Las captahuellas, un mecanismo de control social que es vendido como garantía de seguridad, transparencia y modernidad. Apareció en escena en 2004 bajo el nombre de Sistema Automático de Identificación de Huellas Dactilares, su estreno estuvo patrocinado por el exrector del CNE y ahora alcalde del municipio Libertador, Jorge Rodríguez, quien defendió aquel enorme gasto argumentando que las mismas eran la garantía de “un elector, un voto”. Lo que en su momento fue presentado como un instrumento para facilitar la confidencialidad y rapidez del voto, se tradujo en interminables colas en el recordado referéndum revocatorio de 2004 y en una serie de sombras sobre el proceso electoral que llevaron al retiro de la oposición de las elecciones parlamentarias de 2005.
Fueron más de 65 millones de dólares destinados a la compra de aquella primera fase experimental del sistema biométrico, nadie entendía por qué en medio de tantas críticas y cuestionamientos, la autoridad electoral insistía en aplicarlo. Las razones eran obvias, las captahuellas habían logrado alimentar una serie de mitos sobre la vulnerabilidad del secreto del voto que ayudaron al gobierno en su estrategia por sembrar miedo en el creciente aparato burocrático estatal. Era ineficaz, innecesario, pero de allí a descubrir el voto había un trecho. Sin embargo, lo último fue lo que impulsó más al gobierno para seguir avanzando hasta convertirnos en la República Biométrica de Venezuela. Una república donde todos estamos bajo sospecha.
Las buenas noticias no se detendrían para los fabricantes de las famosas maquinas, el mismo sistema también sería implementado en todas las oficinas de identificación y extranjería. Siendo otra millonaria suma de dinero la destinada a la “modernización” de unas de las aéreas más prioritarias de la nación. El cruce de información entre el organismo electoral y las oficinas de identificación nos convertirían, de acuerdo con la propaganda oficial, en el país con el sistema electoral “más seguro del mundo”. Eso es lo que dice la propaganda, lo que estamos seguros es que somos el país que más gasta en ese tipo de maquinitas. Tan solo en 2012 de cara a las elecciones presidenciales, el CNE gastó más de 244 millones de bolívares en captahuellas.
El argumento de modernización lo dejarían a un lado y pronto surgirían “propiedades” desconocidas de las maquinas todo uso. Recientemente se instaló en Maiquetía como un requisito para la aprobación de cupos viajeros. Ahora el gobierno nos dice que para comprar alimentos todos los ciudadanos deberán dejar su huella como requisito obligatorio para la regulación de consumo. Lo que implica que estaríamos frente a una tarjeta de racionamiento electrónica, donde en caso que usted quiera comprar más comida de la establecida por el gobierno, el sistema automáticamente rechazará su compra, así vaya a supermercados distintos.
Un nuevo millonario gasto, un millonario contrato, que solo beneficia a quienes andan en ese negocio. Una medida que en nada solventaría la crisis de desabastecimiento en nuestro país, que no solo se limita al sector alimentos, sino que se extiende a todas los sectores de la vida nacional: medicinas, repuestos, pasajes, productos de aseo personal, productos odontológicos y para usted de contar. En todos lados la respuesta más común es “no hay”.
Fracasaron y no terminan de reconocerlo, tratando de trasladarle la pelota al ciudadano o al empresario. Como no son capaces de aceptar que acabaron con aparato productivo, que corrieron la inversión nacional y extranjera del país, como no son capaces de reconocer que el comunismo es escasez y miseria, ahora se vienen con el cuento de que la culpa del desabastecimiento es del contrabando, que la culpa de que usted haga cola la tienen los supermercados por tener cajas cerradas, que no hay artículos porque hay gente que compra demasiado. El responsable está identificado e impune: El socialismo del siglo XXI. Un modelo que no ha dejado huellas, sino una enorme destrucción.
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