PGV

La crisis se vive en el Centro Penitenciario David Viloria, la Comunidad Penitenciaria Fénix, Tocuyito, Tocorón y El Dorado 

Las denuncias por la falta de alimentos se reciben a diario y son repetitivas en varios centros penitenciarios del país. El equipo del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) ha estado evaluando y monitoreando la situación, y aparentemente están aplicando las mismas acciones en cada uno de los recintos carcelarios como si fuera parte de una política de Estado.

“No tenemos comida. Nos dan una arepa tan delgada como un CD y sin nada. Nos dan agua de caraota o agua de pasta”, este parece ser el menú que dan en las cárceles que están bajo régimen penitenciario en Venezuela, según lo denunciado por los presos y sus familiares al OVP.

A través de fotografías y videos, los privados de libertad han demostrado cómo es su alimentación diaria, por lo que se tienen pruebas suficientes para presentar ante los organismos internacionales.

En el Centro Penitenciario David Viloria y la Comunidad Penitenciaria Fénix, ambos ubicados a escasos metros entre sí en el estado Lara, se conoció que la situación actual es crítica, los reclusos tienen semanas denunciando la falla en la distribución de alimentos. La primera afectada fue Fénix y desde David Viloria, conocida como cárcel de Uribana, les pasaron alimentos para tratar de solventar ese día, pero las fallas continuaron y el alimento ha sido muy escaso en ambos penales.

“Una sola comida al día nos dieron hoy aquí en Fénix”, expresaron los presos este fin de semana, mientras en Uribana denuncian que supuestamente funcionarios les están cobrando por darles una ración de comida. 60 mil bolívares sería el monto mínimo para ello, según explicaron al OVP.

Entre Fénix y Uribana existe una población de al menos 4.500 reclusos, contabilizando a las mujeres que se encuentran en los anexos. Esta sería la población afectada, aunque los internos saben que existe un grupo de presos con más privilegios que otros, pero se trata de pequeños grupos que no representan la mayoría de la población penal.

En el área de mínima del Centro de Formación para el Hombre Nuevo El Libertador, conocida también como cárcel de Fénix o Tocuyito, pues se encuentra en el mismo complejo penitenciario ubicado en el estado Carabobo, también han hecho llegar denuncias de la mala alimentación.

Los presos afirman que les han dado agua de pasta o arroz, además de que no tienen gas para cocinar.

En el Complejo Penitenciario de Aragua (Tocorón), específicamente en la torre administrativa, es el único lugar donde esta implementado el régimen penitenciario y es precisamente donde falta la comida.

Agua de pasta, un pedazo de auyama o patilla serían los alimentos que recibieron la semana pasada estos presos. Las mismas denuncias se extienden al estado Bolívar, pues los reclusos del Centro Penitenciario de Oriente, conocido como cárcel de  El Dorado, hicieron la misma denuncia sumado a que les siguen suministrando agua del río Cuyuní, el cual está contaminado.

Son cinco penales en total desde donde los presos han alzado sus voces para pedir auxilio, pues aseguran que los están matando de hambre. Según lo que han relatado al equipo de OVP, se sienten desesperados, son muchos que están débiles debido a la inadecuada alimentación, situación que ha generado quebrantos de salud y proliferación de enfermedades como la tuberculosis.

Cada vez que los visitan, las madres, esposas y hermanas de los reclusos los describen como unos zombis, porque han rebajado de 10 a 30 kilos en pocos meses.

Carolina Girón, directora del OVP, manifestó que la situación es preocupante. “Esto pareciera que se ha convertido en una política de Estado. Mienten al decir que los presos tienen sus tres comidas al día y una alimentación balanceada, porque no es así, una arepa pura, un agua de pasta, caraota o arroz no se le puede llamar una alimentación balaceada”, recalcó.

Una vez más la directora de OVP hizo un llamado al Ministerio Público y a la Defensoría del Pueblo para que investigue qué está pasando. Ahora son los presos de cinco penales distintos que alzan sus voces, pero recordó que la semana pasada los privados de libertad del Rodeo III en el estado Miranda iniciaron una huelga de hambre por falta de comida.

Días atrás pasó en el Centro Penitenciario de Occidente (CPO) I en el estado Táchira, quienes denunciaron a través de videos que les escondían los alimentos.

Por último, Girón lamentó que ninguna situación ha sido investigada hasta ahora, tan solo se han efectuado traslados de un penal a otro, pero ninguna autoridad ha sido objeto de investigación.

Desde hace algún tiempo he estado escribiendo sobre la pobre actuación de la defensoría del pueblo en su principal función que es defender los derechos humanos de los ciudadanos.

Los venezolanos en verdad no hemos pegado una con esta institución, desde su creación en la Constitución Nacional de 1.999, a pesar de todo lo que trabajamos las organizaciones de derechos humanos que hacíamos vida en Venezuela en esa época, al menos por mi parte solo siento una gran decepción.

Con excepción de Dilia Parra Guillen, la primera defensora del pueblo venezolano a quien solo le dieron un carro y un chofer para iniciar su gestión y que servía de oficina de la naciente defensoría del pueblo, mujer que con gran trabajo, humildad y rodeada de gente capaz logro muchas cosas importantes, como al menos darle institucionalidad a esa naciente criatura, lástima que solo estuvo un año en su cargo, a la iniciante revolución no le convenía alguien así en ese cargo, Dilia si sabía lo que era hablar alto y claro y eso no lo quería la revolución.

Después de la corta gestión de Dilia Parra, no creo que haya nada que comentar, German Mundarain y Gabriela Ramírez compitieron por cual era peor en su gestión, se ganaron en buena lid el título popular de defensor del puesto, nombre con el que hoy se conoce a quien ocupa ese cargo.

Cuando designan a Tarek William Saab como Defensor del Pueblo, muchos pensábamos que se iba a dar un resurgimiento de esa institución, pues el nuevo defensor, había participado en el movimiento de derechos humanos en los años 80 y 90, además conocía del tema y el trabajo de las organizaciones que hacíamos vida en Venezuela, habíamos muchos sido sus compañeros de la primera especialización en derechos humanos que se creó en Venezuela en la Universidad Central de Venezuela, aunque no la concluyo, inclusive a los pocos días de su nombramiento convocó a un nutrido grupo de organizaciones no gubernamentales y prometió trabajar conjuntamente con nosotros, crear mesas de trabajo y todas esas cosas que se ofrecen cuando se inicia una gestión. Lamentablemente, al menos en mi caso, tengo que aceptar que me equivoque y nada de lo ofrecido se ha cumplido, no hubo mesas de trabajo, ni encuentros posteriores y aquella reunión de enero de 2015 quedó en el baúl de los recuerdos, está nueva gestión de la Defensoría del Pueblo, ha sido más de lo mismo, solo defiende al gobierno y sus adeptos, el pueblo que ellos defienden se circunscribió solo a los que llevan camisas rojas.

En agosto del año pasado, el Subcomité de Acreditación de la Alianza Global de las Instituciones Nacionales para la Promoción y la Protección de los Derechos Humanos (GANHRI), organización que agrupa a las diferentes defensorías del pueblo del mundo y que se encarga de calificar las actuaciones de estas instituciones y ubicarlas en el nivel que les corresponda según su actuación, niveles que comprenden tres categorías “A”, “B” y “C”, decidió luego de una revisión exhaustiva del trabajo hecho por la Defensoría del Pueblo de Venezuela, recomendar que fuera degradada de categoría y ubicada en el tipo “B” y no en la “A” como estaba en ese momento, perdiendo su derecho a voz en los organismos de naciones unidas, una prueba de esto, es no haber visto al Defensor presente en el examen periódico universal que se le hizo a Venezuela recientemente en la ONU, no podía hablar.

Según el informe presentado en esa oportunidad “El Subcomité era de la opinión de que la Defensoría del Pueblo venezolana no ha hablado alto y claro sobre las principales cuestiones de derechos humanos”. Sobre estos hay una lista larga de que hablar donde el defensor se ha hecho el loco o peor aún no han existido como las fosas comunes que recientemente aparecieron en la Penitenciaria General de Venezuela, una cárcel situada en el estado Guárico y de lo cual no se enteró.

Un grupo de más de 110 organizaciones no gubernamentales de derechos humanos y personalidades vinculadas al área pidieron el pasado miércoles la renuncia del Defensor del Pueblo de su cargo, algo nunca visto en nuestro país, en ese documento, entre los que nos encontramos como suscriptores expresamos “ Conforme a lo establecido en el artículo 280 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) usted tiene entre sus atribuciones “la promoción, defensa y vigilancia de los derechos y garantías establecidos en esta Constitución y en los tratados internacionales sobre derechos humanos”. En este caso usted se aparta de esas obligaciones inherentes a su cargo al igual que en numerosas ocasiones omite pronunciarse ante graves casos de violaciones a los derechos humanos como en el caso los restos hallados en las instalaciones de la Penitenciaría General de Venezuela (PGV). Por lo expuesto anteriormente, quienes suscribimos la presente comunicación le solicitamos formalmente que presente su renuncia al cargo como Defensor del Pueblo, permitiendo que una persona independiente y respetuosa de la Constitución, el Estado de Derecho y los principios democráticos,  asuma el cargo; una persona que, en lugar de defender sin pudor al gobierno, se coloque al lado de las víctimas de las graves violaciones a derechos humanos que ocurren diariamente, cuyas manifestaciones más evidentes son el aumento de la pobreza, el hambre, la falta de acceso a medicinas y a la atención en salud en general, así como la pérdida de vidas producto de la violencia, incluyendo las causadas por las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP) y la impunidad. Su renuncia y sustitución por un Defensor del Pueblo consciente del papel que debe jugar, especialmente en momentos de crisis política y de derechos humanos, permitiría que la Defensoría del Pueblo venezolana pueda ser evaluada favorablemente, no sólo por los organismos internacionales con competencia en derechos humanos, sino por quienes más necesitan de una institución autónoma e independiente que esté a su lado: la población en general y las víctimas de violaciones de derechos humanos.

Desde la organización que dirijo “Una Ventana a la Libertad” y mi persona nos unimos a este clamor y le pedimos al Defensor del Pueblo su renuncia, es un deseo ciudadano que debe ser cumplido

@cnietopalma

Iris Varela, ministra de Régimen Penitenciario, sugirió este miércoles a todas las personas que tengan familiares desaparecidos o secuestrados que asistan al Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) y que pregunten por los cadáveres hallados en la Penitenciaria General de Venezuela (PGV).

“En las pesquisas de la PGV se han encontrado 15 cuerpos pero solo hay dos familias reclamando. Eso demuestra que hay un grado de indiferencia muy alto. No podemos descartar que los cuerpos no sean de reos. Recomiendo a todos los familiares de personas desaparecidas que acudan al  Senamecf para que hagan pruebas de ADN”, indicó Varela este miércoles en una entrevista a Venezolana de Televisión.

La ministra confirmó que la búsqueda de los cuerpos y trabajos de excavación en el penal siguen en pie, por lo que señaló que todavía podrían aparecer más cadáveres. Indicó que todavía no han sido encontrados los restos de un adolescente que desapareció el año pasado.

Hasta el momento, la comisión e búsqueda e investigación solo ha encontrado 15 cuerpos, de los cuales tres están sin cráneo. También fueron hallados restos de huesos dispersos en varias áreas del penal, con ayuda de pistas proporcionadas por los privados de libertad.

“El año pasado hubo la explosión de una granada  en el penal y le preguntamos a los reos si hubo muertos durante ese incidente. Nos dieron algunas pistas. Nos dijeron que fuéramos a la caballeriza. No encontramos cuerpos pero algunas extremidades”, explicó.

De momento son 15 muertos, pero es muy posible que haya más. Y la bandada de zamuros que sobrevuela un rincón de la Penitenciaría General de Venezuela (PGV) parece saberlo.

A pocos metros del muro que limita la cárcel, ahora cerrada, se ve a las aves carroñeras sobre la zona de la caballeriza donde hace unos días se descubrió una fosa común.

«Se ubicaron un total de 12 cuerpos con sus respectivos cráneos y las partes de otras tres personas, cuyos cráneos no han sido localizados, lo que suman las 15 víctimas encontradas a la fecha», expresó en un comunicado el sábado 18 de marzo el Ministerio Público (fiscalía) de Venezuela.

«Se presume la existencia de más cadáveres en el sitio, razón por la cual se emprenden acciones de rastreo, detección y ubicación», agregó.

Cinco meses después del cierre temporal de la prisión, el hallazgo de esa fosa y la información del Ministerio Público suponen el mayor reconocimiento de la situación que se vivía en la PGV y que también se denuncia en otros penales del país.

«Desde 2009 llevamos denunciando la existencia de fosas en la PGV», le dice a BBC Mundo Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones, una organización que defiende los derechos de los privados de libertad.

Prado lleva años peleando por conocer el paradero de Francisco Guerrero, desaparecido en la PGV desde septiembre de 2009 y cuyo caso ha sido estudiado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y en Naciones Unidas.

Quizás sea el caso más conocido, pero no el único.

«No busque más a su hijo»

Keider González iba a cumplir 24 años en mayo del año pasado.

El 1 de abril llamó a su casa desde la cárcel para felicitar a su hermano por su cumpleaños. Fue la última comunicación con su familia.

Dos días después, su madre acudió a la prisión, ubicada en San Juan de los Morros, a 150 kilómetros de Caracas. Pero ya no lo vio.

«Lo buscamos por todo el penal y no supe nada», me cuenta un familiar que prefiere no revelar su nombre.

«Se me acercaban (los presos) y decían ‘búsquelo’, pero me lo decían calladito. No hallaban cómo decirme lo que había pasado».

El 11 de abril, una llamada desde dentro de la PGV a la madre de González confirmó las sospechas: «No busque más a su hijo. A su hijo lo mataron».

Tras el anuncio «oficial» y anónimo, la familia decidió hacer la denuncia ante el Ministerio de Justicia e Interior y ante los tribunales.

De momento, en vano.

«Si por lo menos está muerto, díganme, entréguenme su cuerpo para darle cristiana sepultura», le dijo el familiar de González a uno de los líderes de los presidiarios.

En Venezuela, el jefe de los reos recibe el nombre de «pran».

El cuerpo, sin embargo, no apareció. «Fuimos a la morgue, ingresaron cadáveres, pero no estaba ahí», me dice el familiar del joven, que recuerda esa mezcla de angustia y alivio al no verlo en el depósito.

«No pude rescatar su cuerpo y para mí es duro», afirma entre lágrimas.

«Mandan ellos»

La familia de Keider González, que dejó una hija recién nacida de la que se encarga ahora su abuela, no ha recibido de momento la llamada de la fiscalía para saber si el joven está entre los hallados en la fosa.

Pero, ¿cómo es posible que haya una fosa, que pueda haber más y que sólo ahora se encuentre, cinco meses después de su cierre y durante la obras de reacondicionamiento?

La respuesta que el director del penal le dio a la familia de González cuando preguntaban por el paradero del joven ayuda a contestar esa pregunta.

«No sabemos. De aquí para allá mandan ellos», dijo.

Y ellos son los presos, y sobre todo, los «pranes», los líderes.

Fuera de control

En el momento de la desaparición de González, la PGV llevaba ya tiempo fuera del control del Estado, que en octubre del año pasado y tras casi un mes de negociaciones, presión y enfrentamientos a tiros, tomó la cárcel.

La PGV fue una prisión modelo hace más de 50 años. Contaba con un área psiquiátrica, una imprenta y muchas hectáreas para la agricultura y la ganadería.

Los vecinos de San Juan de los Morros recuerdan ir con los niños a comprar la artesanía que hacían los presos.

«Los mejores chinchorros (hamacas) del estado Guárico los hacían los presos», recuerda Carlos, que creció en San Juan.

También lo confirma Sonia, que trabajó en administración de la PGV de 1971 a 2009. «Justo cuando yo me fui comenzaba la cuestión de los ‘pranes'», rememora.

Vio cómo empezaron a llegar las armas y cómo algunos presos tomaban el control del penal e instauraban un régimen de terror y extorsión.

Con las leyendas apócrifas de casi imposible verificación se podría escribir un libro. Por ejemplo, la de una cochina a la que daban de comer cadáveres humanos.

Dos personas que entraban regularmente a la prisión me dijeron al menos que la cerda, de gran tamaño, sí existía. Y había también un puma.

Recientes videos en redes sociales y en los medios locales hablan de asesinatos, mutilaciones, torturas…

El «Pran»

Y todos apuntan al «pran» que lideró la PGV en los últimos meses: Franklin Lozada. Su apodo es elocuente: «Masacre».

Pero «Masacre», en realidad, no era un preso de la PGV, sino que se recluyó allí voluntariamente en diciembre de 2015. Lo hizo para protegerse de la persecución de las fuerzas de seguridad.

Y allí tomó el mando con mano de hierro.

Como sus antecesores en el dominio, obligaba a la mayor parte de los reclusos a pagar la «causa» u «obligadito», una cuota regular.

En abril del año pasado, Keider González debía entregar 1.200 bolívares para asegurarse su supervivencia, según su familia. En octubre ya eran 3.500. Los barrotes y las rejas no frenan la inflación en Venezuela.

«Tuvo una vida terrible en ese lugar, se sentía tan mal, la estaba pasando fea en ese lugar. Veía cosas terribles», me dice el familiar de Keider.

Edgar Azacón estuvo 14 años preso en la PGV entre los años 80 y 90.

Una vez libre, no se desvinculó del penal y siguió entrando para dar clase a los presos. Desde 2013 formaba parte de una misión de formación del gobierno de Venezuela.

«Franklin era un déspota, un verdugo», me dice Azacón, que asegura que el líder violó los mínimos códigos de honor de todo «pran».

Afirma haber visto personas tiroteadas, mutiladas, algo que coincide con el relato del familiar de González.

Vea la nota completa en BBC Mundo

FOTO: Juan Barreto / AFP

Aquí confluyen dos historias: el reciente hallazgo de 15 osamentas en una fosa común de la Penitenciaría General de Venezuela (PGV), según reconoció el Ministerio Público de este país a principios de esta semana, y la desaparición, el 7 de septiembre de 2009, de uno de los internos, Francisco Guerrero Larez, recibida con indiferencia por el régimen de Caracas.

Alfredo Meza

El País ES

El Estado no proporcionó información veraz ni a los familiares de Guerrero Larez, ni a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando preguntaron por su suerte. Las autoridades sostuvieron que Guerrero Larez se había fugado del penal y después guardaron un silencio definitivo cuando en 2015 el Comité Contra la Tortura de la ONU responsabilizó al Estado de su desaparición.

Cuando el 10 de marzo la ministra de Servicios Penitenciarios, Iris Valera, reconoció el hallazgo de la fosa común, Humberto Prado, coordinador del Observatorio Venezolano de Prisiones, una ONG dedicada especializada en la supervisión del sistema carcelario, recordó el caso del malogrado Guerrero Larez. Sentenciado a 13 años de prisión por robo agravado en diciembre de 1997, conoció “las actividades ilegales que cometían los jefes de la cárcel en complicidad con el militar jefe de la custodia externa”, según el relato del Comité de la Tortura. Tal vez sea esa la causa de su desaparición, piensa su esposa, Hilda Hernández, quien agrega que los demás presos le dijeron que su marido había sido asesinado y desmembrado en represalia por la información que manejaba.

Era una versión que concordaba con la que había recogido por su lado el padre de Guerrero Larez, Francisco. Al denunciar la desaparición de su hijo ante la Guardia Nacional Bolivariana, la policía militarizada que custodia el perímetro de las cárceles venezolanas, el director de la prisión le dijo que no podía darle una respuesta “porque él no controlaba a la población en el penal”. Era la confesión de una situación que desde hace varios años es un escándalo recurrente en Venezuela: el Estado ha abandonado por negligencia a los penales para dejarlos en manos de las bandas más fuertes.

De los catorce cuerpos que hasta ahora ha encontrado el Ministerio Público en los terrenos de la PGV, cinco no tienen cabeza. El hallazgo de la fosa común y el misterio del paradero de Guerrero Larez parecen otorgarles cierto crédito a las denuncias de tratos crueles, desapariciones y castigos medievales que aplican los presidiarios líderes, conocidos como “pranes” en la jerga local, a los internos que cuestionan su autoridad o desean tomar el control. Algunos vídeos apócrifos que pueden encontrarse en las redes sociales demuestran la tragedia que significa estar preso en Venezuela y la lucha diaria por sobrevivir en un espacio sin ley.

El Ministerio para los Servicios Penitenciarios, creado por Hugo Chávez en 2011 para intentar solucionar el problema de las mafias carcelarias, ha tenido relativo éxito al tratar de recuperar el control de los penales. Se ha impuesto un orden militar cerrado en 98% de ellos, según declaró la ministra de la cartera cuando compareció esta semana en Ginebra ante el foro de Naciones Unidas con ocasión del Examen Periódico Universal. Solo siete, según cifras oficiales, todavía permanecen en “régimen abierto”, una expresión que utiliza el régimen para explicar que aún están en manos de los internos. En estos casos, la cárcel se convierte en un gran barrio donde el preso puede traer a su familia a dormir en el penal, puede circular en motos o bailar en una improvisada discoteca.

Fue justo la Penitenciaría General de Venezuela la última de las cárceles recuperada por el régimen. En agosto el líder del penal, alias Franklin Masacre, había secuestrado a 51 trabajadores del Ministerio de Servicios Penitenciarios y se negaba a liberarlos si el gobierno no enviaba 1.500 presos al penal. Con el plan de desalojar las instalaciones iniciado por el ministerio, “Franklin Masacre” se había quedado sin el dinero que recolecta todas las semanas entre sus compañeros –las bandas que controlan las cárceles obligan a cada interno a pagar una cuota, también llamada “causa”, como parte del derecho a vivir en las instalaciones y a mantener el penal–. A finales de octubre, después de cuatro días de tiroteos, de explosiones de granadas, de una férrea resistencia, el Gobierno logró desalojar el penal para reacondicionarlo. En esas estaba cuando encontraron las osamentas.

El tamaño de los escándalos a menudo opaca esa labor que el Gobierno intenta reivindicar en todos los foros. Valera, que ha estado a cargo del ministerio desde su fundación, a menudo actúa por cuenta propia tomando decisiones que en otros países serían inconcebibles sin el concurso de la fiscalía y los tribunales. A Wilmer Brizuela, el pran más famosos de todos tras la muerte de Conejo en Margarita, le otorgó un Régimen de Confianza Tutelada. En el Código Orgánico Penitenciario, aprobado por el Parlamento controlado por el chavismo a finales de diciembre de 2015, justo después de perder la mayoría con la oposición, se establece que el penado, por decisión del ministro, podría ser reubicado en un área especial del penal donde continuará con el cumplimiento de la pena.

Brizuela, conocido como Wilmito, aprovechó ese beneficio para escaparse de vacaciones a isla Margarita, el destino turístico por antonomasia de los venezolanos. A mediados de febrero, en compañía de sus familiares, fueron baleados. Nadie falleció. El gobierno nunca confirmó la noticia, pero a las pocas semanas Wilmito regresó a la cárcel donde purgaba su condena antes de recibir el beneficio del Ejecutivo.

DESDE 2009, EL OBSERVATORIO VENEZOLANO de Prisiones comenzó a solicitar la actuación del Estado en las denuncias relacionadas con desapariciones de reclusos en la Penitenciaría General de Venezuela y “nunca hicieron nada”, expresó Humberto Prado, director general de la ONG, al referirse concretamente al caso de Francisco Fionel Guerrero Lárez.

Aunque ninguna autoridad actuó para conocer la suerte del preso, hubo ocasiones en las que un fiscal de Guárico llamaba a la familia para preguntarle qué sabía del caso. Cualquier intento de indagar se frustraba, porque no se le permitía el paso a la prisión a aquel que intentara investigar esa desaparición, dijo Prado, quien también opina que el Estado no tiene el control de la PGV.

Citó un ejemplo: cuando se hizo la audiencia oral en el Tribunal 2° de Control de Guárico por un hábeas corpus solicitado por la OVP sobre ese caso, la juez preguntó que quién tenía el control del penal y el entonces director de la PGV respondió que era él. Prado, que acompañaba a los parientes de Guerrero Lárez, le sugirió a la juez que realizara una audiencia en esa cárcel. La jurista suspendió el acto, y el juzgado y la familia se trasladaron a la PGV, pero el pran llamado Franklin Masacre no dio permiso para que el acto se realizara allí. La audiencia terminó en la sede del Comando de la GNB, ubicado al lado del penal.

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El Ministerio Público informó este sábado que subió a 15 la cantidad de cadáveres encontrados dentro de una antigua cárcel ubicada en el céntrico estado Guárico, y que se presume la existencia de más restos humanos en esta fosa que fue descubierta la semana pasada.

Mediante un comunicado, el MP indicó que está trabajando en la identificación de los restos de 15 personas “que hasta ahora han sido localizados en las instalaciones de una caballeriza dentro de la Penitenciaría General de Venezuela (PGV)”, una cárcel cerrada por el Gobierno de Nicolás Maduro hace más de cuatro meses.

“En estos procedimientos se ubicaron un total de 12 cuerpos con sus respectivos cráneos y las partes de otras tres personas, cuyos cráneos no han sido localizados (…) se presume la existencia de más cadáveres en el sitio”, dice la nota oficial.

La Fiscalía aseguró que en la actualidad realiza acciones de rastreo, detección y ubicación en la PGV con el apoyo del Ministerio para el Servicio Penitenciario, una cartera creada a mediados de 2011 por el fallecido presidente venezolano Hugo Chávez, quien reconoció los graves problemas de los centros carcelarios del país.

Además, el MP indicó que está recabando un “inventario óseo” en el sitio para determinar a quién pertenece cada hueso, y que designó fiscales “a fin de que coadyuven en el procesamiento de denuncias relacionadas con desapariciones de presos registrados en la PGV”.

La antigua cárcel venezolana fue por años una de las más violentas y peligrosas del país, liderada por prisioneros fuertemente armados que ejercían el control bajo torturas y el cobro de impuestos a los internos.

Las autoridades venezolanas afirman que más del 90 por ciento de las penitenciarias del país han sido pacificadas y que prevén alcanzar el 100 por ciento antes del 2020.

Aún siete prisiones, las más peligrosas y con mayor población en el país, siguen bajo el antiguo régimen, controladas por los reclusos armados que operan intramuros centros del tráfico de armas, drogas, extorsión y secuestro.

La Conferencia Episcopal de Venezuela (CEV) pidió hoy a las diferentes instancias del Estado ser “diligentes” en las investigaciones sobre lo sucedido con los 14 cadáveres hallados el pasado 9 de marzo en una fosa de la antigua Penitenciaría General de Venezuela (PGV).

“Solicitamos al Poder Público Venezolano en sus diferentes instancias se aboque urgente, diligente, efectiva y sin retardo a las investigaciones pertinentes que conduzcan al esclarecimiento de la verdad”, dice la CEV en un comunicado publicado en su página de la red social Facebook.

Hace una semana la ministra para el Servicio Penitenciario de Venezuela, Iris Valera, informó que habían sido encontrados restos humanos enterrados dentro de la PGV.

Dos días después, el Ministerio Público (MP) comunicó que se encontraba realizando investigaciones y que “hasta los momentos se han recuperado 14 cadáveres, de los cuales nueve tienen sus cráneos”.

Este suceso ha sido calificado por la CEV como un “terrible descubrimiento” al señalar que el hecho “traduce la vulneración a derechos fundamentales como la vida, y la presunción de penas, torturas y tratos crueles e inhumanos y degradantes”.

En ese sentido, la Iglesia católica pide al Ministerio del Servicio Penitenciario “garantizar la integridad y la dignidad de los privados y privadas de libertad, para que no se repita una lamentable tragedia como esta”.

La CEV también pide a la sociedad venezolana que exija a las autoridades “la garantía de los derechos humanos de las personas privadas de libertad” y exhorta a orar por ellos.

La PGV, ubicada en el céntrico estado Guárico, fue desalojada el pasado 28 de octubre atendiendo a un plan de pacificación que impulsa el Estado venezolano y con ese proceso se empezaron a hallar restos humanos en esa cárcel y, según indicaron entonces otros presos de la institución, en el sitio habría varias fosas comunes.

La ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) ha denunciado el hacinamiento de los centros de reclusión de Venezuela, tanto cárceles como calabozos estatales y municipales, que albergan aproximadamente a 85.000 personas, y que ha degenerado en el incremento de la violencia.