Los familiares de los presos políticos Vilca Fernández, Oswaldo García y Alejandro Cegarra, detenidos desde enero el 2016 y abril y mayo de 2017, respectivamente, denunciaron en la 8va sesión testimonial que adelanta el Comité de Familiares de Presos Políticos y Caídos, junto a la activista por los derechos humanos, Lilian Tintori de López, las violaciones a los derechos fundamentales de los perseguidos políticos y las condiciones de encarcelamiento a las que se encuentran expuestos en los centros de reclusión del país.
“Dos años de persecución y uno de encarcelamiento ha vivido mi hijo Vilca Fernández, un dirigente estudiantil, amenazado por Diosdado Cabello en televisión nacional y privado de libertad por haber publicado un tuit”, expresó Jorge Fernández, padre del estudiante de la Universidad del Táchira, quien actualmente se encuentra recluido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, El Helicoide.
Fernández relató el “amedrentamiento” que vive su familia puesto que “hasta mi casa, el hogar que tengo con mis hijos, fue visitado por funcionarios del SEBIN, encapuchados y con armas largas, buscando a mi hijo Vilca. Él estuvo en clandestinidad y ahora tiene más de un año preso sin tener derecho a una audiencia justa, porque no permitieron pruebas a la defensa y tampoco se le ha hecho la audiencia que corresponde legalmente. Ya van 9 audiencias diferidas”.
Vilca padece de hipertensión, problemas gástricos severos, dolores en piernas y columna, y luego de realizar la última huelga de hambre y el llamado a votar en las elecciones regionales del 15 de octubre, “no tenían visita ni salida de la celda y recibieron torturas físicas y psicológicas”, agregó Jorge Fernández.
Otro caso expuesto fue el de Oswaldo García, de 65 años de edad. Su hijo, Axel García, participó en la sesión y manifestó que “fue detenido en una alcabala en Los Cortijos y cuando nos enteramos al día siguiente, su esposa fue a llevarle sus medicinas y en ese momento la detienen a ella también. Mi papá, su esposa y mi hermano fueron encarcelados sin razón, pero mi hermano pudo salir gracias a Dios”.
García informó que “el penal (Ramo Verde) ha pedido atención médica para mi papá porque la necesita, pero no ha sido trasladado”. Asimismo denunció que llevan 4 audiencias diferidas y que el juicio se está realizando ante un tribunal militar. “No tiene sentido que un tribunal militar lleve el caso porque mi papá y su esposa son civiles”.
Por su parte, Alessandro Mendoza, denunció que su hermano, Miguel Cegarra, fue detenido durante las protestas de este 2017 y trasladado al Centro Penitenciario para Procesados de San Juan de los Morros, 26 de Julio.
“Mi hermano vendía perro calientes en Chacao y un día, al terminar su jornada, se paró en un edificio a hablar con unos vecinos, cuando la Guardia Nacional lo detuvo sin razón alguna, junto con otro señor que estaba allí”, expresó Mendoza.
A Miguel Cegarra lo acusan de “intimidación y daño a la propiedad privada y fue obligado a inculparse como chantaje para bajarle la pena”, según explicó su hermano, quien manifestó que “toda la verdad sobre los presos políticos debe ser contada. Yo no había querido denunciar ni hablar sobre el caso de mi hermano, pero vencí el miedo. Nosotros somos dos hermanos y mi mamá tiene 65 años, me tocó a mi ser la voz de mi hermano”.
Mendoza leyó una carta donde su hermano expone las condiciones de su encarcelamiento y hace un llamado a luchar y no dejarse intimidar. “Este encierro no se lo deseo a nadie. No tienes noción del tiempo, ni del sol. Te ven como si nada y tienes que esperar 15 días para ver a tus familiares por 3 horas y solo a los de género femenino, sin poder ver a los hijos. Siendo inocente de lo que se me acusa y además estando en contra de la violencia, estoy del lado de los que quieren un cambio de gobierno. Mi propósito hoy es lograr una mejora en el país, nuestro país y por eso me hago escuchar”.
Con esta sesión, se suman alrededor de 35 testimonios expuestos ante la Organización de Estados Americanos y organizaciones defensoras de derechos humanos, quien determinará en una próxima evaluación junto a peritos internacionales, si el Estado venezolano comete o ha cometido crímenes de lesa humanidad.
* Con información de nota de prensa
