violencia

No tiene ningún rótulo que lo identifique, pero esa puerta metálica con un barniz gris oscuro es la puerta de entrada del Club Social El Paraíso, mejor conocido como “Club social Los Cotorros”, la única vía de escape que conocían las centenas de jóvenes que la noche de este viernes, 15 de junio, asistieron a una fiesta de DJ’s en uno de sus salones. Detrás de ella quedaron atrapados en las escaleras, apretujados en una avalancha humana, los muchachos que horas después pretendían huir de los efectos de un par de bombas lacrimógenas que supuestamente fueron lanzadas por tres menores de edad en medio de una pelea con botellas.

Los hechos, que ocurrieron entre la 1:00 y 2:00 am, dejaron al menos 17 personas muertas y varios heridos. Las víctimas eran menores de 25 años y, muchos de ellos, ni siquiera habían alcanzado la mayoría de edad y esa noche celebraban haber finalizado su bachillerato. Padres y demás familiares aguardaban durante la tarde del sábado por la entrega de los cadáveres. En horas del mediodía, todavía había dos que no habían sido identificados.

Primer escenario: El Club

Sobre los dos escalones que anteceden a la puerta metálica y en la jardinera se veían este sábado pequeños vestigios de lo acontecido. Los trozos de vidrio de una botella de anís estaban al lado de la entrada. En la acera había pedazos de los brazaletes de cartulina usados para el ingreso. En estos se leía “The Legacy”, el nombre de la fiesta, además de la fecha, lugar y logo, en un extremo, de “Rumba Caracas”, una “publicista de eventos”, tal como se describe en su perfil de Instagram. En un site, donde se promocionaba el festejo, indican que todo había sido producido por esta empresa.

Había también cuatro zapatos, sin su par, en una jardinera. Una vecina de la zona aseguró que pertenecían a personas que habían estado en la fiesta. Ella, que afirmó no haber escuchado nada, supo que el suceso se había desarrollado entre la 1:00 y las 4:00 am y que la estampida había hecho que la gente saliera corriendo por la calle.

Los padres de las víctimas, a través de los relatos de los amigos de sus hijos, han intentado reconstruir lo sucedido. Afirman que la pelea se originó en un baño entre dos grupos de muchachos. “Ahí se estaban cayendo a botellazos”, contó Edilia Rosario, la madre de Félix Eduardo Contreras Rosario, de 19 años. En medio de la trifulca, lanzaron una bomba lacrimógena.

El gas produjo una estampida que hizo que los asistentes a la fiesta quedaran prisioneros en el angosto pasillo de las escaleras. “Se quedaron atrapados en la salida de la puerta y tuvieron que sacar a más gente para poder llegar hasta donde estaba mi hijo”, relató Luis Berríos, padre de Kleiver Eloy Berríos Corona, de 17 años, quien salió del sitio con dificultades para respirar y murió antes de llegar al hospital. “Ahí hubo negligencia, no llegó ni la policía, ni los bomberos. Y los que llegaron no los ayudaron”, apuntó. Fueron los amigos de su muchacho quienes le aseguraron que otra bomba había sido lanzada en el medio del salón.

Una agencia de viajes, un restaurante y un autolavado son los negocios más cercanos a “Los Cotorros”. Pero allí nadie sabe nada de lo que pasó la noche del 15 de junio. Apenas vieron que los bomberos pasaron por el sitio cerca de las 9:00 am y que Protección Civil hizo lo mismo una hora después. El edificio nunca fue acordonado.

Segundo escenario: el Pérez Carreño

Asfixia. Esa fue la causa de muerte que señalaron los médicos del Hospital Dr. Miguel Pérez Carreño, al oeste de Caracas, a los familiares de las víctimas que llegaron allí. La sala de espera de la zona de Emergencia estaba abarrotada. Muchos eran familiares Luis Roniel Guerra Alfonso, un técnico en computación de 20 años que vivía en Carapita. A la fiesta asistió con su novia, Yennifer Esther Bárcenas Márquez, quien también murió con él, y con su hermano Gregory, de 17 años, quien quedó hospitalizado por los golpes sufridos durante la estampida. Sus parientes indicaron que no había dicho palabra sobre lo sucedido porque aún estaba en shock.

Varios padres llegaron directamente al Pérez Carreño tras enterarse de lo sucedido. Hasta allí arribó Edilia Rosario a buscar a su hijo Félix. Él había salido alrededor de las 10:00 pm de su apartamento en San Agustín del Norte. “Él había pedido permiso porque él tiene un bebé de 15 días de nacido. Nos dijo que se iba al apartamento de un amigo a ver un juego. Pero a las 2:00 am, unas vecinas nos tocaron la puerta y nos dijeron que había pasado algo en un club y que Félix estaba allí y no podía respirar y que lo habían llevado al hospital. Pero Félix no estaba allí. No salió vivo de Los Cotorros y su cadáver lo trasladaron directamente a la Clínica Popular de El Paraíso, donde habían llevado a otros cuerpos.

Félix estudiaba en la Universidad Alejandro de Humboldt. También era cantante y quería grabar un disco. Cuando su madre halló su cadáver, estaba sin zapatos ni medias. Tampoco tenía su reloj ni su teléfono celular. “No entiendo cómo por lucrarse habían metido a tanta gente ahí”, reclamó.

A pocos metros de la sala de espera está la entrada de la morgue del hospital. “Eso solo se abre cuando entregan los cadáveres”, comentó un trabajador de una funeraria que estaba en el lugar. Frente a la puesta, aguardaban estacionados dos jeeps de la División de Homicidios del Centro de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc). Los funcionarios aprovechaban de entrevistar a los familiares de las víctimas que permanecían allí. Hasta el mediodía del sábado, había dos jóvenes inconscientes que no habían sido reconocidos ni buscados por sus familias.

Tercer escenario: la morgue de Bello Monte

Estaba abarrotada. Había gente dentro de la sala de espera, en los pasillos que flanquean la entrada, a las afueras. Poco después de las 2:00 pm, los allegados de las víctimas habían arribado en pleno a la Medicatura Forense de Bello Monte, a donde llevaron todos los cuerpos. Allí se confundían con los parientes de las presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas un día antes por las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana en Petare y en Ciudad Tiuna, y con los de otros caídos que habían muerto baleados.

Aunque el nombre de Luis Berríos, de 47 años, apareció en las informaciones preliminares de la tragedia, fue en la morgue en donde se aclaró que quien había muerto era su hijo Kleiver Eloy, un estudiante de 4to año de bachillerato que solía ayudarlo en su carnicería luego de salir de clases. La familia, consternada, declaró varias veces a la prensa y reclamó la forma en la que el joven fue trasladado, por uniformados, hasta el hospital. “Uno no sabe cómo se los llevaron de allí, si le tiraron a otros muchachos encima y por eso lo terminaron de matar”, comentó el papá.

Varios parientes de Jorghen Olier Castro Hernández, de 17 años, también estaban en la morgue. Había salido de su casa en Caricuao rumbo a la fiesta a celebrar con sus compañeros de clase. Todos acababan de graduarse de bachilleres en un colegio de El Paraíso. No solía festejar en las noches, pero esa ocasión era especial. Cuando su padre, un funcionario de la Policía Nacional, lo fue a buscar, se encontró con la tragedia. Al muchacho ya se lo habían llevado al Pérez Carreño.

A Jorghen Olier le encantaban los deportes, el fútbol sobre todo, y era fanático del Caracas FC. Además, era músico, estudiaba guitarra y tenía pensado irse a Chile en los próximos meses.

A las 6:00 am, los allegados de Alejandro José Durán Escobar, de 21 años, se enteraron de su muerte. Desde hace un tiempo, vivía solo en El Hatillo, donde estudiaba Ingeniería Electrónica en una universidad privada y trabajaba en una heladería. La distancia lo había alejado de su familia. Los amigos de allá, que habían ido a la fiesta con él, fueron quienes se comunicaron con los parientes para darles la mala noticia.

“Ella tenía prohibido ir a ese club, porque ahí ya habían pasado cosas, allí va mucho delincuente”, aseveró Lucy Castellano desde una de las sillas plásticas de los pasillo de la morgue. Esa orden se la había dado a su hija, Angie Gianella Castro Castellano, de 17 años, quien había salido de casa con la excusa de asistir a una fiesta en el mismo edificio donde vivía. Pero el festejo no era allí, sino en Los Cotorros, donde su madre le había pedido que no fuera.

La mamá se enteró alrededor de las 2:30 am, cuando quienes acompañaban a la muchacha la llamaron para decirle que la habían trasladado a la Clínica Amay, en la urbanización El Pinar de El Paraíso, porque tenías problemas para respirar. Hasta ese momento, pensaba que solo había tenido un accidente, pero al llegar al sitio, la encontró muerta en la entrada del centro de salud.

“Estaba en el piso junto con otra muchacha que también estaba muerta. Nunca la atendieron porque esa clínica no tiene nada. La dejaron ahí tirada”, denuncia Castellano.

Angie se había graduado de bachiller el año pasado. Desde entonces, trabajaba en Arturo’s y hacía un curso de inglés en el Centro Venezolano Americano. Quería irse del país a estudiar Arquitectura en Argentina, donde vive su hermana mayor desde hace seis meses. Solo la frenaba un problema que tenía con sus papeles. En cuanto lo solucionara, su hermana mayor le enviaría el pasaje. Ese era el trato.

La menor de las víctimas de la tragedia se llamaba Giovannina Victoria Gómez Suárez y tenía 14 años. También murieron Adriany Paz, de 16 años; Keismel Nazareth Tovar Ramírez y Lourdes Caterina Palacios Navas, de 21 años; Leslie Alexandra Peñuela Coronado, Marcos Javier Altuve, Cristóbal Ramón Altuve, Adrián Alejandro Blanco Morales, Jorge Alexander Castro Hernández y Yois Yanine Betancourt Castro. Hasta la tarde del sábado, una víctima estaba sin identificar.

@loremelendez

El gobierno de Panamá condenó este sábado los recientes hechos de violencia suscitados en la ciudad de Managua, que han cobrado la vida de adultos y niños; y que «siguen trayendo luto y temor a la población en Nicaragua».

«Panamá hace un firme llamado a los responsables de los ataques armados, incendios provocados y crímenes, a cesar la violencia y al más estricto respeto a la vida, los derechos humanos, la seguridad, y la paz», dijo la Cancillería mediante un comunicado oficial.

Este sábado dos nuevos hechos violentos conmocionaron a Nicaragua y cobraron la vida de 9 personas en Managua.

En uno de ellos murieron al menos 7 miembros de una misma familia, entre ellos 3 niños, cuando el edificio donde vivían fue incendiado por encapuchados que lanzaron bomba molotov en su interior, donde había material altamente inflamable por el negocio de telas y colchones a los que se dedicaban sus moradores, según la Dirección General de Bomberos de ese país.

Esa versión, sin embargo, no coincide con la de una familiar sobreviviente y vecinos que explicaron a los medios locales que prendieron fuego al inmueble porque la familia se negó a prestar la parte alta del edificio para ubicar francotiradores y los amenazaron con disparar si salían de la casa mientras ardía en llamas.

Otro acto crudo resultó cuando en plena calle de Managua dos hombres fueron asesinados y luego quemados con combustibles y llantas por desconocidos.

Tanto el gobierno como la oposición se culpan mutuamente de ambos actos criminales, tras una crisis sociopolítica que ya ha cobrado más de 200 muertos, según organismos humanitarios.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá indicó en su pronunciamiento de este sábado que aspira que «el gobierno (de Nicaragua), la oposición y las organizaciones de la sociedad civil muestren una voluntad real de encontrar una salida pacífica, por la vía del diálogo, a la crisis por la cual atraviesa el país, que cese la violencia y se permita la movilización libre y segura».

La crisis en Nicaragua estalló el pasado 18 de abril con manifestaciones en contra de una reforma a la seguridad social y que luego fueron aplazadas, pero la coyuntura fue aprovechada para continuar con la protesta y exigir al mandatario Daniel Ortega su renuncia con acusaciones de abuso de poder y corrupción.

Tres presuntos delincuentes muertos fue el saldo que dejó un operativo de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional (Faes) la mañana del miércoles 13 junio en uno de los edificios de la Misión Vivienda de Montalbán, municipio Libertador.

Desde la madrugada funcionarios se acercaron al sector Juan Pablo Segundo presuntamente en búsqueda de jóvenes que se encontraban solicitados por las autoridades. Tras su llegada, y según como señala el parte policial, se registraron varios enfrentamientos, que dejaron como resultados a tres jóvenes muertos.

Las víctimas quedaron identificados como Rowan Pineda, William José Torín y Luis Manuel Torres Ríos.  En el procedimiento policial  fueron incautados dos escopetas y una pistola calibre 9mm, con la que presuntamente se enfrentaron los fallecidos.

Denuncian ajusticiamientos

Familiares desde la medicatura forense de Bello Monte calificaron al hecho de «ajusticiamiento» y negaron la versión policial de enfrentamiento.

Luis se ganaba la vida como mototaxista, el cual fue el regalo que le dio su hermano mayor antes de emigrar a Colombia y, con respecto a Rowar, sus familiares comentaron que funcionarios del Faes le pusieron una capucha en la cabeza, sacaron a todos sus parientes de la vivienda y le dieron varios disparos.

Es de agregar que los deudos también denunciaron robo de pertencientes y comidas a los apartamentos en los que ingresaron los efectivos policiales.

@DaiGalaviz 

Howard Manuel Rivas Martínez, un mototaxista de 39 años, salió a llevar a un cliente en su moto  a los Flores de Catia y no regresó a su hogar. El hombre, que residía en el barrio Isaías Medina, fue localizado por autoridades sin sus pertenencias y enterrado en el kilómetro 3 de El Junquito, específicamente, en el sector Coco Frío.

Yoleidy Rivas, hermana de la víctima cuenta la agonía que pasaron sus familiares para saber del paradero de su hermano. Narra que el miércoles 6 de junio Howard salió de su vivienda a llevar a un cliente alrededor de las 8:30 de la noche, era una mujer que iba a los Flores de Catia. Luego que pasaron las horas y como vieron que no se comunicaba, sus familiares salieron a buscarlo en carros y motos por sectores cercanos, también se dirigieron a los hospitales  Magallanes de Catia, Pérez Carreño y Lídice, pero no lo consiguieron.

Cuando el reloj marcaba las 12 de la medianoche, la hermana nuevamente marcó el teléfono de Howard -a quien describe como un hombre no mujeriego ni tomador-y alguien le respondió. Asegura que era él, pero el sonido se escuchó entrecortado, por lo que supone que estaba dentro de un carro en marcha.

Desde el jueves 7 de junio no dejaron de visitar la morgue de Bello Monte para conocer si llegaba un cadáver con el nombre de Howard. El sábado cuando se cumplieron 72 horas de su desaparición pusieron la denuncia en el Cuerpo de Investigaciones Penales y Criminalísticas (Cicpc),  en la avenida Urdaneta. Los funcionarios no les entregaron la denuncia, en cambio, les dijeron que se pasaran de dos a tres días más tarde para que conocieran el progreso de las investigaciones.

Tras el proceso de búsqueda fallida, tanto la hermana como la madre de Howard, se dirigieron nuevamente a la morgue de Bello Monte y conocieron que había ingresado un hombre con su nombre y número de cédula desde el hospital de Coche, sin embargo, cuando procedieron a la verificación del cadáver conocieron que tenía cicatriz en el pecho que no tenía su familiar. Para salir de dudas también   hicieron la prueba dactilar y no coincidió.

La desesperación reinó de nuevo, en primer lugar Howard seguía desaparecido, a eso se le sumaba que en la medicatura forense había un cuerpo con sus datos, pero no era él.

Yoelidy Rivas cuenta que tras las horas de agonía un conocido que labora en la morgue les dijo a eso de las 11 de la noche del lunes 11 de junio que el cadáver de su familiar está allí. Portaba la misma ropa. Pero faltaban algunas pertenencias como reloj, cartera, celular. También la moto con la que se ganaba la vida: una Empire, modelo Horse, color negro de placa AE5R8M.

El expediente del cuerpo que reposa en la morgue asegura que la víctima fue localizada enterrada en las inmediaciones del sector Coco Frío, ubicado en el Kilómetro de El Junquito, municipio Libertador.

La víctima deja una niña de seis años. Su hermana con los ojos nublados en lágrimas dijo: «Yo no estuviera tan triste si mi hermano hubiese sido un malandro porque sabría que le había llegado la hora, pero no, él era inocente Pido justicia por su memoria».

Inseguridad en El Junquito

Desde el mes de enero a mayo de 2018 Monitor de Víctimas registró que 27 homicidios en El Junquito, municipio Libertador.  De ese número 22 víctimas fueron de sexo masculino y, al menos, 10 de ellos tenían más de 30 años al igual que Howar Manuel y dos se ganaban la vida como mototaxistas.

@DaiGalaviz

El pasado sábado 3 de junio, Vladimir Antonio Hernández Quintero, de 29 años, se había ido a una fiesta en el sector Los Aguacaticos de La Vega. Allí celebraba con el resto de los asistentes sobre la platabanda de una vivienda. Pero a las 11:00 pm, un grupo de hombres llegó disparando al sitio y lo hirió de muerte.

De acuerdo con un familiar de la víctima, los cuatro desconocidos arribaron en dos motos y apuntaron desde abajo hacia arriba, a la terraza donde se llevaba a cabo el festejo. Todos los invitados corrieron a refugiarse. Algunos saltaron desde la platabanda y varios quedaron con golpes y excoriaciones.

Pero Hernández Quintero quedó atrapado en la balacera. Un disparo le dio en la cabeza y otros dos más se le incrustaron en el costado. Dijo su pariente que los tiros habían sido dirigidos a otra persona que sí estaba en la fiesta, pero huyó a tiempo de los victimarios.

Tras los hechos, los vecinos lo trasladaron al Hospital Dr. Miguel Pérez Carreño. Allí fue operado y luego llevado a la unidad de terapia intensiva. Cuatro días después, el miércoles 6 de junio, murió por un paro respiratorio.

La familia culpa por lo sucedido a los cuerpos policiales que, según ellos, no hacen lo posible por detener la violencia en el país. «Los funcionarios nunca están. Aquí están matando a la gente a placer», comentó un allegado.

Hernández Quintero, quien residía en Santa Teresa del Tuy, estado Miranda, llevaba un año empleado en un restaurante de Los Chaguaramos, en Caracas. Durante los últimos meses se había desempeñado allí como cocinero. Era el mayor de seis hermanos y tenía dos hijos: uno de 8 y otro de 5 años de edad.

En la parroquia La Vega de Caracas se han registrado 81 homicidios en el último año (entre mayo de 2017 y mayo de 2018). Esta es la tercera vez que una persona queda en la línea de fuego.

@loremelendez

El miércoles 6 de junio de 2018, dos hombres murieron en medio de operativos de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB). En ambos casos, los parientes de los caídos insisten en que fueron asesinados y no se enfrentaron al cuerpo de seguridad, tal como dice la versión policial.

Alrededor de las 5:00 am de ese día, los uniformados entraron a la vivienda de Yoeiker Yonelkys Mendoza, de 23 años, en el sector Los Abastos de Mamera, adyacente a la carretera que conduce a El Junquito, al oeste de Caracas. Allí vivía él con sus dos hijas, su pareja, sus padres y su abuela.

«Ellos se metieron para matarlo. Todos estábamos durmiendo cuando llegaron. A todos nos insultaron», comentó un familiar, quien agregó que a Mendoza le pidieron que les dieran dos camisas –que nunca devolvieron– y se lo llevaron tal como estaba vestido: solo con un short. Tras sacarlo de la casa, le dispararon. Cinco tiros recibió entre el torso y la cara, afirmó el testigo.

«Ellos estaban buscando a una banda, pero siempre agarran al más pendejo. A los que tienen que agarrar, no les hacen nada», aseguró el pariente.

Tal afirmación coincide con la información de un parte policial que se distribuyó al siguiente día de los hechos: Mendoza supuestamente pertenecía a la banda «Los niños locos», dedicada al hurto y a la venta de droga.

El cuerpo de Mendoza fue llevado por las FAES hasta el Hospital Dr. Miguel Pérez Carreño, pero llegó sin signos vitales. No tenía ninguno de sus documentos consigo. La víctima estaba desempleada, había estudiado hasta secundaria.

Suplicó por su vida

En horas de la tarde del 6 de junio, las FAES volvió a actuar, esta vez en el sector Sorocaima de Los Jardines de El Valle, al oeste de Caracas. La víctima fue José Gregorio Rodríguez Reyes, un albañil de 18 años, que vivía en la zona.

Según sus parientes, Rodríguez Reyes estaba en la calle cuando llegaron las FAES. Al verlos, se asustó y se metió en la casa de una vecina. Los uniformados lo siguieron hasta allí, lo sacaron de la vivienda y lo arrodillaron en la vía.

Un vecino comentó a los familiares que el joven levantó las manos y suplicó por su vida. Pero nada impidió que le dispararan. La autopsia apuntó que tenía una fractura en el cráneo a raíz de un «tiro certero en la cabeza». La información policial, sin embargo, sostiene que el muchacho se enfrentó a la comisión.

A Rodríguez Reyes, aseguraron los parientes, le fue sembrada un arma en medio del procedimiento. Los policías dispararon en diferentes direcciones para simular el ataque.

«No sé si confiar en la autoridad que tenemos en este país. No sé si estoy bajo resguardo o tengo que huirles como hizo José Gregorio. No sabemos si nos están protegiendo o si nos están matando como hicieron con él», dijo un familiar.

El joven era el segundo de tres hermanos y había estudiado hasta sexto grado.En el último año (de mayo de 2017 a mayo de 2018), 632 personas murieron en manos de cuerpos de seguridad del Estado. De este total, la mitad (318 personas, equivalente a 50,3%) cayó como consecuencia de operativos de la PNB.

En el último año (de mayo de 2017 a mayo de 2018), 632 personas murieron en manos de cuerpos de seguridad del Estado. De este total, la mitad (318 personas, equivalente a 50,3%) cayó como consecuencia de operativos de la PNB.

@loremelendez

La bala alcanzó a Wilson mientras conversaba con unos amigos, afuera de casa de una vecina esperando que su mamá saliera, el 14 de agosto de 2017. “Mi esposa estaba en casa de una vecina y mi hijo le dijo que la esperaba afuera con sus amigos. En ese momento llegaron unos hombres disparando para robarle la moto a un escolta. El hombre accionó su arma para defenderse y resultó herido, pero mi hijo murió cuando una de las balas lo alcanzó durante el tiroteo”, contó su padre.  

La cifra contabilizada por Monitor de Víctimas, que corresponde solo al Área Metropolitana, supera el registro del Centro Regional de la ONU para la Paz, el Desarme y el Desarrollo en América Latina y el Caribe (UNLIREC) que contabilizó 57 muertes accidentales en todo el país  entre 2014 y 2015.

UNLIREC define las balas perdidas como “aquella bala que ocasiona daños letales o no letales a una persona diferente a la que es el objetivo de quien acciona el arma de fuego”, estableciendo que estos casos son entonces una consecuencia directa de actos de violencia armada.  

Monitor de Víctimas registró que 65% de los homicidios por balas perdidas sucedió cuando las personas quedaron atrapadas en una línea de fuego, en enfrentamientos entre bandas, operativos policiales o robos.

Primeros lugares de violencia

En 2018, el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal en México, en su informe anual, posicionó a Caracas nuevamente en el segundo lugar entre las ciudades más violentas del mundo, con una tasa de 111.19 homicidios por cada 100 mil habitantes. Además, en 2016 Venezuela también ocupó el primer lugar como importador de armas entre los países de Latinoamérica, según el Instituto de Investigación para la Paz Internacional de Estocolmo.

En Venezuela, la incidencia de armas pequeñas en los homicidios es de 90%, mientras que en países de América Latina y el Caribe varía entre 60 y 70%, de acuerdo al Estudio Global de Homicidios de las Naciones Unidas en 2011. Además, Venezuela, después de Puerto Rico, es el país del continente americano que tiene la mayor proporción de homicidios causados por armas de fuego según el Small Arm Survey, un proyecto que analiza todos los aspectos referentes a violencia armada, desarrollado por el Instituto de Posgrado de Estudios Internacionales y de Desarrollo en Suiza.

En 12 meses Monitor de Víctimas registró en Caracas 1.108 homicidios por armas de fuego, de los cuales 1.082 fueron cometidos con armas cortas (68% entre todos los tipos de arma). En los casos de muerte por balas perdidas, 47 casos fueron con arma corta, 15  casos están por determinar y cuatro se cometieron con armas largas.

La doctora en sociología y miembro de la Red de Activismo e Investigación por la Convivencia (REACIN), Verónica Zubillaga, señaló que en 2009 hubo una importación elevadísima de armas. “Los resultados de los trabajos de REACIN reflejan que cada vez que en el país ha habido compra de armas legales en el exterior, en uno o dos años después, el número de homicidios aumenta”.

¿Cómo entran las armas?

Luis Cedeño, director de Paz Activa, explicó que las armas provienen de un mercado originalmente legal. Parte del armamento ilegal comienza su vida como armas orgánicas (que pertenecen a los organismos de seguridad del Estado) y luego hay un traspaso desde los cuerpos policiales a los grupos delictivos ya que “el mercado internacional de armas no es tan significativo”.

El investigador sobre delincuencia e inseguridad y miembro del Consejo Consultivo del Observatorio de Delito Organizado, Marcos Tarre Briceño, señaló que en las incautaciones recientes se han visto armas que no son utilizadas por los cuerpos de seguridad. “Pistolas semiautomáticas de colores o cargadores de mucha más capacidad demuestran que es un tráfico más cualitativo que cuantitativo, es decir, hay una modalidad de tráfico de armas –no excesivamente grande- para satisfacer las preferencias de las personas que pueden pagarlas”.

Tarre recordó que desde el año 2011 el único importador de armas es el Estado. 80% de las armas que recibe la Dirección de Armas y Explosivos (Daex) llega sin cargador ni municiones, lo cual abre la puerta a la posibilidad de que los funcionarios participen en el tráfico ilegal, indicó el sociólogo Antonio González.

Una fuente relacionada al ámbito militar comentó a través de conversaciones telefónicas que el arma más común para cometer delitos son las Beretta Tanfoglio y Glock 9 mm, comentó que esta última hace dos meses tenía un costo aproximado de más de 250 millones de bolívares.

En cuanto a armas largas, la fuente señaló que el costo de una Carabina Beretta CX4 Storm, una de las armas que posee la Guardia del Pueblo, está alrededor de los seis mil dólares. “Un fusil de asalto AK 103 puede tener un precio de entre ocho y 25 mil dólares, dependiendo quien lo venda, y una ametralladora HK ronda por los  cuatro mil dólares”.

Víctimas vulnerables

Giovani del Pino tenía 28 años cuando una bala procedente de un atraco lo alcanzó en el rostro. El hecho sucedió en el barrio La Piedrera, en Antímano, municipio Libertador, donde además residía.

Zubillaga asegura que hay un descontrol con las armas legales, lo que incide directamente en la falta de registro de las ilegales. “Las muertes por balas perdidas tienen que ver directamente con el exceso de municiones. En Venezuela no producimos armas pero sí municiones, bajo la responsabilidad de las industrias militares, específicamente de la Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares (Cavim)”.

Según lo registrado en los trabajos de REACIN, Zubillaga asegura que es recurrente el hecho que las redes criminales consiguen las municiones a partir de los contactos con las fuerzas de seguridad del Estado, ya que existe un desvío sintomático de municiones desde las entidades formales.

La Encuesta Nacional de Condiciones de Vida de la Población Venezolana (ENCOVI) 2017 estimó que hay unos tres millones de armas en el país, de acuerdo a las respuestas sobre la disposición a tener armas de fuego.

“Una de las bandas de menores de edad que azota a los vecinos y al al transporte público en el barrio la Piedrera venía bajando para robar uno de los jeeps, pero como el carro no se detuvo accionaron sus armas. Uno de los tiros le llegó a Giovani. Una patrulla policial lo trasladó al Hospital Pérez Carreño, pero creemos que murió en el traslado” comentaron los vecinos de la zona.

Jorby Quitana, quien es tío de Giovani, lo recordó como un “buen muchacho”, ya que a pesar de haber tenido antecedentes penales se había regenerado para buscar sustento para su familia y su hija de seis años. El joven había cursado estudios hasta educación básica media.

De los 66 casos de homicidios el 21% eran estudiantes. El 42% tenía estudios de primaria, el 38% educación media y 5% universitaria.

La hija de Giovani es una de los 43 niños que quedaron huérfanos a causa de la violencia. 25 de las víctimas eran padres de hijos menores de 18 años, según los datos registrados por Monitor de Víctimas.

Una bala que estaba dirigida a un funcionario de la Policía de Miranda impactó a José Antonio Díaz Serrano, según los vecinos del Mirador del Este en Petare. El joven de 19 años fue asesinado mientras conversaba fuera de la casa del agente donde se llevaba a cabo una fiesta en la que él también participaba.

“Los vecinos contaron que seis hombres armados se bajaron de una camioneta y empezaron a disparar contra el policía. Los carros que estaban afuera de la casa quedaron baleados, porque el hombre corrió detrás para esconderse, pero una de las balas llegó hasta mi sobrino”, dijo su tía Carla García.

Los datos registrados por Monitor de Víctimas revelan que 61% de los victimarios eran bandas, 26% civiles independientes y 13% cuerpos de seguridad del Estado, de estos últimos la Policía Nacional Bolivariana (PNB) es responsable del 10%.

José Antonio trabajaba en una cauchera y vivía con su familia en el Mirador del Este en Petare, municipio Sucre, estado Miranda.

Durante 12 meses 64 de las víctimas por balas perdidas han sido civiles. Solo dos funcionarios policiales murieron en hechos accidentales ocurridos en la sede de los organismos donde trabajan.

Marcaje y control

En 2015 fueron incautadas por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana 51.113 municiones y destruidas 433.555 armas por la Dirección de Armas y Explosivos, entre 2013 y 2017, según el estudio realizado por el sociólogo Antonio González.

Luis Cedeño, manifestó que las armas que son incautadas entran en custodia y luego regresan a manos de los grupos violentos, repiten su ciclo y nunca terminan de salir de circulación. “Un arma puede matar una, dos o tres veces”. Según los datos recolectados por Monitor de Víctimas, 15% de los fallecidos tienen otros familiares que han sido víctimas de la violencia.

El marcaje del lote es un elemento importante para el rastreo de las municiones, determinar su procedencia y desplazamiento. Sin embargo, Tarre explicó que en las investigaciones el marcaje determina sólo de dónde proviene la munición. Según el estudio realizado por González, sólo 5,6% de las armas legales tiene registro balístico, lo que dificulta el seguimiento de los casos.

Tarre comentó también que en el año 2011, cuando se creó la Comisión para el Desarme, la única medida que se aplicó fue colocar letreros en las puertas de los sitios públicos prohibiendo la entrada de armas. “No se tomó ninguna medida para hacer efectiva esa prohibición ni ha habido ninguna campaña real para decomisar las armas ilegales que circulan en el país”. El profesor universitario y miembro del Observatorio de Delito Organizado señaló que se evidencia  la falta de voluntad para enfrentar el tema de la delincuencia y la criminalidad y que a su juicio sólo mejorará con un cambio de gobierno.

Por su parte, Zubillaga explicó que las muertes por balas perdidas son responsabilidad del Estado en el sentido que debería haber un control de armas, del exceso municiones y su distribución. “La obligación del Estado es preservar la vida de los habitantes y al no desarrollar las medidas sistemáticas para hacerlo evidencian su negligencia, que es otra manera de ser responsable por sus actos.”

@fabicrisci17

El asesinato de cinco indígenas pemones por parte de integrantes de la guerrilla colombiana fue denunciada por el diputado a la Asamblea Nacional, Américo De Grazia, a través de su cuenta en la red social Twitter (@AmericoDeGrazia)
El diputado señaló que el crimen fue perpetrado por el Ejército de Liberación Nacional (ELN), e indicó que como medida de protesta, integrantes de la etnia Pemón habían tomado la troncal 10 en el kilómetro 33 a la altura de San Luis de Morichal en protesta por el crimen.
Agregó que las víctimas fueron identificados como los hermanos Valdez, dirigentes indígenas en el Alto Chicanán.
Indicó que los puevlos indígenas exigieron al Ministro de la Defensa, general Valdimir Padrino López, el rescate de los cadáveres de los dirigentes muertos, así como hacer todos los esfuerzos para sacar del territorio natural de las etnias a los irregulares colombianos.
Aseguró además que “entre las operaciones ejecutadas por el ELN colombiano en su colonización de las zonas mineras, los indígenas acusan a este grupo de haber secuestrado y desaparecido al capitán indígena pemón de Morichal.

1/5 A esta hora,pasadas las 9pm de la noche,hoy jueves 7 de Junio. Continua cerrada la troncal 10 Vzla-Brasil. En San Luis de Morichal Km 33. Por la masacre de 5 dirigentes indígenas pemones, del alto Chicanan. Conocidos como los hermanos Valdez.Ejecutados por el ELN colombiano.

— Americo De Grazia (@AmericoDeGrazia) 8 de junio de 2018

2/5 Los pueblos indígenas le exigen al régimen y en especial a Padrino López, como ministro de la Defensa, el retiro inmediato de estos irregulares, de sus hábitat naturales. Maduro se hizo el loco, cuando fue interpelado por la periodista de @globovision sobre este tema. Evadió

— Americo De Grazia (@AmericoDeGrazia) 8 de junio de 2018

3/5 Entre las operaciones ejecutadas por el ELN colombiano en su colonización de las zonas mineras,los indígenas acusan a este grupo irregular,haber secuestrado y desaparecido al Capitán indígena Pemón de Morichal.

— Americo De Grazia (@AmericoDeGrazia) 8 de junio de 2018

4/5 Hoy se encontraba el Min de la Defensa Padrino López en el Edo Bolívar. Mientras transcurría su visita,se daba esta protesta indígena,sobre la que no hizo comentario. Pretendiendo invisibilizar la ocupación del ELN de nuestro territorio. Que vergüenza.

— Americo De Grazia (@AmericoDeGrazia) 8 de junio de 2018

5/5 Mientras esto ocurría en la troncal 10;el SEBIN rodeaba la Alcaldía de Sta Elena de Uairen. Con orden de captura contra su Alcalde Emilio Gonzalez;(Indígena Pemón) el único que no pertenece al PSUV. Quien no se encontraba en su despacho.

— Americo De Grazia (@AmericoDeGrazia) 8 de junio de 2018