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República Bolivariana de Venezuela

38% de las leyes sancionadas por la AN en 2022 todavía no han aparecido en Gaceta Oficial
Ocho de las 21 leyes sancionadas el año pasado no han entrado formalmente en vigor

 

La Asamblea Nacional (AN) electa en 2020 sancionó veintiún leyes el año pasado. Sin embargo, ocho de ellas todavía no han entrado formalmente en vigor. ¿La razón? No han sido publicadas en la Gaceta Oficial.

Acceso a la Justicia obtuvo la información al revisar la información disponible en el sitio web del Parlamento. En este sentido, en la página oficial del organismo, específicamente en el resumen legislativo que ofrece la AN, se lee «APROBADAS EN LA ASAMBLEA NACIONAL, AÚN NO PUBLICADAS EN GACETA OFICIAL» sin ofrecer  mayor explicación de por qué en el caso de estos ocho instrumentos, que equivalen al 38% de las leyes realizadas por los diputados, no se ha cumplido con el último e indispensable requisito para considerarlos vigentes.

El artículo 215 de la Constitución de 1999 es claro al señalar que «la Ley quedará promulgada al publicarse con el correspondiente «Cúmplase» en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela». En el mismo sentido, el artículo 1 del Código Civil establece que «La Ley es obligatoria desde su publicación en la GACETA OFICIAL o desde la fecha a posterior que ella misma indique». La nueva Ley de Publicaciones Oficiales también ratifica esta disposición en su artículo 10. Así, mientras este trámite no se realice el texto no se puede considerar vigente y, por lo tanto, ni las autoridades ni los ciudadanos están obligados a acatar sus disposiciones.

No hay información disponible que indique que el presidente de la República haya vetado alguna de las leyes que integran este grupo. Lo cierto es que ninguna de las leyes sancionadas entre octubre y diciembre de 2022 ha sido publicada en la Gaceta Oficial, pese a que el texto constitucional en su artículo 214 da un plazo de diez días al presidente de la República para la promulgación de las leyes.

Esta práctica opaca no es novedosa. A finales del año pasado, desde Acceso a la Justicia denunciamos que a partir de 2021 hay dieciocho números de la Gaceta Oficial cuyo paradero se desconoce, así como su contenido, a lo que hay agregar once gacetas de número extraordinario, presumiblemente del último trimestre de 2022 y comienzos de este año, que tampoco son de conocimiento público.

Sin dinero ni derechos

Entre los instrumentos que no han entrado definitivamente en vigor figuran las leyes de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2023 y de Endeudamiento. Ambas normas son de gran trascendencia e impacto para los ciudadanos, por cuanto prevén los fondos que el Estado destinará a servicios como la educación, salud, seguridad y al pago de pensiones o jubilaciones, así como a inversiones en infraestructuras y servicios públicos.

La Ley Especial de Trabajadoras y Trabajadores a Domicilio y la reforma del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de la Actividad Aseguradora son otras normas que, pese a haber sido aprobadas por los diputados y previsiblemente refrendadas por Nicolás Maduro, tampoco están en vigor.

No obstante, mientras el texto no aparezca en la Gaceta Oficial, ninguna de estas disposiciones se podrá aplicar ni su incumplimiento sancionarse.

¿Misión cumplida?

En una reciente entrevista con la estatal Venezolana de Televisión (VTV), el diputado oficialista Juan Carlos Alemán confirmó que el año pasado el Parlamento sancionó veintiún leyes. La cifra representa el 91% de la meta que el Parlamento se había trazado en su Agenda Legislativa para 2022, la cual estaba conformada por veintitrés proyectos.

El parlamentario, quien es presidente de la Comisión del Poder Popular y Comunicación de la AN, admitió que «nos quedamos cortos» en comparación con 2021. En el primer año de la actual legislatura fueron sancionadas 35 leyes, 40% más que en 2022. En realidad, fueron 38 los textos aprobados en 2021, apuntó el reelecto presidente de la AN, Jorge Rodríguez.

Sin embargo, Alemán recordó que el año pasado 39 leyes fueron aprobadas en primera discusión y «este 2023 esas 39 leyes que ya fueron aprobadas en primera discusión se van a convertir en leyes de la República».

Los objetivos para 2023

Las reformas de las leyes del Poder Popular o la aprobación de otras nuevas como la del llamado Parlamento Comunal y la de la Comunicación son algunas de las prioridades del Parlamento para el año que recién comienza, según lo aseguró Juan Carlos Alemán.

«Queremos darle más poder a la gente. Nosotros no queremos no sé cuantas más alcaldías, sino los 40.000 consejos comunales e incluso más», dijo.

Por último, el legislador anunció que otra prioridad será la aprobación de una ley para regular las redes sociales. En todo caso, habrá que esperar la publicación en los próximos días de la agenda legislativa para 2023.

Aula Abierta Venezuela se pronuncia ante violaciones a la libertad de expresión y ejercicio del periodismo

EL OBSERVATORIO ZULIANO DE LIBERTAD DE EXPRESIÓN junto a Aula Abierta Venezuela y el Colegio Nacional de Periodistas ofrecieron un balance sobre las agresiones a la libertad de expresión y ejercicio del periodismo durante los primeros 15 días del mes de mayo, además de fijar su firme posición en contra de estas acciones.

Walny González, Lenin Danieri, Juan Diego Amado y Miguel Chalita son algunos de los comunicadores sociales que han resultado agredidos durante las primeras dos semanas del mes de mayo.
Con todos se repite el mismo patrón, las fuerzas de orden público hacen uso de la fuerza bruta o de sus armas de fuego. Les retiran, o al menos intentan, sustraerles sus instrumentos de trabajo (celulares, cámaras de video y cámaras fotográficas) para borrar el material que puedan haber documentado durante las protestas.
En un comunicado conjunto expusieron que «la libertad de opinión y de expresión es un derecho universal según diversos instrumentos internacionales , dicho Derecho se refiere a que nadie debe ser molestado por sus opiniones, por investigar o recibir informaciones, ni por difundirlas».
Además «es una obligación del Gobierno Nacional investigar y sancionar los delitos contra los Derechos Humanos cometidos por sus autoridades, incluído en estos la Libertad de Prensa, Libertad de Expresión, Ejercicio del Periodismo, Acceso a la Información, entre otros».
El artículo 58 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que toda persona tiene derecho a la información oportuna, veraz e imparcial.
Ministerio Público solicitó que personas detenidas por destruir estatua de Chávez sean juzgadas en tribunales civiles

estatuadechavez

 

A través de un comunicado, el Ministerio Público solicitó al Tribunal Primero de Control del estado Zulia que las catorce personas que fueron detenidas el pasado 05 de mayo por presuntamente derrumbar y quemar una estatua de Hugo Chávez, además de causar daños a la alcaldía de la Villa del Rosario, sean juzgadas por la jurisdicción ordinaria y no la militar.

La Fiscalía 41ª de esa entidad federal realizó la petición con fundamento en los artículos 261 y 49, numeral 4, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, referidos a que las personas deben ser juzgadas por sus jueces naturales. Además del artículo 76 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual contempla que por un solo delito o falta no se seguirán diferentes procesos, aunque los imputados sean diversos.

 

Tal solicitud se realizó durante la audiencia de presentación de Leonardo Orozco, Leonardo Villero y Víctor Taborda, quienes fueron detenidos por funcionarios del Sebin, tras incautárseles una consola de aire acondicionado, un monitor, un mouse y dos teclados pertenecientes a la mencionada alcaldía zuliana.

La representación del Ministerio Público imputó a los tres hombres los delitos de aprovechamiento de cosas provenientes del delito y agavillamiento, y pidió que se acordarán medidas cautelares de presentación periódica y de fiadores.

A tal efecto, la Fiscalía argumentó que debido a que Orozco, Villero y Taborda son juzgados por la jurisdicción ordinaria, y por tratarse de un mismo hecho, las otras 14 personas deben ser puestas también a disposición del Tribunal 1º de Control.

 

Expertos en derecho califican como trampa la Constituyente propuesta por Maduro

VARIOS EXPERTOS EN MATERIA DE DERECHO CONSTITUCIONAL se pronunciaron en torno al llamado del presidente Nicolás Maduro a una Asamblea Nacional Constituyente de corte «popular e incluyente» para entre otras cosas reformar la actual Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

El abogado José Vicente Haro dijo que con esta iniciativa, Maduro tiene como objetivo destruir la Constitución e imponer Plan de la Patria. «Nadie caiga en trampas».

Por su parte el profesor universitario José Ignacio Hernández sentenció que es un error decir que el Gobierno convocó una Asamblea Nacional Constituyente. «El anuncio de hoy nada tiene que ver con ello».

 

Vielma Mora prohibió las manifestaciones en el estado Táchira

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El gobernador del estado Táchira, José Vielma Mora, prohibió a través de un decreto las manifestaciones de calle.

“Queda prohibido en el territorio del estado Táchira, toda acción dirigida a la alteración de la paz social y el quebrantamiento del orden público, mediante manifestaciones de calle que generen violencia, zozobra y terror a la población con el propósito de obstaculizar las vías públicas”, reza el mencionado decreto.

El mandatario regional expresó que la medida se basa en el artículo 55 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.