La postura gubernamental de señalar públicamente que el reconocimiento por la oposición de la pretendida Asamblea Nacional Constituyente, como instancia “plenipotenciaria”, es una de sus exigencias en la nueva fase de diálogo anunciada, es un grave error. En primer lugar, porque coloca ante la opinión pública de manera unilateral un asunto que, de haber sido planteado, debía mantenerse dentro de la confidencialidad de la etapa preliminar del ensayo de negociaciones. En segundo término, y esto es lo más importante, porque compromete de entrada su viabilidad y pone el acento donde no debe estar.

En una situación de extrema polarización y pugnacidad política como la que sufre Venezuela, que se ha prolongado por varios años y que ha sido estimulada por conflictos de gran intensidad y por la invocación oficial de una ideología totalizante que niega espacios legítimos para el pensamiento contrario, comenzar por una cuestión de principio vinculada a la expresión más reciente del antagonismo y de la fractura política es una demostración de insensatez o de ausencia de voluntad para la negociación.

La confrontación en desarrollo en el país es de tal calado que no resulta posible empezar por el reconocimiento de las manifestaciones más puras o radicales de las posiciones políticas de cada parte. Solo es factible partir de un arreglo práctico en el que los contendientes, sabiendo que de momento no pueden entenderse en relación con temas de fondo de enorme trascendencia, procuran identificar áreas de interés común en las que dar pasos coordinados, con el propósito de alcanzar una Paz verdadera, como iniciativa que acaso pueda conducir en un futuro a una reconciliación más amplia.
Cronograma y garantías
Por ejemplo, hay que discutir sobre el cronograma electoral, y acerca de las correspondientes garantías electorales, pues cabe suponer que ambas partes asumen como necesarias las consultas electorales pendientes de acuerdo con la Constitución y las que deben celebrarse en el 2018. También sobre el respeto a la Asamblea Nacional, pues no hay Democracia sin Parlamento, y así en relación con otros temas. El gobierno nacional, a su vez, considerará seguramente indispensable abordar asuntos económico-financieros ligados a la imperiosa obligación de detener la destrucción de las condiciones de vida de la población que avanza aceleradamente. En cambio, pedir a la oposición que sea reconocida la denominada Asamblea Nacional Constituyente es intentar doblegarla en uno de los planteamientos centrales de su denuncia nacional e internacional sobre la profundización de la ruptura del orden constitucional y democrático ocurrida en Venezuela.

Una cosa es que dicho órgano, considerado con razón por buena parte de la nación como espurio, sea empleado por el gobierno para implementar acuerdos que deba cumplir en el marco del diálogo, lo cual puede ser asumido por la oposición como un hecho, sin que se entre en el debate sobre la legitimidad de ese órgano ni ello implique un reconocimiento, y otra muy distinta es que se quiera exigir a la oposición renunciar a principios sustantivos de su lucha para que pueda existir una negociación.
¿Confusión?

Pudiera aducirse que es contradictorio requerir respeto a la autonomía y atribuciones constitucionales de la Asamblea Nacional y luego decir que es inaceptable solicitar a la oposición el reconocimiento de la supuesta Constituyente. Sin embargo, no deben confundirse estas demandas. La Asamblea Nacional no quiere ser “reconocida” por el gobierno, ya que su legitimidad no es controvertida, sino tan solo pretende no ser derribada por decisiones judiciales y gubernamentales arbitrarias que le impiden ejercer sus facultades constitucionales. A lo que aspira es a que la dejen trabajar, a que el Tribunal Supremo de Justicia le permita cumplir la función que es propia del Parlamento en una democracia.

Si hay buena fe en el llamado a la reapertura del diálogo, deben abandonarse las posturas inquisitoriales, en las que el progreso de las conversaciones se sustente en la abdicación por las partes de sus posturas de principio. Si la Paz que se pregona es verdadera, ha de comprenderse que ésta no puede lograrse buscando aplastar al adversario en las ideas que inspiran su acción, sino únicamente tolerándolas y esforzándose en hallar áreas de coincidencia en pro de un bien superior. El silencio y parálisis sepulcral que hoy se observa en las calles del país, que ni siquiera es tranquilidad pública porque la delincuencia hace de las suyas sin miramientos, está muy lejos de testimoniar la Paz que el gobierno dice haber logrado con la Constituyente y ojalá no sea un anticipo del tipo de diálogo que quiere llevarse a cabo y de sus consecuencias.

El Universal

jesusmariacasal@gmail.com

 

Ya era hora de que surgiera una nueva alianza conformada por la disidencia de la MUD, “Soy Venezuela”, para capitalizar el descontento en el universo opositor y que no esté dispuesta a ninguna negociación con el régimen.

Surge en el momento preciso, cuando la decepción y el desaliento se apoderaron del ánimo de los que apostaron a la salida del gobierno, creada por las falsas expectativas de la MUD al lanzar con bombos y platillos una hoja de ruta que finalmente incumplió y que dejaron en cuatro meses de protestas más de 130 muertos, miles de heridos, presos políticos, torturados, complejos habitacionales de clase media totalmente destruidos por la represión del Estado, comercios saqueados y una economía más arruinada de lo que estaba.

No supieron explicar la llamada “hora cero”, decretada como estocada al régimen y que significó un rotundo fracaso. Convocaron a un plebiscito el pasado 16 de julio, que era un compromiso para renovar los poderes públicos e instaurar un gobierno de unión nacional, pero no lo honraron, le echaron tierrita y llamaron a unas elecciones regionales que no son más que un balde de agua fría con el cual el gobierno se da un baño democrático en la comunidad internacional, y además, legitiman un Consejo Nacional Electoral tramposo, capaz de todos los delitos electorales habidos y por haber. Nos tiraron al barranco.

Ahora vuelven a sentarse en una mesa de diálogo a espaldas de algunos partidos de oposición, como lo afirmó molesto el diputado Simón Calzadilla del Movimiento Progresista de Venezuela; regresan con los mismos actores, con el agravante de la incorporación del “habilitado” ex gobernador Manuel Rosales –¿ahora sí va a “cobrar”?–, que siembra desconfianza con sus posiciones a favor del diálogo y que solo representa a su familia, como quedó demostrado con la estruendosa paliza recibida en las primarias por el candidato de Primero Justicia.

Insisten en un diálogo con el mismo componedor y representante del gobierno, el ex presidente del gobierno español Rodríguez Zapatero, que no ha servido sino para urdir patrañas destinadas a prolongar el tiempo de la dictadura y que no ha sido capaz de gestionar la salida de un preso político como Yon Goicoechea, que también es ciudadano español y tiene más de un año con boleta de excarcelación.

El objetivo del gobierno con el diálogo en República Dominicana es claro: revertir las sanciones dictadas por Estados Unidos y anunciadas por la Unión Europea, y el reconocimiento de la ilegítima asamblea nacional constituyente, un punto de honor. Para eso cuenta con sus cómplices internacionales, como el dominicano Leonel Fernández, quien descaradamente señala que para avanzar en el diálogo la oposición “debe reconocer y convivir con la ANC”; además, están los colaboracionistas nacionales, como Manuel Rosales, que siempre ha generado dudas razonables sobre presuntos arreglos –primero con Chávez y después con Maduro–, y que viene reiterando la necesidad de acuerdos a través de negociaciones políticas con la dictadura.

Lo que está planteado es el reconocimiento de la Asamblea Nacional y de la ANC, de hecho, la mesa de diálogo con la presencia de Delcy Rodríguez y de Julio Borges –juntos– es un ejemplo perfecto de cohabitación. La legitimación de la ANC es una soberana inmoralidad, se desentienden de la primera pregunta en la consulta del 16J para rechazar la constituyente, que ya es desconocida por la comunidad internacional. No hay margen para ninguna discusión sobre ese tema. Circula un escrito del doctor Gustavo Tarre en el que propone “recolectar firmas que permitan expresar el masivo repudio que merece cualquier legitimación de la ANC”. Lo suscribo absolutamente.

 

@AliasMalula

El Nacional

 

 

La Unión Interparlamentaria (UIP) se mostró hoy “profundamente preocupada” por el decreto aprobado por la asamblea nacional constituyente (ANC) venezolana para iniciar junto con los órganos del Estado competentes un juicio por traición a la patria contra dirigentes opositores.

 

Como en un episodio de “Juego de Tronos”, las tres palabras que titulan esta entrega son las que han definido el desempeño de la mal denominada “Asamblea Nacional Constituyente” desde que se instaló. Más allá de exigir sometimiento y pleitesía a todos los demás, no ha hecho en realidad nada que pueda reportarle al régimen, ni a la ciudadanía, algún provecho concreto. Y no es que lo que haga la ANC deba validarse o aceptarse, porque sobran las razones jurídicas para concluir la ilegitimidad de su origen y desempeños (y ese es un debate, radicales oficialistas, que podemos hacer cuando ustedes quieran) pero es que ni siquiera se ha cuidado de, al menos, parecer realmente útil para todos. No solo para quienes se solazan en ella, por supuesto, que ya estarán cosechando los efímeros “beneficios” y “prebendas” que ahora les abundan como espejismos en ese desierto que han creado, sino para todos los demás venezolanos que, incluso los que se prestaron a la jugarreta, todavía están esperando verle el queso a esa tostada.

Y es que hasta para ser malo hay que tener dos dedos de frente y, de cara al pueblo, la mujer del César debe, al menos, parecer virtuosa. En este caso, ni eso. Los indicadores económicos de las últimas semanas, especialmente desde que se instaló la ANC, no pueden ser peores, la inseguridad sigue igual o peor que antes y el desabastecimiento de alimentos y medicinas se ha disparado a niveles absolutamente inmanejables. La comunidad internacional, y no hablamos solo de los norteamericanos, sino de países que hasta hace muy poco eran aliados del gobierno o permanecían silentes ante los exabruptos de Maduro, ya no cree en cuentos “revolucionarios” y, de manera muy contundente (analicemos por ejemplo recientemente ocurrido con la fallida cumbre de la CELAC) ha dejado claro que ya no tiene interés alguno en tomarse fotos al lado de dictadores. Y también que, si la ponen a escoger, como socios actuales o potenciales, entre Maduro y sus peroratas y otros países mucho más prósperos y estables, no hay mucho que discutir.  Si las razones para eso son éticas o de otra índole, ya ese es otro tema, pero a Maduro hoy por hoy, y precisamente por haber persistido en su dislate constituyente, entre otros graves errores, muy pocos, poquísimos, lo quieren como “nuevo mejor amigo”.

La nota distintiva de cada uno de los actos de la ANC hasta ahora no ha sido otra que la de la exigencia de “respeto” y de “sometimiento pleno” a todos los demás, tanto a los entes y órganos del Poder Público como a la ciudadanía y a las entidades privadas. Diosdado Cabello exigía hace poco que hasta los dueños de los pocos medios privados de comunicación libres que quedan pasaran por allá a hincarles la rodilla y a jurarles obediencia. Más allá, lo otro que ha hecho esta ANC, que no es tal ni siquiera estirando mucho los conceptos, es crear, con una “ley” que no es ley (pues lo que es una ley, cómo y quién puede elaborarla, está definido en los artículos 202 y siguientes de la Carta Magna de 1999 que sigue vigente) una “Comisión de la Verdad” que, como ya lo expliqué en mi artículo anterior, tampoco es lo que se supone que es.

Pero más allá de eso, no hay nada más. De la asesoría de los verdaderos injerencistas, de los cubanos, que se supone que en estas lides son “zorros viejos”, uno esperaría quizás un poco más de astucia, algún artificio, al menos una mise-en-scène que les permitiera a los pocos ilusos que aun medran por estas tierras un atisbo de esperanza, algún alivio, alguna confirmación, así fuera ilusoria, de que, como se prometió, la ANC solucionaría todos los problemas que a diario azotan a los venezolanos. O tal vez alguna “movida maestra” que colocase sorpresivamente al gobierno de Maduro en mejor posición ante todos los demás gobiernos del mundo. Pero no, lo que se ve y se comprende es que la ANC era y es solo un instrumento de los muy pocos para pasarle por encima a todos los demás, a propios y a ajenos, y para afianzar, así sea por un ratico más, a esos pocos en el poder. Ningún otro objetivo puede discernirse en la ANC, eso es lo que ocupa a los “constituyentistas”, nada más. No hay empeños dirigidos, reitero, así sea como “circo” en el que se prometa “pan”, a mejorar en lo más mínimo la precaria calidad de vida de todos los que hacemos vida en este país.

No podía ser de otra manera. Ni siquiera si hubiese sido constituida válidamente, que no es el caso, puede una ANC ocuparse de otra cosa que no sea cambiar la Constitución. No está diseñada, ni formal ni materialmente, para asumir la conducción de una nación ni mucho menos para atender los problemas reales de la ciudadanía. Y no lo digo yo, lo dicen los artículos 347 y siguientes de la Constitución Bolivariana que, lo voy a decir de nuevo, es la que sigue vigente y es, aunque a algunos les duela, a la que deben estar sometidos todos los ciudadanos de la república y todos los órganos del Poder Público. Por si no fuese suficientemente negativo haberla constituido de espaldas al pueblo y a lo que ordenaba nuestra Constitución, tratar de convertir además a la ANC en algo que no es, tergiversando sus funciones y concediéndole virtudes y capacidades que no tiene, es un grave engaño al pueblo entero que, además, chocará continuamente con una realidad inclemente y avasalladora (la que vivimos todos, todos los días) que no come cuento ni cree en pajaritos preñados.

A nosotros nos queda guapear y seguir adelante. Y entender que este proceso, como todo en la vida, es temporal. Las crisis políticas, y los accidentes históricos, se superan. A un costo muy alto a veces, pero de estas oscuridades se sale. Es verdad, cuando tu prioridad ya no es cómo llegarás a pagar la universidad de tus hijos hoy pequeños, sino ver de dónde sacarás el sustento del día, cuando las luces son escasas y la esperanza se tambalea, cuando el miedo se empeña en mostrarnos la cara, es difícil mantenerse leal a los principios que nos inculcaron desde pequeños, a esa elemental decencia que es la base de toda sociedad próspera y feliz. Pero sobrevivir manteniéndolos intactos, sin caer en las trampas de la inmediatez y de la desesperación, entendiendo que al final del día en nuestras alforjas solo nos quedarán los valores que hayamos protegido sin arrodillarnos ante nada ni nadie, es la consigna.

 

@HimiobSantome

 

Desde su instalación, la supuesta Asamblea Constituyente, que no es expresión del poder constituyente del pueblo sino una imposición autoritaria, ha demostrado que no pretende ser un factor de renovación o dignificación de la política sino una confirmación y exacerbación hasta lo inimaginable de la manera de concentrar y ejercer despóticamente el poder característica de los últimos años. En lugar de procurar dar un ejemplo de elevación y tolerancia política, de sentar bases para el mutuo reconocimiento entre los venezolanos de diversas corrientes partidistas o ideológicas, la Constituyente espuria se ha perfilado abiertamente como un cuerpo hegemónico que en su actuación no deja mensaje alguno edificante desde el punto de vista de los valores constitucionales, de los principios republicanos o democráticos o de la garantía de los derechos humanos.
Responsabilidad y conciencia
Desde su origen es como sabemos un órgano desprovisto de legitimidad, nacido de la usurpación de la soberanía popular, por lo que tampoco desde este ángulo puede dar lección democrática alguna. Pero sus integrantes, como miembros de la nación venezolana, acaso podrían tener algún sentido de responsabilidad y conciencia política que les llevara a reconducir lo que surgió viciado y a convertirlo en una oportunidad para la reconciliación y la democratización. Sin embargo, todo indica que las actitudes que esa instancia usurpadora querría fomentar apuntan a que quien tiene la ocasión de apropiarse del poder, por cualquier vía, ha de aprovecharlo al máximo y debe emplearlo para liquidar las posibilidades de acción de los adversarios políticos, asumidos como enemigos. Debe usarlo también para oficializar su visión de la historia, colocando sobre aquéllos las culpas y el castigo. Es una exaltación de la soberbia del poder absoluto, de la irracionalidad que aspira erigirse en regla por medio de la fuerza.
Comisión de la verdad
Todo ello a partir de una completa falsificación de las situaciones que, se dice, van a ser examinadas a través de la comisión de la verdad. ¿Cómo puede el gobierno, o quienes están a su servicio, ser juez en una causa en la que agentes oficiales, de los cuerpos de seguridad o de la fuerza armada, han estado involucrados? El propio gobierno promovió una constituyente a espaldas del pueblo, al no haber permitido la celebración de un referendo previo sobre su convocatoria y bases comiciales, lo cual suscitó manifestaciones dirigidas a evitar excesos como los que están ocurriendo, por lo tanto, ¿Cómo puede ahora atribuir genéricamente a la dirigencia opositora o a algunos de sus integrantes la responsabilidad por las pérdidas humanas ocurridas con ocasión de tales protestas? Lo correcto sería investigar objetivamente los delitos cometidos por acciones individuales contrarias al carácter pacífico de las convocatorias, entre las que se encuentran homicidios perpetrados por agentes del Estado o colectivos armados. ¿Puede haber algo de justicia y de reconciliación en la criminalización anticipada de quienes acompañaron a la ciudadanía en el ejercicio de su derecho a la reunión y manifestación en lugares públicos? ¿Qué tipo de paz es la que se persigue, la verdadera, que surge del respeto a las diferencias y del reconocimiento de los derechos de todos, o aquella que es propia de los regímenes dictatoriales, que equivale a la tranquilidad en las calles y se apoya en el aplacamiento de cualquier disidencia o expresión de reclamo en espacios públicos?
Autonomía institucional
Lo cierto es que tal como la supuesta constituyente se ha conducido hasta el presente solo dejará una estela de injusticia, represión y caos antidemocrático. Arrasará con cualquier vestigio de autonomía institucional, como se evidenció con la arbitraria y nula remoción de la Fiscal General de la República y con el enjuiciamiento del diputado Ferrer con autorización de la Asamblea Nacional Constituyente, que usurpó atribuciones de la Asamblea Nacional. Se encamina también a embestir a la Asamblea Nacional, órgano insustituible de las Democracias al que bajo ningún concepto puede reemplazar como instancia plural de deliberación, legislación y control sobre el gobierno, un control que la llamada Constituyente no puede ni quiere instrumentar.

Aferrados a una última esperanza de rectificación, se propone detener esta insensatez y plantear soluciones para los problemas que aquejan al país. Si se quiere crear una comisión de la verdad, hay que acudir a actores con autoridad moral que merezcan la confianza de todas las partes, como el Vaticano o sus representantes, o el Secretario General de las Naciones Unidas. Tal vez si empezamos por allí se genere una dinámica distinta a la violencia institucionalizada que hoy amenaza con desolar el suelo patrio.

jesusmariacasal@gmail.com

El Universal

 

Cuando se pregunta en estos días sobre la fotografía psicológica de los venezolanos, el rasgo “desánimo” aparece con preocupante énfasis. A pesar de no saber en realidad qué porcentaje tiene hoy este atributo como el principal descriptor de su conducta, el fenómeno parece lo suficientemente expandido como para merecer una reflexión.

Los vaivenes del ánimo son una característica natural del ser humano. En este sentido, el desánimo es uno de los polos de un ciclo psicológico que forma parte de nuestra arquitectura emocional básica. A pesar de su condición cambiante y por tanto pasajera, el problema está cuando un grupo considerable de personas lo padece simultáneamente, lo cual lo convierte en un fenómeno social de consecuencias políticas, por lo general en perjuicio de esas mismas personas. Este peligro se exacerba cuando además hay grupos políticos entrenados para aprovechar estos períodos de desaliento en beneficio propio.

Precisamente en el arte de la utilización política de los estados de ánimo colectivos, el militarismo venezolano ha recibido la estrecha asesoría de los laboratorios cubanos de guerra psicológica. Una de sus enseñanzas es aprovechar los períodos temporales de debilidad anímica de la población para tratar de avanzar rápidamente con medidas que apuntalen al régimen, antes que esa temporalidad culmine.

Para muestra, baste solo un botón. En las elecciones regionales de diciembre de 2012, el régimen supo sacarle provecho a la desmoralización opositora luego de la derrota de Capriles ante Chávez 3 meses antes, lo que se tradujo en una gigantesca abstención del bando democrático que pudo retener solo 3 gobernaciones. Pocos meses más tarde hubo que convocar elecciones presidenciales de nuevo. Según el CNE, Maduro ganó por tan solo 1%. Hasta para Lucena habría sido imposible fabricar ese 1% si la oposición hubiese mantenido el control que tenía, y que perdió producto de la abstención, en estados claves como Zulia, Táchira, Carabobo, Monagas o Nueva Esparta. Hoy el presidente es Maduro y no Capriles, por el desánimo de diciembre de 2012. Igual ocurrió en 2005, cuando el desánimo terminó generando una abstención que ha provocado, entre otras cosas, el vergonzoso CNE que hoy tenemos.

El régimen sabe perfectamente cómo aprovechar los “bajones” anímicos de la población en perjuicio de ella misma. Cuando la gente al final reacciona, se da cuenta tarde de lo que perdió y ya no le queda más remedio que lamentar su error y reiniciar la lucha pero desde una posición más desventajosa y de menor poder, habiendo perdido terreno que antes había avanzado.

Hoy la estrategia es la misma. El adelanto de elecciones de gobernadores, las arremetidas de la fraudulenta constituyente, la reafirmación del golpe de Estado usurpando las funciones de la AN con el fin principal de seguir rematando al país, lo hacen aceleradamente para aprovechar el cansancio anímico y la poca capacidad de reacción de parte importante de la población.

Si sabemos que ese es el juego del régimen, nadie debería caer en su trampa. Por ello la insistencia en que, a pesar de las provocaciones habidas y por venir, nada nos debe desviar de la lucha constitucional, que es el único escenario en el que el gobierno tiene todas las de perder, y de la Unidad opositora, única garantía de materializar el cambio necesario.

El régimen sabe que contra el pueblo no puede. Aterrado y sin apoyo popular, pero con mucha plata y recursos, su esperanza es disuadir a la gente, desanimarla y convencerla de que no vale la pena. Lo que le queda es jugar con su mente, generarle desesperanza y alimentar su desánimo. Enfrentemos el reto de evitar ser de nuevo víctimas de sus cálculos y de quienes, algunos seudoopositores incluidos, saben aprovecharse de los ciclos emocionales en su propio beneficio.

Decía Cicerón que cuanto más grande la dificultad, mayor la gloria. Hemos avanzado mucho. Cuidado con el empeño en destruir lo que se ha conquistado hasta ahora y regresar a errores que nos vuelvan a alejar de la meta.

@AngelOropeza182

El Nacional

 

El partido Alianza al Bravo Pueblo (ABP) no va a participar en las elecciones regionales e instó al resto de los partidos de la coalición para que se abstuvieran de hacerlo.

“Respetamos la posición de quienes creen que pueden ir a este proceso electoral. Sin embargo, nuestra postura es seguir la ruta que establece el mandato del 16 de julio”, indicó este viernes Richard Blanco, presidente encargado del partido.

En un comunicado leído, que fue aprobado por Antonio Ledezma, se llama a la coalición opositora a cumplir con el mandato de renovar los poderes públicos, como es el caso de un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE).

“Participar es darle un certificado de buena conducta al actual CNE que produjo este crimen constituyente. Participar es entregar el espacio conseguido con votos y sacrificios el 6 de diciembre”, señala el texto leído por Blanco.

El comunicado señala que se deben honrar a los ciudadanos que murieron durante las manifestaciones que se realizaron en contra del régimen.

“Venezuela es mucho más que un país en crisis, Venezuela es un pueblo que es capaz de inventar oportunidades. Por eso nos movilizamos el 16 de julio, en una consulta popular que contó con el concurso de más de siete millones de venezolanos. Todos ellos nos dieron un mandato que no debemos dejar de cumplir”, concluyó.