Pobre, Elías Jaua. Sus derrotas son electorales y comunicacionales. Sus tempranas declaraciones quedaron desplazadas por las de Diosdado Cabello, dejando en el olvido su denuncia de la marcha del 1º de septiembre como parte de un plan desestabilizador. Y eso que advirtió que los cuerpos policiales están preparados para aplicar la fuerza pública, que cualquier ejercicio de violencia será responsabilidad de las autoridades opositoras y hasta habló de francotiradores, aunque el chavismo jamás demostró los que se supone hubo en 2002.
Pero el diputado Diosdado Cabello fue el vocero elegido por el Ejecutivo para confirmar la detención de Yon Goicoechea -denunciada más temprano por el alcalde David Smolansky- aunque no explicó los allanamientos a las viviendas del diputado Lester Toledo y del alcalde Delson Guarate, también dirigentes del partido Voluntad Popular. Dijo Cabello que a Goicochea se le incautaron “cordones detonantes para explosivos” y el argumento que desarrolló parecía sacado de un guión de Mario Silva: “ese señor fue entrenado por el imperio norteamericano (…) preferimos un millón de veces encarcelar con tiempo a un asesino que una gota de sangre en las calles de Venezuela”. Debería hacerse una franela con la frase y visitar en la morgue de Bello Monte a los familiares de los 38 asesinados este fin de semana.
Como amenaza, Cabello advirtió que el día que el pueblo decida salir a las calles, “sabe para dónde va a ir y a quién va a buscar”, justo antes de asegurar que hay situaciones en que la paz hay que conquistarla peleando, haciendo distingo de la paz de los sepulcros. Finalmente, Cabello convocó al chavismo a tomar Venezuela desde el miércoles, ya saben, para mantener “la paj”.
Insolente
El chavismo está alterado por las declaraciones del vocero del Departamento de Estado norteamericano. John Kirby condenó el traslado a prisión del exalcalde Daniel Ceballos, calificando la medida como un esfuerzo para intimidar y obstaculizar a las personas que manifestarán el 1º de septiembre. Exigen su liberación inmediata y explican que los soportes básicos de la ley en Venezuela se han degradado a niveles alarmantes: “No hay lugar en una sociedad democrática para el empleo de instrumentos del Estado para amedrentar, intimidar y silenciar a la oposición política», dijo.
Como respuesta, la Cancillería venezolana emitió un comunicado para manifestar su rechazo a las insolentes declaraciones de Kirby, “que pretende dar órdenes a una nación libre, soberana e independiente”, lo que evidencia su autoría sobre el golpe de Estado que ocurrirá el próximo 1º de septiembre -en complicidad con la oposición- para reeditar el golpe de abril de 2002; alentando a factores extremistas a “perpetrar acciones de naturaleza terrorista” con “el apoyo irresponsable del gobierno imperial”.
Alineados
La historia del golpe de Estado lleva días en curso. Ya el director de Cicpc, Douglas Rico, había anunciado la incautación de armas y uniformes militares que serían utilizados en la marcha del 1S, “para provocar una reacción”. Hoy se suma la declaración conjunta de los ministros Néstor Reverol (Relaciones Interiores) y Ricardo Molina (Transporte y Obras Públicas) en un sancocho que abarca desde drones hasta malandros asesinados por la OLP, operación que en esta oportunidad suma 1.704 efectivos desplegados en la Cota 905, El Cementerio, El Valle y Coche.
Para el “monitoreo permanente de todas las actividades inherentes a la seguridad ciudadana”, Reverol anunció la adquisición de 30 nuevos drones aunque Molina ratificará la prohibición de vuelo privados y de drones (salvo para organismos del Estado) hasta el 5 de septiembre, porque el Estado “tiene el deber de resguardar, de proteger el espacio aéreo nacional (…) estas medidas son para procurar el sosiego de nuestra población, para mantener la paz de los venezolanos y seguir construyendo socialismo en revolución”. Reverol fue enfático en la existencia de una “agenda de la derecha para actos desestabilizadores de 1º de septiembre”, pero tranquilos, también aseguró que los órganos de inteligencia están develando un plan que se anunciará de manera oportuna.
Debe ser por eso que en Maiquetía retuvieron al equipo del sistema de prensa árabe Al Jazeera, quitándoles sus implementos de trabajo, advirtiéndoles que «las reglas han cambiado» y que deben comunicarse con el director del Saime Juan Dugarte, según denuncia el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa.
Otros flancos
La rectora del Consejo Nacional Electoral, Tania D’amelio, advirtió con un tuit que el artículo 32 de la Ley de Partidos Políticos establece los motivos para cancelar partidos, destacando en negritas que una razón es que «se compruebe que (el partido) ha obtenido su inscripción en fraude a la Ley, o ha dejado de cumplir los requisitos en ella señalados, o su actuación no estuviere ajustada a las normas legales», añadiendo que el CNE podrá cancelar la inscripción del registro, actuando a petición del Ministerio de Interior, Justicia y Paz.
Por su parte, la rectora Socorro Hernández ratificó que la siguiente fase se realizará entre el 24 y el 30 de octubre y por eso no entiende la convocatoria del 1º de septiembre; calificando como probable que el 20% tenga que recabarse con criterio regional -y no nacional como lo establece la ley-, que el proceso dure 21 horas (7 diarias) y que el número de máquinas se calcule así: “la norma dice que es de 1.000 electores por máquina, esa es la proporción que se toma y con eso hay que hacer la distribución correspondiente” para los 3.900.000 electores que se necesitan para activar el referendo revocatorio.
Aumenta la pobreza en Venezuela
La general y la extrema, a pesar de esos ingresos que superaron el millón de millones de dólares durante el período chavista y de todo el endeudamiento que han gestado. Según el Instituto Nacional de Estadística, la pobreza en Venezuela se ubicó en un 33,1 %, lo que equivale a 2.434.035 familias, de las que el 9,3 % (683.370 familias) viven en pobreza extrema, superando el 8,4 % de registrado el año anterior.
El Cendas-FVM publicó este lunes el precio de la Canasta Básica Familiar de julio de 2016: 465.034,79 bolívares; lo que supone un aumento de 99.933,60 bolívares (27,4%), con respecto a junio y una variación anualizada de 615,3%. Subieron los todos los precios -la diferencia entre los precios controlados y los de mercado es de 2.985%-, y la escasez también mantiene su reinado. Menos mal que Ernesto Villegas -el lector de los partes de salud del finado- explicó la influencia directa que tiene el decreto de Obama sobre la situación económica del país y que William Contreras, responsable de la Superintendencia de Precios Justos, anunció que los indicadores demuestran que el desabastecimiento y la inflación son inducidos. ¡Qué alivio!
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A esta hora transmiten en cadena de radio y televisión el documental chavista sobre el 11 de abril de 2002: «Llaguno, claves de una masacre», un esfuerzo por alterar el sosiego que se supone defienden.
