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EL OBSERVATORIO VENEZOLANO DE PRISIONES informó de 14 presos muertos y 15 heridos en la cárcel de Puente Ayala, en Barcelona, estado Anzoátegui, durante un motín que empezó con el enfrentamiento de dos grupos de reos rivales, los del Tren de Caracas y los Orientales. El hecho ocurrió el martes en la madrugada.

Los 14 cadáveres y los 15 lesionados fueron ingresados a los hospitales Luis Razetti de Barcelona y del Seguro Social del sector Las Garzas de la misma ciudad.

Entre las víctimas se encuentran Nick Jackson Toro Marín,  Anier Jesús González,  Luis Alejandro Angulo, Domingo Marucuto, Jhonny Beltrán Velásquez, Jean Carlos G., Héctor La Rosa, Jefferson Valderrama, Israel David Gómez, Jhon José Barrios, Giovanny Casanova (tercero en el mando en ese penal), Ronner Daniel González y Jesús Leomire.

Al conocerse la reyerta, la ministra Iris Varela informó que los fallecidos son 9, y 11 los heridos. Indicó que dos murieron por una sobredosis, según estudios forenses. “Tenemos identificados a los responsables”, indicó.

El conflicto, según la versión ministerial, surgió porque existe un grupo que está en desacuerdo con la nueva modalidad de estudio, trabajo y disciplina ejercido en ese penal.

Humberto Prado, director general del OVP, anunció que esta nueva masacre en una cárcel del país fue denunciada a la comunidad interamericana y la ONU.

Explicó que se trató de un enfrentamiento entre dos grupos: el Tren de Caracas y los Orientales. Estos últimos, liderados por un preso conocido como Barúa.

Quiénes son. Los Caraqueños son reclusos que fueron trasladados a ese penal del retén de La Planta al ser desalojado y evacuado de su población reclusa. También en Puente Ayala había un reo proveniente del estado Falcón, que murió este lunes.

Explicó que los Caraqueños se introdujeron en la Torre y trataron de darles un golpe a los Orientales.

“Esa cárcel está privatizada porque está en manos de los pranes”, señaló Prado.

Una información proveniente de la GNB de Puente Ayala indica que a los hospitales Luis Razetti y el del Seguro Social, localizado en Las Garzas, fueron ingresados 12 cadáveres y 15 heridos procedentes de esa cárcel de Anzoátegui.

La misma información indica que se puso fin a la situación de rehenes que había en ese penal cuando un grupo de presos tomó a visitantes.

El informe de la GNB señala que 10 de los reclusos implicados en la revuelta fueron sacados del establecimiento carcelario.

Durante una requisa practicada en el penal se incautaron 9 arnas de fuego calibre 9 milímetros, 19 cargadores, 48 cartuchos 9 milímetros sin percutir, 100 gramos de presunta marihuana, 31 celulares, 2 tabletas y 2 cámaras fotográficas.

La GNB informó que mantiene reforzados los servicios externos en el área de emergencia del hospital Razetti y del Hospital del Seguro Social de Las Garzas.

173 muertos hubo en 2016 en las cárceles del país y 268 heridos, de acuerdo con el estudio anual que presentó el OVP

El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP)  ha tomado la decisión de denunciar ante organismos internacionales como la Corte Interamericana, la Comisión Interamericana de DDHH y la Relatoria Especial Contra la tortura sobre los recientes hechos de violencia carcelaria ocurridos en el país.

En días recientes la Comision Interamericana de Derechos Humanos ha emitido un informe en el cual deja a Venezuela en el Capitulo IV, que no es otra cosa que la Comisión ha seguido con especial atención la situación de los derechos humanos en Venezuela y ha observado, a través de sus distintos mecanismos de monitoreo, una serie de situaciones estructurales que afectan el goce y disfrute de los derechos humanos.

Hemos informado sobre la problemática, expresando nuestra más profunda preocupación sobre como el mal sistema penitenciario venezolano, que lo pudiéramos calificarlo de mediaval, se ha mostrado ineficiente en la aplicación de políticas publicas adecuadas para la enfrentar la grave crisis carcelaria existente en la actualidad y poniendo en blanco y negro cuáles son los principales motivos que originan tan grave situación, como lo son los altos porcentajes de hacinamiento, la violencia carcelaria, las condiciones indignas de reclusión, la falta de alimentos, los malos tratos a los reclusos y sus familiares, entre otras.

La CIDH mantiene que la situación de las personas privadas de libertad continúa siendo una de las más graves del continente. Lo anterior, debido a la violencia generada por la actividad de las bandas criminales que operan dentro de las cárceles; el tráfico de armas, incluidas armas de guerra y explosivos, en el que está involucrada la GNB; la impunidad en la que en la mayoría de los casos permanecen los hechos ilícitos cometidos dentro de las cárceles, particularmente por parte de los cabecillas de las bandas criminales (los llamados “pranes” o como se les denomina oficialmente “líderes negativos”), y en general por la falta de control efectivo que ejerce el Estado al interior de los centros penales.

Nuestra posición es que Venezuela nunca ha tenido un sistema penitenciario sino un mal sistema penitenciario, en el cual se deposita, se encarcela y se custodia preventivamente al ser humano en el cual se le falta de respeto a los privados de libertad de la mala politica carcelaria, la Sra. Ministra debiera sentarse con las personas que saben del tema, y ademas revisaría todos los programas, y empezaría a cumplir la Constitución, comenzando con la descentralización, para que cada gobierno regional asuma su responsabilidad en el tema Penitenciario.

Por todo ello llamamos la atención a los legisladores a que asuman su tarea de supervisar y a estar al lado de las familias que se encuentran a las puertas de la cárcel de Uribana y comprendan, a las madres y esposas, y estén del lado de la justicia, haciéndole un llamado a la Ministro Iris Valera con el objeto de iniciar un dialogo entre las partes, que conlleve a ponerle fin a esta deprimente situación, que comprendan que todas estas personas que están secuestradas en la Carcel de Uribana, en contra de su voluntad, puedan regresar a su casa y estar al lado de sus seres queridos.

El coordinador general de la Misión Electoral de la Unasur, José Luis Exeni, explicó que la intención del organismo es visitar por lo menos 10 entidades durante los comicios parlamentarios.

Tras sostener una reunión con los técnicos de la Mesa de la Unidad y del Gran Polo Patriótico, Exeni manifestó su deseo de observar diferentes zonas del país.

“Hemos previsto estar por lo menos en 10 estados, entre ellos uno muy importante para nosotros como Zulia, quisiéramos tener presencia en estos estados,  desplegar en diferentes recorridos”.

Detalló que apenas están empezando técnicamente la misión y que esperan hasta el lunes para que los países miembros que aún no han nombrado  a sus representantes se acrediten. “Esperamos una misión bastante consistente entre 30 y 40 miembros de los diferentes organismos electorales de la región”, resaltó.

LONDRES (AP) — El virus del ébola puede persistir hasta nueve meses en el organismo de algunos sobrevivientes varones, según han descubierto los médicos en un nuevo estudio, aunque no están seguros de si eso significa que siguen siendo contagiosos.

En un estudio sobre 93 hombres en Sierra Leona, los científicos encontraron el virus del ébola en muestras de semen en aproximadamente la mitad de los sobrevivientes. El riesgo parecía decrecer con el tiempo. Entre dos y tres meses después del comienzo de la enfermedad se detectó el ébola en los nueve hombres analizados, pero entre siete y nueve meses después sólo se localizó en 11 de los 43 pacientes analizados.

Los investigadores no están seguros de por qué el ébola persiste en el semen, a diferencia de en otros fluidos corporales, y no saben si ese virus puede enfermar a otras personas.

«Creemos que hay un posible riesgo de exposición, pero ahora mismo no podemos determinarlo con un 100% de certeza», dijo la doctora Nathalie Broutet, experta en enfermedades de transmisión sexual en la Organización Mundial de la Salud (OMS) y una de las autoras del estudio. El informe se publicó el miércoles por internet en el New England Journal of Medicine.

Estudios anteriores habían mostrado que el virus puede sobrevivir en el semen unos tres meses, aunque señalan un caso en el que se mantuvo presente unos seis meses, según la OMS. La transmisión sexual del ébola de hombres a mujeres es algo «bastante posible», señaló la agencia sanitaria de Naciones Unidas, aunque la enfermedad se extiende sobre todo a través del contacto directo con otros fluidos como la sangre.

Por ahora, el ébola ha matado a más de 11.000 personas en el África occidental, en un brote que fue identificado el año pasado y que ahora parece remitir. Hay unos 17.000 sobrevivientes de la enfermedad, en torno a la mitad varones.

La revista médica también publicó detalles sobre un caso de ébola documentado en marzo en Liberia, en el que un sobreviviente contagió la enfermedad a una mujer al mantener relaciones sexuales sin protección cinco meses después de que él se infectara.

En un comentario que acompañaba al estudio, el doctor Armand Sprecher, de Médicos Sin Fronteras, dijo que la transmisión sexual del ébola fuera una forma significativa de contagio, «habríamos visto una serie de casos ya», dados los miles de varones sobrevivientes que hay en el África occidental. Se cree que los enfermos de ébola son más contagiosos cuando peor se encuentran.

Los resultados de estos estudios sugieren que la vigilancia sobre los pacientes debe ser más larga que la recomendación actual una vez se dé por terminado el brote en una zona, dijo Sprecher.

La OMS y otros organismos recomiendan que los varones que superan la peligrosa enfermedad se abstengan del sexo o utilicen condones durante al menos tres meses tras recuperarse. Después se les piden análisis mensuales hasta que obtengan dos resultados negativos.

Se desconoce cuánto tiempo sobrevive el ébola en el flujo vaginal, señaló la OMS, indicando que es menos probable que una mujer sobreviviente del ébola pudiera contagiárselo a un hombre al mantener relaciones sexuales.

No está claro si los hombres que dieron positivo en ébola sufrían algún efecto secundario a largo plazo, y en su caso, si el virus podría ser responsable, señaló Broute. Muchos sobrevivientes sufren problemas crónicos como pérdida de visión y dolor de articulaciones.

El doctor Francis Moses, responsable médico de distrito en el norte de Sierra Leona, dijo que resulta difícil convencer a los sobrevivientes varones de que utilicen preservativos o se abstengan del sexo.

«Lo de la abstinencia no funciona», dijo, señalando que había varias mujeres embarazadas en su distrito cuyas parejas habían sobrevivido al ébola.

El hecho de que miles de los sobrevivientes del brote vivan en el África occidental implica que los científicos tengan que determinar si el sexo es un riesgo significativo en la reaparición de la enfermedad.

«Si no encontramos una forma de abordar esto, nunca detendremos al ébola», dijo.

Organizaciones defensoras de los derechos humanos firmaron un comunicado en el que exigen al gobierno venezolano el retorno del país a los organismos regionales de protección derivados de la Convención Americana de Derechos Humanos, y agregan que la actuación en caso Ayotzinapa reitera importancia de la CIDH en la defensa de DDHH en la región.

A dos años del retiro de Venezuela de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, estas organizaciones estiman que debido a las diversas irregularidades presentes en el sistema de administración de justicia venezolano, la impunidad se ha convertido en uno de los problemas graves de violación a derechos humanos en el país.

Lea aquí el comunicado:

Este 10 de septiembre de 2015 se cumplen dos años de la salida de Venezuela de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), después que el Estado venezolano activara los mecanismos para ello, mediante la denuncia de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH). A pesar del rango constitucional de este tipo de tratados y el principio de progresividad en materia de derechos humanos consagrado en nuestra Carta Magna, la decisión gubernamental se realizó tras una campaña de descrédito y criminalización tanto a este tipo de organismos internacionales, como a las organizaciones que acuden a ellos.

Sin embargo, la actuación de la Corte IDH como de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reitera su importancia en la protección y defensa de la dignidad de mujeres y hombres en la región. Recientemente la CIDH, mediante un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), ha colaborado con el Estado mexicano para alcanzar justicia en la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Después de 6 meses de trabajo el GIEI ha emitido el informe “Investigación y primeras conclusiones de las desapariciones y homicidios de los normalistas de Ayotzinapa”, que ha brindado importantes elementos para conocer la verdad de lo sucedido. El trabajo de la CIDH ha demostrado su importancia en casos de violación a derechos humanos cuando el Estado en el que han ocurrido, por diferentes razones, no puede garantizar la justicia.

Debido a las diversas irregularidades presentes en el sistema de administración de justicia venezolano, la impunidad se ha convertido en uno de los problemas graves de violación a derechos humanos en el país. Sin embargo, las víctimas y las organizaciones que las acompañan, tras el agotamiento de las instancias internas, hoy no cuentan con la posibilidad que sí tienen los familiares de los estudiantes de Ayotzinapa o de tantos otros casos atendidos por la CIDH así como por la Corte IDH: que en sus correctas peticiones se haga justicia. Nuestro país podría pedir un asesoramiento técnico similar al implementado en México para allanar el camino a la verdad de situaciones que hoy parecen de difícil resolución, como por ejemplo las 43 personas asesinadas en el año 2014 en el contexto de manifestaciones, así como otros casos de trascendencia pública y que continúan en impunidad. Lamentablemente, Venezuela ha optado por el camino de debilitar los mecanismos regionales existentes que pueden proteger a las personas en condiciones vulnerables frente al abuso de poder.

A pesar de la existencia de un recurso de inconstitucionalidad introducido en el Tribunal Supremo de Justicia, que no ha tenido decisión alguna, las organizaciones firmantes continuaremos exigiendo que el gobierno venezolano rectifique en su decisión de no estar bajo la jurisdicción de la Corte IDH, como lo han recomendado las evaluaciones de los organismos de Naciones Unidas. Además, seguiremos demandando que la Defensoría del Pueblo hable alto y claro para exigir el retorno de nuestro país a los organismos regionales de protección derivados de la Convención Americana de Derechos Humanos

Suscriben:

Acción Solidaria

Asociación Civil Fuerza Union Justicia Solidaridad y Paz (FUNPAZ, A.C.)  (Lara)

Catedra Libre de Derechos Humanos de la UCLA (Lara)

Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello

Centro para la Paz y los DDHH – UCV

Cepaz

Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y a la Vida (CODEVIDA)

Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional

Civilis Derechos Humanos

Comisión Inter Institucional de DDHH de las universidades del Zulia y Rafael Urdaneta (Zulia)

Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (CODHEZ)

Derechos Humanos Y@ (Anzoátegui)

Espacio Público

Federación Nacional de Sociedades de Padres y Representantes (Fenasopadres)

Fundación Ensayos para el Aprendizaje Permanente (FEPAP)

Grupo de Trabajo de Asuntos Indígenas de la ULA (Mérida)

Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela (IPYS)

Laboratorio de Paz

Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes

Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS)

Observatorio Venezolano de los Derechos Humanos de las Mujeres

Observatorio Venezolano de Prisiones

Observatorio Venezolano de la Salud (OVS)

Oficina de los Derechos Humanos de la Arquidiócesis de Valencia

Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea)

Red de Organizaciones por los Derechos Humanos de Niños, Niñas y Adolescentes (REDHNNA)

Sinergia

Sociedad Hominis Iura (SOHI) (Anzoátegui)

Transparencia Venezuela

Unión Afirmativa de Venezuela

Una Ventana a la Libertad

Las instalaciones de Alimentos Polar han recibido más de 293 inspecciones de organismos públicos en lo que va de año y se han atendido en promedio 36 fiscalizaciones por mes. “A partir de este 7 de agosto, la frecuencia y el grado de exigencia de estas visitas se ha intensificado hasta alcanzar el grado de acoso. Hemos tenido que dedicar 3.952 horas-hombre a atender 38 inspecciones en 4 días, en lugar de ocuparlas en actividades propias de la producción y distribución”, señaló Mayela Rojas, gerente de Asuntos Legales de Alimentos Polar.

La abogada refirió que solo durante la inspección de la Superintendencia Nacional Agroalimentaria (Sunagro) a la planta de harina de maíz precocida en Chivacoa, estado Yaracuy, realizada este 12 de agosto, se exigió la entrega de 33.000 copias de documentos.  “No tiene ningún sentido ocupar todos estos recursos tanto de Alimentos Polar como de las instituciones del Estado, en procedimientos que en nada ayudan a las empresas productivas, sino que al contrario, perjudican su normal funcionamiento. Todos los documentos exigidos reposan en los mismos órganos de Gobierno que nos visitan cientos de veces todas las semanas, lo que significa que se duplica el esfuerzo tanto de las autoridades como de las empresas”, expresó Rojas.

En otra actuación, se exigió presentar un reporte de las mejoras técnicas realizadas durante los últimos 50 años en la planta de harina de maíz precocida de Turmero, estado Aragua. “En todos los procedimientos hemos consignado la información requerida y seguiremos haciéndolo”, aseguró Rojas. “Además, somos la única empresa que emite informes públicos de transparencia, como nuestros reportes de Alimentos, Clientes Atendidos, Inventarios y también de Inspecciones y Fiscalizaciones”.

La gerente contrastó esta actuación de los organismos fiscalizadores con el trato que reciben otras empresas de alimentos en el país. “Es importante que se fiscalice con el mismo rigor a las empresas que están en manos del Estado, y que el país conozca el resultado de las inspecciones. También las empresas estatales deberían publicar de forma transparente sus propios reportes de producción, distribución e inspecciones atendidas”, recomendó.

Desde el año 2008, Alimentos Polar ha recibido 2.074 inspecciones en plantas y sucursales, la mayoría por parte de la Sunagro y la Superintendencia de Precios Justos (Sundde), aunque también se atienden requerimientos de organismos como Corpoelec, Insai, el Ministerio de Energía y Petróleo y muchos otros.

Rojas enfatizó que Alimentos Polar continúa firmemente comprometida con la producción y distribución en el país. “Seguiremos entregando todos los requerimientos de información cada vez que nos los pidan, pero creemos que esta situación de hostigamiento contra la empresa y sus trabajadores va en contra de nuestro objetivo, que es el de contribuir con nuestro máximo esfuerzo con el abastecimiento y la seguridad alimentaria de los venezolanos”, aseveró.

La recolección de firmas para pedir a Washington derogar el decreto que sancionó a siete funcionarios del gobierno de Venezuela y declaró al país como una amenaza está siendo utilizada para presionar a trabajadores públicos y a ciudadanos que acuden a entes del Estado.

Así lo denuncian dirigentes sindicales, ONG y ciudadanos. Afirman que se trata de una nueva lista Tascón, pero a la inversa; aunque el martes el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, lo negó: “Esto no va a generar ninguna lista ni Tascón ni nada; en todo caso, una lista Obama porque es para rechazar una agresión”.

Servando Carbone, coordinador nacional de Unete, confirmó presiones contra los trabajadores en varios organismos y ministerios. “En Pdvsa y en el Ministerio de Finanzas hay una instrucción de los gerentes para que los trabajadores firmen. En el Ministerio del Trabajo utilizan a los trabajadores para que recojan las firmas; lo mismo en el INE y en el INTT. La amenaza es el despido”, aseguró.

Acotó que las colas de militares para estampar su firma que muestra VTV no son 100% voluntarias: “Los comandos de la GNB, el Ejército y la Armada dieron la orden a los batallones de que firmen. Además, presionan a los trabajadores del Ministerio de la Defensa. Esto es terrorismo laboral porque la gente firma para preservar su trabajo”.

En El Tablazo. Froilán Barrios, secretario general de Fadess, aseguró haber recibido denuncias similares de los ministerios de Salud y de Educación, así como de la Unearte y de la Cantv.

“Los trabajadores no quieren denunciarlo públicamente porque temen represalias. En la Cantv han condicionado ascensos de cargo a la firma. Hoy (ayer) los trabajadores contratistas de Pequiven en El Tablazo (municipio Miranda, Zulia) fueron obligados a firmar como condición para ingresar a la planta”, denunció Barrios.

Inti Rodríguez, coordinador de Provea, reportó denuncias de hostigamiento, acoso y despido, concretamente en Pdval y el en viceministerio de la Suprema Felicidad Social por negarse a firmar la carta contra a Obama. Puso a la orden el correo investigación@derechos.org.ve para recibir denuncias.

El secretario general de Fedeunep, Antonio Suárez, dijo que no han recibido ningún reporte sobre el asunto.

En el registro. También los ciudadanos que acuden a las oficinas públicas son conminados a firmar. Un juez de paz del municipio Libertador que pidió reservar su nombre relató a El Nacional su experiencia en el Registro Civil Parroquial de San Pedro, en Caracas: “Yo fui a solicitar un documento y la funcionaria encargada de recibirme los recaudos, de manera sutil, me puso delante unas hojas y me preguntó si había firmado la carta a Obama”. Mientras, usuarios de las oficinas del Saime en Caracas reportaron que les han pedido firmar para retirar sus pasaportes.

La medida de presión habría traspasado las fronteras. La Mesa de la Unidad Democrática denunció en un comunicado que los consulados y las embajadas de Venezuela han enviado una comunicación en la que “invitan” a los venezolanos residentes en el exterior a suscribir la petición.

CIFRA
3.048.469 firmas iban hasta el miércoles, según el PSUV. Algunos diputados como Ricardo Sánchez (AC), Oscar Figuera (PCV) y Elvis Amoroso (PSUV) firmaron dos veces