Tribunal Supremo de Justicia

Aseguran que sentencias del Tribunal Supremo de Justicia vulneran los derechos humanos y la democracia

Laura Louza, directora de la ONG, dice que la mayor amenaza en la actualidad es la ralentización de los servicios públicos 

@franzambranor

Creada hace diez años como una organización con fines investigativos,  Acceso a la Justicia fue mutando paulatinamente hacia el activismo en materia de derechos humanos, especialmente en el ámbito del acceso a la justicia y el debido proceso en Venezuela.

Su fundadora y directora general, la abogado Laura Louza promueve la separación de poderes e independencia judicial, al igual que su director desde 2015, Alí Daniels Pinto.

La llegada del chavismo al poder y su posterior influencia en las instituciones han contribuido a un mayor monitoreo de la administración de la justicia en Venezuela.

Tanto Louza como Daniels han sido testigos de atropellos cometidos por el Tribunal Supremo de Justicia, que desde 2015 ha boicoteado y bloqueado a la Asamblea Nacional.

Louza confesó que aunque es cuesta arriba en un país sin estado de derecho, el norte de Acceso a la Justicia desde su fundación en 2010 continúa en pie. “Nuestro compromiso es con la defensa de la justicia, el estado de derecho, la separación de poderes, la independencia judicial, la democracia, la libertad y los derechos humanos”, dijo Louza.

 -¿Cuál era el contexto histórico al momento de aparecer Acceso a la Justicia?

Laura Louza: La situación del estado de derecho y de la justicia en Venezuela ya era muy precaria cuando apareció Acceso a la Justicia en 2010. Justamente a finales de 2009, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó su informe “Democracia y Derechos Humanos en Venezuela”, en el que denunciaba la provisionalidad de los jueces, la ausencia de separación de poderes y la falta de independencia judicial, entre otros aspectos. 

–¿Ha empeorado la administración de justicia en Venezuela desde entonces?

-LL: Así lo demuestran en la actualidad las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia, las cuales carecen prácticamente de contenido jurídico alguno.

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-¿A qué se dedicaban usted y Alí Daniels antes de crear esta ONG?

-LL: Yo era profesora universitaria e investigadora sobre el tema de justicia. Tenía publicaciones nacionales e internacionales en la materia. Alí era abogado en ejercicio y también profesor universitario de la Universidad Católica Andrés Bello en derechos humanos y derecho internacional humanitario. 

–¿Cómo cree que es apreciado su trabajo por la opinión pública? 

-LL: Somos un observatorio del sistema de justicia y del estado de derecho en Venezuela, particularmente nos ocupamos de la independencia judicial. Hacemos también análisis de contexto institucional. Algunos seguidores en nuestras redes dicen que somos traductores del derecho en Venezuela.

 –¿Podría decirse que se han convertido en analistas de las sentencias emitidas por el TSJ?

-LL: Esas que vulneran los derechos humanos, el estado de derecho y la democracia. También analizamos cualquier actuación de órganos del estado que vulneren el estado de derecho en Venezuela. Se trata de un servicio de información jurídica y de jurisprudencia al día y gratuito. Tenemos leyes y tratados internacionales de derechos humanos en nuestra página web. Igualmente hacemos investigaciones sobre aspectos relacionados con el sistema de justicia y temas de contexto institucional. En las redes sociales se da mucha información y se ofrece educación jurídica.

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–¿Alguna alianza estratégica en esta década de existencia?

-LL: Con la ONG Alerta Venezuela, de la cual somos parte. Además, hacemos alianzas para trabajos específicos con otras ONG. Por ejemplo con Provea, Civilis Derechos Humanos, Movimiento Dale Letra, Observatorio Venezolano de Prisiones, Defiende Venezuela y Cepaz. 

–¿Hacia quién va dirigido toda esa bateria jurídica en su web?

-LL: Recomendamos a estudiantes de derecho, pero también a periodistas y expertos en derechos humanos acudir a nuestra página para conocer qué pasa en Venezuela, ya que no solo hacemos análisis jurídicos sino de contexto. También recomendamos bajar nuestra App a celulares Android. Buscar en play store Acceso a la Justicia y descargarla, ocupa muy poco espacio y contiene normas clave y otras informaciones jurídicas sobre Venezuela.

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–¿Un caso emblemático?

-LL: El del diputado Gilber Caro y la violación a su inmunidad parlamentaria. Además de la aplicación de la justicia militar a civiles manifestantes y líderes sociales. 

–¿Cuál es el mayor reto al que se enfrentan actualmente?

-LL: Lograr estar al día con toda las decisiones que se toman desde la autoridad en materia jurídica en vista de los pocos recursos con los que se cuenta.  La mayor amenaza es el mal funcionamiento de los servicios públicos que ralentizan y dificultan el trabajo.

Según el TSJ, algunos de los acusados habrían incurrido en los delitos de “traición a la patria, rebelión y conspiración con gobierno extranjero, terrorismo, tráfico ilícito de armas de guerra y asociación”

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dictó privativa de libertad contra un grupo de ciudadanos presuntamente vinculados a la «Operación Gedeón».

A través de una nota de prensa, el TSJ indicó que la medida se dictó por los 2° y 4° de Primera Instancia en Funciones de Control con Competencia en Casos Vinculados con Delitos Asociados al Terrorismo con Jurisdicción Nacional.

El máximo tribunal indica que esta medida va en contra de los ciudadanos Erickson Chaya Barroeta, José Alexander Sanguino, Juan Fred Acosta y las ciudadanas Andreina Alemán Castellanos y Yolimar Alemán De Chaya.

Según el texto, los ciudadanos anteriores presuntamente incurrieron en los delitos de “traición a la patria, rebelión y conspiración con gobierno extranjero, terrorismo, tráfico ilícito de armas de guerra y asociación”.

Dictaron privativa de libertad contra Juan José Torres y Franklin Durán, por la presunta comisión de todos los referidos delitos, y además el de financiamiento al terrorismo.

Por otra parte, se decretó la privación judicial preventiva de libertad contra el ciudadano Leandro Leomar Chirinos Parra, por la presunta comisión de los delitos de traición a la patria y rebelión.

Vale acotar que Contra Chirinos Parra también pesa la acusación supuesta sustracción de armas de fuego y/o municiones.

Con información de Prensa TSJ

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A través de la sentencia, el TSJ declara válida la directiva conformada por ls diputados Luis Parra, Franklin Duarte y José Gregorio Noriega

EL Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró la validez de la directiva de la Asamblea Nacional presidida por el diputado Luis Parra.

A través de una sentencia emitida por la Sala Constitucional, el máximo tribunal validó la directiva de Parra, que se juramentó el 5 de enero.

De acuerdo con el texto, la directiva válida de la AN quedaría conformada de la siguiente manera:

Luis Eduardo Parra Rivero como presidente.

Franklin Duarte como primer vicepresidente.

José Gregorio Noriega como segundo vicepresidente.

Asimismo, el TSJ prohíbe «la instalación de un parlamento paralelo o virtual, que no tiene ningún efecto jurídico».

El TSJ también señala que cualquier instalación del Parlamento, que no sea de esta directiva, «será considerada en desacato; y cualquier acto ejercido como tal es nulo».

Declara además improcedente «In Limine Litis» la acción de amparo constitucional interpuesta por el ciudadano Enrique Ochoa Antich contra la Asamblea Nacional y.

Se refirió específicamente parte “a los Diputados Luis Parra, Franklin Duarte y José Gregorio Noriega, por un lado y a los Diputados Juan Guaidó, Juan Pablo Guanipa y Carlos Berrizbeitia, por otro lado, quienes pretenden cumplir funciones de integrantes de sendas Juntas Directivas de la Asamblea Nacional”.

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La Sala Constitucional también declara inadmisibles «las solicitudes formuladas por los abogados Ottoniel Pautt y Ulbano Miguel García».

Por otra parte, ordena «notificar de la presente decisión al accionante, ciudadano Enrique Ochoa Antich, a los Diputados que integran la nueva Junta Directiva de la Asamblea Nacional elegida, el 05 de enero de 2020, a saber: ciudadanos Luis Eduardo Parra, Franklin Duarte y José Gregorio Noriega; al Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, al Procurador de la República y al Fiscal General de la República».

En último lugar, el TSJ acuerda enviar copia certificada de las actas del presente expediente y de este fallo al Ministerio Público, «a los fines legales correspondientes en relación a las actuaciones del ciudadano Juan Gerardo Antonio Guaidó Márquez».

Ordena la sentencia a la Junta Administradora Ad-Hoc verificar inmediatamente la posible situación de cobranza que pudiera haber generado desde la cesasión del servicio, en cuyo supuesto debe informar de inmediato a la Sala Constitucional

Este viernes 22 de mayo, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenó a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) la ocupación e inmediata restitución del servicio de televisión por suscripción Directv-Venezuela.

La constituyente María Alejandra Díaz informó que la decisión deriva de la «medida arbitraria» de culminar sus operaciones televisivas y el cierre intempestivo de sus actividades en el país.

La sentencia ordena a Conatel tomar posesión inmediata de todos los bienes muebles e inmuebles, oficinas comerciales, sedes administrativas, centro de operaciones y transmisiones, antenas y cualquier otro equipo o instalación destinada a la prestación del servicio por suscripción gestionado por dicha empresa, para ello, la Comisión contará con el apoyo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

La decisión también ordena a Conatel designar una Junta Administradora Ad-Hoc de la empresa Galaxy Entertainment de Venezuela S.C.A (Directv Venezuela), la cual estará presidida por su Director General, ciudadano Jorge Elieser Márquez Monsalve, y tendrá las más amplias facultades de administración, a fin de garantizar el inmediato restablecimiento de los servicios de televisión por suscripción y garantizar los derechos laborales de todos los trabajadores de la empresa. La designación de la Junta Administradora Ad-Hoc deberá ser comunicada de inmediato a la Sala Constitucional.

Además, la decisión acuerda prohibición de salida del país a los integrantes de la junta directiva de la empresa Galaxy Entertainment de Venezuela S.C.A (Directv Venezuela). Igualmente se acuerda medida de prohibición de enajenar y gravar de los bienes de los referidos ciudadanos, así como la inmovilización de cualquier tipo de cuenta bancaria o instrumento financiero de los cuales sean titulares.

El máximo tribunal también ordenó a Sudeban tomar medidas para proceder los trámites administrativos que genere la suspensión de pagos por servicios no prestados.

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Empleando reformas legales y designaciones de magistrados, el chavismo ha logrado controlar al Tribunal Supremo de Justicia 

El proceso de desmantelamiento de la democracia venezolana tiene su origen en la cooptación de las instituciones, en particular del Tribunal Supremo de Justicia.

Mediante sucesivas reformas legales y designaciones de magistrados en procesos contrarios a la Constitución, el chavismo ha logrado en estas dos décadas controlar al máximo juzgado y cercenar la independencia del Poder Judicial, a la par de restarle derechos a la ciudadanía y neutralizar a otros poderes como la Asamblea Nacional, electa en diciembre de 2015.

En el informe La toma del poder absoluto, Acceso a la Justicia hace un recuento de todas las maniobras y argucias a las que recurrió el chavismo para cooptar elsistema de justicia. En dicho reporte se concluye que ese proceso se inició en agosto de 1999, cuando la asamblea nacional constituyente dictó el Decreto de Reorganización de todos los órganos del Poder Público, el cual dio paso a la intervención de las instituciones.

A esta medida siguió el Decreto de Reorganización del Poder Judicial del 25 de agosto del referido año, reimpreso el 8 de septiembre en la Gaceta Oficial n.º 36.782 y mediante el cual se creó la Comisión de Emergencia Judicial, integrada por nueve miembros designados por la ANC y cinco nombrados fuera de su seno pero por la propia Constituyente. Durante meses, este ente se dedicó a suspender y despedir jueces, fiscales, defensores y demás funcionarios alegando hechos de corrupción o retardo judicial.

Gran purga

La intervención de la justicia dio lugar a que los jueces venezolanos perdieran su estabilidad y se transformaran todos en provisorios, una situación en la que se mantuvieron durante años, casi siete jueces de cada diez o incluso más en algunos años.

Por su parte, aquellos funcionarios que fueron suspendidos o destituidos en esta primera gran purga solo podían apelar de la decisión ante la propia constituyente.

Esta intervención no se subsanó con la entrada en vigor de la nueva Constitución, sino que se institucionalizó mediante el Decreto sobre el Régimen de Transición del Poder Público.

Acceso a la Justicia en su informe recordó que ello permitió la designación de los magistrados de las seis salas del TSJ previstas en la nueva Carta Magna, sin acatar el procedimiento constitucional.

La primera AN, electa en las megaelecciones de julio de 2000, no enmendó el error de la constituyente sino que lo agravó con la denominada Ley Especial para la Ratificación o Designación de los Funcionarios o Funcionarias del Poder Ciudadano y Magistrados y Magistradas del TSJ para el Primer Período Constitucional (Gaceta Oficial n.º 37.077 del 14 de noviembre de 2000). Dicho texto legal en vez de aplicar de forma efectiva las exigencias constitucionales se apartó de ellas. Un ejemplo de esto fue que la norma estableciera que los magistrados serían elegidos por mayoría de los diputados y no por las 2/3 partes que exige el artículo 265 de la Carta Magna.

Este instrumento fue avalado por la novísima Sala Constitucional, que además en susentencia n.º 1.562 del 12 de diciembre de 2000 eximió a los magistrados que aspiraban a la ratificación de cumplir los requisitos constitucionales para ocupar sus puestos. Lo descrito indica que a partir de 1999 se instaló en Venezuela una verdadera política de Estado de inestabilidad y persecución de jueces, así como de dominación del TSJ mediante la designación de personas afectas al Gobierno. De allí que no es de extrañar que solo 13% de los magistrados del máximo juzgado haya cumplido con su período completo.

Segundo y tercer golpe

Apenas cuatro años después de la entrada en vigencia de la Carta Magna, el chavismo propinó otra embestida a la justicia para asegurarse su control. Valiéndose de su mayoría en la AN, aprobó a finales de 2004 la nueva Ley Orgánica del TSJ, que incrementó el número de magistrados de veinte a treinta y dos y consolidó la politización del máximo tribunal.

Gracias a esta reforma se designaron diecisiete nuevos magistrados titulares y treinta y dos suplentes, en otro proceso que dejó en claro que las credenciales eran lo de menos y que lo que más importaba eran las simpatías ideológicas. En esta ocasión, el diputado Luis Velásquez Alvaray (PSUV), quien presidió la Comisión Parlamentaria que redactó la cuestionada Ley del TSJ, fue nombrado magistrado de la Sala Constitucional, cargo que desempeñó por menos de dos años porque renunció en medio de una avalancha de denuncias de corrupción, como recuerda Acceso a la Justicia en su informe La toma del poder absoluto.

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Este 27 de febrero vence el período impuesto por el Tribunal Supremo de Justicia para llevar a cabo comicios en la principal casa de estudios del país 

Hoy no habrá elecciones en la Universidad Central de Venezuela.

De acuerdo a la sentencia 0324, este 27 de febrero se vence el lapso impuesto por el Tribunal Supremo de Justicia para la elección de autoridades en la UCV, evento que daría inicio a la renovación de rectores en todas las universidades autónomas y experimentales del país.

En su lugar, la Federación de Centros Universitarios (FCU) de la UCV convocó para este jueves 27  a un acto solemne en defensa de la autonomía.

La sentencia 0324 obliga a incluir a los trabajadores y obreros en la población universitaria, contrariando a la Ley de Universidades y a la Constitución Nacional.

Según el artículo 104 de la Ley de Universidades: “La universidad venezolana es autónoma y está integrada por sus estudiantes, sus profesores y sus egresados”.

El pasado 28 de enero el Consejo Universitario de UCV instó al TSJ a suspender la sentencia y en diciembre de 2019, el ministro de universidades César Trompiz solicitó una extensión en el lapso. Ninguno de los dos ha obtenido respuesta del TSJ.

Otras ocho casas de estudios del país (Universidad de Zulia, Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado, Universidad de Carabobo, Universidad de Los Andes, Universidad de Oriente, Universidad Nacional Experimental del Táchira, Universidad Nacional Experimental Politécnica Antonio José de Sucre, Universidad Pedagógica Experimental Libertador y la Universidad Simón Bolívar) también fueron conminadas por el TSJ a establecer un cronograma electoral a través de una comisión designada por el Consejo Nacional de Universidades, dicha comisión no se ha constituido.

«Nosotros queremos elecciones justas, libres y transparentes, pero queremos que cualquier participación que se vaya a producir tiene que ser producto de la discusión académica de la universidad (…) no se trata de negar la participación de nadie, esto no es un voto político, esto es un voto académico que debe regirse por la parte académica “, dijo la rectora de la Universidad Central de Venezuela, Cecilia García Arocha.

La ONG Aula Abierta insistió en que la intervención en la política electoral universitaria por parte del TSJ es una violación a los derechos humanos.

Los estudiantes adelantan que se postrarán frente al arco de la puerta tamanaco de la UCV con la intención que se cumplan sus exigencias de no intervenir con la autonomía universitaria

Estudiantes de la Universidad Central de Venezuela (UCV) anunciaron que se convocará una movilización el próximo 27 de febrero, en rechazo a la sentencia 0324 emitida por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que viola la autonomía universitaria, ordena y condiciona elecciones en distintas casas de estudio autónomas.

«Vamos a defender nuestra casa de estudio, con nuestras vidas de ser necesario, este es nuestro bastión de democracia, vamos a alzar nuestra voz, justo este año se cumplen 51 años de la operación canguro, que violo la autonomía universitaria y fue causante de la muerte de muchos ucevistas”, exclamó el secretario de Finanzas de la Federación de Centros Universitarios (FCU), Carlos Capozzi.

A 14 días de que se cumpla la sentencia, los estudiantes adelantan que se postrarán frente al arco de la puerta tamanaco de la UCV con la intención que se cumplan sus exigencias de no intervenir con la autonomía universitaria de la UCV. «Hoy nuestros derechos como estudiantes están siendo pisoteados con esta sentencia», añade Capozzi.

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El magistrado Maikel Moreno solo informó que a lo largo de 2019 el TSJ resolvió 2.893 “asuntos”

El Sistema de Justicia y los órganos que lo integran deberán presentar anual y públicamente, un informe detallado y preciso de la gestión realizada durante ese período. En tal sentido, deberán brindar explicación suficiente y razonada de las políticas y planes formulados, su ejecución, metas alcanzadas y presupuesto utilizado, así como la descripción de las actividades realizadas durante este período”.

Esto establece el artículo 25 de la Ley del Sistema de Justicia, pero en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) parece que desde 2013 olvidaron esta disposición, porque a partir de esa fecha dejaron de presentar su informe anual a la ciudadanía.

El pasado 31 de enero el máximo juzgado dio inicio formal a sus actividades con el acto de Apertura Judicial, en el cual su presidente, magistrado Maikel Moreno, ofreció un discurso que fue presentado como “informe anual de gestión”. Sin embargo, apenas tuvo datos que sirvan para evaluar el desempeño del organismo y del Poder Judicial en su conjunto, mientras que sí estuvo cargado de amenazas a la disidencia y mensajes que dejan clara la alineación de la justicia venezolana con el Gobierno de Nicolás Maduro.

Moreno solo informó que a lo largo de 2019 el TSJ resolvió 2.893 “asuntos”, lo cual no quiere decir que haya sentenciado igual número de casos. “La Sala Plena resolvió 115, la Sala Constitucional 520, la Sala de Casación Penal 247, la Sala de Casación Civil 621, la Sala Político Administrativa 816, la Sala Social 496 y la Sala Electoral 68”, desglosó, pero sin precisar, como sí lo hicieron en el pasado sus antecesores en el cargo, cuántas causas recibió la máxima instancia judicial en el mismo período de tiempo.

Sin embargo, el único dato aportado por el funcionario revela que el rendimiento del organismo en los últimos doce meses fue inferior al del año anterior. En su discurso de 2019, Moreno aseguró que el TSJ resolvió en 2018 4.400 asuntos, pero las cifras que ofreció la semana pasada sobre la gestión de 2019 son 34,25% inferiores. De esta manera, el funcionario insiste en su política de opacidad, que ha sido denunciada en el pasado por Acceso a la Justicia.

El también presidente de la Sala de Casación Penal informó por primera vez desde que abre el año judicial cuántos casos recibieron y decidieron los demás tribunales del país, como era la costumbre antes de su nombramiento como principal figura del máximo tribunal. Aclaró que, pese al sabotaje eléctrico, ingresaron 368.283 causas y fueron decididos 435.229 asuntos inherentes a todas las competencias y jurisdicciones del país. En 2017 la entonces presidenta del TSJ, magistrada Gladys Gutiérrez, aseguró que en 2016 el Poder Judicial dictó “1.591.661 fallos en todos los ámbitos materiales y territoriales”. Esto significa una presumible disminución de la productividad de los tribunales de aproximadamente 73%, aunque también incide en ello la reducción de casos ingresados.

Finalmente, Acceso a la Justicia aclara que cuando el presidente del TSJ se refiere a “asuntos inherentes a todas las competencias y jurisdicciones del país” se trata de actos jurídicos de cualquier tipo durante un proceso judicial, incluso de trámite, y no necesariamente sentencias, como hemos ya explicado anteriormente sobre lo que son realmente “expedientes decididos” del TSJ.

Opacidad total

A pesar de que también es el presidente de la Comisión Judicial, organismo encargado de designar y remover a los jueces provisorios, temporales y accidentales, por tercer año consecutivo Moreno obvió informar cuántos juzgados cambiaron de titular.

Acceso a la Justicia advierte que esta información es crucial, porque de los más de dos mil tribunales que hay en el país, 70% de ellos están ocupados en la actualidad por abogados que pueden ser despedidos de un momento a otro por la Comisión Judicial sin ningún tipo de procedimiento previo.

En materia disciplinaria, el funcionario solamente mencionó que la Inspectoría General de Tribunales realizó 316.056 inspecciones, “91,4% más que el año anterior”, resaltó.

Alineación absoluta

Moreno inició su discurso asegurando que 2019 fue un año de “desafíos y enseñanzas”, en el que “los venezolanos empezamos a creer en nuestra propia capacidad de resistir los embates de las políticas y de las élites y la presión de los imperios contra un país que decidió ser verdaderamente libre e independiente”.

Asimismo, no tuvo empacho en calificar de “traidores” a los diputados de la Asamblea Nacional, de quienes dijo que “amparados en las atribuciones que el pueblo les dio decidieron darle a la espalda para unirse en un complot con gobiernos extranjeros y sus lacayos”.

Acto seguido advirtió: “La justicia llegará con firmeza a los responsables de los daños que procuran hacerle a todo el país y a su pueblo noble y valiente”. Y como muestra recordó los diez fallos que la Sala Plena dictó el año pasado despojando de su inmunidad a una veintena de legisladores opositores.

Pese a que en varias ocasiones aseguró que las actuaciones del TSJ se guían por lo establecido en la Constitución, Moreno cerró su intervención con una declaración que comprueba la sumisión del organismo al chavismo:

“Hoy más que nunca debe existir la colaboración entre las distintas ramas del Poder Público, ante la brutal campaña internacional desarrollada para desconocer y deslegitimar el Gobierno legalmente constituido, debemos estar integrados en un bloque o muro de contención para que estos planes de conspiraciones no se lleven a cabo”.