Personas

Al menos 12 personas permanecen detenidas, luego que el pasado domingo un grupo de militares y civiles asaltara la 41 Brigada Blindada de Carabobo y se llevara 93 fusiles y cuatro lanzagranadas.

El coordinador del Foro Penal Venezolano en la región, Luis Armando Betancourt, denunció que desde el pasado domingo, ni los familiares, ni los abogados tienen acceso a los detenidos. Señaló que algunos de los arrestados permanecen en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y de otros se desconoce el sitio de reclusión.

“12 personas esperan por audiencia de presentación, probablemente en tribunales militares. No tenemos certeza de donde están; hemos ido a distintos sitios de reclusión, desde la comandancia de la policía hasta el Sebin, a Puerto Cabello. Los familiares han visitado varios sitios, no solo en Carabobo, sino también en Caracas, y no tenemos información de varios de ellos; de algunos si sabemos que están en el Sebin”, agregó Betancourt.El vocero del Foro Penal manifestó preocupación frente a las restricciones presentadas para tener acceso a los casos de detenciones arbitrarias. Expresó que algunos fueron detenidos en las protestas del pasado 6 de agosto y otros en allanamientos en El Trigal, La Isabelica y en el municipio Libertador.

“Toda persona tiene derecho a hablar con sus abogados, con sus familiares. Aquí no sabemos si durante los allanamientos hubo alguna orden, o si tenían orden de aprehensión. Ayer en ciudad Chávez los familiares dejaron ropa y luego salió una funcionaria de la Defensoría del Pueblo y dijo que los detenidos no estaban allí. Los derechos humanos deben unirnos a todos” indicó.

Con relación a la detención del presidente de la Federación de Trabajadores de Carabobo (FetraCarabobo), Omar Escalante, Betancourt señaló que desconocen las razones de su detención, al tiempo que manifestó preocupación por su estado de salud.

“No sabemos si hubo orden de allanamiento, si tenía orden de aprehensión, lo que sí sabemos es que su condición de salud es delicada, por lo que solicitamos que se le permita tener acceso a sus medicamentos”, acotó.

Luego del asalto al Fuerte Paramacay, fue reforzada la custodia en la unidad militar, así como en el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). El sobrevuelo de helicópteros se mantiene en el estado, mientras que continúan los allanamientos en distintos sectores de la región.

El ministro de Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol, informó que tras los hechos irregulares registrados la noche de este martes en Maracay, estado Aragua, más de 200 personas fueron detenidas y puestos a la orden de la justicia militar.

El funcionario aseguró que estos hechos fueron orquestados por sectores radicales de la oposición, ya que a su juicio «personas vinieron de otras partes del país en autobuses para cometer asaltos en más de 60 establecimientos coordinados con delincuentes y bandas armadas».

Asimismo, Reverol indicó que 6 efectivos de los cuerpos de seguridad del Estado resultaron heridos, entre los que se encuentra uno por impacto de bala en una pierna.

Los 109 pasajeros del avión de la compañía libia Afriqiyah Airways que se encontraba en el aeropuerto de Malta después de haber sido secuestrado han sido liberados, según informó el primer ministro maltés Joseph Muscat.

Muscat precisó en un segundo mensaje en su cuenta social de Twitter, que tras la liberación los secuestrados permanecían los dos secuestradores  y algunos miembros de la tripulación.

El mandatario explicó que en el avión que se encontraba en medio de la pista del aeropuerto internacional de La Valeta había 111 pasajeros, 82 hombres – entre ellos los dos secuestradores-, 28 mujeres y un niño y siete miembros de la tripulación.

Fuentes locales apuntaban a que los autores del secuestro habían asegurado que tenían una granada y que podían hacer estallar el avión.

Más de 4.000 personas en la Zona de Barlovento, quienes confiaron en la promesa hecha por la Teniente de Milicia, Soheni Blanco, el mes de octubre pasado, de entregarles un “combo” de 20 productos de alimento por 18.000 Bs, resultaron afectados al hacer el pago y no obtener la comida. Son muy pobres la mayoría.

La denuncia referida a Control Ciudadano, es casi un ruego por visibilizar la angustia y desesperación, de parte de personas que se sienten estafadas y sin esperanza de recuperar su dinero, entregado hace ya casi 1 mes, en el marco de un “operativo”, en el que la Teniente, acompañada de efectivos de la Guardia Nacional, instaló una carpa para promover la venta de alimentos.

José (nombre ficticio para proteger al denunciante) de 64 años, pudo reunir la cantidad de dinero y se lo entregó a su hijo, quien a su vez logró sumar la misma cantidad para encargar un total de dos bolsas o “combos” de comida. Hoy nos relatan cómo, hasta la fecha, han sido engañados y lo más grave, sin la posibilidad de acudir ante alguna autoridad que tome sus denuncias.

El pasado sábado 5 de noviembre cientos de afectados lograron apersonarse en la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), de San José de Río Chico, para presentar una denuncia contra la Teniente, pero no se las recibieron. Sólo lograron levantar un acta (Foto), en la que la miliciana se comprometía a conseguir los “combos” de alimentos para el martes 8 de noviembre o devolverles el dinero.

Aún continúan reclamando el dinero, que muchos entregaron en efectivo y otros directamente a través de depósitos bancarios, efectuados en la cuenta personal de la Teniente, a cambio de lo cual se les daba un “recibito” (Foto) con el sello de la milicia. Esas eran dos de las modalidades de pago que ofrecía esta efectivo militar, en avisos exhibidos en el tarantín militar improvisado, que por varios días se instaló en Rio Chico, con la promesa de llevar alimentos a cambio de pago, en medio de una crisis humanitaria, que en el interior del país, como en los pueblos de Barlovento, tiene rostro de “hambre”.

El problema no ha sido resuelto aún. La milicia no da la cara. La Teniente se ha quedado con el dinero “por ahora”… y miles sin el alimento por el que pagaron.

Los habitantes de Barlovento desesperados, creyeron en “un uniforme militar” como medio de honrar la promesa de traerles alimento a cambio de un precio que está resultando más alto de lo esperado. Se sienten estafados y sin la posibilidad de tramitar una denuncia que les permita que les devuelvan su dinero.

Hoy muchos se preguntan si este es el rostro de la “Gran Misión Abastecimiento Seguro y Soberano” que los militares manejan en el país.

Control Ciudadano hace con este relato, una denuncia pública de los hechos que vienen suscitándose en San José de Río Chico. Téngase por notitia criminis el presente comunicado público, en la obligación que tiene el Estado de investigar y determinar la posible comisión de hechos punibles y la violación de derechos humanos que se deriven de lo aquí referido.

Más de 500 personas tuvieron que ser desalojadas de un crucero el miércoles debido a un pequeño incendio en el barco mientras viajaba entre Puerto Rico y República Dominicana, informaron autoridades puertorriqueñas.

El incendio aún ardía a bordo del Caribbean Fantasy, una combinación de crucero y ferry, mientras la Guardia Costera estadounidense llevaba a los pasajeros a San Juan.

La Guardia Costera dijo que había evacuado a todos los pasajeros y faltaba rescatar a 26 tripulantes.

Gyno Funes dijo que era uno de los mecánicos en la sala de control cuando estalló el incendio al reventar una manguera de combustible.

El otro mecánico, Marlon Doblado, dijo que «estuvimos como unas dos horas luchando, tratando de extinguirlo, pero no pudimos».

Se desconocía si había heridos. Se vio a varias decenas de personas transportadas en camillas para recibir tratamiento por deshidratación, hipertensión o problemas respiratorios, dijo el vocero de bomberos Juan Vega.

Los pasajeros, en su mayoría dominicanos, incluían deportistas escolares que iban a participar en eventos en Puerto Rico, entre ellos un equipo ciclístico, uno de vóley femenino y uno de béisbol masculino.

El fuego comenzó en la sala de máquinas y se extendía al resto del buque, dijo desde Miami la vocera de los guardacostas Marilyn Fajardo.

Los buques cruzan varias veces por semana entre Puerto Rico y Repúublica Dominicana. El transbordador se acercaba a San Juan cuando estalló el incendio, dijo el vocero de guardacostas Ricardo Castrodad. Se desconocía la causa.

El Departamento de Estado publicó hoy su informe anual sobre tráfico de personas en el mundo, relativo a 2015 y en el que evalúa el grado en que los diferentes países cumplen con los estándares de combate a esa lacra establecidos en una ley estadounidense de 2000

Estados Unidos incluyó hoy a Haití en su «lista negra» de países que no hacen lo suficiente para combatir el tráfico de personas y mantuvo a Venezuela en esa categoría, lo que abre la puerta a la imposición de sanciones económicas y la congelación de la ayuda no humanitaria y no comercial.

El Departamento de Estado publicó hoy su informe anual sobre tráfico de personas en el mundo, relativo a 2015 y en el que evalúa el grado en que los diferentes países cumplen con los estándares de combate a esa lacra establecidos en una ley estadounidense de 2000.

Cuba, que fue retirada el año pasado de la «lista negra», permanece en esta edición en una categoría denominada de «observación especial», porque el Departamento de Estado considera que está haciendo «esfuerzos significativos» para eliminar el trabajo forzoso y la explotación sexual, prevalentes en la isla.

«Cuando hablamos de trata de personas, estamos hablando de esclavitud, esclavitud moderna, que aún hoy afecta a 20 millones de víctimas en un momento en el que se ven obligados a soportar un infierno que ningún ser humano debería tener que experimentar», subrayó el secretario de Estado de EEUU, John Kerry, en una rueda de prensa para presentar el informe.

Este año el Gobierno de Estados Unidos incluyó en esta «lista negra», además de Haití, a otros siete países: Surinam, Birmania, Yibuti, Papúa Nueva Guinea, Sudán, Turkmenistán y Uzbekistán.

Además, decidió mantener en este apartado de su informe a Argelia, Bielorrusia, Belice, Burundi, la República Centroafricana, las islas Marshall y las Comores, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Gambia, Guinea-Bissau, Irán, Corea del Norte, Mauritania, Rusia, Sudán del Sur, Siria, Venezuela y Zimbabue.

«El Gobierno de Venezuela no cumple plenamente los estándares mínimos para la eliminación del tráfico (de personas) y no está haciendo esfuerzos significativos para lograrlo», recriminó el Departamento de Estado en su informe.

Venezuela fue añadida en 2014 a la «lista negra» tras figurar durante varias ediciones en el listado de «observación especial», y ahora sigue en la peor categoría porque, según Estados Unidos, el Gobierno del presidente Nicolás Maduro no hace «esfuerzos significativos» para combatir el problema.

La decisión de incluir a Haití en la peor categoría del informe se debe a que su Gobierno ha hecho «esfuerzos mínimos» para identificar y ayudar a las víctimas del tráfico de personas, según el Departamento de Estado.

El presidente de EEUU, Barack Obama, tiene ahora 90 días para decidir si aplica sanciones a los países de la «lista negra», como la congelación de la ayuda no humanitaria y no comercial o la negativa a que reciban préstamos de instituciones multilaterales.

Por Eugenio Martínez

Durante los cinco días que duró la jornada prevista para “arrepentirse” de haber firmado la solicitud del referendo revocatorio presidencial contra Nicolás Maduro, promovida por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), 5.537 personas en todo el país solicitaron retirar su rúbrica.

En la primera parte de la validación de huellas, el Consejo Nacional Electoral (CNE) admitió 1.352.052 registros y anuló 605.727.

La cifra total de excluidos aumentó con cada día de jornada. El lunes retiraron su rúbrica 264 personas; el martes lo hicieron 394 electores; en la jornada del miércoles se dieron de baja 546 ciudadanos; durante el jueves lo hicieron 1.222 personas y en el último día previsto para el arrepentimiento 3.145 ciudadanos dejaron de avalar que la MUD solicite una consulta popular sobre la continuidad de Maduro como Jefe del Estado.

En la jornada de arrepentimiento, los estados en donde se procesaron más exclusiones fueron: Zulia (670 retirados), Mérida (539) y Aragua (503). En el otro extremo, los estados con menos solicitudes para retirar las firmas son: Amazonas (16 exclusiones), Sucre (19) y Vargas (21).

En los estados con amenazas potenciales para la oposición (por lo complejo que puede resultar validar el 1% de los electores de las entidades) el ritmo de exclusión durante los primeros cuatro días ha sido bajo: Amazonas (26), Sucre (55) y Táchira (79).

No existe una situación nutricional que explique el momento que atraviesa Venezuela en la actualidad. Sin embargo, el incremento de la mortalidad infantil y neonatal, así como el colapso de la red pública en la distribución de alimentos, genera la duda de si el país está frente a una emergencia alimentaria.

Con esta inquietud abrió su ponencia la investigadora de la Fundación Bengoa, Maritza Landaeta, quien ayer participó en el LXII Congreso Venezolano de Puericultura y Pediatría, celebrado en el hotel Eurobuilding de Caracas.

Basándose en los datos de 1.488 encuestas de percepción, realizadas a personas de entre 20 años y 65 años de edad, Landaeta afirmó que el ingreso de 87% de los hogares del país no alcanza para comprar los alimentos de la dieta diaria. En consecuencia, 9 de cada 10 personas no logran comprar comida con los recursos económicos que perciben.

Landaeta aseguró que en el país hay 34% de pobres recientes, que antes pertenecían a la clase media. De acuerdo con la investigadora, solo 19% de la población no es pobre, por lo cual las fuentes de proteína animal están ausentes del consumo diario de la mayoría de los venezolanos.

La investigadora dijo también que el consumo de grasa marca la diferencia entre los estratos sociales, un fenómeno, a su entender, nunca antes visto en el país. Mientras más bajo es el nivel socioeconómico, mayor será el consumo de ese tipo de alimentos: “Esto habla del gravísimo deterioro que vivimos. 12,1% de la población no cuenta con las 3 comidas diarias. Estamos muy por debajo de los requerimientos calóricos. Y si hablamos de niños, 4 de cada 10 están malnutridos, sea por déficit o por exceso”.

Añadió que en el último año ha habido diferencias sustanciales en los patrones de consumo del venezolano: 40% de las compras se concentra en harina de maíz, arroz, pan y pasta. Solo 5% accede a la leche.

Citó un dato oficial, extraído del Instituto Nacional de Estadísticas, según el cual en 2014 se habría registrado una caída en el consumo de 53% de los alimentos, lo que preocupó a la investigadora, que recalcó que no habrá crecimiento sin ingesta de calorías y proteínas, mucho menos se desarrollará el potencial cognitivo de los niños.