607 personas murieron a manos de los cuerpos de seguridad en Caracas, de los cuales 58% fueron asesinados por la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y sus Fuerzas de Acciones Especiales (FAES). 5 de cada 10 eran jóvenes menores de 25 años y 41% de los casos ocurrieron dentro de sus vivienda, según registros de Monitor de Víctimas
@fabicrisci17
DANNYS OROPEZA TENÍA 18 AÑOS Y ERA BACHILLER, vivía con su familia paterna. Su tía Neida Oropeza lo describe como “moreno, delgado y aficionado al basket”. Fue asesinado en el sector San Andrés de El Valle, municipio Libertador, en un operativo de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana.
El joven salía de casa de la familia de su madre cuando los perros comenzaron a ladrar: Había llegado la FAES. “Su abuela vio pasar a los funcionarios y al momento se escuchó la explosión. Dicen que cuando él estaba terminando de subir las escaleras de la vereda, la policía lo detuvo. Luego supimos que estaba muerto”, contó Oropeza. El cuerpo de Dannys tenía 10 disparos. “Nosotros no teníamos por qué temer cuando habían explosiones o tiros; mi sobrino no estaba en nada malo ni había estado preso.”
Según las subcategorías de violencia policial registradas por Monitor de Víctimas -ejecuciones y resistencia a la autoridad- fueron registradas 568 víctimas, mientras que con otros delitos cometidos por los funcionarios suman 607 personas que murieron a manos de los cuerpos de seguridad en Caracas en 2018, lo que representa la mitad del total de los 1.371 homicidios que ocurrieron en el Distrito Capital de Venezuela ese año. Esto significa que hubo un aumento 48% respecto a 2017, cuando las policías mataron a 409 personas. Incluso en el segundo semestre de 2018 el incremento fue de 61% con respecto al segundo semestre de 2017.
El promedio de edad de las víctimas fue de 24 años. Cinco de cada 10 personas muertas eran menores de 25 años, y 35 víctimas eran menores de edad. 12% de estos jóvenes eran estudiante, 16% estaba desempleado y 22% trabajaba en la construcción. El resto se dedicaba al comercio informal, trabajos de mototaxi, barbería y mecánica.
Estigmatización social: jóvenes, morenos y de bajos recursos
La tarde del 2 de agosto una comisión del Cuerpo de Investigaciones Penales y Criminalística (CICPC) entró por la parte trasera de la casa de Lewis Reyes, en el sector González Cabrera de El Junquito, en el municipio Libertador. Lo desnudaron y lo golpearon en el pecho. Los funcionarios sacaron a su novia de la casa y los vecinos se empezaron a concentrar afuera, desde la calle vieron cómo los funcionarios lo arrodillaron y golpearon en el interior de la casa. Después oyeron los disparos.
Los vecinos grabaron videos y tomaron fotos del momento, pero los funcionarios los obligaron a borrarlos. “La policía llegó sin una orden y la gente quiso ayudar porque mi nieto era muy querido en la zona, pero no lo permitieron, incluso, a un muchacho hasta lo detuvieron”, contó su abuela, Elsy Laguna. Lewis estaba en régimen de presentación desde hacía cuatro meses, había estado preso por tenencia ilegal de una arma.
Lewis Reyes era uno de los 23 jóvenes, menores de 25 años, que estaban estudiando y fueron asesinados por la policía en Caracas. A sus 22 años estaba terminando el bachillerato. Su madre había emigrado con el hijo más pequeño, y él vivía con su novia y su hermana mayor.
La socióloga Verónica Zubillaga explica que la escalada de violencia en los últimos años se le puede atribuir al lanzamiento en 2009 de “una nueva etapa de operativos militarizados que abrió paso a una práctica de matanza extralegal». Así lo asegura su artículo “Del punitivismo carcelario a la matanza sistemática”, publicado en junio de 2018 en la Revista M de Río de Janeiro.
La académica agrega que estos modelos se han convertido en una forma de control sobre los sectores populares y una estrategia para mantener la hegemonía del poder, ubicando al Estado como un actor fundamental de la violencia en el país.
En el ensayo se documentan los testimonios de violencia policial hacia hombres jóvenes que habitan en barrios caraqueños. Estas muertes revelan una estigmatización social y territorial “centrada en hombres de piel oscura que viven en zonas de bajos ingresos”. Las partes altas de los barrios comenzaron a ser llamados “corredores de la muerte» después que Freddy Bernal, expolicía, exdiputado y excoordinador de la Comisión para la Reforma Policial, utilizara el término.
Las denuncias plasmadas en el artículo de Zubillaga se ven reflejadas, además, en las cifras recabadas por Monitor de Víctimas en 2018 en el Distrito Capital. 66% de las víctimas de homicidio por resistencia a la autoridad y ejecuciones eran de piel morena; en el municipio Libertador 7 de cada 10 homicidios fueron responsabilidad de los cuerpos de seguridad del Estado; 32% de los casos de jóvenes menores de 25 años asesinados por la policía ocurrieron en las parroquias Sucre, El Valle y Petare, del municipio Sucre.
Leonardo Silva, líder comunitario de la organización Caracas Mi Convive en Catia, explicó que en la parroquia Sucre “cuando llega la policía todos los vecinos se esconden. Si ven jóvenes entre 18 y 19 años los desnudan y los matan. Aunque no estén al margen de la ley, igual los identifican como delincuentes”.
La policía: El más sofisticado grupo de crimen organizado en Venezuela
Un tiro en la pared le recuerda a Nelly Rivas la muerte de su nieto Adrián. Apenas le avisaron que lo habían matado, salió a casa de su hija y en el camino vio pasar la furgoneta que llevaba el cuerpo del joven. La madrugada del 21 de septiembre, el CICPC entró a casa de Adrián rompiendo la puerta en Filas de Mariches y lo asesinó frente a su esposa, su hija de tres años y su madre. A su mamá la agredieron verbalmente y la apresaron.
Adrián de Jesús Sanabria tenía 23 años, era moreno, alto, “bien simpático”, contó su abuela. Trabajaba vendiendo frutas con su papá. Lo señalaron de ser miembro de una banda de robo de vehículos, pero Rivas aseguró que nunca había tenido antecedentes penales.
Según los datos recabados por Monitor de Víctimas, 41% de los homicidios cometidos por la policía ocurrieron dentro de las viviendas. Las muertes a manos de los cuerpos policiales en los hogares aumentaron 100% con respecto a 2017. Pero las ejecuciones dentro de las viviendas van acompañadas de violaciones a la propiedad privada por parte de los funcionarios, pues ingresan a las residencias sin una orden judicial, como establece la ley. En la mayoría de los casos destruyen las viviendas, roban y maltratan a los familiares de las víctimas.
Son recurrentes las denuncias de robos de enseres domésticos y el anonimato con el uso de capuchas, explica Zubillaga en el informe. Este patrón definiría al sector estatal militarizado como «el más sofisticado y poderoso grupo de crimen organizado venezolano en la actualidad».
Los líderes comunitarios de Catia cuentan que las comunidades viven con miedo. “Casi siempre hacen los operativos en la noche y se llevan todo de las casas. Los funcionarios no tienen identificación, llegan con la cara tapada o las máscaras de la muerte”.
La abuela de Adrián consideró que si su nieto había cometido un delito debían llevarlo preso, no matarlo. “Uno no sabe, pero mi nieto no estaba en nada malo y aquí no hay pena de muerte. Cuando Adrián estaba recién nacido tuvieron un accidente, su hermano mayor murió pero a él no le pasó nada… Imagínese, para que me lo vengan a matar así”, dijo entre lágrimas.
El joven era la fuente principal de ingresos de su hogar, y ahora que no está, entre todos los miembros de su familia están ayudando a su esposa. Nelly Rivas contó que estaba esperando cobrar la pensión para poder comprarle útiles escolares a su bisnieta.
Adrián fue una de las 175 víctimas asesinadas por la policía en 2018 que eran responsables de sus hogares, lo que resulta en 474 personas desamparados económicamente.
434 huérfanos, la cifra de la que nadie habla
Según las estadísticas de Monitor de Víctimas, Adrián Sanabria era también una de las 212 personas asesinadas en 2018 por los cuerpos de seguridad que tenían hijos menores de edad. En 2018, 434 niños y jóvenes perdieron a uno de sus padres.
La hija de tres años de Johan Escorcia también quedó huérfana. Su papá fue víctima de funcionarios de las FAES de la Policía Nacional Bolivariana. El 4 de julio de 2018 los uniformados lo detuvieron, requisaron y dentro de la casa de la casa lo desnudaron y le dispararon.
En la vivienda, ubicada en El Morro de Paulo Sexto en Petare, se encontraba su esposa, su hijastra de siete años y su niña pequeña, quien no deja de repetir cómo fue la muerte de su padre y quién lo hizo. A la familia la sacaron de la casa y luego lo ejecutaron.
“Él no tenía antecedentes ni armas. Cuando nosotros llegamos a su casa nos dijeron que era un allanamiento pero no tenían orden de detención. Si hubiese cometido un delito, tenían que llevárselo preso pero no matarlo. Los funcionarios estaban con la cara cubierta y una de ellos nos dijo que ya no podía hacerse nada” contó Yuleidis Escorcia, hermana de Johan.
Escorcia es una las 328 víctimas que fueron asesinadas por la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y el FAES en 2018, organismo responsable de 6 de cada 10 homicidios, siendo el primer victimario entre los cuerpos policiales. 35% es responsabilidad del Cuerpo de Investigaciones Penales y Criminalística (CICPC). El porcentaje restante corresponde a policías municipales y Guardia Nacional Bolivariana.
Zubillaga señala que las declaraciones de los funcionarios, plasmadas en el informe, revelan que, más allá de los policías que cometen los homicidios, está «una red de funcionarios y superiores que ignoran, excusan, apoyan e inclusive recompensan estas muertes».
