Orinoco

La ONG SOS Orinoco alertó que en los últimos meses de 2023 al menos 85 indígenas yanomami fallecieron por malaria en varias comunidades de la Sierra Parima

La Organización SOS Orinoco alertó sobre un brote de  malaria que se viene presentando desde el 2023 en el Alto Orinoco, estado Amazonas

«En últimos meses del 2023 al menos 85 indígenas yanomami fallecieron por malaria en varias comunidades de la Sierra Parima: Momoi (7), Aranai (8), Araopë (11), Tootoomopë (6), Shitari (4), Irota (13), Teitei (5), Shamauka (2), Jimoi (3), Parima C (2), Takarama (5), Torita (7), Urarukere (3), Mañuwë (4), Wanaka (3), Sherekasi (2)», se lee en el mensaje compartido en la red social X. 

ALERTA | GRAVE CRISIS DE #MALARIA EN ALTO ORINOCO, AMAZONAS

❗️Nueva epidemia requiere atención inmediata para comunidades #Yanomami de difícil acceso:@NicolasMaduro @OPSOMSVenezuela @MinSaludVE @amazonas_salud @MagaGutierrezV @DirOPSPAHO @Survivalesp @Hutukara… pic.twitter.com/rIoAVDeacg

— SOS Orinoco (@SOSOrinoco) January 18, 2024

Añadieron en el comunicado que como ya han venido advirtiendo «la correlación entre malaria y minería es altísima, y la minería inaceptable en el Alto Orinoco, impulsada por las FANB, está desbordada».

Minería ilegal en expansión 

En su balance 2023, Mongabay precisó que aunque desde finales de los años 80 se tienen reportes de minería artesanal en Yapacana y se dio cuenta de un repunte de la actividad entre 2012 y 2014, no fue sino en 2019 cuando investigadores de SOS Orinoco confirmaron que la explotación estaba en manos de la guerrilla colombiana del ELN, y también de las disidencias de las FARC, quienes actuaban en complicidad con diversos componentes de la Fuerza Armada venezolana.

“En los últimos meses se ha incrementado la actividad, ya en los siete municipios de Amazonas hay focos de minería”, aseveró el líder indígena baniva Eligio Da Costa, coordinador general de la Organización Regional de Pueblos Indígenas de Amazonas (ORPIA).

Acotó que, a los puntos mineros que causan deforestación, se suman aquellos que están dentro de las aguas: las balsas de explotación fluvial que socavan los lechos de los ríos para extraer oro, como ocurre en el río Atabapo, al sur del estado.

“Es una actividad que destruye los territorios, la biodiversidad, la fauna, y genera consecuencias en nuestra cultura porque influye en nuestras actividades tradicionales. Siempre hemos mantenido esa convivencia sana con la naturaleza, pero la minería va más rápido que los procesos organizativos de nuestros pueblos”, señala.

Para 2023, cifras del informe global sobre malaria publicado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), apuntaron que Brasil, Colombia y Venezuela eran los primeros en la lista de países de América con más contagios, acumulando 73% de todos los casos de malaria registrados en la región.

También, en el país se reportaron 154.000 casos de paludismo en 2022. Según el informe se ha dado un notorio descenso en las cifras de la enfermedad desde que inició la pandemia por COVID-19

No obstante, el 2023 cerró con 10. 958 casos en el estado Sucre. Así lo dio a conocer  la directora de Salud Ambiental y Contraloría Sanitaria de la entidad, Elia Sánchez, quien afirmó que se venía  ejerciendo un control progresivo de la malaria. en la entidad.

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La diputada María Gabriela Hernández alertó que la extracción de minerales en el país afecta el caudal de los ríos

Hay otras zonas de Venezuela donde se están extrayendo otros minerales como el sílice

@saracosco

La diputada de la Asamblea Nacional, Maria Gabriela Hernandez (PJ-Monagas) aseguró que la extracción de oro en Canaima puede afectar el suministro eléctrico de todo el país.

En reacción al trabajo especial Canaima: el paraíso envenenado por el oro de Runrun.es, la parlamentaria ratificó que en toda esa área natural  protegida no se debe extraer oro porque está prohibido por ley. 

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“Tenemos que tomar una decisión certera y radical como país y es que no podemos extraer oro. Eso hay que acabarlo”, señaló.

Explicó que en esas zonas es donde nacen los ríos que alimentan la red eléctrica de Venezuela. “Todo eso que se está destruyendo al final va a desembocar en que 80% de la energía eléctrica, que depende de la fuerza del agua, no exista”.

Hernández, quien forma parte de la Comisión de Ambiente del Parlamento, agregó que la situación eléctrica solo puede empeorar con la extracción del oro en Canaima. 

“Como están destruyendo el cauce del río, también destruyen su caudal, entonces (el agua) no llega a la represa y no hay fuerza para producir la energía”, expresó. 

Igualmente la diputada recordó que la extracción se hace en un Parque Nacional, que es un área resguardada y sensible. “Son suelos y vegetaciones de muchísimos años y su mal trato acarrea destrucción”.

Hernández señaló además que como la naturaleza está interconectada, lo que se haga en Canaima y también en el Arco Minero del Orinoco, va a afectar en otras zonas como el Mar Caribe y las islas que se encuentran allí. “Ya se consigue vida marina contaminada con mercurio”, advirtió.

Se extiende la protección

María Gabriela Hernández, quien ha trabajado el tema ambiental desde su llegada al Parlamento en 2015, dijo que en la Comisión han hecho las alertas desde el inicio de la creación del Arco Minero del Orinoco.

La AN decretó  que la actividad de extracción del oro y creación de empresas en esa zona es ilegal e inconstitucional, porque la medida nunca fue legitimada por el Poder Legislativo. 

“Aunque (el decreto del Arco Minero del Orinoco) pasara por la Asamblea Nacional, el impacto ambiental es de tal magnitud que no podría ser aprobados. Va contra la Constitución, contra el establecimiento de los derechos ambientales y contra el establecimiento institucional”, esgrimió.

Además a finales del año 2018, el Parlamento aprobó la Ley Orgánica de la Megareserva de Agua Dulce y Biodiversidad del Sur del Orinoco y la Amazonía, con el cual se recalcó que esas áreas son parques nacionales y además se extendió el área de protección a aquellas zonas donde nacen los ríos. 

“En esa ley se derogó expresamente todo lo que ya se había declarado nulo”, indicó la diputada. 

El ambiente no es el único afectado

El daño al medio ambiente con la extracción de oro en Canaima, no es la única preocupación de la diputada María Gabriela Hernández, quien advirtió que hay una afectación económica para el país y los pobladores de la zona. 

Reconoció que sí hay indígenas que trabajan como mineros dentro del parque, pero que han sido corrompidos por el sistema. 

“No son todos, pero sí los que tienen voces importantes. Terminaron siendo corrompidos por el sistema. Por mucho que ellos intenten hacerlo sin depravar su área no hay forma de evitarlo, lo están haciendo”, agregó.

La diputada explicó que jóvenes de otras ciudades del Oriente del país viajan hasta el sur para trabajar en las minas, esto debido a la crisis económica que vive el país. 

Hernández refirió que si bien algunos regresan a sus hogares, otros no tienen tanta suerte o terminan enfermos  “En Monagas, por ejemplo, puedes conseguir a más de una familia cuyo hijo no regresó”.

“En Monagas hay muchos preparadores de gallos (para peleas) y los llevan a las minas, para venderlos y no regresan. Una actividad tan sencilla como esa”, comentó.

Minerales en la mira

La diputada Hernández informó que Bolívar no es el único lugar de Venezuela donde hay minería ilegal. En la Comisión de Ambiente tienen registros en Táchira, Mérida y Lara, en donde se extrae sílice, un mineral que se puede utilizar para hacer vidrio, porcelana, cristales y cemento.

“En Mérida y en Táchira se han paralizado por parte de las gobernaciones. Pero continúan las amenazas de estas empresas que vienen sencillamente a extraer y destruir”, expresó.

Hernández indicó que en Lara continúan los trabajos y sería cercano a Carora, sobre un cerro, donde hay sílice de alta calidad. “Esto contaría con el permiso del Ministerio de Ecosocialismo, antes de Ambiente”.

“Al empezar a destruir esas montañas, el agua va a escasear también y recordemos esas son tierras altamente productivas de alimentos y gran parte de Occidente y Caracas se nutren con los alimentos de Lara”, alertó.

En un trabajo adelantado por investigadores del Servicio Autónomo Centro de Investigación y Control de Enfermedades Tropicales (SACAICET) en aguas del Río Atabapo y Orinoco a su paso por el municipio Atabapo, encontraron la presencia de cromo en todas las zonas donde tomaron muestras, con valores que duplican y hasta triplican el máximo permitido, cuyo rango normal es 0-0,01 microgramos.

Los investigadores, encabezados por el Ingeniero Richard Cedeño, quien trabajó durante 4 años en el laboratorio de calidad del agua del SACAICET, hicieron el hallazgo en el marco del proyecto “Estudio fisicoquímico, microbiológico, y de metales pesados en fuentes de agua para consumo en pueblos y comunidades indígenas en tres municipios del Estado Amazonas”.

Esta situación fue detectada en fuentes de agua de San Fernando de Atabapo y en las comunidades Chamuchina, Uquaquen, Caño Caname, Pintao y Chaquita, afectando a indigenas de las etnias Kurripaco, Baniva, Bare, Guarequena y otras que habitan la zona estudiada en el proyecto.

El resultado llamó la atención de los investigadores, debido a que la presencia de este elemento químico en el agua está asociada con desechos de la industria metalúrgica o del cuero, ninguna de las cuales tiene presencia en  Amazonas.

El cromo a diferencia del mercurio, no se precipita y se mantiene sobrenadando en la superficie del agua, por lo cual es más probable su contacto o consumo por seres humanos.

El Ingeniero Richard Cedeño, aclaró en conversación con el equipo de Kapé Kapé que el cromo medido en este estudio es el cromo total, que engloba al cromo III (trivalente) y al cromo VI (hexavalente). No obstante, en cualquiera de sus dos presentaciones su presencia en la naturaleza en altas concentraciones es nociva.

El cromo III ó trivalente se considera un indicador de degradación ambiental de gran relevancia. Los procesos de degradación ambiental son costosos y difíciles de revertir.

Aplicando medidas de mitigación llevaría unos 100 años para recuperar el ecosistema afectado. Y si se toma en cuenta lo delicado del territorio amazónico esta situación seria aún más grave.

El cromo VI ó hexavalente se considera altamente cancerígeno e incluso mutagenico. Hay estudios donde, dependiendo la concentración, el uso, tiempo de exposición, y otros factores, vinculan al cromo hexavalente con la aparición de células cancerígenas en periodos cortos (entre 8-10 años).

Hasta el momento no se ha conseguido precedente alguno de la presencia de cromo en ríos del estado Amazonas y en la investigación, por falta de continuidad en la misma, no se ha logrado determinar de dónde proviene el cromo, quién lo introdujo, cuánto tiempo ha estado la población indígena venezolana expuesta al cromo, cómo y dónde lo están usando y si será de origen natural producto de la degradación ambiental o será de origen antropogénico.

Por último el investigador del SACAICET informó al equipo de Kapé Kapé que las autoridades del Ministerio de Salud y del Ministerio de Asuntos Fronterizos están al tanto de los resultados de esta investigación. No se tiene conocimiento de que hayan tomado alguna acción al respecto.

Con información de Kapé Kapé

Para este martes 7 de agosto, el reporte de Protección Civil indicó que la cota del río Orinoco en Ciudad Bolívar llegó a los 17.80 msnm, a 20 centímetros de la alerta roja y 23 de su nivel histórico de 1943. El crecimiento ha estado entre 6 a 10 centímetros diarios en promedio, por lo que no descarta que 2018 repita una cota histórica.

Para el domingo, el gobernador Justo Noguera Pietri reportó 6.523 personas atendidas en todo el estado Bolívar, por las afectaciones de las inundaciones. Este martes la cifra incrementó a 6.893.

Los sectores más afectados en Ciudad Bolívar han sido La Toma, con al menos 180 familias perjudicadas; la calle Guzmán Blanco de Perro Seco con 15 familias; y nueve en El Mereyal.

El dirigente de Voluntad Popular en Bolívar Jorge Francisco Sambrano manifestó que hasta ahora no han podido cuantificar la pérdida de enseres de los afectados. “En los recorridos vimos televisores flotando, escaparates rotos, neveras. Solo en La Toma, que ha sido la zona más afectada, se han dado entre dos y cuatro casos de paludismo”.

El gobernador del estado Bolívar, Justo Noguera Pietri,  admitió que no hay plan de reubicación para las familias afectadas, sino reestructuraciones de viviendas para cuando el río comience a descender.

Se niegan a dejar sus casas

En el caso del municipio Heres, comentó Sambrano que -según los testimonios de afectados- la respuesta del alcalde Sergio Hernández fue proponer una reubicación en albergues, las casas serían demolidas, pero desconocen de un plan de reubicación.

Esta es una de las razones por la que la mayoría se refugia en casa de familiares o amigos, y no desalojan por completo su vivienda. Otros se niegan a abandonar sus espacios de toda la vida.

Sobre las anegaciones que se han producido en el Paseo Orinoco, explicó que allí existen unos drenajes para los desagües por lluvias, estos tuvieron que ser tapados debido a que por allí estaba pasando el agua del río. El colapso de estos es lo que ha provocado las anegaciones en algunas calles.

La crecida del Orinoco ha afectado no solo a Bolívar, también a los estados Delta Amacuro, Amazonas, Monagas, Anzoátegui y Apure.

Crecida histórica del Orinoco

De acuerdo con el cronista Américo Fernández, en su reseña sobre la crecida del Orinoco, el 4 de agosto de 1976 el río se situó en 18.04 msnm y permaneció estacionado en ese nivel hasta dos días después que inició su descenso en medio de la más angustiosa expectativa.

“El río comenzó a superar la cota de peligro (17 m) el 24 de julio y cuatro días luego ya estaba en 17.42. Durante los cuatro primeros días de agosto la ciudad parecía un campo de guerra con trincheras de sacos de arena a lo largo del paseo, chimeneas de ladrillos en todos los alcantarillados, hundimientos, filtraciones y prohibición del paso de vehículos automotores por el Paseo Orinoco, paralización del comercio del centro en un cincuenta por ciento y miles de damnificados concentrados en la Urbanización El Perú que se hallaba en su etapa final de construcción. Esto sólo en Ciudad Bolívar porque en otras partes como Ciudad Guayana, Moitaco, La Urbana, Caicara, Borbón, también fueron afectadas por el ingente caudal de agua que metió durante ese período el Orinoco”.

La crecida del río Orinoco provocó que 20 casas se derrumbaran entre las parroquias Soledad y Mamo del municipio Independencia, ubicado en los márgenes de los estados Anzoátegui y Bolívar.

Mientras investigaba el impacto ambiental de la explotación de trasnacionales en Puerto Ayacucho, el reportero y criminólogo extranjero Bram Ebus fue detenido por la Guardia Nacional Bolivariana durante unas horas.

El hecho es otro capítulo de las políticas de oscuridad criminal sobre la explotación mineral del sur de Venezuela, publicó Correo del Caroní.

La base de su proyecto era una pregunta: ¿Cuál es en realidad más allá de una medida desesperada del régimen madurista para hacerse con dinero fácil, el beneficio para los venezolanos? La duda estaba aderezada con otra pregunta: ¿Qué tanta legalidad prevalece en torno al Arco Minero?

Eso, claro, no le gustó a la dictadura. Y Ebus pagó las consecuencias.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) informó los detalles: luego del arresto en Puerto Ayacucho, a Ebus lo llevaron a Caicara del Orinoco antes de que lo dejaran libre tres horas después.

Bram Ebus no solo es periodista, es también criminólogo. Además es investigador de conflictos socioambientales. Más allá de sus credenciales, en Ebus hay un genuino interés por un tema: el Arco Minero del Orinoco. ¿Qué es? Y sobre todo ¿Cuál va a ser el impacto de la explotación?  Una devastación indiscriminada, que ya está dejando estelas.

Es por eso que Ebus estaba en Puerto Ayacucho este viernes. Conversaba con la gente. Miraba. Se sumergía en el enmarañado océano de las mafias mineras que devastan la zona sur del Orinoco: a fin de cuentas, investigaba. Ebus hacía periodismo.

No hubo información oficial respecto de la detención del investigador.

Lejos del ánimo especulativo, no sorprende la medida si se considera que la opacidad ha sido norma implícita desde la promulgación, de la zona de desarrollo estratégico nacional Arco Minero del Orinoco en febrero de 2016.

La turbiedad ha tenido otra arista: la limpieza de las zonas mineras del sur de Bolívar que ha ejecutado el Ejército. Hablar de ejecutar no es metáfora: ha habido varias masacres por parte de los militares en esas zonas.

Ni hablar de los intentos de investigación periodística. El ejemplo fue lo que le tocó vivir a Bram Ebus este viernes. Amén del capítulo de la arbitrariedad, hay un factor que resalta: la dictadura madurista continúa cerrando las puertas a cualquier asomo de transparencia.

Los ataques a los medios son un ejemplo. Y ante ello no hay indiferentes: a comienzos de septiembre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó el cierre de más de 50 medios en Venezuela. Tal asunto es obra pura y simple de una dictadura.

Como lo fue también este viernes el arresto de un periodista foráneo que solo vino a buscar respuestas para un tema en el que no hay más que sombras.

Los cuatro que fueron detenidos ilegalmente por la GNB están libres, sanos y en sus casas. Mil gracias por su soporte, presión y mensajes pic.twitter.com/XbKfbpvjr7

— Bram Ebus (@BramEbus) 23 de septiembre de 2017

#URGENTE Lea aquí parte del trabajo publicado por @BramEbus sobre el arco minero, al que llamó Arco de Desesperación https://t.co/pfVsWOu8zk pic.twitter.com/OOiPccBzDD

— SNTP (@sntpvenezuela) 22 de septiembre de 2017

Nos informan que el periodista holandés @bramEbus, está detenido desde ayer en Caicara del Orinoco, Bolívar. Investigaba minas de Coltán pic.twitter.com/XaFZOQNHhh

— PROVEA (@_Provea) 22 de septiembre de 2017

Exigimos liberación inmediata de Pedro Ortiz etnia Bare y Yonny Vera ambos indígenas y defensores DDHH. Junto al periodista @BramEbus

— Laboratorio de Paz (@LabPaz) 22 de septiembre de 2017

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