Ambos expertos consideran que un aspecto que mejoró para los comicios regionales de 2021, es la presencia de la misión de la Unión Europea para observar el proceso electoral
Las últimas elecciones regionales fueron celebradas el 15 de octubre de 2017. Desde entonces, las condiciones electorales han registrado algunos cambios. Sin embargo, lo cierto es que estos cambios responden más a la sonoridad que a la efectividad.
Para la política Paola Bautista, las elecciones regionales de 2017 se hicieron con unas condiciones electorales bastante reducidas, alejadas de los principios de competitividad mínimos que pueden garantizar transparencia y justicia electoral.
Mientras que el politólogo Jesús Castellanos Vásquez indicó que las condiciones electorales en 2021 son distintas a las de 2017, sin que ello signifique que es una elección democrática o competitiva.
«En términos de condiciones, la verdad es que el panorama ha cambiado muy poco por no decir que no ha cambiado nada», señaló Bautista.
Elecciones después de las protestas de 2017
Después de poco más de tres meses de protestas, entre abril y julio de 2017, Venezuela celebró unas elecciones regionales que estuvieron protagonizadas por irregularidades y carencia de condiciones.
Según Castellanos, las elecciones regionales de 2017 se dieron en un marco de abierto y flagrante ventajismo institucional luego del desconocimiento de los triunfos de diputados a la Asamblea Nacional en Amazonas por parte del Tribunal Supremo de Justicia y la denuncia de Smartmatic de alteración de la participación electoral en la elección de la asamblea nacional constituyente (ANC).
«Es una administración electoral claramente asimétrica en su composición, tanto en su directiva como en los organismos electorales subalternos», dijo el politólogo.
Bautista respaldó esa afirmación, señalando que la configuración del Consejo Nacional Electoral respondía plenamente, tanto en su directiva como en su estructura, al partido de gobierno PSUV.
A pesar de eso, la oposición decidió participar en los comicios de octubre de 2017. Castellanos reiteró que el desconocimiento de los resultados electorales de la elección de gobernador en Bolívar, fue otro elemento de desconfianza y desesperanza de la vía electoral en Venezuela.
«Un patrón que se consolidó en 2017, es que en Venezuela ganar las elecciones no significa que vas a ejercer el poder. Una de las cosas que se vieron ese año, fue que los candidatos que ganaron, luego no se tenían que juramentar según lo establecido en la ley», aseguró la política.
Según Bautista, el caso más emblemático fue el de Juan Pablo Guanipa en el estado Zulia. Al ganar la elección de gobernador, lo que corresponde es recibir el certificado de triunfo y ser juramentado ante la Asamblea Legislativa del Estado Zulia (CLEZ). A Guanipa lo querían obligar a juramentarse ante la ANC.
«En 2017 se consolidaron signos de reversión en términos de transparencia electoral», afirmó Bautista.
Ese año, el CNE se encargó de hacer cambios de electores de circunscripción, cambios de centros de votación. Según Bautista, la toma de estas decisiones lastimó gravemente lo que era la transparencia electoral del proceso.
Las elecciones con preparación atropellada
Las elecciones regionales de 2021 se llevarán a cabo el próximo 21 de noviembre. Según Castellanos, las condiciones electorales en 2021 son distintas, sin que ello signifique que es una elección democrática o competitiva
El politólogo explicó que existe una administración electoral menos desequilibrada, cuantitativa y cualitativamente.
«Hay avances muy importantes en la revisión técnica del sistema automatizado de votación y la presencia de una real observación electoral internacional, no el acompañamiento electoral de 2017 el cual constituyó un monitoreo no riguroso y parcializado», dijo Castellanos.
Bautista catalogó estos cambios de «baja incidencia, pero de gran sonoridad propagandística».
Uno de ellos es la poca pluralidad dentro de la directiva y estructura del Consejo Nacional Electoral. Bautista explicó que los rectores no deben tener ninguna afiliación política.
«Hay tres rectores del CNE, incluyendo su presidente, que tiene una clara afiliación política, y hay otros dos rectores que tradicionalmente han trabajado para la oposición, pero su nivel de incidencia frente a la toma de decisiones del CNE es casi nulo», reiteró la política.
Los 24 representantes del CNE en las entidades federales pertenecen y fueron designados directo desde la presidencia y pertenecen al PSUV. «Lo mismo ocurre con los 335 municipales y los 14 mil del centro», dijo Bautista.
«Ha habido un cambio estrictamente nominal, que es la presencia de Roberto Picón y de Enrique Márquez en el CNE, pero la presencia de ellos dos ahí tiene una capacidad de incidencia bastante limitada en la mejora de las condiciones electorales, debido a la estructura del sistema electoral», reiteró Bautista.
Según Bautista, en 2021 hay un cambio interesante: el surgimiento de nuevas fuerzas políticas que se autodenominan como opositoras y tienen campañas electorales donde se ve mucha inversión de dinero. «No queda claro cuál es el origen de esos fondos y cómo funcionan», reiteró.
Frente a eso, están los candidatos de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), de demostrada trayectoria y lucha democrática desde 2005, con unas campañas que lucen y son muy pobres, porque falta de dinero.
Uno de los aspectos más preocupantes de las elecciones de 2021 según Bautista, es que no hay pedagogía del voto. «La gente no sabe por quién votar, esto hace que no sea un proceso transparente», dijo.
Lo que ha mejorado
Ambos expertos consideran que un aspecto que mejoró para los comicios regionales de 2021 es la presencia de la misión de la Unión Europea para observar el proceso electoral.
Bautista indicó que la presencia de la Unión Europea puede ser una ocasión para que todas las irregularidades, que obstaculizan gravemente el ejercicio ciudadano del voto, sean registradas, tipificadas y denunciadas por un organismo de ese prestigio. Además, que sea una herramienta de lucha para las fuerzas opositoras.
Para Castellanos, la misión de observación de la UE es una presencia que genera respeto, pues levantan información sobre las elecciones.
«De hecho se les consideran un factor de disuasión del fraude. Pero además, sus recomendaciones constituyen una oportunidad de mejorar las prácticas electorales», reiteró el politólogo.
Además de ello, Castellano considera que otros puntos positivos que han variado son los siguientes:
Administración electoral.
Auditoría Integral.
Establecimiento de una veeduría electoral nacional más participativa y de forma más temprana.
Avances en el número de días, puntos y máquinas de la jornada de inscripción y actualización del registro electoral.
Avances en la Auditoría del registro electoral (nuevas metodologías).
Lo que ha empeorado
Bautista considera que el elemento principal que ha empeorado desde 2017 es el contexto.
La política explicó que con el inicio de la investigación de la Corte Penal Internacional, se afirma que desde 2017 se comienzan a registrar crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
«Unas elecciones en un entorno donde la violación de los DDHH es una política de Estado, y que a nivel internacional está tipificado de esa manera. Es un entorno de Estado criminal, donde el motor de la economía es la economía negra. Un entorno donde el régimen sistemáticamente, desde 2015, ha ido desmantelando la capacidad de articulación de la oposición», señaló Bautista.
Para Bautista, este contexto político, además de las condiciones electorales que tiene Venezuela, obstaculiza gravemente la realización de unas elecciones que realmente transmitan la voluntad del votante.
Según la política, la desarticulación que sufre la oposición venezolana no responde únicamente a temas de desgaste naturales, como el tiempo. «Cuando se observa lo que es el ecosistema político venezolano. nos damos cuenta de que los principales partidos políticos tienen a su jefatura política en el exilio y a los principales candidatos de cada región inhabilitados», dijo.
Castellanos reiteró que hay elementos que se han agravado desde 2017, como los siguientes:
Las inhabilitaciones políticas han elevado el nivel de gravedad e inconstitucionalidad, al formularse durante y posterior al de postulaciones.
No hay información sobre el Plan de Fiscalización.
No hay información sobre las estadísticas de la capacitación a miembros de mesa (ahora principalmente vía remota).
El sistema de votación dificulta el voto alternativo o cruzado y promueve el voto en bloque o “tubo”.
