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Provea: El trabajo de la Misión de la ONU es el más importante para la verdad y debe continuar
«El trabajo de la Misión de la ONU se ha convertido en el más importante mecanismo de verdad para que los venezolanos podamos conocer qué es lo que ha sucedido en nuestro país en los últimos años», destacó el coordinador general de Provea, Rafael Uzcátegui
A juicio de Provea, el tercer informe de la Misión de la ONU comprueba que «la situación de impunidad se mantiene y las violaciones de derechos humanos continúan» en Venezuela. Por ello, piden que se mantengan los mecanismos de protección internacional y que se renueve por dos años más el mandato de la Misión 

 

El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos( Provea) destacó la importancia del tercer informe de la Misión de Determinación de Hechos de la ONU  e hizo sus votos porque se extienda su mandato en Venezuela. 

En una publicación en su cuenta en Twitter, aseguran que el más reciente informe de la Misión demuestra que las  violaciones de DDHH en Venezuela «son sistemáticas y responden a un patrón, definido en un plan con autorización de altas autoridades del Gobierno venezolano».

Rafael Uzcátegui, coordinador general de Provea, difundió un video en el que analizó el informe y sus implicaciones.

«El trabajo de la Misión de la ONU se ha convertido en el más importante mecanismo de verdad para que los venezolanos podamos conocer qué es lo que ha sucedido en nuestro país en los últimos años», expresó.

Añadió que es importante que las conclusiones de los informes de la Misión ratifiquen «que las violaciones son sistemáticas y que responden a un patrón de actuación definido en un plan que tiene la autorización y el estímulo de altas autoridades del gobierno venezolano».

También, consideró que las conclusiones del informe ratifican que son «insuficientes» los anuncios de las autoridades para «garantizar la independencia del Poder Judicial y el respeto al debido proceso».

«La situación de impunidad se mantiene y las violaciones de derechos humanos continúan, a pesar de los diferentes anuncios del Ejecutivo», recalcó.

Por esto, considera que los mecanismos de protección internacional deben seguir activos en Venezuela.

«Se han constituido en un importante muro de contención sobre el abuso del poder, necesitamos que sigan trabajando y que el monitoreo cercano continúe, por eso, promovemos que el trabajo de la Misión pueda seguir en Venezuela y que su mandato sea renovado en el Consejo de DDHH de la ONU por dos años más«, concluyó. 

El costo ambiental «devastador» del Arco Minero

Provea también denunció que el Gobierno de Maduro afirmó en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU que aplican programas para proteger a la población del mercurio y para erradicar la explotación minera, aunque la realidad es otra.

En tal sentido, reiteraron que la propia Misión de la ONU denunció la grave situación del Arco Minero.

«La Misión denuncia que en Venezuela el mercurio se evapora en la atmósfera por el proceso de extracción del oro y alertan que el uso generalizado del mercurio tiene efectos graves y duraderos en la salud de las personas y el medio ambiente», escribieron. 

Asimismo, enfatizaron que la Misión de la ONU advirtió sobre el costo ambiental «devastador» producto de la minería descontrolada en el Arco Minero y en otras áreas indígenas protegidas.

Sebin alegó que tenía “órdenes superiores” para hostigar en rueda de prensa en Provea
La amplia presencia de miembros de la prensa y activistas sociales, los obligó a los funcionarios a retirarse del lugar

 

La ONG Provea denunció que funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), intentaron ingresar a la sede de la ONG ubicada en Caracas, cuando familiares y abogados de los trabajadores humanitarios Néstor Astudillo, Gabriel Blanco, Emilio Negrín, Alonso Meléndez, Reynaldo Cortés y Alcides Bracho, realizaban una rueda de prensa. 

Según detalla la ONG, dos funcionarios adscritos al cuerpo de seguridad, se presentaron a las 10:30 de la mañana del 20 de septiembre a la sede de la organización, y expresaron su intención de presenciar lo que se estaba diciendo en la rueda de prensa, organizada por el Comité por la Libertad de los Luchadores Sociales con el apoyo de Provea.

«Sabemos que se está realizando una rueda de prensa, y tenemos órdenes superiores de entrar para escuchar lo que se está diciendo», alegaron los funcionarios a los miembros de Provea.

Durante más de 40 minutos, los oficiales del Sebin se mantuvieron en el lugar, y fotografiaron al coordinador de Provea, Inti Rodríguez y también a sus documentos de identidad. 

La amplia presencia de miembros de la prensa y activistas sociales, los obligó a los funcionarios a retirarse del lugar. 

Provea calificó la situación como un nuevo acto de intimidación y hostigamiento contra activistas sociales y organizaciones de la sociedad civil, que se produce en medio de un creciente cierre del espacio cívico y amenazas para el ejercicio de los derechos a la libre asociación y reunión pacíficas.

La situación se presentó justo el día en el que la Misión de Determinación de Hechos de la ONU presentó su tercer informe sobre Venezuela, en el que documentó graves violaciones a los DDHH.

Odevida: 44 líderes sindicales fueron asesinados entre 2015 y 2020
Informe Anual Provea: Impunidad estructural favorece ejecuciones en Venezuela
14 derechos humanos fueron analizados en el más reciente Informe Anual sobre DDHH en Venezuela
Representantes de Provea señalaron que Venezuela sigue marcada por la violación masiva y sistemática del derecho a la vida
Múltiples denuncias hechas contra el Estado venezolano pudieran constituit crímenes de lesa humanidad

@ValeriaPedicini/ Foto: Valeria Pedicini

El Programa de Educación Acción en Defensa de los Derechos Humanos (Provea) presentó la más reciente edición de su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, correspondiente al período enero-diciembre de 2021.

Durante la presentación de la organización se mostraron los principales avances, retrocesos, obstáculos y amenazas para la realización de 14 derechos humanos en el país. 

Rafael Uzcategui, coordinador general de Provea, explicó que hubo cuatro tendencias en los hechos que tuvieron influencia en la situación de los derechos humanos en Venezuela:

  1. El afianzamiento de la crisis de la institucionalidad democrática, a pesar de la realización de las elecciones parlamentarias, junto a una erosión de la representatividad de las fuerzas políticas polarizadas.
  2. El ajuste económico de Nicolás Maduro que está generando una desigualdad histórica.
  3. La actuación de los organismos internacionales obligó a las autoridades a tomar decisiones para intentar evitar el escalamiento de sus mecanismos de protección y monitoreo.
  4. Amenazas y hostigamiento a la sociedad civil e intentos de mayor clausura del espacio cívico.

Uzcategui mencionó que Venezuela sigue viviendo bajo una política de Estado enmarcada en la violación masiva y sistemática del derecho a la vida, y evidencia de manera categórica que la actuación de los agentes del Estado sigue contrariando las normas nacionales e internacionales sobre el uso diferenciado y progresivo de la fuerza, obviando la obligación de no causar privaciones arbitrarias de la vida.

Asimismo, señalaron que en Venezuela existe una ventana de miles de presuntas ejecuciones extrajudiciales, las cuales pueden constituir crímenes de lesa humanidad, asunto del que se encarga la Corte Penal Internacional (CPI).

A continuación, en Runrun.es presentamos un resumen con las claves más importantes del informe anual de Provea:

Derecho a la alimentación

  • El hambre continúa en ascenso y con pronóstico desfavorable: La FAO ha estimado un incremento de la proporción de personas que sufrirían de hambre en Venezuela, a saber: 33,2% en 2019-2021; 38,4% en 2021-2023 y 61,7% entre 2028-2030.
  • Desde el punto de vista cualitativo, entre 2019-2020 y 2021 la inseguridad alimentaria, en sus formas leve y moderada, estuvo alrededor de un tercio cada una, y uno de cada cuatro hogares refirió inseguridad alimentaria severa, específicamente la relacionada con experiencias asociadas al hambre.
  • Los indicadores de la pobreza multidimensional asociados a la seguridad alimentaria y nutricional se vieron afectados por los relacionados con educación y los servicios públicos como agua y electricidad. 
  • La escasez de combustible generó reducción en la producción de leche, impidió el traslado de alimentos hacia los mercados y ocasionó la pérdida de cosechas.
  • La crisis económica ha generado el empobrecimiento masivo de la población, con una reducción importante del ingreso real que ha impactado de forma directa en la alimentación.
  • Durante 2021, los hogares en pobreza extrema redujeron el gasto en alimentos en 13,3%.
  • 20% de los niños menores de 6 meses sufre de desnutrición, según la Sociedad Venezolana de Pediatría. 
  • La proporción de niños y niñas menores de 5 años con retraso del crecimiento fue 23% y en aquellos entre 5 y 17 años fue de 25%. 

Derecho a la educación

  • Según la Encuesta Nacional de Establecimientos Educativos, 682.000 niños abandonaron la escuela básica desde 2018.
  • 45.6% de los niños que no asisten a la escuela dijeron que no cuentan con alimentos en el hogar, según la Encuesta Nacional de Establecimientos Educativos.
  • La Encuesta Nacional sobre la Juventud reflejó que 821.000 jóvenes de entre 15 y 19 años y 880.000 de 20 a 24 años abandonaron la educación formal en los últimos dos años.
  • De acuerdo con la información oficial, en 2021 se inauguraron apenas 13 nuevos planteles a nivel nacional. 
  • 92 incidentes de inseguridad se registraron en las universidades durante el primer trimestre de 2021. 

Derechos laborales

  • En 2021, la pobreza total por ingresos alcanzó 94,5%, mientras que la pobreza extrema subió hasta 76,7%.
  • Para enero de 2022, el salario mínimo integral en Venezuela era el equivalente a $2,18 de ingreso al mes.
  • 58% de los trabajadores del sector privado están en condición de pobreza extrema, mientras que en el sector público la cifra alcanza 75%.
  • En el sector privado, solo 10% no es pobre y en el sector público solo el 4%.
  • Las reiteradas violaciones laborales dieron origen a manifestaciones, en muchos casos reprimidas, ocasionando retaliaciones contra trabajadores y líderes sindicales.

Derecho a la salud

  • En 2021, Provea registró 71.186 denuncias sobre violaciones al derecho a la salud en centros de atención públicos. Un aumento de 340% respecto al año anterior.
  • Hasta diciembre de 2021, el gobierno notificó un total acumulado de 444.635 casos y 5.324 muertes por COVID-19, con un alza de 292% y 418% con respecto a lo registrado en 2020.
  • Venezuela bajó del puesto 176 al puesto 185 entre 195 países en el Índice Global de Seguridad Sanitaria con un puntaje de apenas 20 sobre 100. 
  • En 2021 aumentó a 70% el retiro personal médico y a 80% el del personal de enfermería de los centros de salud públicos en el país. 
  • Entre 2019 y 2021, Venezuela se ubicó en el grupo de países con bajas coberturas de vacunación contra el sarampión, rubéola y parotiditis, por debajo de 80%.

Derecho a la seguridad social

  • El beneficio recibido con los 28 bonos asignados durante todo el año equivale en la totalidad a la ínfima suma de $82,4; por lo tanto, cada beneficiario recibió $0,22 diarios. 
  • Durante 2021 hubo un aumento de 39.478 pensionados bajo la modalidad de pensionados contributivos. Sin embargo, tiene tendencia a la baja observando los años anteriores.
  • En 2021 hubo una disminución 73.334 en el número de pensiones otorgadas a través de la Gran Misión Amor Mayor, equivalente a 22,64%. 
  • Entre 15.000 y 20.000 pensionados venezolanos que residen en el exterior continúan a la espera del pago de sus pensiones que le adeudan desde el año 2016.
  • Jubilados, pensionados y adultos mayores fueron los actores que más se hicieron sentir en las protestas bajo el lema “Por una pensión justa”, siendo esta de 7 bolívares, equivalente a $1,8.

Derecho a un ambiente sano

  • En 2021, la gestión de Maduro reafirmó basarse en un modelo extractivista depredador del ambiente y de los derechos humanos.
  • 32 defensores ambientales fueron asesinados en Venezuela entre 2013 y 2021, a manos de militares y grupos irregulares armados.
  • En el Parque Nacional Yapacana, han sido arrasadas, al menos, 2.227 hectáreas producto del auge de la minería ilegal, atizada por el Arco Minero del Orinoco.
  • En el Parque Nacional El Ávila se reportaron ocupaciones ilegales, cuyo propósito sería la expansión de la frontera agrícola y la construcción de nuevas viviendas.

Derecho a la vivienda

  • Provea contabilizó que 4.182 viviendas nuevas habían sido construidas por la Gran Misión Vivienda Venezuela entre enero y diciembre de 2021. La diferencia con las cifras divulgadas por el gobierno es de 495.818 viviendas.
  • El Banco Central de Venezuela (BCV) estableció que entre los meses de junio a septiembre de 2021 los bienes y servicios de vivienda y educación, equipamiento del hogar y los costos del transporte fueron los que más variaron de precios.
  • Desde 2019 se han construido 11.273 viviendas, mientras que el gobierno señala haber construido 1.453.338.
  • El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social informó que en 2021 ocurrieron 191 protestas en todo el país por demanda de servicios básicos.
  • Existen comunidades que no tienen acceso al servicio de agua desde hace ocho años y deben caminar kilómetros para llenar un tobo de agua desde un surtidor público.

Derecho a la integridad personal

  • En 2021, Provea registró 241 víctimas de torturas a nivel nacional. Un aumento de 148,4% respecto al año anterior. Es el segundo registro más alto de los últimos 33 años. El Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC) fue responsable de torturar a 155 personas.
  • En el 60,9% de las denuncias de torturas registradas en 2021, las víctimas dijeron haber sufrido abuso sexual que en varios casos incluyó violación.
  • Provea registró 489 víctimas de tratos crueles a nivel nacional. El 44,3% de los afectados denunció haber sido expuesto a desnudez colectiva y amenazas de violación por parte de agentes de seguridad.
  • El 41,3% de las víctimas de tratos crueles inhumanos y degradantes registrados en 2021 fueron mujeres que denunciaron haber sido víctimas de golpizas y maltratos psicológicos, en su mayoría, a manos de agentes de seguridad del género masculino. 
  • Las sedes del CICPC de El Hatillo y de la DGCIM en Boleíta concentran el 43% del total de casos de torturas registrados entre 2018 y 2021, con al menos 441 personas torturadas en ambos recintos.

Derecho a la justicia

  • Según el Índice de Estado de Derecho del World Justice Project, Venezuela quedó en el último lugar de 139 países examinados en materia de Justicia Penal y de penúltimo lugar en Justicia Civil.
  • En 2021 el Estado puso en marcha una estrategia engañosa para mostrar cooperación con la Corte Penal Internacional en el marco del examen preliminar sobre Venezuela.
  • Las instancias internacionales de derechos humanos pusieron de manifiesto su preocupación sobre las evidencias de tortura, malos tratos, violaciones la debido proceso y detenciones arbitrarias que se han ejecutado de forma sistemática en Venezuela desde 2014.
  • El sistema de justicia generó un punto de quiebre durante 2021, al incorporar un nuevo perfil de víctimas dentro de sus dinámicas de persecución: las organizaciones humanitarias. 
  • Durante 2021, la justicia venezolana continuó negando las demandas de la oposición y el chavismo disidente que tenían por objeto garantizar su derecho a la participación en el marco de eventos electorales.

Derecho a la libertad personal

  • En 2021, Provea registró un total de 771 violaciones al derecho a la libertad personal, lo que representa una disminución de 95,4% respecto a 2020. 
  • El 91,8% de las detenciones fueron practicadas durante operativos policiales y militares, la mayoría de ellos, desplegados en el marco de las restricciones de movilidad generadas por la pandemia de COVID-19.
  • 62,7% de los afectados fueron hombres, en su mayoría trabajadores u obreros; dirigentes políticos y líderes sociales; miembro de ONG y personal de salud.
  • Se registraron 19 detenciones ocurridas en el contexto de manifestaciones, lo cual significa una disminución de 96,3% respecto a 2020.
  • En 2021, se registraron 22 casos y 39 víctimas de privación de libertad por razones políticas, una disminución de 98,7% respecto a 2020.

Derecho a la participación

  • Aumentaron las restricciones al espacio cívico y democrático en Venezuela, como consecuencia del recrudecimiento de la política de represión y el control social. 
  • La mayoría de las protestas registradas en 2021 fueron motivadas por la demanda de servicios públicos y mejores condiciones de vida.
  • Durante el 2021, se mantuvieron las mismas violaciones y condiciones de presión contra sindicatos, gremios y organizaciones de trabajadores de empresas e instituciones públicas.
  • La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos documentó 8 casos de criminalización, amenazas, hostigamiento y detención de estudiantes debido a su participación en movimientos estudiantiles.

Derecho a la vida

  • 1.414 personas fueron asesinadas por policías y militares venezolanos entre enero y diciembre de 2021.
  • El elevado número de personas asesinadas por las fuerzas de seguridad es consecuencia de la impunidad estructural que alienta la repetición de los hechos.
  • Desde que Nicolás Maduro asumió el poder, 8.611 personas fueron asesinadas por agentes de la fuerza pública. Un promedio de 1.076 asesinados cada año.
  • 13 niños, niñas y adolescentes fueron asesinados por agentes de la fuerza pública durante 2021.
  • El CICPC fue el organismo de seguridad más letal. Un total de 347 personas fueron asesinadas por ese organismo policial durante 2021. 

Mujeres, víctimas de desigualdad y discriminación

  • Un tercio de las venezolanas se encuentra fuera del mercado laboral y, entre las ocupadas, aproximadamente el 52% se encuentran en el mercado informal.
  • 68% de las víctimas de redes de tráfico en Venezuela son mujeres, 1 de cada 5 víctimas son niños, niñas y adolescentes y 7 de cada 10 personas son niñas mujeres. 
  • La desigualdad laboral y política sigue afectando a las mujeres venezolanas. En los comicios electorales de 2021, de 2,730 postulados para 335 alcaldías, solo 496 fueron mujeres (18%), resultando electas apenas 60 alcaldesas (18% de alcaldías). 
  • De las 183 personas postuladas para las 23 Gobernaciones, 20 fueron mujeres y de ellas solo 2 fueron electas (8,7%). 
  • Un 56,4% de las mujeres trabajadoras de la Administración Pública recibe una menor remuneración frente a los hombres en las mismas ocupaciones. 
  • Venezuela posee una de las tasas de embarazo adolescente más altas de la región alcanzando el 85,3%. 
  • Según AVESA, el 58,6% de las mujeres consultadas no pueden pagar el costo de una consulta médica ginecológica y su tratamiento, de 10 solo 3 han recibido asesoría médica y educación formal suficiente sobre Infecciones de Transmisión Sexual y métodos anticonceptivos y de prevención. 
  • Las mujeres de la tercera edad enfrentan en Venezuela grandes dificultades para alimentarse y adquirir medicamentos de uso regular, puesto que pagos como el que reciben por la jubilación o pensión, no son suficientes para cubrir las necesidades más básicas.
  • La ENCOVI 2020 registra una brecha de género salarial según la cual las mujeres devengan 18% menos que los hombres en un puesto de trabajo básico, pudiendo elevarse a 77% en un puesto gerencial.
Javier Tarazona cumple 300 días detenido: 19 ONG instan a Alberto Fernández a pedir su liberación
Javier Tarazona fue detenido por funcionarios del Sebin el 2 de julio de 2021

El director de la organización no gubernamental (ONG) Fundaredes, Javier Tarazona, cumple 300 días detenido este jueves, 28 de abril.

A propósito del caso de Tarazona, un grupo de 19 ONG instaron al presidente de Argentina, Alberto Fernández, a pedir la liberación del activista.

La petición a Fernández viene luego de que el mandatario argentino informara que restablecerá relaciones con Venezuela, debido a que muchos problemas del país se «han ido disipando».

«Muchos de esos problemas se han ido disipando con el tiempo. Estamos viendo cómo a partir de los acuerdos logrados por el Grupo de Contacto, Venezuela ha ido avanzando en su proceso electoral», dijo Fernández.

 

Después de esas palabras, el grupo de ONG le envió una carta para compartir información sobre la situación de Tarazona, resaltando que el director de Fundaredes está detenido pese a tener problemas de salud.

«Lo instamos respetuosamente a que les pida públicamente a las autoridades venezolanas que responden a Nicolás Maduro la liberación de Tarazona», señalaron las ONG.

Javier Tarazona fue detenido por funcionarios del Sebin el 2 de julio de 2021, junto a Rafael Tarazona y Omar de Dios García, también activistas de la ONG Fundaredes.

La detención se produjo cuando se dirigieron a la sede del Ministerio Público del estado Falcón para denunciar el hostigamiento de fuerzas de seguridad del régimen.

Régimen no responde a la ONU sobre amenazas a defensores de DDHH

De acuerdo con una nota de prensa de Provea, el régimen de Nicolás Maduro no responde a las Naciones Unidas, quienes pidieron información oficial sobre persecución contra defensores de DDHH, cometida especialmente por jueces y fiscales venezolanos.

Específicamente, se trata de los casos de Engel Puertas, director de la ONG “Iniciativa para una Justicia Igualitaria”; Theresly Malavé, de “Justicia y Proceso Venezuela”; y Yasnaia Villalobos, defensora de presos políticos.

También, los mecanismos de la ONU pidieron información sobre la situación de Tarazona, sobre Rodney Álvarez, del sindicato de trabajadores de Ferrominera del Orinoco, excarcelado tras más de 11 años en prisión.

Sobre los casos anteriores, de Tarazona y Álvarez, la ONU recordó que el régimen nunca respondió a la comunicación del 27 de julio de 2021.

*También puede leer: Critican a Maduro por recientes concesiones a países de Petrocaribe: perdonó y redujo deudas

Al menos 320 venezolanos han muerto en protestas desde el #11Abr de 2002
«El 11 de abril de 2002 comenzó un prolongado proceso de criminalización y obstaculización para el ejercicio de los derechos a la asociación, reunión y manifestación pacíficas», destaca Provea a 20 años de la fecha
Provea denuncia que la letalidad en protestas aumentó exponencialmente desde 2014, cuando Maduro llegó al poder
Desde abril de 2002 se computan 9.138 heridos en protestas y al menos 320 muertes. Provea asegura que casi todos los casos siguen impunes

 

Venezuela ha registrado, al menos, 320 muertos en protestas desde el 11 de abril de 2002 –hace este lunes 20 años- una «letalidad» que «aumentó exponencialmente» desde 2014, con Nicolás Maduro en la Presidencia, según datos de la ONG Provea.

«El proyecto bolivariano -que discursivamente reivindicó el derecho a la manifestación pacífica-, no solo afinó los mecanismos jurídicos para restringir su ejercicio; también -en su etapa más reciente-, aumentó dramáticamente la letalidad ejercida contra quienes expresan su descontento en las calles», aseguró la ONG en una nota difundida a través de su página web.

Asimismo, señaló que un total de 9.138 personas resultaron heridas en el contexto de manifestaciones entre los años 2002 y 2020.

El 11 de abril inició la criminalización contra el derecho a manifestar

«El empleo excesivo de la fuerza contra los manifestantes, sumado a la ausencia de una política integral de reparación a las víctimas (…), mantiene en la impunidad a la casi totalidad de casos y somete a sufrimientos físicos y psíquicos a centenares de personas que aún padecen las consecuencias de los daños infligidos sin contar con atención alguna por parte del Estado venezolano», sostuvo.

Según Provea, el 11 de abril comenzó un «prolongado proceso de criminalización y obstaculización para el ejercicio de los derechos a la asociación, reunión y manifestación pacíficas».

«La creación de zonas de exclusión para obstaculizar el ejercicio del derecho de reunión y asociación pacíficas es hoy día uno de los más negativos legados de la gestión de Hugo Chávez, continuado ahora por Nicolás Maduro», aseveró la ONG

Luego de los sucesos de abril de 2002, prosiguió Provea, «comenzó a levantarse un muro para impedir que movilizaciones convocadas por sectores de la oposición venezolana, pudieran dirigirse a sedes de instituciones gubernamentales como el Palacio de Miraflores, la Asamblea Nacional y otros espacios».

En los últimos 20 años, de acuerdo con Provea, el chavismo ha reforzado leyes para obstaculizar el ejercicio de la protesta, impedir asambleas en empresas públicas e instituciones del Estado, cierres de calles o el derecho a huelga por parte de compañías estatales.

Además, desde entonces, «se hizo cada vez más frecuente la presencia de civiles armados para atacar manifestaciones», destacó.

Agregó que, desde 2014, la gestión de Maduro «pisó a fondo el acelerador para consolidar rápidamente el andamiaje anti-protestas», y recordó las manifestaciones antigubernamentales de 2017, cuando hubo «143 asesinados, más de 3.000 heridos, 5.000 detenidos, empleo de la justicia militar para procesar a civiles, allanamientos y ataques masivos contra zonas residenciales».

Con información de EFE

Provea apoya prorrogar investigación de Misión de la ONU en Venezuela
Héctor Constant, rechazó la actualización del informe de la misión de determinación de hechos sobre el país

 

El director de la ONG Provea, Marino Alvarado, apoyó la prorrogación de la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Venezuela, para continuar con la investigación sobre graves violaciones a los derechos humanos en el país.

“Ratificamos desde Provea la necesidad de prorrogar en septiembre el mandato de la Misión por la importancia de su trabajo y los aportes positivos que está haciendo para mejorar la situación de derechos humanos en Venezuela”, añadió Alvarado.

«LaMisión indicó la necesidad de seguir investigando a los autores materiales y las cadenas de mando de los presuntos crímenes de lesa humanidad que se han perpetrado en el país», dijo Alvarado.

A través de un video, el director de Provea afirmó que a la Misión de la ONU dijo que el país debe tener un sistema de justicia independiente que permita que se adelanten investigaciones genuinas sobre las violaciones a los derechos humanos.

Asímismo, el organismo expresó su preocupación sobre la difícil situación que están atravesando los presos políticos, sobre todos aquellos que tienen problemas de salud.

Rechazo a respuesta del chavismo

Alvarado expresó su rechazo a la respuesta dada por el gobierno de Nicolás Maduro de descalificar el informe de la misión y descalificar su trabajo, «lo cual expresa la poca voluntad del gobierno de rectificar frente a un panorama de DDHH que otros organismos internacionales y ONG hemos documentado».

Este viernes, el embajador de Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Héctor Constant, rechazó la actualización del informe de la misión de determinación de hechos sobre este país.

Constant condenó la politización del dictamen con el fin de interferir en los asuntos internos de la nación sudamericana.

“Resulta penoso malgastar tiempo de este Consejo considerando actualizaciones e informes preparados en laboratorios mediáticos; la supuesta misión de verificación de hechos será recordada como una experiencia exitosa de despilfarrar dinero en medio de una crisis mundial”, subrayó el diplomático.

“Al igual que las presentaciones pasadas, esta actualización padece de la falta de seriedad, toda una fábrica de innumerables falsedades y fake news contra mi país”, manifestó. 

Claves | Informe de FIDH y Provea revela graves violaciones al derecho a la alimentación en Venezuela desde 2016
Hasta el año 2012, de acuerdo con el informe, Venezuela había alcanzado a reducir la proporción de personas en situación de hambre, cumpliendo con las metas mundiales en esta materia

Foto: Provea

La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y la ONG Provea denunciaron las violaciones al derecho a la alimentación en Venezuela.

A través del informe “Con la Comida no se Juega: Graves Violaciones al Derecho Humano a la Alimentación en Venezuela”, las organizaciones denuncian que estas violaciones, que comenzaron en el 2016, son consecuencias de las políticas públicas del Estado.

Este informe se realizó durante el año 2021 y denuncia la falta de acceso a la canasta alimentaria básica para la gran mayoría de la población venezolana.

De acuerdo con el texto, el gobierno tiene la obligación de adoptar medidas para aliviar el hambre, tras ratificar en 1978 el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en el que se reconoce el derecho a la alimentación.

Señalan, además, que después de años de silencio, el gobierno de Nicolás Maduro empezó a reconocer la gravedad de la crisis, destacando que la dolarización informal y la liberalización focalizada han disminuido la escasez, aunque muchos productos son inasequibles.

Para elaborar este informe, las organizaciones recogieron datos de fuentes documentales, que incluyen 17 entrevistas a actores, representantes de ONG, organizaciones humanitarias, campesinas, académicos, periodistas y activistas comunitarios.

Incumplimiento a las obligaciones del derecho a la alimentación

Aunque según el informe, la alimentaria es compleja y resultante de factores económicos, políticos y sociales, tanto las medidas adoptadas como las omisiones del Estado Venezolano han devenido, en su conjunto, en una vulneración del derecho a una alimentación adecuada.

Además, aunque se han establecido programas de alimentación como el CLAP; estos carecen de la calidad requerida bajo el derecho internacional, se han implementado de forma discriminatoria y utilizado como instrumento de control social.

También, señalan que se debe reconocer la responsabilidad de otros Estados Partes. En este sentido, es fundamental que cualquier régimen de sanciones impuestas por terceros países contengan explícitas excepciones humanitarias y determinen mecanismos de regulación y control que eviten el sobrecumplimiento de empresas y gobiernos.

 

Por otra parte, señalan que la obligación de respetar el acceso existente a una alimentación adecuada requiere que los Estados no adopten medidas de ningún tipo que tengan por resultado impedir ese acceso.

Principios del cumplimiento de las obligaciones ante el derecho a la alimentación

El texto indica que se ha considerado relevante para el contexto venezolano analizar el principio de no discriminación, y los principios de transparencia, participación y descentralización. Además, detallan la relación entre la corrupción y el Derecho a la Alimentación como dimensión inherente al principio de rendición de cuentas.

En cuanto al principio a no discriminación, el informe de Provea y la FIDH señala que este requiere que un Estado no solamente asegure que sus leyes no contengan contenido discriminatorio, sino también adoptar las medidas necesarias para prevenir, reducir y eliminar la discriminación de facto en términos de derechos económicos, sociales y culturales.

Por otra parte, en cuanto a la transparencia, participación y descentralización; la Observación General 12 la formulación y aplicación de políticas públicas para el derecho a la alimentación “exige el pleno cumplimiento” de estos principios, los cuales tienen base en derecho internacional.

 

En este sentido, el anterior relator especial de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la Alimentación, Olivier De Schutter, ha resaltado la importancia de leyes o medidas que garanticen la transparencia y la rendición de cuentas en la ejecución de programas relacionados con el derecho a la alimentación.

Efectos sobre la seguridad alimentaria y situación nutricional

Hasta el año 2012, de acuerdo con el informe, Venezuela había alcanzado a reducir la proporción de personas en situación de hambre, cumpliendo con las metas mundiales en esta materia. En el año 2012, fue uno de los países de América Latina y El Caribe con mejor desempeño.

Fue precisamente eso lo que le hizo merecedor del reconocimiento de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO):

“Por lograr reducir a la mitad el porcentaje de personas con hambre o subalimentación en el país antes de 2015, tomando como línea base el año 1990, conforme a lo establecido por la CMA de 1996 y por Asamblea General de las Naciones Unidas del año 2000 (…) Venezuela tenía que disminuir de 13.5% de personas subalimentadas para 1990 a una cifra menor de 6,7% antes del 2015”.

 

Aquello cambió de manera sostenida desde el bienio 2011-2013, cuando el Índice de Prevalencia de Subalimentación (IPS)246 pasó de ser inferior a 2%, a 31,4% en 2017-2019247, equivalente en este último periodo a 9,1 millones de venezolanos en situación de hambre.

Según el informe de Provea y la FIDH, las proyecciones de la FAO indican que este escenario empeorará para 2030, cuando Venezuela será el país de América Latina con mayor proporción de personas en situación de hambre.

Datos del SOFI, 2020

– Disponibilidad de alimentos

En el año 2020, las deficiencias en los servicios públicos se sumaron a la crisis generalizada del sector productivo. Asimismo, las fallas eléctricas y la escasez de combustible han tenido efectos negativos en la producción de alimentos, con mayor impacto en el sector lechero y ganadero.

Por otra parte, la crisis agroalimentaria no solo ha afectado a los grandes productores, sino también a aquellos que viven de la agricultura familiar, residentes de la zona rural, una de las más desatendidas y con menos capacidad de respuesta. 

Un informe de la FAO  calificó a Venezuela como un país con limitaciones en capital fijo para la producción de alimentos, disrupción en la distribución y comercialización de alimentos y alteración de precios internos, también, con riesgo medio-alto en materia de acceso a insumos intermedios para la producción de alimentos y riesgo bajo en mano de obra para la producción de alimentos y la oferta de alimentos interna.

– Acceso a los alimentos

La escasez de alimentos se inició en Venezuela en el año 2012, coincidiendo con el reconocimiento otorgado por la FAO a Venezuela antes mencionado. Esto se mantuvo y se agudizó.

El texto indica que de las causas de la dificultad de acceder a una alimentación adecuada fueron el control de precios y cambio vigente hasta 2020, que causó la escasez de productos alimenticios. Esto fue profundizándose con la hiperinflación en 2017 y el desfase entre precios e ingresos de la población.

 

Puede leer el informe completo aquí

 

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