La Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, rechaza los distintos actos violentos suscitados en Venezuela donde al menos 8 personas perdieron la vida y expresamos nuestras condolencias a los familiares de Jairo Ortiz (19), Daniel Queliz (20), Miguel Colmenares (36), Bryan Principal (14), Gruseny Canelón (32), Carlos José Moreno (17), Paola Ramírez (23), sargento de la Guardia Nacional Bolivariana, San Clemente Barrios y de la señora Almelina Carrillo (47).
Instamos al Ministerio Público a que realice las investigaciones para determinar si los asesinatos se produjeron debido a la actuación de agentes de la Ley o por la participación de civiles. Consideramos importante que se realice cuanto antes una oportuna y transparente investigación en todos los casos para que así se conduzca al esclarecimiento de los hechos y se sancione a los responsables, donde otros centenares de personas han resultado heridas y/o lesionadas. Asimismo, exigimos investigar y deploramos la muerte de diez personas en El Valle y una en Petare durante los saqueos ocurridos entre la noche del jueves y la madrugada del viernes 21 de abril.
Rechazamos el empleo excesivo de la fuerza, así como el uso de bombas lacrimógenas. También debe investigarse si fueron lanzadas bombas lacrimógenas desde helicópteros; si se realizaron torturas y tratos crueles inhumanos y degradantes contra personas detenidas; detenciones masivas y arbitrarias; debe evitarse la promoción de lenguaje de odio en redes sociales tanto por parte de dirigentes del gobierno como de líderes de oposición; actuación de civiles armados para reprimir manifestaciones, y Condenamos la destrucción y daños de instalaciones y bienes públicos y privados por parte de grupos violentos en el marco de las protestas.
Solicitamos al Ejecutivo Nacional explicar activación del “Plan Zamora”, ya que la población se encuentra en zozobra frente a esta medida que sin información podría interpretarse en la posibilidad de abusos y violaciones de derechos humanos.
Nuevamente, hacemos un llamado a la oposición y al gobierno a promover el dialogo a favor del entendimiento nacional con el fin de evitar una escalada de violencia y de violaciones de los derechos humanos. Es importante asumir de una vez los compromisos de respetar la Constitución y la separación de poderes y atender las necesidades económicas y sociales de la población.
Solicitamos a los cuerpos de policía, órganos de seguridad, orden público y mantenimiento del orden interno cumplir con los estándares, las normas y principios para el uso progresivo y diferenciado de la fuerza en el control de reuniones públicas y manifestaciones; las cuales establecen mecanismos para prevenir y sancionar cualquier tipo de maltrato policial durante el desarrollo de reuniones públicas, manifestaciones y protestas ya sean pacíficas o violentas.
Instamos a la ciudadanía, a ejercer su derecho a la manifestación de forma pacífica y a denunciar cualquier abuso, acto delictivo o violación de derechos humanos para que estos hechos sean investigados y sancionados por las autoridades competentes.
Finalmente, exigimos al Gobierno Nacional y a todos los poderes públicos, a garantizar la paz social, la justicia expedita, la protección a las víctimas y sus familias, el derecho a protestar y manifestar, y el respeto a los derechos humanos de todas y todos.
*Con información de Red de Apoyo por la Justicia y la Paz
Los presuntos implicados son efectivos del Ejército que formaron parte de un grupo de Escudriñamiento y Técnicas de Patrullaje que se desplegó en la zona desde el 7 de octubre pasado
Los familiares empezaron a buscar a los jóvenes, muchos de ellos trabajadores del campo, desde las primeras horas. Pero las autoridades castrenses nunca les informaron con certeza sobre su paradero
Días después de las desapariciones, el ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol, mostró en rueda de prensa el éxito que su OLP había tenido en la región mirandina
@loremelendez
HACE CASI MES Y MEDIO DEJARON DE VERLOS. Aunque sus familiares intentaron averiguar su paradero, las autoridades les negaron reiteradas veces la posibilidad de llegar hasta ellos. Eran jóvenes, campesinos, algunos de ellos no sabían ni leer ni escribir. Hoy, los 12 muchachos que desaparecieron de Barlovento son las víctimas más recientes de la Operación de Liberación del Pueblo (OLP) que el gobierno de Nicolás Maduro comenzó el año pasado.
Elizer Ramírez, Antony Vargas, Antonio Aladejo, Luis Sanz, Dennys Acevedo, Oscar Rodríguez, Yorman Mejias, Freddy Hernández, Víctor Manuel Martínez, Jairo Rivas, Kenry González y Carlos Marchena fueron detenidos por militares el pasado 15 de octubre de 2016 bajo el velo de la ilegalidad: no fueron sorprendidos cometiendo un delito y no tenían sobre ellos una orden de aprehensión. Desde entonces, sus familias atravesaron por un proceso que los llevó a denunciar ante distintas instituciones lo ocurrido. El desenlace sucedió el pasado viernes 25 de noviembre, cuando hallaron los cadáveres en dos fosas comunes en los municipios Acevedo y Brión del estado Miranda.
Esta es la reconstrucción de su historia:
7 de octubre de 2016
Comienza el despliegue de una Operación de Liberación del Pueblo (OLP) en la región Barlovento, conformada por seis municipios del estado Miranda. Ahí trabajan 1.300 efectivos de las Fuerzas Armadas y miembros de distintos cuerpos policiales del país.
15 de octubre de 2016
La OLP llega al sector La Peica de Aragüita, en el municipio Acevedo del estado Miranda. A las 6:40 pm arrestan en su casa a Carlos Gabriel Marchena Silva, de 20 años de edad. Junto a él otros 19 jóvenes de esa comunidad y otras aledañas, de acuerdo con las fuerzas de seguridad, son trasladados al Destacamento Camacaro 323 de la parroquia El Café.
Los capturados son campesinos y, en algunos casos, analfabetas. Los señalan de estar vinculados con bandas de extorsión y robo de vehículos de la zona.
18 de octubre de 2016
Chaguaramal
Los familiares de los muchachos no tienen ninguna noticia de ellos desde que fueron detenidos. En “El Café” les han dicho varias veces que los jóvenes no están allí. La insistencia hizo que, por fin, ese día los funcionarios les informaran que el grupo había sido llevado hasta el Fuerte Chaguaramal, ubicado en Cúpira, municipio Pedro Gual del estado Miranda. Al acudir al sitio, les indicaron que ninguno estaba ahí.
Distancia entre los sitios donde supuestamente se mantuvieron detenidos a los jóvenes
La denuncia
Ante la irregularidad, los familiares denunciaron las desapariciones ante el Ministerio Público, en la sede del sector Valle Verde ubicada en la avenida Intercomunal Guarenas-Guatire, y la Defensoría del Público, en su sede de Guatire, estado Miranda. En ambos entes les informaron que realizarían diligencias para esclarecer los hechos.
La exitosa OLP de Reverol
Ese mismo día, el ministro de Interior y Justicia, Néstor Luis Reverol, hace gala de los logros de la OLP en la región Barlovento. Informó que en el sector Casupo Arriba del municipio Acevedo, el mismo donde detuvieron a los 20 hombres, fue localizada una vivienda que servía para mantener en cautiverio a personas secuestradas. Recordó que la banda criminal “El Anohis”, que operaba allí, ya fue desmantelada tras varias operaciones . Su cabecilla murió en un supuesto enfrentamiento con la Policía Nacional Bolivariana el día 16 de octubre de 2016, mientras que los cinco integrantes restantes cayeron el lunes 17 de octubre de 2016 durante otro procedimiento.
20 de octubre de 2016
De acuerdo con Laura Roldán, directora de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz –organización que contactó a los familiares luego de lo ocurrido– constató que el Ministerio Público comenzó sus actuaciones en el caso. Días más tarde establecerieron que ninguno de los muchachos tenía antecedentes penales, ni relaciones con las bandas delictivas de Barlovento. También confirmaron que habían sido detenidos por efectivos militares, sin que mediara en su contra «ni el supuesto de flagrancia ni una orden judicial de aprehensión».
21 de octubre de 2016
Hasta la fecha han sido liberados 8 de los 20 jóvenes detenidos. De acuerdo con los familiares, estaban en graves condiciones, ya que “fueron torturados y obligados a firmar documentos en contra de su voluntad sin haberlos leído”. Como ya se dijo, algunos de ellos no sabían ni leer ni escribir.
7 de noviembre de 2016
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La OMTC instó a las autoridades venezolanas a activar medidas que permitieran dar con el paradero de los jóvenes y que garantizaran su seguridad e integridad física. Tales peticiones se hicieron ante el presidente Nicolás Maduro, la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, y el defensor del Pueblo, Tarek William Saab.
«La organización manifiesta preocupación ya que hasta el momento no se sabe nada de su paradero ni sobre su integridad personal y podrían estar sufriendo malos tratos. La Red de Apoyo se ha pronunciado anteriormente por estos hechos resaltando que algunos funcionarios del ejército han generado violación de derechos humanos por la forma en la que han llevado a cabo los últimos operativos ya que los testimonios de familiares de víctimas aseguran constantemente que las y los funcionarios realizan detenciones arbitrarias, allanamientos, desalojos forzosos, robos de pertenencias, desapariciones y ejecuciones a través del uso desmedido de la fuerza, siendo estos hechos violatorios a los derechos humanos”, indica la nota.
25 de noviembre de 2016
Funcionarios de la División Nacional de Investigaciones de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalística y de la Dirección General de Contra Inteligencia Militar hallan fosas comunes en dos áreas de Barlovento. En el sector La Maturetera del municipio Brión consiguen dos cadáveres, mientras que en el sector Aragüita, en la vía del Parque Nacional Guatopo, en Acevedo, encuentran 10.
Las identidades de los cuerpos hallados coinciden con la de los desaparecidos. Las pruebas forenses señalan que la data de la muerte es de hace mes y medio, aproximadamente. Es decir, las víctimas fueron asesinadas poco después de haber sido detenidas.
26 de noviembre de 2016
Las detenciones
El ministro de Relaciones Interiores y Justicia, Néstor Reverol Torres, informó en horas de la mañana sobre el hallazgo de los cadáveres y la detención de los presuntos implicados: ocho militares que formaron parte de un grupo de Escudriñamiento y Técnicas de Patrullaje que fue activado desde octubre pasado en la región de Barlovento. No descartó que próximamente se hicieran otras detenciones.
Reverol, que no se refirió a la OLP, detalló que tal operación fue desplegada luego de que los habitantes denunciaran desalojos arbitrarios «por parte de elementos generadores de violencia vinculados al paramilitarismo colombiano y a la delincuencia organizada”. Durante las acciones de los efectivos en el sitio se hicieron detenciones preventivas en las poblaciones de Capaya, Yaguapa, El Café, Cambural y Aramina, aclaró.
Anunció que los cuerpos serían llevados hasta la Medicatura Forense de Bello Monte, en Caracas.
Rechazo de la FAN
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En horas de la tarde, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) rechazó en un comunicado los sucesos ocurridos en Barlovento y apuntó que fueron 11, y no 8, los funcionarios implicados. Revela, de paso, que se trató de miembros del Ejército que ejecutaban operaciones de reconocimiento y patrullaje.
«Este tipo de hechos contraviene el ordenamiento jurídico nacional y no representa en modo alguno el profesionalismo y la vocación humanista que caracteriza a los soldados de la patria», dijo en el documento el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, quien firmó la misiva y anunció que el presidente Nicolás Maduro ordenó la expulsión de los implicados.
27 de noviembre de 2016
El Ministerio Público informó que en las próximas horas imputaría a 11 funcionarios del Ejército Nacional por su presunta responsabilidad en la masacre de Barlovento. Anunció que les atribuiría varios cargos a los señalados, y que estarían todos relacionados con la vulneración de derechos fundamentales.
Así, se dieron a conocer los nombres de los supuestos implicados: el teniente coronel José Ángel Rojas; los sargentos primero Orlando Maceli Barrios, Rafael Ruiz, Luis Ramón Figuera, Francisco Rivas Salazar y Romi Antón Antón; el sargento mayor de tercera Miguel Francisco Rodríguez; el mayor Luis Eduardo Romero; los cabos segundo Arquímedes José Aguey y Luis Eduardo Machado; y el cabo primero Fabián de Jesús Rangel. Todos los militares pertenecen al Batallón 323 Caribe con sede en Maturín, y están destacados en Caucagua, específicamente en el sector El Café.
El Ministerio Público también pidió medidas de protección para los testigos del hecho.
A RAÍZ DEL HALLAZGO DE LOS CUERPOS de 12 jóvenes en fosas comunes de los municipios Brión y Acevedo del estado Miranda, en la región de Barlovento, la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, organización que hizo seguimiento al caso y que acompañó a los familiares durante los procedimientos de denuncia ante las autoridades, emitió un pronunciamiento sobre el suceso en el que están presuntamente implicados al menos 8 efectivos militares.
Elizer Ramírez, Antony Vargas, Antonio Aladejo, Luis Sanz, Dennys Acevedo, Oscar Rodríguez, Yorman Mejias, Freddy Hernández, Víctor Manuel Martínez, Jairo Rivas, Kenry González y Carlos Marchena habían sido detenidos el pasado 15 de octubre a raíz de una Operación de Liberación del Pueblo que se había desplegado en la zona. Desde entonces, sus familiares se quedaron sin noticias sobre su paradero.
A continuación, el comunicado enviado por la institución:
PRONUNCIAMIENTO
Detención-desaparición forzada y ejecución sumaria de 12 jóvenes en Barlovento no debe quedar impune
La Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, organización social que promueve y defiende los derechos humanos: brindando atención integral a personas víctimas de abusos policiales y militares en Venezuela se pronuncia ante los terribles y condenables hechos suscitados en Barlovento donde se encontraron 12 cadáveres que, según las experticias realizadas, corresponden a las personas detenidas y desaparecidas hace un mes en el estado Miranda y en la que se asegura ahora con certeza la participación de varios efectivos militares en dichos crímenes.
En primer lugar la Red de Apoyo expresa su pesar y solidaridad con todas las familias, amigas, amigos y las comunidades, también víctimas de estas graves violaciones de derechos humanos. Sabemos que nada puede compensar la angustia y el dolor que viven, pero también tienen el derecho de saber qué ocurrió, obtener justicia, que se sancione a todos los responsables, se les brinde ayuda para la rehabilitación de los sobrevivientes y se les otorgue algún tipo de reparación o compensación de los terribles daños causados, así como garantías de que nunca más se repetirán estos hechos.
La organización que tiene más de 30 años denunciando delitos cometidos por funcionarios de los cuerpos de seguridad ha acompañado a los familiares que denunciaron la desaparición de Eliecer Ramírez, Anthony Vargas, Antonio Aladejo, Luis Sanz, Denny Acevedo, Oscar Rodríguez, Yorman Mejias, Freddy Hernández, Víctor Manuel Martínez, Jairo Rivas, Kendri González y Carlos Marchena Silva, el pasado 15 de octubre en el municipio Acevedo, región de Barlovento, estado Miranda.
La madre de uno de los fallecidos, Mary Isabel Silva, denunció que a su hijo Carlos Gabriel Marchena Silva (20) y a un grupo de más de 20 jóvenes de la comunidad, se lo llevaron detenido en un supuesto Operativo de Liberación del Pueblo (OLP) realizado en el sector La Peica en el municipio Acevedo (Caucagua), señalando que fueron trasladados al comando militar ubicado en El Café y aunque se dirigieron en varias oportunidades para saber de sus hijos se les informaba reiteradamente que no estaban allí. El 18 de octubre ante la insistencia de los familiares por saber de sus hijos, los funcionarios de ese comando les indicaron que habían sido trasladados al Fuerte Chaguaramal, ubicado en Cúpira, estado Miranda, pero al pedir información también se les dijo que no se encontraban en el lugar. Tres días después fueron liberados 8 de los jóvenes en graves condiciones según relatan los familiares, “fueron torturados y obligados a firmar documentos en contra de su voluntad sin haberlos leído”. Todos estos hechos se denunciaron ante el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo con el acompañamiento de la Red de Apoyo.
El sábado 26 de noviembre el Ministerio Público dio a conocer a través de una nota de prensa que imputará penalmente, por varios delitos relacionados con la vulneración de derechos fundamentales, ante los tribunales ordinarios del Estado Miranda, a 11 ex efectivos militares por su presunta responsabilidad en la muerte de 12 jóvenes; dichos efectivos fueron degradados y expulsados de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana el mismo día 26, según comunicado del Ministro de Defensa del mismo día, se trata del ex Teniente coronel José Ángel Rojas, los sargentos primero Orlando Maceli Barrios, Rafael Ruiz, Luis Ramón Figuera, Francisco Rivas Salazar, Romi Antón Antón, el sargento mayor de tercera Miguel Francisco Rodríguez y el mayor Luis Eduardo Romero; además de los cabos segundo Arquímedes José Aguey y Luis Eduardo Machado; y el cabo primero Fabián de Jesús Rangel adscritos todos, al Batallón del ejército 323 Caribe “Coronel José Camacaro Rojas” con sede en la ciudad de Cumaná, Estado Sucre, y están destacados en Caucagua, específicamente en el sector El Café, estado Miranda.
La Red de Apoyo se solidariza con las madres y los familiares de las víctimas y exhorta nuevamente a las autoridades políticas e institucionales a escuchar y atender efectivamente las denuncias de abusos, allanamientos ilegales, detenciones arbitrarias, torturas o tratos crueles, ejecuciones o cualquier otro tipo de violación de derechos humanos que ocurren en estos operativos de seguridad donde se corre el riesgo de que funcionarios de seguridad ejerzan acciones masivas indiscriminadas sobre comunidades. Los funcionarios militares no deben ejercer acciones de seguridad ciudadana para las cuales no están preparados, ni entrenados. No es posible garantizar la seguridad violando los derechos humanos, ni con operativos esporádicos e indiscriminados que en vez de traer seguridad, generan más violencia, angustia y zozobra. La seguridad es también un derecho humano que el Estado debe garantizar sin menoscabar los demás derechos.
La Red de apoyo continuará acompañando a los familiares y estará atenta para que todas las investigaciones y demás acciones judiciales y extrajudiciales se realicen con la mayor transparencia y celeridad para la búsqueda de justicia, especialmente que:
1. Se lleve a juicio a los responsables de tales hechos, para obtener sanciones penales efectivas.
2. Se garantice que los funcionarios responsables sean sancionados administrativamente por el Ministerio de la Defensa.
3. El Estado brinde la atención psicológica y psicosocial a los familiares afectados, tal como se contempla en el nuevo Plan Nacional de Derechos Humanos.
4. Se otorgue la indemnización y reparación por los daños psicológicos y morales causados a los familiares de las víctimas, después de tan doloroso y traumático hecho.
5. La máxima autoridad castrense, pida públicamente perdón a las víctimas por las actuaciones represivas y las violaciones a los derechos humanos cometidas por los funcionarios adscritos al componente del Ejército Venezolano.
6. El Estado coordine con las comunidades de los diversos sectores del eje Barlovento del estado miranda, acciones concretas, efectivas y sostenibles en el tiempo para garantizar la tranquilidad, seguridad y respeto a los derechos humanos, debido al auge de las acciones delictivas en la zona.
7. Se refuerce, con carácter de urgencia, la formación y entrenamiento en derechos humanos de todos los funcionarios castrenses, policiales y de seguridad ciudadana.
8. Se brinde seguridad y garantía de no repetición de estos abusos y violaciones de derechos humanos.
