violencia criminal

DESDE UN PRINCIPIO, NUESTROS ESFUERZOS EN Mi Convive han estado enfocados en la transformación de la violencia por medio de las dinámicas y valores de convivencia.

Consideramos que la violencia, primero criminal, y ahora desde el Estado secuestrado, es uno los problemas más importantes de nuestro país. Afecta indistintamente tanto a individuos como a colectividades, impide de forma determinante el desarrollo social, económico y político y se ha desbordado hasta convertirse en un factor presente en todas las expresiones de la actual crisis que padecemos.

Sólo en el aspecto de seguridad ciudadana vivimos una tormenta perfecta: sufrimos las consecuencias de décadas de fallidos planes de seguridad, represivos e ineficaces, sin políticas integrales, constante y efectivas, a la par de la actual violación masiva de derechos humanos, por parte de efectivos públicos, ejército y grupos paramilitares, implementada por el régimen como único recurso para mantenerse en el poder.

Una “política” de violencia criminal, instrumentalizada desde el Estado en contra de las personas, que condena a la nación a ser un país de víctimas y victimarios.

Para los venezolanos se ha hecho evidente que sin un cambio político hacia la democracia no podrán acometerse los diversos esfuerzos para subvertir este estado de las cosas. Es indispensable generar una estructura gubernamental estable y efectiva para cualquier solución real y sostenible del problema.

Pero con igual importancia también debe atenderse la violencia desde las comunidades y las personas directamente afectadas por ella. Tanto en el apoyo a las víctimas como en la generación de dinámicas convivenciales que conviertan a éstas en agentes de cambio y en fuerzas de transformación de la realidad.

Una falla crónica en todos los planes de seguridad ha sido la de no generar acciones conjuntas con los grupos sociales en los que se desarrollan. La desconfianza a los cuerpos de seguridad del Estado se ha profundizado a lo largo de los años, actualmente exacerbada por los asesinatos y hostigamientos de grupos como las FAES, por ejemplo. Tampoco se ha valorado el papel del ciudadano organizado para el mejoramiento y la efectividad de medidas y operativos.

Por ello, en Mi Convive, hemos venido realizando diversas iniciativas en conjunto con las comunidades, líderes locales, organizaciones y academia, principalmente en el Municipio Libertador.  Desde Monitor de Víctimas, en conjunto con el portal Runrun.es, el plan Vamos Convive de inserción laboral para jóvenes de la comunidad en riesgo, hasta la Red de Apoyo a la Víctima, hemos insistido en el rol protagónico que tienen las personas y comunidades en la transformación de la violencia. Libertador refleja la realidad de toda Venezuela, en la que casi un tercio de los asesinatos son cometidos por efectivos de las fuerzas públicas, y en el que uno de cada cuatro asesinatos es de jóvenes menores de 18 años.

Este centro en el involucramiento activo de las personas está presente en nuestro proyecto social y político: en días pasados publicamos “En busca de la Caracas Segura y de Convivencia”, una propuesta integral de Seguridad Ciudadana. El trabajo ofrece una fotografía documentada y objetiva de nuestra situación, así como un programa detallado sobre la estructuración y operación de la policía. El documento propone organismos policiales cercanos a los ciudadanos para la prevención de la violencia, inteligente en la investigación criminalística y estratégica en el uso proporcionado de la fuerza.

La transformación de la violencia es uno de los grandes retos que enfrentamos en la construcción de una nueva Venezuela. Si queremos superar la fragmentación, la exclusión y la desigualdad social que la violencia estimula estamos llamados a entender sus causas y repercusiones, a asumirla y enfrentarla desde la acción convivencial.

@RobertoPatino

A José Manuel Galindo Zurita lo asesinaron para robarlo la tarde del sábado, 29 de julio de 2017. El joven, un mototaxista de 21 años de edad, había llevado una buena racha mientras jugaba pool en un negocio del sector San José de Carapita, en el municipio Libertador del Distrito Capital, cuando un par de hombres encapuchados se le acercó para dispararle ocho veces y quitarle todo el dinero que se había ganado. Lo trasladaron al Hospital Dr. Miguel Pérez Carreño, pero llegó sin signos vitales. Su nombre se inscribió así en la lista de 447 víctimas de homicidio que, de acuerdo con las cifras recogidas por Monitor de Víctimas, ha caído en el Área Metropolitana de Caracas entre mayo y julio de este año.

Monitor de Víctimas es un proyecto desarrollado por Runrun.es y Caracas Mi Convive, que combina periodismo de datos, participación ciudadana y periodismo de investigación. A través de la recolección de información -en alianza con ElPitazo.com, EfectoCocuyo.com, Crónica.Uno y ElUniversal.com- sobre los homicidios que ocurren en la capital venezolana, se busca caracterizar los hechos e identificar patrones que contribuyan con el diseño de políticas públicas orientadas a reducir la violencia.

A Galindo Zurita lo mataron en el municipio Libertador, la jurisdicción en donde en los últimos tres meses ocurrió la mayor cantidad de homicidios: 292, número que representa 65% del total de las cifras rojas de Caracas. Le sigue el municipio Sucre del estado Miranda, donde sucedieron 124. En Baruta hubo 20, mientras que en Chacao se produjeron 7 y en El Hatillo 2.

Pese al récord de Libertador, la parroquia más violenta de toda el Área Metropolitana de Caracas es Petare, en el municipio Sucre de Miranda. Allí ocurrieron 76 homicidios (17% del total) en los últimos 90 días.

Las otras 9 parroquias con mayores índices de muertes sí pertenecen al Distrito Capital: Sucre, con 42 (9,3%); El Valle, con 36 (8%); San Juan, con 25 (5,5%); Antímano, con 24 (5,3%); La Vega, con 22 (4,9%); Coche, con 19 (4,2%); El Paraíso, con 18 (4%); El Junquito, con 15 (3,3%) y Santa Rosalía, con 15 (3,3%).

Los datos contrarrestan la versión oficial sobre la violencia en la capital. Hace dos años, el alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, dudaba que la criminalidad hubiese aumentado en el país. “Yo no estoy seguro que el delito se haya incrementado (…) Estoy seguro de que es un problema muy importante, yo creo que si revisamos las cifras de 20 años para acá, yo creo que se ha notado el intento y el esfuerzo del gobierno venezolano”, le respondió a José Vicente Rangel en una entrevista.

Sin embargo, los números echan por tierra esa afirmación. Cifras obtenidas por Runrun.es a través de una filtración, indican que entre mayo y julio de 2016 se produjeron 595 homicidios en el municipio Libertador del Distrito Capital. Si bien un año después, en el mismo período, hubo 148 muertos menos, la cifra sigue siendo alta.

Civil, moreno, veinteañero

El caso de Galindo Zurita también está dentro de la franja de edad más vulnerable a los homicidios. Entre mayo y julio, 142 jóvenes entre los 18 y 25 años de edad murieron de forma violenta en la capital venezolana. A este grupo le siguen las 137 víctimas que tenían entre 26 y 35 años de edad. Hubo 28 niños y adolescentes que cayeron en estas circunstancias. Aunque la mayoría –19– tenían entre 16 y 17 años, hubo incluso quienes perdieron la vida cuando apenas comenzaba. Ese fue el caso del niño Adrián David Braque Urbina, de 9 años de edad, quien el pasado 17 de mayo quedó atrapado en medio de una balacera cuando iba a una bodega en el sector Caballo Mocho de Filas de Mariche, en el municipio Sucre de Miranda.

Los datos indican que 7 personas de la tercera edad fueron víctimas de homicidio entre mayo y julio. También lo fueron 45 ciudadanos que tenían entre 35 y 45 años, así como 31 que contaban entre 46 y 65 años de edad.

El grueso de los caídos, 421 (94,3%), fueron civiles, como lo era Galindo Zurita. También murieron seis policías, cinco militares y dos escoltas. La mayoría (330) cayó o fue herida en una vía pública, otros 82 dentro de sus casas, 17 en establecimiento comerciales, 4 en instalaciones educativas y dos en sus puestos de trabajo.

Galindo Zurita era un joven moreno, como lo fueron otros 234 ciudadanos que mataron en el último trimestre. También era de sexo masculino, como los 425 hombres víctimas de homicidio en Caracas, que son 95% del total de los caídos. En este mismo período murieron 19 mujeres y dos transgénero. Una persona quedó sin identificar.

29 masacrados

La base de datos arrojó que, durante el trimestre estudiado, se contabilizaron seis masacres, cuatro de ellas con participación de la Policía Nacional. Se trató de matanzas en las que fueron asesinados varios individuos, por lo general indefensos, al mismo tiempo y de forma indiscriminada.

Tres de estas masacres sucedieron en mayo en el municipio Libertador. La primera fue el día 8 y tuvo lugar en el sector La Chivera de la Cota 905, parroquia El Paraíso, donde murieron cinco presuntos delincuentes pertenecientes a la banda de El Coki durante una situación de rehenes. La operación fue controlada por PNB y Cicpc. Tres días después, el 11 de mayo, siete hombres cayeron a manos de funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales de la PNB, durante un operativo en Artigas, parroquia San Juan, que los testigos describieron como una OLP. También en mayo, pero el día 26, la misma PNB se vio involucrada en la muerte de cuatro personas a raíz de un supuesto enfrentamiento en la avenida Fuerzas Armadas, a la altura de Roca Tarpeya, parroquia San Agustín.

Continúan enfrentamiento en Cota 905, en estos momentos situación de rehenes, antisociales al verse acorralados ingresaron a vivienda 1/2 pic.twitter.com/K22eipNgU8

— Roman Camacho (@RCamachoVzla) 9 de mayo de 2017

En el mes de junio, en medio de una fiesta por la celebración del Día del Padre, un tiroteo presuntamente iniciado por una banda local mató a cuatro personas en el sector El Encantado del barrio San Blas de Petare, municipio Sucre de Miranda. Ya en julio, otras dos matanzas ocurrieron en Libertador. En el feriado del 5 de julio, un ajuste de cuentas dejó sin vida a tres adultos y un adolescente. Yerbabuena de la carretera Nueva Mamera – El Junquito, parroquia El Junquito. El último sucedió en la calle Bruzual de El Valle, parroquia homónima, donde según la versión oficial, la PNB enfrentó a seis hombres que los atacaron con granadas y armas cortas.

El robo como móvil

La noche del pasado 31 de julio fue la última para Yorselis del Carmen Lara Ayo, una colombiana de 52 años de edad que vivía en el barrio La Alcabala, en Petare, municipio Sucre del estado Miranda. Poco después de su asesinato, los vecinos la encontraron amordazada, maniatada y con un cable atado a su cuello. Los inquilinos que desde hace un mes alojaba en su casa la habían ahorcado para llevarse consigo todo lo que ella tenía en su vivienda, desde electrodomésticos hasta dinero. Ese, el robo, es precisamente el móvil más común ocurrido en el último trimestre. Por esta causa asesinaron, en tres meses, a 93 personas en el Área Metropolitana de Caracas.

Muy cerca de ese número, el móvil de “Resistencia a la autoridad” – conformado por personas que fueron baleadas por supuestamente enfrentarse a los cuerpos policiales o huir de ellos – quedó como el segundo más frecuente y dejó 81 víctimas. De ese total, 61 (75%) murieron como consecuencia de las acciones de la Policía Nacional Bolivariana (PNB); otras 16 por las balas del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), 3 por policías locales y una por una Operación de Liberación del Pueblo (OLP).

Mientras, los “ajustes de cuentas” quedaron terceros, con 58 casos. Hubo, además, 53 ajusticiamientos, 25 caídos en medio de riñas iniciadas en el sitio donde murieron, 17 muertos por balas perdidas, otros 10 por violencia política, el móvil que resurgió con fuerza a raíz de las protestas antigobierno.

También hubo 7 caídos en enfrentamientos entre bandas y 5 linchamientos. De estos, dos ocurrieron en Petare, mientras que los otros tres sucedieron en parroquias del municipio Libertador: El Junquito, Antímano y Macarao.

Se registraron también 5 sicariatos. Entre estos estuvo el caso del sobrino de la diseñadora Carolina Herrera, Reinaldo Herrera y su socio Fabrizio Mendoza Isea, cuyos cuerpos fueron hallados en las adyacencias de Ciudad Caribia; así como el de Héctor Eduardo Pérez y el chileno José Rodrigo Muñoz Alcoholado –este último vinculado a paramilitares del chavismo–, asesinados con armas largas en mayo pasado en el restaurante Rugantino de Sabana Grande, parroquia El Recreo de Libertador.

 292 víctimas de los balazos

La mayoría de los homicidios (333) fueron cometidos por civiles o uniformados que desconocían a sus víctimas. El caso de Lara Ayo, en cambio, tuvo como verdugos a personas que había hospedado en su hogar. Esa situación –una relación previa entre víctima y victimario– se presentó en 89 sucesos de la siguiente manera: en 68 eran conocidos, en 7 eran familiares, en 5 eran vecinos, en 4 eran amigos y en otros 4 eran cónyuges. En uno de los asesinatos, víctima y victimario tenían una relación laboral.

Las armas de fuego estuvieron presente en 292 casos, es decir, en 65,3% de los homicidios. De estas, 285 fueron cortas (pistolas o revólveres) y otras 7 fueron armas largas (escopetas, fusiles, subfusiles). En segundo lugar quedaron las armas blancas, con las que asesinaron a 43 personas. La fuerza física se empleó para matar a 10 ciudadanos, mientras que los objetos contundente se usaron para quitarle la vida a otras 8. Las granadas, al igual que las armas de combustión, quedaron registradas en 4 sucesos cada una. En contraposición, familiares y allegados declararon que 307 víctimas no portaban ningún tipo de arma. En otras 72 indicaron que no sabían si lo estaba.

Los victimarios más comunes en los últimos tres meses fueron los civiles, que cometieron 253 homicidios. De estos, 93 fueron ejecutados por bandas de delincuentes.

De acuerdo con las cifras de Monitor de Víctimas, detrás de los civiles quedaron los policías, pues a manos de ellos murieron 139 personas. El cuerpo que más estuvo involucrado en este delito fue la PNB, con 86 muertes, organismo que –como se señaló más arriba– es responsable de 61 homicidios por “resistencia a la autoridad”; luego sigue el Cicpc, con 45, la policía estatal con 3, la municipal con otros 3, y el Sebin con uno.

 

Los militares, en tanto, le quitaron la vida a 9 personas. En tiempos de conflictividad, la Guardia Nacional estuvo envuelta en los homicidios de 7 ciudadanos y 4 de ellos ocurrieron en manifestaciones. En estos sucesos están los nombres de jóvenes como Jean Carlos Aponte González, Jonathan José Zavatti Serrano, Fabián Alonso Urbina y Armando Cañizález Carrillo. La Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) fue señalada por la muerte de una persona, lo mismo que la Aviación, que asesinó a David José Vallenilla cuando estaba en una protesta frente a la Base Aérea de La Carlota, en la autopista Francisco Fajardo.

@loremelendez

 

ACLARATORIA: En la portada de Tal Cual de este jueves 10 de agosto aparece la cifra de 59 homicidios cuando debería decir 595.

 

                                                                          Original                                                            Corregida                                                 

 

 

 

 

 

 

 

Como ya es conocido, el último informe de homicidios de la ONU, publicado el año pasado, ubicó a Venezuela con la segunda tasa de asesinatos en el mundo entero, superada solo por la de Honduras. Este estudio, que analizó la realidad delictiva de más de 190 países, se hizo tomando en cuenta las cifras de 2012. La realidad cambió entre 2013 y 2014, periodo en el cual nuestro país pasó al primer lugar de homicidios en el planeta.

Para 2012, de conformidad con el estudio de la ONU, Honduras presentó una tasa de 90,4 homicidios por cada 100.000 habitantes y Venezuela un índice de 53,7 asesinatos/100.000 habitantes. Pero a partir de 2012, la nación centroamericana comenzó a disminuir sus niveles de violencia criminal, tal como lo determinó el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, el cual reflejó una tasa de homicidios de 68/100.000 habitantes para el cierre del año pasado. Esta tasa es muy inferior a la que tuvo Venezuela en 2014, es decir, 82 homicidios por cada 100.000 habitantes, correspondiente a los casi 25.000 asesinatos que registró el Observatorio Venezolano de Violencia en todo el territorio nacional. En resumen, Venezuela es hoy, de lejos, el país con mayor tasa de homicidios en el mundo.

Honduras representa un ejemplo de que, haciendo las cosas bien, se pueden reducir significativamente las tasas de violencia criminal. En el país centroamericano se tomaron acciones para erradicar la corrupción en los cuerpos de seguridad y en el sistema de justicia, las fuerzas de seguridad fueron articuladas para trabajar conjuntamente, se prohibió el uso de celulares y otros equipos de comunicación en las distintas cárceles del país, se instaló un gabinete de prevención del delito, se realizaron operativos para incautar armas ilegales y se lograron desmantelar cientos de bandas delictivas. Estas acciones, impulsadas desde la presidencia de Honduras, lograron reducir los índices delictivos.

Honduras todavía está lejos de ser una nación con bajos índices de inseguridad (su tasa de homicidios es hoy 10 veces mayor al promedio del mundo), pero sin dudas allá comenzaron a transitar el buen camino. En Venezuela, por el contrario, seguimos con planes que no dan resultados positivos. Aquí sigue reinando la improvisación y la mediocridad en materia de seguridad ciudadana.

El de Honduras no es un caso aislado. Colombia también viene año tras año disminuyendo sus niveles de violencia criminal. La vecina nación, que llegó a presentar tasas de homicidios superiores a los 70 por cada 100.000 habitantes a finales de los años 80 y principios de los 90, cerró 2014 con un índice de asesinatos de 27,8/100.000hab, el más bajo de los últimos 34 años.

La inseguridad ciudadana que hoy azota a Venezuela constituye un gran obstáculo para su desarrollo. El fracaso de las políticas de prevención social del delito, la proliferación de armas de fuego sin control por parte del Estado, las fallas en los cuerpos de seguridad,  la impunidad que se deriva del sistema de justicia y el desastre del sistema penitenciario, constituyen, entre muchas otras, las causas que nos han llevado a esta situación.

En dos años de Gobierno, Nicolás Maduro logró lo que parecía imposible: llevar a nuestro país a tener la mayor tasa de asesinatos de todo el planeta. Una oprobiosa  «medalla de oro», llena de dolor y luto, que constituye una afrenta para la nación.

@luisizquiel