley del Tribunal Supremo de Justicia en sus artículos 62 y 63, es el cometer hechos graves que, constitutivos o no de delito, pongan en peligro su credibilidad e imparcialidad y comprometan la dignidad del cargo”, argumenta Transparencia.

Según la Constitución Nacional, artículo 285, numeral 5, “es atribución del Ministerio Público intentar las acciones a que hubiera lugar para hacer efectiva la responsabilidad civil, laboral, militar, penal, administración o disciplinaria en que hubieren incurrido los funcionarios o funcionarias del sector público, con motivo del ejercicio de sus funciones”, explica la ONG.

Quién decide, ¿el TSJ o la Asamblea Nacional?

“El problema es que al final el propio TSJ puede bloquear esa acción”, argumentó Herrera. Si bien esos magistrados no podrían decidir en su caso, no se puede esperar del resto una decisión imparcial”, agregó.

Por su parte, la Asamblea Nacional debería designar directamente a nuevos magistrados, previa anulación de todas las designaciones de diciembre de 2014 y 2015, ya que actuaron como operadores políticos.

Silencio del Gobierno

A más de cinco horas de las declaraciones que catalogan como inconstitucional la actuación del TSJ, ningún vocero del alto gobierno se ha pronunciado.

Aunque no se conoce si se trata de un hecho relacionado, la Cancillería suspendió un acto previsto en la sede del TSJ, al que estaba invitado el cuerpo diplomático, el cual estaba convocado para la misma hora en que la fiscal hacía su presentación del Informe de Gestión del Ministerio Público 2016, evento que cerró con su toma de posición sobre las sentencias.

“Las declaraciones de la Fiscal General, claramente evidencian que esta decisión del TSJ, que juega estrechamente con el Presidente Nicolás Maduro desde hace 15 meses para neutralizar a la Asamblea Nacional, pudiera ser el inicio de un quiebre de la coalición oficialista que se mantiene en un delicado equilibrio de cristal”, valora el analista político Oswaldo Ramírez.

Por otro lado, Ramírez no descarta que haya sido una movida para “generar una percepción de equilibrio de poderes que pudiera abrir las puertas para recoger las medidas anunciadas”. No obstante, el abogado constitucionalista que la figura del “recule” jurídico no existe, ya que los efectos de las sentencias ya se consumaron.

“Por ahora, de estar actuando sola, se comienzan a posar sobre ella los tentáculos del madurismo. Sin descartar un forzamiento a una renuncia anticipada”, valora el analista político, que además destaca que desde diciembre de 2016, a la Fiscal le correspondía ser la presidenta del Poder Ciudadano pero fue desplazada por sus otros dos pares al considerar que «no era suficientemente revolucionaria».

“Creo que el punto central es que esta acción sienta un precedente para proceder a actuar en contra de los magistrados”, dijo Ramírez.

El presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, llamó por teléfono al jefe del poder legislativo Julio Borges, para reiterar su  apoyo a la Asamblea Nacional venezolana y en contra del golpe de estado perpetrado el Tribunal Supremo Justicia.

«Hoy es un día muy triste para la democracia en América Latina. Lamentamos que Venezuela haya dado un paso contra la democracia. Exigimos respeto por los derechos humanos y el principio de separación de poderes, consagrados en la Constitución de Venezuela. Una democracia respeta su propia Constitución», expresó Tajani.

«Los fallos de la Corte Suprema de Justicia privan a los miembros de la Asamblea Nacional de su inmunidad parlamentaria y, al mismo tiempo, asumen el poder legislativo de la Asamblea Nacional y eso no es democracia», agregó.

Borges aseguró que desde la Unión Europea plantearán la creación de una comisión de eurodiputados para visitar a Venezuela y conocer con mayor profundidad la crisis que existe en el país.

Borges escribió a través de su cuenta en la red social twitter que desde el Parlamento europeo se están comunicando con todas las cancillerías que hacen vida en ese continente para alertar sobre la situación, discutir en una sesión especial en el órgano y fijar posición frente a caso de Venezuela.

El presidente de la Asamblea Nacional en Venezuela también dijo que Tajani le aseguró que seguirán presionando desde esta instancia internacional para que en el país se establezca un cronograma electoral y los venezolanos puedan votar.

*Con información de nota de prensa

Un grupo de parlamentarios opositores en nombre de la Asamblea Nacional introdujeron una denuncia ante el Ministerio Público en contra de siete magistrados del Tribunal Supremo de Justicia que conforman la Sala Constitucional, tras la decisión de esta instancia de disolver el parlamento nacional.

El diputado Juan Miguel Matheus, en representación del Legislativo, acudió junto a otros legisladores a la sede del Ministerio Público (MP) para consignar dos documentos, uno de ellos para denunciar a estos funcionarios por presunta prevaricación o haber dictado a sabiendas una resolución “injusta”.

“También hemos solicitado ante el Poder Ciudadano la calificación de falta grave en el ejercicio de la función judicial de esos siete magistrados de la Sala Constitucional para luego poder removerlos en la AN“, dijo a periodistas Matheus, que es miembro de la comisión de Política Interior del Parlamento.

Tras entregar la denuncia el grupo de opositores  fue agredido por supuestos militantes del chavismo con piedras y bombas lacrimógenas.

Matheus, que milita en el partido del dos veces candidato presidencial Henrique Capriles, Primero Justicia (PJ), aseguró que las acciones de los “siete verdugos” de la Sala Constitucional “engendran responsabilidad penal”.

“Hay un golpe de Estado en este país que se está consumando”, sostuvo el opositor que tildó al presidente, Nicolás Maduro, de “dictador” de “naturaleza fascista”.

.JuanMMatheus frente a FGR: «Vinimos a denunciar a los 7 magistrados de Sala Constitucional». #31Mar pic.twitter.com/VwzqrvnyPr

— HUMBERTO (@Pachecohumbert) 31 de marzo de 2017

La mayoría de los países de la alianza sudamericana Unasur condenó el viernes la situación institucional de Venezuela y consideró que el Tribunal Supremo atentó contra principios de la democracia al asumir funciones legislativas.

La crítica lleva la firma de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay y Uruguay, pero no de Bolivia y Ecuador, también miembros de Unasur pero de mayor afinidad ideológica con el Gobierno venezolano de Nicolás Maduro.

«Causa alarma el anuncio de que el Tribunal asumirá las competencias del Poder Legislativo, así como la decisión de limitar las facultades de la Asamblea Nacional y restringir la inmunidad parlamentaria de sus miembros», señalaron los países a través de un comunicado.

La mayoría de los miembros de Unasur consideró que los recientes sucesos en Venezuela «atentan contra los principios y valores esenciales de la democracia representativa y la separación, independencia y acatamiento de poderes públicos».

El viernes, la oposición venezolana salió a las calles para protestar contra el fallo del tribunal, mientras crece la presión externa contra el Gobierno socialista de Nicolás Maduro.

A continuación el comunicado:

Los Gobiernos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay y Uruguay, países miembros de la Unión Suramericana de Naciones (UNASUR), condenan la situación creada a raíz de la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela que afecta a la Asamblea Nacional de ese país y los parlamentarios electos por el voto popular en diciembre de 2015.

Causa alarma el anuncio de que el Tribunal asumirá las competencias del Poder Legislativo, así como la decisión de limitar las facultades de la Asamblea Nacional y restringir la inmunidad parlamentaria de sus miembros, hechos que atentan contra los principios y valores esenciales de la democracia representativa y la separación, independencia y acatamiento de poderes públicos, pilares del Estado de Derecho.

Los países de la región reiteramos el urgente llamado a que el Gobierno de Venezuela avance efectivamente en la aplicación de medidas concretas acordadas con la oposición, con apego a las disposiciones de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, para garantizar la efectiva separación de poderes y el respeto al Estado de Derecho y a los derechos humanos, así como a las instituciones democráticas.

Al reiterar nuestra disposición de cooperar con el pueblo y el Gobierno de Venezuela en todo lo que pueda contribuir a una solución pacífica y definitiva de sus conflictos sociales, humanitarios y económicos, hacemos un llamado por el pronto restablecimiento del orden democrático en ese país para bien de todo el pueblo hermano de Venezuela.

Seguiremos pendientes de lo que sucede en Venezuela para adoptar otras decisiones político-institucionales colectivas que correspondan.

A través de un comunicado, el Observatorio Electoral Venezolano expresó que las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia no solo violan la Constitución Nacional, sino que profundiza la crisis política.

El OEV rechaza las sentencias 155 y 156 que desconocen el Estado de Derecho y violan el principio de separación de poderes.

A continuación el comunicado: 

El miércoles en la noche el TSJ informó que asumirá por completo las competencias parlamentarias debido al desacato del Parlamento Nacional y que las mismas podrán ser delegadas al Poder Ejecutivo si así lo estima conveniente.  El OEV considera que se trata de una clara violación de lo dispuesto en la Constitución que pone en riesgo la democracia y profundiza la grave crisis política que se vive en el país.

El OEV considera que nuevamente el TSJ deja de lado su imparcialidad al interpretar la Constitución Nacional de una manera que inequívocamente, favorece los intereses del Poder Ejecutivo.

El OEV considera que, con las últimas decisiones tomadas por la Sala Constitucional, el TSJ ahonda la crisis política en el país al violar el principio de la separación de poderes y como consecuencia desconoce el Estado de Derecho.

El OEV considera que las medidas anunciadas el día 29 de marzo por el TSJ atribuyéndole al Poder Ejecutivo competencias legislativas y judiciales, violan inequívocamente la Constitución Nacional, además de contradecir las pautas según las cuales se gobierna en democracia.

El OEV considera que al establecer la posibilidad de que el Poder Ejecutivo decrete un estado de conmoción interno pudiera tener como propósito abrir una vía para la postergación indefinida de cualquier proceso electoral.

El OEV considera que el 29 de marzo el TSJ contravino los principios democráticos al abrir la puerta para que el Poder Ejecutivo legisle a discreción y sin control ni contrapeso alguno.

El OEV considera que las recientes decisiones tomadas por el TSJ en contra de la Asamblea Nacional usurpan el poder de los ciudadanos al desconocer las funciones de quienes son sus representantes, quienes fueron democráticamente electos en diciembre de 2015.