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Expresidente francés será juzgado por corrupción y tráfico de influencias

El expresidente de Francia Nicolas Sarkozy será juzgado por el Tribunal Correccional por corrupción y tráfico de influencias en el llamado caso de las escuchas, informa hoy el diario “Le Monde”.

Junto a él, según el rotativo, también se sentarán en el banquillo, tal y como lo había solicitado la Fiscalía Nacional Financiera el pasado octubre, su abogado, Thierry Herzog, y el antiguo magistrado Gilbert Azibert.

La investigación se dio por finalizada en 2016, pero diversos recursos han alargado el proceso, y la decisión de los jueces de instrucción, que puede ser recurrida por los afectados, se firmó hoy.

Los magistrados habían pinchado el teléfono de Sarkozy ante las sospechas de que pudo recibir financiación del régimen libio de Muamar El Gadafi (1969-2011) durante la campaña que en 2007 le llevó al Elíseo, algo por lo que fue imputado el pasado 21 de marzo.

En esas escuchas descubrieron conversaciones entre el expresidente y su abogado de las que se deducía que trataban de obtener, a través del juez Azibert, información secreta de otro sumario que investigaba si Liliane Bettencourt, heredera del imperio cosmético L’Oréal, financió ilegalmente su campaña de 2012.

Algunas de esas conversaciones fueron publicadas en la prensa y dejaban entrever que Sarkozy estaba dispuesto a ayudar al juez a obtener un puesto en Mónaco a cambio de que influyera en la decisión del Tribunal Supremo sobre el caso Bettencourt.

En marzo de 2016, el Tribunal Supremo validó de forma definitiva la casi totalidad de las escuchas al expresidente sobre las que se sustenta su inculpación, lo que dejó abierta la vía para el juicio anunciado hoy.

Sarkozy tiene pendiente además un juicio por la presunta financiación irregular de su campaña a las presidenciales de 2012.

Se trata del llamado “caso Bygmalion”, una supuesta trama de falsificación de facturas para ocultar gastos electorales y burlar así los límites legales, con la que, según la acusación, gastó al menos 42,8 millones de euros frente a los 22,5 millones autorizados.

Policía brasileña investiga a Lula por un caso de tráfico de influencias

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El expresidente Luiz Inácio Lula da Silva anda abatido y cabizbajo, muy diferente del sindicalista parlanchín que movilizaba muchedumbres en piquetes en São Paulo y del político que lideró mítines por todo Brasil desde la década de los 90 hasta sus dos victorias electorales en 2002 y 2006. Sus aliados dicen que los ataques que han sufrido él y su familia han contribuido a que le cambie el semblante.

Un documento que la policía federal entregó a la justicia esta semana informa de que el expresidente está siendo investigado en la operación de “venta” de medidas provisionales —proyectos de ley con carácter de urgencia, a los que el Parlamento tiene que dar prioridad— que beneficiaron a fabricantes de automóviles.

El caso es un elemento más en un océano de malas noticias. Lo que más le preocupa a la familia de Lula y a toda la cúpula de su partido, el Partido de los Trabajadores (PT), es la sospecha de que sea dueño de dos inmuebles (que juntos valen unos 690.000 euros) que jamás se declararon a Hacienda: una casa de campo en una finca de 173.000 metros cuadrados en el Estado de São Paulo y un tríplex de 215 metros cuadrados en la costa y que habrían sido reformados por las constructoras OAS y Odebrecht, acusadas de desviar miles de millones de reales de la petrolera brasileña Petrobras.

Lula niega ser dueño de esos inmuebles. Sobre la casa de campo, su asesoría afirma que pertenece a amigos de la familia. Alega que las visitas a la propiedad —111 en cuatro años, según la revista Época— eran solo momentos de descanso familiar. Sobre el apartamento, alega que llegó a pagar una cuota de uno de los pisos del edificio, pero que nunca adquirió el tríplex.

Lee más en El País.

La Fiscalía de Brasil investiga a Lula por tráfico de influencias

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El Ministerio Público Federal de Brasil abrió una investigación penal al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva para averiguar si incurrió en el delito de tráfico de influencias para favorecer a una constructora, informaron hoy fuentes oficiales.

Una funcionaria de la fiscalía federal informó que se ha reunido suficiente evidencia para ordenar una investigación completa a los supuestos esfuerzos de cabildeo hechos por Lula da Silva en el extranjero a favor de la mayor empresa constructora de Brasil. La funcionaria no dio su nombre en cumplimiento con las normas internas.

Lula es investigado por supuestamente haber influido en el estatal Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), después de haber concluido su mandato, para que le concediera créditos a la constructora Odebrecht destinados a la financiación de obras en otros países latinoamericanos, como Panamá y Venezuela, y africanos en los que trabaja.

La policía de Brasil arrestó el pasado mes de junio a Marcelo Odebrecht, presidente de la constructora, y acusó al conglomerado administrado por su familia de liderar un esquema de sobornos por 2.100 millones de dólares en Petrobras.

El Instituto Lula, con sede en Sao Paulo, informó que el exmandatario niega haber procedido mal y que la investigación lo tomó por sorpresa.

Odebrecht, de 46 años, tiene vínculos personales con Lula da Silva, por lo que ahora la investigación llega hacia el corazón político del gobernante Partido de los Trabajadores (PT),  y para la sucesora de Lula, la presidenta Dilma Rousseff. La mandataria enfrenta problemas políticos y económicos por la revelación de sobornos en la compañía petrolera Petrobras.

Ni Lula ni Rousseff han sido implicados en el escándalo de Petrobras, en el que presuntamente Odebrecht y otras compañías de construcción pagaron sobornos a ejecutivos de la petrolera a cambio de recibir contratos inflados.

Los fiscales alegan que parte del dinero se canalizó a los fondos de campaña del Partido de los Trabajadores y sus aliados. Más de 50 figuras políticas, incluidos 33 legisladores, son investigadas por el caso Petrobras.

 

 

*Con información de ABC y The Associated Press