Todos los magistrados designados llegaron al TSJ en medio de la controversia. Su designación fue rechazada por los diputados opositores, quienes se retiraron de la sesión de la Asamblea Nacional que los nombró
La mayoría de los magistrados detentó cargos directivos dentro del máximo tribunal
En sus manos estuvieron los casos de Globovisión, Afiuni, Ceballos, Machado y López
@loremelendez
EL ÚLTIMO MES DE 2004 dejó en Venezuela un nuevo capítulo de desazón. Cerraba el año del referéndum revocatorio al Presidente Hugo Chávez, el mismo en el que fue asesinado el fiscal Danilo Anderson, responsable de las investigaciones del golpe de Estado de abril de 2002, con la designación de 17 magistrados en un Tribunal Supremo de Justicia que había incrementado su número de miembros de 20 a 32. La bancada de la oposición en la Asamblea Nacional se retiró de la sesión en la que fueron nombrados por considerar que su llegada confirmaba “la destrucción del poder judicial”. Todos los jueces, de acuerdo con el Presidente del Comité de Postulaciones de entonces, Pedro Carreño, eran afectos al chavismo.
De aquel grupo de flamantes togas, a doce se les aprobó su jubilación en octubre pasado. Otro magistrado, que el mismo año había entrado como suplente al TSJ, se unió a la petición. De esta manera, trece sillas de la Sala Plena quedan vacías un año antes de lo estipulado: tres en la Sala Constitucional y en la de Casación Civil; dos en la Penal, en la Político Administrativa y en la Electoral; y una en la de Casación Social.
Interactivo: Las decisiones más controversiales de los magistrados jubilados
“Lo que pretenden es tener magistrados nuevos que los hayan nombrado ellos (los oficialistas), una mayoría que garantice doce años de magistrados favorables al régimen”, afirma la exmagistrada Blanca Rosa Mármol de León, jubilada de la Sala Penal del TSJ en 2012 y una de las críticas más férreas del sistema judicial venezolano. Durante su paso por los tribunales fue testigo de cómo las sentencias se inclinaron hacia los dictámenes del Gobierno, cómo se ignoraron las peticiones de quienes adversaban al Ejecutivo y, más tarde y desde afuera, de cómo los magistrados de la Sala Constitucional apelaron a las ponencias conjuntas para preservar el anonimato de sus decisiones más polémicas, y también se convirtieron en “penalistas sobrevenidos” al asegurar que podían privar de libertad a los ciudadanos, como hicieron con el alcalde de San Diego (Carabobo) Enzo Scarano, a quien enviaron a prisión por no haber evitado en su municipio las protestas contra Nicolás Maduro del año pasado. “Lo que yo apreciaba era que, a la hora de votar, había apoyo al régimen. Nadie quería contrariar o buscar inconvenientes”, señala Mármol de León, quien agrega que la solicitud de jubilación de los trece magistrados apunta a una falta de autonomía o de independencia del más alto nivel del Poder Judicial si se comprueba que, tal como lo han denunciado voceros de la oposición, varios jueces dejan su cargo bajo presión.
Las salas de la polémica
Hacer un repaso por la actuación de los magistrados que parten es toparse con sentencias de escándalo. Allí están, por ejemplo, las sanciones con cárcel a los alcaldes Scarano y Daniel Ceballos, la aprobación del desafuero a María Corina Machado, la ratificación del cierre de RCTV y la entrega de sus equipos a Conatel, la suspensión de múltiples elecciones universitarias, las decisiones sobre el caso de María Lourdes Afiuni y el haber descartado la necesidad de que el presidente Hugo Chávez se sometiera a un examen médico antes de los comicios de octubre de 2012. Sala por sala, juez por juez, se muestran las costuras de un sistema de justicia que favoreció al poder.
Sala por sala: ¿quiénes se van?
Sala Constitucional. Puertas adentro de los tribunales, a esta sala se le conoce como “la todopoderosa”. Las decisiones más controversiales han pasado por esta instancia. Fue aquí donde se admitió que el presidente Hugo Chávez asumiera su nuevo período como mandatario sin haberse juramentado en persona. La sentencia sentó un precedente, no sólo por el principio de “continuidad administrativa” que citó la Sala para permitir la ausencia, sino porque que se firmó como una “ponencia conjunta”, en lugar de atribuir el documento a un solo magistrado.
Este último instrumento, que entrega la redacción de las decisiones al anonimato, se ha utilizado en otros momentos de polémica como el desafuero a la diputada María Corina Machado y el encarcelamiento de Daniel Ceballos que, junto al de Scarano, sembró otro hito en la Sala: por primera vez envió a un ciudadano a prisión, acción que anteriormente era exclusiva de la Sala Penal.
Luisa Estella Morales, expresidenta del TSJ
«No podemos seguir pensando en una división de poderes porque eso es un principio que debilita al Estado». La declaración la dio Luisa Estella Morales en diciembre de 2009, cuando era presidenta del TSJ, en una entrevista de VTV. Afirmaba, entonces, que dentro de la Constitución Nacional había elementos “que contradecían al régimen”. El principio de la “separación absoluta” de los poderes públicos, por ejemplo, estorbaba.
Varias veces, Morales fue el centro de la polémica, sobre todo durante el período en el que llevó las riendas del máximo tribunal del país, entre 2007 y 2013. En 2011 indicó que el modelo de justicia de Cuba era una referencia para Venezuela, mientras que en enero de 2013, se encargó de leer la decisión de “continuidad administrativa” que eximía a Hugo Chávez de tomar posesión de un nuevo período constitucional.
Al margen del TSJ, sobre ella pesan dos escándalos: su foto durante la votación en el referéndum de la reforma constitucional, solicitada por Chávez, en el que su papeleta mostraba un “no”, y la detención de su sobrino, Esau Alba Morales (fiscal décimo del Ministerio Público en Yaracuy), con ocho kilos de cocaína y 25.000 dólares.
Francisco Carrasquero López, vicepresidente de la Sala Constitucional
El magistrado zuliano, exrector del Consejo Nacional Electoral, llegó al TSJ en medio de la polémica. Varios expertos en materia legal cuestionaron que siendo miembro del organismo comicial se autopostulara a la máxima corte judicial, cuando la ley establecía que si una persona se relacionaba hasta en cuarto grado de consanguinidad con algún miembro del Poder Electoral no podría arribar a resta instancia. Desde marzo de 2008, se desempeña como vicepresidente de la Sala Constitucional.
En diciembre pasado, durante el Diálogo Internacional sobre Justicia que conmemoró los 15 años de la Constitución, Carrasquero declaró que “Venezuela es la nación que más ha potenciado el contenido de la Carta Magna”. Pero la afirmación, a juzgar por varias de sus decisiones, choca con varias de las órdenes que ha girado gracias a su investidura.
Marco Tulio Dugarte Padrón
Es el único del grupo que no comenzó como magistrado en 2004, sino como suplente. Es hermano del exdiputado del Partido Socialista Unido de Venezuela y actual jefe de Gobierno del Distrito Capital, Juan Carlos Dugarte, y ha sido señalado por haber metido a varios integrantes de su familia en cargos dentro del TSJ.
En 2006 sustituyó Luis Velásquez Alvaray en la Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM), el organismo que administra 80% de los fondos del Poder Judicial y que cancela los salarios de los jueces. Allí, su asesora era su esposa, mientras que en el departamento de Recursos Humanos estaba una de sus sobrinas.
“Cuando llegas a una institución donde tienes que hacer profundos cambios y no conoces en los empleados, en quién más puedes confiar sino en tu esposa para que te ayude. Si no fuera esposa mía, nadie diría nada (…) Si me dijeran que tengo a 20 familiares lo entiendo, pero eso no es así, sólo son casos puntuales”, comentó en una entrevista en 2006 cuando se le cuestionó por ello. En ese despacho estuvo hasta 2007.
Uno de los mayores escándalos surgidos durante su gestión al frente de esta institución, fue la supuesta renuncia que varios magistrados le habían solicitado pocos meses después de haber asumido el cargo en la DEM, debido a las decenas de contratos a dedo que él había entregado y de haberse encargado de nombrar a los miembros de la Comisión de Licitaciones del organismo, designación que anteriormente le correspondía al TSJ. En una entrevista concedida a El Universal, lo negó todo.
Luego de la página de la DEM, Dugarte volvió a primera plana cuando su esposa, Subgey Saab, abogada y notaria pública en Chacao, fue acusada junto a otras trece personas de ser miembro de una notaría paralela que falsificaba documentos. A ella le fueron imputados los delitos de Peculado de Uso, Corrupción Propia y Asociación Ilícita para Delinquir en grado de continuidad. Su causa fue sobreseída en 2012.[/accordion]
Sala Penal. Se trata de una de las salas más mencionadas en los titulares de los medios de comunicación. Las decisiones sobre el caso de la exjueza María Lourdes Afiuni, acusada de abuso de autoridad por dar libertad al empresario Eligio Cedeño, se aprobaron aquí. También se han refrendado decisiones relacionadas con el asesinato del diputado Robert Serra, y se negó que el proceso judicial que se le seguía al líder de Voluntad Popular, Leopoldo López, tuviera vicios.
Deyanira Nieves Bastidas, segunda vicepresidente del TSJ
Cuando el exmagistrado Luis Velásquez Alvaray huyó de Venezuela, en 2012, el nombre de Nieves Bastidas salió a relucir. En una entrevista concedida en Miami, el hombre la señaló como una de las fichas de José Vicente Rangel en el Poder Judicial y, por tanto, una de las miembros de la Banda de los Enanos. Según Velásquez Alvaray, la cercanía entre Rangel y la magistrada ha sido alimentada por la madre de la abogada, quien lleva años trabajando como secretaria del periodista y otrora vicepresidente de la República.
Otra fuga que puso el nombre de Deyanira Nieves en el tapete fue la del exfiscal Franklin Nieves, quien en octubre pasado se refugió en Miami. En una entrevista publicada en el diario El Nacional, el “verdugo” de Leopoldo López admitió que había falsificado pruebas y que la jueza del caso, Susana Barreiros, recibió órdenes directas de Daniel Ramírez, asistente de la magistrada que fue presidenta de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia.
Héctor Manuel Coronado Flores (Maturín), vicepresidente de la Sala de Casación Penal
El magistrado, actual vicepresidente de la Sala de Casación Penal del TSJ, fue entrevistado en Maracay en abril de 2006, justo durante la semana en la que se conocieron dos de los casos de asesinato más estremecedores de la historia reciente del país: el de los hermanos Faddoul y el del empresario Filippo Sindoni. “Una vez que se compruebe de una manera plena quiénes son los responsables, el peso de la ley tiene que caer sobre ellos”, dijo en una alocución, poco antes de pedir a los venezolanos que confiaran en sus magistrados. Sin embargo, el crimen de los muchachos halló justicia nueve años después, cuando el victimario fue apresado en Aragua. [/accordion]
Sala Administrativa. En los últimos meses, esta instancia declaró inadmisible la demanda que Transparencia Venezuela formuló contra el presidente del BCV, Nelson Merentes, por ocultar las cifras económicas del país. Desde allí se argumentó que la ONG no presentó ninguna prueba que acreditara las gestiones para solicitar los números. También fue esta sala la que ratificó las multas millonarias contra Globovisión.
Emiro García Rosas, presidente de la Sala Político Administrativa
“No todas las constituciones que protegen las derechos sociales son socialistas pero, ciertamente, algunas naciones latinoamericanas que han acuñado el término muestran su carácter revolucionario y su inseparable vinculación con el pensamiento de izquierda”. Con estas palabras, el magistrado aplaudió que la carta magna venezolana integrase la frase “Estado Social”, ya que esta era una declaración del pro-socialismo de la misma. Todo ocurrió el pasado 2 de febrero, cuando fungió como orador de orden en la sesión solemne de apertura de las actividades judiciales de este año.
García Rosas, quien hoy preside la Sala Político-.Administrativa, fue Procurador General del Estado Anzoátegui (1999-2000) cargo al que renunció e ingresó al TSJ en 2000, como suplente, y fue primer conjuez de la Sala Político-Administrativa en 2004, año en el que también pasó a ser magistrado.
Evelyn Margarita Marrero Ortiz, vicepresidente de la Sala Político Administrativa
Cuando la magistrada se hizo con una de las sillas de la Sala Plena del TSJ, las alarmas saltaron. Hasta la Asamblea llegó un informe de un abogado que aseguraba que la designación de Marrero -quien venía de la Gerencia de Procedimientos Jurídicos de la Contraloría Interna de Petróleos de Venezuela- no era legal porque no cumplía con uno de los requisitos establecidos en la Constitución Nacional: el de ser venezolana de nacimiento. Según el escrito, la magistrada era natural de Jayuya, en Puerto Rico. El documento, al final, fue rechazado. Sin embargo, el lugar de donde es oriunda no aparece ni siquiera en la biografía del site del Tribunal.[/accordion]
Sala Electoral. Desde aquí se dictó la suspensión de una decena de elecciones universitarias entre 2010 y 2011, lo que puso en entredicho la autonomía de las casas de estudio. De aquí también salió la orden de exigir a los venezolanos, que vivían en el exterior, la consignación de un comprobante de residencia para poder votar.
Fernando Ramón Vegas, primer vicepresidente del TSJ
Quizás el momento más célebre del magistrado ocurrió en mayo de 2013, cuando el gobernador de Miranda y excandidato a la Presidencia, Henrique Capriles, puso en duda su imparcialidad. Afirmó que Vegas era compadre del ministro de Interior y Justicia, Miguel Rodríguez Torres y que, por esa razón, difícilmente podría tomar una decisión equilibrada con respecto a las impugnaciones que desde diversos sectores se hicieron contra las elecciones presidenciales de abril de 2013, cuando perdió frente a Nicolás Maduro por sólo un punto porcentual.
Anteriormente, su nombre había salido a relucir en 2007, cuando se pronunció contra el “reintegro” de dos meses de salario a los magistrados y demás empleados del TSJ, medida aprobada por la Sala Plena de acuerdo con el acta de reunión del 13 de diciembre de 2006, la cual buscaba que los beneficiados recuperaran parte de lo cancelado de impuesto sobre la renta. “Esto va a lucir como una picardía, incluso pudiera ser calificada como de evasión fiscal”, dijo a El Nacional.
Juan José Núñez Calderón, vicepresidente de la Sala Electoral
El magistrado, nacido en Maturín, llegó al TSJ luego de ser juez Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Nororiental. Del grupo de los trece, es uno de los que ha preservado un perfil más bajo.[/accordion]
Sala Civil. Junto a la Social, es una de las salas menos controvertidas. Se encarga de conocer los juicios civiles, mercantiles y marítimos, y también de ejecutar las sentencias de autoridades jurisdiccionales extranjeras. Sin embargo, sus magistrados han estado envueltos en varios escándalos.—
Luis Ortiz Hernández
No había transcurrido su primer año en el Tribunal Supremo de Justicia cuando el magistrado Luis Ortiz Hernández fue el centro de un escándalo. Luego de estar seis meses frente a la Inspectoría General de Tribunales, organismo encargado de evaluar a los jueces, decidió renunciar a su cargo luego de que, según él, recibiera presiones internas para hacerlo. Las versiones extraoficiales que circularon señalaban que Ortiz Hernández había asumido posiciones extremas y que actuaba de acuerdo con intereses personales, lo que había despertado el rechazo de su entorno.
En una entrevista publicada en el diario El Universal, Ortiz Hernández, quien hasta entonces había insistido en que su partida respondía a razones personales, dio una pista más sobre aquello que lo motivó a tomar tal decisión: “yo lo venía haciendo todo bien, hasta hace 15 días, cuando me metí con Belkis Cedeño (la presidenta del Circuito Penal Judicial de Caracas) y con Juan Carlos Cuenca (juez superior IV en lo Civil, Mercantil y Tránsito de Caracas) a quienes llevé ante la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Poder Judicial para que fueran suspendidos. A partir de allí comenzaron los rumores y los señalamientos de que estaba actuando mal, y como no tengo ansias de poder ni quiero crear tribus presenté mi renuncia”, dijo.
La Contraloría General de la República le impuso en 2008 una multa de 3.000 bolívares por haber ocultado información en sus declaraciones juradas de patrimonio.
Yris Peña de Andueza, presidenta de la Sala Político Administrativa
La magistrada estuvo al frente de la Inspectoría General de Tribunales entre 2005 y 2011. Su designación para este cargo llegó cuando su colega, Luis Ortiz, dimitió por supuestas presiones internas. En 2007, varios trabajadores de los tribunales denunciaron ser víctimas de inspecciones de carácter intimidatorio comandadas por Roxana Gómez Marcano, una juez que trabajaba como asistente de la magistrada. Ese mismo año, Peña de Andueza fue señalada de ser parte de una red de espionaje dentro de los tribunales que involucraba a su esposo, el ex comisario de la Disip, José Manuel Andueza, y Luisa Estella Morales, quien era entonces la presidenta del TSJ.
Isbelia Pérez Velásquez de Caballero, vicepresidenta de la Sala de Casación Civil
En 2013, durante la Sesión Solemne de apertura de actividades judiciales, la magistrada y vicepresidenta de la Sala de Casación Civil, soltó una frase que causó asombro. Tras referirse a las formalidades de los actos jurídicos, dijo que “esta visión de las cosas hace que el ejercicio del poder público termine siendo un ámbito de elegidos, de decisiones tomadas en oficinas cómodas con aire acondicionado, y alejado cada vez más de los ciudadanos”.
Antes de arribar al máximo tribunal, fue juez Superior Provisorio en lo Civil de Aragua y había asesorado legalmente a la Gobernación de esa entidad en temas relacionados con la transferencia de competencias.
Sala Administrativa. Otra de las instancias menos polémicas del TSJ. En esta se resuelven los asuntos de los juzgados y tribunales de orden social, es decir, aquellos relacionados con trabajo, familia, de protección del niño, niña y adolescente y agrarios.
Carmen Elvigia Porras, vicepresidenta de la Sala de Casación Social
Antes de llegar al máximo tribunal había sido noticia. Su designación como juez Superior Primero en lo Civil, Mercantil y Tránsito del estado Táchira fue criticada, pues surgieron denuncias sobre lo amañado que estuvo el concurso que ganó. Tiempo después, fuente judiciales aseguraron que la abogada tenía más de 70 denuncias en la Inspectoría de Tribunales. Además, de acuerdo con el diario El Universal, varios abogados del Táchira la señalaron de “haber intentado adquirir, mediante documento autenticado en notaría, un vehículo propiedad de un hermano que había muerto cinco días antes; comprar un terreno propiedad de un narcotraficante detenido en Brasil, mediante documentos no muy confiables, y de haber salido ‘raspada’ en los exámenes practicados por una comisión del Consejo de la Magistratura para acceder al cargo de juez superior y por ejercer presiones ‘indebidas’ sobre algunos colegas”.
