pranato

Imagen: capturas de pantalla del video de la megarrumba del penal de Puente Ayala el 6 de marzo pasado, difundido por las RRSS; foto de sede de la cárcel (sup.): archivo El Mercurio Web.

@cnietopalma

Una muestra del gran desastre que se vive en las cárceles de Venezuela son las grandes rumbas o fiestas que organizan los pranes de estos recintos, ante la complicidad absoluta del Ministerio para el Servicio Penitenciario y la Guardia Nacional Bolivariana.

Desde hace muchos años hemos visto la celebración de matrimonios, quince años, además de la existencia de discotecas en pleno funcionamiento en varias cárceles del país, organizadas y controladas por los pranes y sus equipos.

A principios del mes de marzo, con música en vivo, lujosa decoración y extrema seguridad se celebraron los 15 años de la hija de Junior Yeguez, alias Pata de Queso, pran del Internado Judicial José Antonio Anzoátegui, en Barcelona, estado Anzoátegui.

La organización Una Ventana a la Libertad informaba en su sitio web y redes sociales que “Familiares de algunos privados de libertad, quienes prefirieron reservar sus nombres por seguridad, contaron que la celebración inició en horas de la noche del sábado 6 de marzo y culminó al día siguiente en horas de la tarde.

El evento, efectuado en el área de talleres de la cárcel capitalina, contó con la asistencia de allegados y familiares de la cumpleañera, quienes eran custodiados por el grupo que lidera Pata de Queso en el penal.

La celebración se hizo pública luego de viralizarse en redes sociales tres videos donde se puede detallar parte del evento. Entre ellos, el momento en el que Junior abraza a su hija mientras se dejaban escuchar al fondo las palabras dedicadas para la quinceañera.

En otra de las imágenes también se observan algunos de los custodios del pran, quienes portaban armas largas y bordeaban el área para garantizar la seguridad dentro de la celebración e impedir el paso de quienes no estaban invitados».

Esto es una clara muestra de que son las mafias carcelarias las que controlan el sistema penitenciario venezolano; y que la erradicación del pranato, bajo “un nuevo régimen penitenciario”, es otra farsa de las autoridades.

Una rumba carcelaria como esta nos recuerda la protagonizada en octubre del 2015 por el pran Jean Pier Arenas y Angélica Morales, cuando decidieron celebrar su matrimonio dentro de las instalaciones del Internado Judicial de Barinas (Injuba) en el estado Barinas. Fue una fiesta digna de la gente con dinero y poder, en la cual no faltó el escocés, el banquete y pasapalos, invitados especiales, agencia de festejos y cuanto lujo pueda rodear la boda de una celebridad; incluyendo reseña social en el principal periódico de la ciudad a página completa y a todo color.

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Como estas rumbas, hay una lista enorme de celebraciones dentro de nuestras cárceles, con la total complicidad de las autoridades de estos recintos. Cabría preguntarse ¿dónde estaban las autoridades del Ministerio Penitenciario y la Guardia Nacional del Internado Judicial José Antonio Anzoátegui el pasado sábado 6 de marzo, durante la fiesta de celebración de los 15 años de la hija del pran? ¿Ellos dieron el permiso para la fiesta o asistieron como invitados?

Son respuestas que nos gustaría conocer. ¿Qué opina la ministra para el Servicio Penitenciario y el fiscal general designado por la Asamblea Constituyente de esto? Sería importante conocer su opinión. Tal vez es un buen momento para que la nueva ministra salga del silencio absoluto que mantiene desde su designación y ofrezca una explicación al país.

Este tipo de cosas, apartando lo absurdo que puedan parecernos, desvela el caos que se vive en nuestras cárceles. Para muestra, un botón.

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La seguridad social para policías, el déficit de funcionarios y el pranato carcelario fueron debatidos en el foro: Asamblea Nacional y seguridad ciudadana, organizado por la ONG Paz Activa. Los temas fueron abordados por especialistas en seguridad ciudadana desde el análisis de leyes que en la actualidad son elaboradas en la Asamblea Nacional para su aprobación y posterior aplicación. El director de Recursos Humanos de la Policía de Miranda, Pablo Herrera, dijo que en Polimiranda hay un déficit de 6.000 funcionarios, pues en la actualidad sólo cuentan con 1.500

Los ataques y asesinatos a funcionarios policiales son noticias que, a diario, son reseñadas en los medios de comunicación social de Venezuela. Durante más de cuatro horas especialistas en en temas de violencia y de seguridad debatieron en el foro: Asamblea Nacional y Seguridad Ciudadana sobre los puntos, que consideran, deben tomarse en cuenta para desarrollar políticas públicas que frenen el pranato carcelario y el auge de las extorsiones y secuestros. La primera parte del evento, estuvo dedicado al proyecto de ley de seguridad social para policías. En ese panel de especialistas el director de recursos humanos de la Policía de Miranda, Pablo Herrera, se refirió a los policías sub pagados que no tienen condiciones óptimas de trabajo y advirtió que en Polimiranda hay un déficit de 6.000 funcionarios, pues en la actualidad solo cuentan con 1.500.

«Nadie quiere ser policía ganando 12.000 bolívares. Eso hace que la carrera sea poco atractiva. El estado Miranda posee alrededor de 50 patrullas policiales. Cuando solicitan la compra, se interponen razones políticas (…) De 800 aspirantes que evaluamos la últimas vez, sólo 24 quedaron aptos para formar parte de nuestro equipo (…) Nuestros policías necesitan muchos beneficios donde los espacios públicos están tomados por la delincuencia», precisó Herrera.

El abogado penalista y criminólogo Luis Izquiel explicó que hay una mora con los efectivos policiales que no cuentan con seguridad social: «En la Comisión de política Interior de la Asamblea Nacional se está tomando en cuenta que con los policías se tiene una deuda de muchísimo tiempo, porque carecen de una ley de seguridad social, como todos saben, ejercen una profesión con mucho riesgo. Salen a arriesgar la integridad física, carecen de una ley de seguridad social y en ese sentido se aprobó el cronograma del primer semestre del año en la que está incluida la ley de seguridad social del policía junto con la ley de limitación de telefonía celular y el internet en las cárceles. La ley de seguridad social para policías está en elaboración. Entiendo que se tiene previsto la creación de un instituto de previsión social del policía, donde los policías puedan acudir a pedir créditos para viviendas, que los policías tengan previsto una jubilación cuando terminen su carrera profesional y una cantidad de beneficios que son relativos a la seguridad social». 

Para el sociólogo y director de Paz Activa, Luis Cedeño, es importante que en el país se le de la importancia a la seguridad ciudadana el problema nacional que tiene: «Esto significa hacer las inversiones necesarias en materia de seguridad. Eso conllevaría a garantizar los recursos necesarios para que en este caso los funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado tengan unos salarios competitivos y que no sean salarios básicamente obreriles. Ser policía no simplemente conlleva a un entrenamiento, también tiene una altísima responsabilidad que es manejar armas de fuego, estar encargado de bienestar de bienes y personas, entonces eso es un tema que es bien complejo y que por supuesto en otros países el salario de otros policías es muy competitivo porque tienen grandísimas responsabilidades y ponen su vida en riesgo». 

Controlar comunicaciones en las cárceles: freno al pranato carcelario

El criminólogo Luis Izquiel explicó que otro de los proyectos para ser debatidos este año en el parlamento es el proyecto de ley para regular las comunicaciones en cárceles y retenes: «El proyecto de ley de regulación de telefonía en centros penitenciarios fue aprobado por unanimidad en la AN, fue un proyecto de la MUD al cual el oficialismo se sumó. Se necesitaría después de la entrada en vigencia de la ley, voluntad política. La ley establece un lapso de seis meses para que el Ministerio de Servicio Penitenciario adquiera e instale los bloqueadores dentro de las cárceles, sería una ley de la República y el ministerio estaría obligado a cumplirlo. Es una ley que la ciudadanía está pidiendo. Casi el 90 % de los secuestros y extorsiones se hacen desde las cárceles. La ciudadanía es la que exige esta ley y será la ciudadanía la que exija el cumplimiento de la misma. Esta restricción sería un duro golpe para las organizaciones delictiva». 

Izquiel explicó, sin embargo, que la ley establece que la Cantv debe colocar teléfonos fijos para que los presos se comuniquen, con la particularidad que esos teléfonos públicos fijos deben tener una grabación en donde se indica al inicio de la llamada se indica desde dónde se está llamando, lo que le permite a la persona que está recibiendo la llamada que decida si la atiende o no.

El sociólogo Luis Cedeño considera que la regulación de las comunicaciones en centros penitenciarios es un tema muy complejo: «No sé si es necesario una ley  para esto, pero obviamente se ha convertido en un tema tan importante que ayuda al tema de la extorsión y secuestro (…) Lo importante es que no se convierta en un negocio que tengamos que comprar una tecnología de tener la peor tecnología al máximo precio, entonces tenemos que ser muy precavidos en este caso el trabajo que nosotros hacemos al nivel de llevar este tema a la opinión pública, garantizará de cierta manera que cuando estas leyes entren en ejecución también se pueda hacer una labor de contraloría social importante respecto a estas nuevas tecnologías y nuevos métodos que se están utilizando. Hay países que  sí han regulado las comunicaciones en las cárceles.  No sé cuál es nuestra debilidad y por qué no lo podemos hacer nosotros. Creo que es algo que beneficiaría a muchísima gente, el secuestro y la extorsión son los delitos de más alto crecimiento en el país».

El foro organizado por la ONG Paz Activa también contó con la participación del coordinador general de la ONG Una Ventana a la Libertad, Carlos Nieto Palma, del diputado a la Asamblea Nacional Gilber Caro, y del concejal del municipio Sucre Luis Manzano.

Desde la época de los 70 e inicios de los 80, en Venezuela comenzó a formarse bandas delincuenciales alrededor del tráfico de drogas traídas desde Colombia (marihuana, cocaína o bazuco, crack y anfetaminas). Estas bandas estaban conformadas aproximadamente entre 10 o 15 sujetos: el que la transportaba desde Colombia, quien la guardaba, los distribuidores, los “jíbaros” o vendedores al detal y los vigías para alertar sobre la presencia policial. Fue evidente el despliegue de estas bandas en La Pastora, los bloques 50, 2, 9 y 37 del 23 de Enero, el bloque 4 de Propatria, así como el bloque 11 de Lomas Urdaneta, la zona de Pinto Salinas y los distribuidores de la calle Los Manolos en Sabana Grande. Estos grupos generaron una especie de economía subterránea, ejerciendo la violencia para controlar el territorio donde operaba su negocio, pero evitaban crímenes atroces para no atraer a las fuerzas policiales.

Estos núcleos criminales serían el embrión de las organizaciones que existen actualmente (El PRANATO), caracterizadas por una violencia exacerbada y retadora de la fuerza pública. Ellos, de manera planificada y con un alto poder de fuego, no solo asesinan a funcionarios de las fuerzas públicas sino que están desplazado al liderazgo político y social, con la amenaza de atentar contra su vida y de sus familiares, argumentado que nuestros militantes son informantes de los organismos de seguridad del Estado, además de apoyar y aupar, operaciones policiales en su contra. Casos como estos han ocurrido en Ciudad Belén (Edo. Miranda), El Guarataro, El Cementerio y la Cota 905 (Caracas).

Agréguese, la desmovilización paramilitar ocurrida en Colombia entre el periodo 95 y 2005, donde muchos de estos criminales se instalaron en Venezuela y con ellos sus métodos violentos, trayendo como consecuencia la emulación de esas prácticas delictivas por jóvenes venezolanos, que estructurando peligrosas bandas de tráfico de drogas, incorporaron otras modalidades delictuosas mucho más lucrativas: el secuestro express y el delito de extorsión, generándoles un ingresos monetarios cuantiosos. Estos delincuentes y líderes negativos-paramilitares, con amplio poder de fuego, con dominio territorial y una fortuna como capital, al ser detenidos, hicieron de las cárceles centros de operaciones del crimen organizado, en complicidad fundamentalmente con seudofuncionarios penitenciarios y Guardias Nacionales. Este híbrido: cultura paramilitar, células criminales, complicidad “institucional”, erradas políticas penitenciarias y de seguridad, dio origen a EL PRANATO.

Recuérdese por ejemplo, las llamadas pernoctas en los centros penitenciarios. Ellas resquebrajaron la disciplina y los controles establecidos, comenzando a generarse una serie de prácticas no propias de un centro de reclusión o rehabilitación y, cuando se trataron de imponer controles, se desarrollaron un conjunto de acciones familiares e individuales (huelgas de sangre, bocas cosidas, asesinatos masivos, auto-secuestros familiares), que obligaron a recular las acciones institucionales, dejando en entredicho la autoridad del Estado.

Luego de doblegar al Estado, estos sujetos hicieron de esos espacios (resguardados y custodiados por el Estado) su trinchera, y de su condena penal un gran negocio. Sin embargo, es necesario señalar el trabajo que viene realizando la actual Ministra de Asuntos Penitenciarios: en el 90% de los centros se ha restablecido la disciplina interna, cero armas, control sobre las comunicaciones internas, y puesto a la orden de los tribunales ordinarios y de justicia militar a un número importante de “funcionarios” civiles y militares, incursos en corrupción y complicidad con los internos. No obstante, es público y comunicacional que desde: Tocorón, Penitenciaria General de Venezuela (PGV), y Puente Ayala se dirige un número importante de delitos en articulación con las bandas a cielo abierto. En este orden, urge retomar las recomendaciones expuestas a mediados del 2015, desde la Comisión Presidencial para la Trasformación del Sistema Policial: inhibidores de señales en todos los centros; eliminar privilegios a estos criminales y; aislamiento en cárcel de máxima seguridad a sujetos de alta peligrosidad.

Además, debe hacérsele seguimiento al circulante monetario y financiero de los jefes de bandas, precisando a sus testaferros, incautar cuentas bancarias, bienes e inmuebles. Este trabajo lo debe realizar: Sudeban, la Fiscalía General de la República y los organismos de inteligencia financiera. Para ello, solo se quiere voluntad institucional, patriotismo y amor por el prójimo.