Nicolás Maduro denunció que desde el despacho Oval de la Casa Blanca dieron la orden de asesinarlo, y responsabilizó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y al presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, de cualquier atentado contra su vida. Los planes de magnicido, supuestamente orquestados por los gobiernos de turno en Estados Unidos –Bush, Clinton, Obama, Trump– con el respaldo de la derecha nacional, están demasiado trillados.

Chávez era experto en crear matrices de histeria general, con muchas variables de sus extravagantes teorías sobre el magnicidio; se paseaba desde el envenenamiento hasta el estallido del avión presidencial, que sus seguidores le creían a pie juntillas junto con todo tipo de fábulas sobre atentados, secuestros y conspiraciones ficticias producto de las manías persecutorias que caracterizaban su voluntad temperamental, espíritu vengativo y su naturaleza criminal, al fabricar incidentes en los que Venezuela terminó perdiendo toda compostura y circunstancia.

Hay que recordar el vergonzoso chantaje petrolero de Chávez al presidente dominicano Hipólito Mejías porque permitió al ex presidente Carlos Andrés que residiera en República Dominicana, pretendía que lo expulsara por planificar una supuesta conspiración en su contra. La repuesta inmediata de Pérez no pudo ser más sugestiva al asegurar que un magnicidio contra Chávez sería un “tiranicidio”, algo que sus detractores interpretaron como una incitación al asesinato político.

Ese. globo de ensayo fue todo un escándalo y terminó con la salida del ex presidente Pérez de República Dominicana, alertado por la presencia de sicarios, entre venezolanos y colombianos presuntamente de las FARC, fuertemente armados, que entraron con pasaportes venezolanos y se encontraban en la sede de la Embajada de Venezuela con el propósito de asesinarlo (tiranicidio versus gochicidio).

En cambio, Nicolás Maduro no atina en su intención; aburre hasta lo indecible y fracasa en el intento distraccionista del magnicidio urdido por Trump-Borges. Tremendo caliche con el cual no alcanza a generar miedo ni crear desasosiego, ni mucho menos aumentar su audiencia. La puesta en escena del magnicidio no tiene nada de inédito, es un guión para monitorear lealtades revolucionarias y confianzas castrenses sacado de la maquinaria cubana que tiene más de 60 años rodando.

El gobierno, con el apoyo de la sincronizada inteligencia cubana, reactiva una campaña para promocionar el magnicidio. Maduro acaba de estar en La Habana recibiendo instrucciones del viejo dictador para intentar capear las últimas sanciones de Estados Unidos y Canadá a funcionarios de su gobierno, familias y testaferros que los mantienen contra la pared, sin capacidad de movilizar sus finanzas y la prohibición de ir a destinos que les son muy apetecibles.

Las sanciones se han convertido en la coartada perfecta para justificar el empobrecimiento e imponer una sujeción totalitaria a toda la sociedad. Las fuentes de desestabilización de la dictadura venezolana están en la grave crisis humanitaria que sufre el país y en el cerco internacional, donde Nicolás Maduro ha sido estigmatizado como prototipo de dictador del siglo XXI, debido al voluminoso expediente sobre violación de los derechos humanos y por el narcotráfico que salpica a sus colaboradores, civiles y militares. Un narco-estado significa una amenaza real para la seguridad de la región y del mundo.

El fin deseable para Maduro no será el tiranicidio, sino un asiento en el banquillo de los acusados ante la Corte Penal Internacional de La Haya.

@AliasMalula

El Nacional

Delcy Rodríguez y el canciller dominicano Miguel Vargas (izq) reunidos el 19JUN17 en Cancún, México.  Foto: @nacion

 

Donald Trump invitó a una cena el lunes 18SEP17 a los mandatarios de Argentina, Perú, Colombia, Panamá y Brasil, aprovechando que coinciden en Nueva York para asistir a la Asamblea General de la ONU. La agenda de Trump con Pedro Pablo Kuczynski, Juan Manuel Santos, Juan Carlos Varela, Michel Temer y la vicepresidente argentina Gabriela Michetti, incluiría el “tema Venezuela”, en procura de una estrategia común de presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro.

Por cierto, cuatro de los comensales que se reunirán en Nueva York son los mandatarios de los países que en noviembre realizarán las inusuales maniobras militares denominadas Amazonlog, con escenario en Tabatinga, la población brasileña situada en la  triple frontera amazónica de Perú-Colombia-Brasil.

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El 06ENE17, Jorge y Delcy Rodríguez, dos de los principales operadores políticos del gobierno de Maduro, visitaron el Vaticano como parte de un viaje vacacional por Europa y Medio Oriente. De paso por Roma, solicitaron una audiencia con monseñor Claudio María Celli, el diplomático designado por el papa Francisco, a solicitud del gobierno y la oposición venezolana, para acompañar el “diálogo nacional” iniciado en Caracas el 23OCT16. Los hermanos Rodríguez buscaban sondear a Celli sobre la disposición real del Vaticano para continuar actuando como facilitador de la mesa de diálogo con la alianza opositora MUD. Un mes antes, el 01DIC16, el Secretario de Estado vaticano Pietro cardenal Parolin, había remitido a Maduro una dura comunicación en la cual reclamaba por estar “asistiendo a un inquietante retraso en la adopción de las medidas necesarias para la aplicación concreta de los acuerdos”. La carta de Parolín marcó el final del diálogo Maduro-MUD, ante la evidencia de que el gobierno chavista no pretendía cumplir lo pactado. Francisco había pedido a Maduro en octubre que el diálogo fuera “sincero”, pero ya a finales de año el Vaticano pedía que el diálogo fuera “serio”. El aparato propagandístico del régimen intentó presentar a Francisco como un aliado de Maduro mientras dibujaba a Parolín y a los obispos venezolanos como aliados de la oposición que buscaban “implosionar” el diálogo. El más contundente desmentido a Maduro lo pronunció el propio Francisco, el 11SEP17, durante la conversación con los periodistas en el vuelo de regreso a Roma tras su visita a Colombia: “Creo que la Santa Sede ha hablado fuerte y claramente. Lo que dice el Presidente Maduro, que lo explique él. Yo no sé qué tiene en su mente” (…) “muchas veces he hablado de la situación buscando siempre una salida, ofreciendo ayuda para salir (…) lo más doloroso es el problema humanitario, tanta gente que escapa o sufre”.

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Si bien el expresidente español José Rodríguez Zapatero se presentó en 2016 como enviado de Unasur para promover el “diálogo” en Venezuela, en realidad nunca contó con el mandato de la organización suramericana. Zapatero actuó por iniciativa personal de Ernesto Samper, quien ejerció como  Secretario General de Unasur hasta el 01ENE17 en calidad de operador castrochavista. Con el Vaticano distanciado del “diálogo” y Samper fuera de Unasur, Maduro anunció un nuevo esquema de apoyo internacional para su “diálogo” que permitiera bajar las tensiones políticas que cobraban fuerza con las protestas populares que estallaron en abril del 2017. Zapatero continuó actuando como interlocutor entre Maduro y la oposición, viajando constantemente a Caracas y visitando sistemáticamente al preso político Leopoldo López quien al final, recluido en su residencia, actuó como anfitrión de reuniones del español con la dirigencia opositora para debatir la retoma del “diálogo”. Maduro propuso en mayo a los gobiernos de Nicaragua, Uruguay, R.Dominicana, El Salvador y San Vicente y las Granadinas para reemplazar al Vaticano como garantes del “diálogo”. Esta propuesta generó intensos contactos diplomáticos que no prosperaron. Uruguay se retiró de las gestiones luego que Maduro no aceptara incluir en el grupo a gobiernos amigos de la oposición venezolana. La brutal represión militar contra las protestas y la convocatoria a una “Asamblea Constituyente” controlada por Maduro desataron la suspensión de Venezuela de Mercosur, la generalización del uso del calificativo “dictadura” para referirse al régimen, a las primeras sanciones económicas por EEUU, la amenaza europea de sumarse a las sanciones contra altos jerarcas del régimen y, la conformación del “Grupo de Lima” con doce gobiernos que acordaron aislar política y diplomáticamente a Maduro.

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El 12SEP17, el canciller de Maduro Jorge Arreaza fue recibido por su colega francés Jean-Yves Le Drian. Arreaza visitaba Francia, España y Portugal tratando de compensar la gira que pocos días antes realizaron varios dirigentes opositores que fueron recibidos por los mandatarios de España, Francia, Alemania y Gran Bretaña. Arreaza comentó a Le Drian que al día siguiente, en República Dominicana, el gobierno Maduro retomaría el “diálogo” con la MUD. Para el francés, la reunión era una prueba del efecto que la presión internacional puede lograr sobre Maduro y se apuró a emitir un comunicado anunciando la novedad. Las gestiones de Zapatero habían tenido éxito: la oposición venezolana aceptó al presidente dominicano Danilo Medina, políticamente aliado de Maduro, como facilitador para retomar el ”diálogo”. Para felicidad de Maduro y contrariedad de la oposición, el comunicado francés develó las gestiones que hasta el momento se mantenían en secreto. Una fuente opositora que participó en el proceso dijo a este Informe que la amenaza de sanciones europeas hizo que Maduro se sentara en la mesa mientras la oposición buscaba concretar una agenda y acordar un esquema internacional que garantizara posibles acuerdos sobre fechas de elecciones presidenciales y liberación de presos políticos.

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Durante el 13 y 14SEP17, los delegados de Maduro y de tres partidos opositores venezolanos se encontraron cara a cara en la sede de la cancillería dominicana, con Danilo Medina y su canciller Miguel Vargas como facilitadores. Los enviados del gobierno reiteraron que la duración del mandato de Maduro no está sujeta a negociación y exigen que la oposición reconozca la asamblea constituyente. Las partes acordaron invitar a los gobiernos de Bolivia, Nicaragua, Chile y México como garantes de un eventual nuevo diálogo cuya fase preparatoria continuaría el 27SEP17. En Miraflores piensan que lograron evadir nuevas sanciones internacionales.

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El 12SEP17, el comité del Senado de EEUU sobre narcóticos reunió a cuatro altos funcionarios procedentes de los Departamentos de Estado y Defensa y de la DEA, así como a expertos privados para analizar la política antinarcóticos en Colombia. El senador Chuck Grassley, republicano por Iowa que preside el comité pidió al embajador William Brownfield que opinara sobre el impacto en Colombia y en la región de la “narco dictadura” venezolana. Brownfield, quien fue embajador en Caracas y Bogotá del gobierno de George W. Bush, es actualmente la máxima autoridad del Departamento de Estado en materia de combate al narcotráfico. Brownfield enunció la perspectiva que tiene el gobierno Trump sobre el régimen chavista en la cual el tema “narcotráfico” está ganando peso.

Brownfield afirmó que al llegar a Venezuela en 2004, organizaciones de tráfico de drogas estaban comenzando a penetrar en altos niveles del gobierno y trece años después Venezuela es “un país totalmente penetrado por las organizaciones del narcotráfico”. El diplomático aseguró que los planes para combatir el narcotráfico en Colombia se ven afectados por la situación venezolana y concluyó que no existe solución a la crisis política venezolana hasta que no exista una solución a la presencia de las organizaciones narcotraficantes.

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Al día siguiente de la comparecencia de Brownfield, la Casa Blanca difundió el memorando que anualmente emite el Presidente al Departamento de Estado sobre narcotráfico a nivel mundial. Venezuela apareció en la lista de veintidós países con mayor producción o tránsito de drogas ilegales de los cuales diecisiete son americanos: Bahamas, Belice, Bolivia, Colombia, Costa Rica, R. Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Perú y Venezuela. Además, Trump precisó que los gobiernos de Evo Morales y Nicolás Maduro, al contrario de los restantes, han incumplido en el último año sus compromisos internacionales para el combate al narcotráfico. Venezuela y Bolivia fueron “descertificados” aunque el mismo memorando establece que “el apoyo a programas de ayuda a la población de Venezuela es vital para los intereses” de EEUU, con lo cual frenó eventuales sanciones asociadas al tema “narcotráfico”.

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El memorando firmado por Trump incluye una advertencia al gobierno colombiano. Según Brownfield, entre 2013 y 2016, el área de cultivos de coca en Colombia creció 130% y la producción de cocaína subió 200%, haciendo de este país el mayor productor de cocaína del mundo. El nuevo boom de la cocaína colombiana coincide con las negociaciones de Santos con las Farc. Según EEUU, el gobierno Santos se enfocó en las negociaciones del acuerdo con las Farc, reduciendo operaciones militares, cediendo ante las Farc sobre métodos de erradicación de coca, mientras la propia guerrilla estimulaba nuevas plantaciones. El memorando señala que “seriamente” Trump consideró descertificar a Colombia pero se abstiene en razón de nuevos esfuerzos policiales y militares para retomar las operaciones de erradicación. El 92% de la cocaína incautada en EEUU en 2016 procedía de Colombia y la clase política en Washington está atenta al tema. La intervención de Brownfield y el memorando de Trump asoman una nueva ola de diplomacia estadounidense marcada por el tema narcotráfico. A diferencia de los años ochenta y noventa, ahora Venezuela está en la mira como lo estuvo Colombia durante el gobierno de Ernesto Samper.

 

 

Edgar C. Otálvora

@ecotalvora

Diario Las Américas

 

Venezuela sigue con mala fama en el mundo, esta vez el tema del narcotráfico y la producción de drogas vuelve a la palestra pública gracias al gobierno de Donald Trump y la lista de los “Mayores países de tránsito de drogas o de producción de las sustancias ilícitas para el año fiscal 2018”.

El presidente de Estados Unidos firmó una orden en la que repitió lo que hicieron sus antecesores Barack Obama, George W. Bush al agregar a Venezuela en la lista que actualmente incluye a 22 países.

Trump designó a Bolivia y a Venezuela como los dos países que han fallado en demostrar, durante los últimos 12 meses, que se adhieren a las obligaciones internaciones en el control de narcóticos.

Venezuela acompaña a Afghanistan, Bahamas, Belize, Bolivia, Burma, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, India, Jamaica, Laos, México, Nicaragua, Pakistán, Panamá y Perú.

Durante todo el siglo XXI, Venezuela ha estado en la lista. George W. Bush incluyó a la nación en 2001, de acuerdo con los registros del Departamento de Estado.

De igual forma, el gobierno de Estados Unidos consideró “seriamente” la designación de Colombia como un país que ha fallado en demostrar que cumple sus compromisos internacionales en la lucha antidroga, debido al “extraordinario” crecimiento de la producción del cultivo de cocaína en los últimos tres años, incluyendo el récord de cultivo durante los últimos 12 meses.

“Colombia no fue designado porque la Policía Nacional de Colombia y las Fuerzas Armadas  son cercanas a la ley y los cuerpos de seguridad ligados a las Naciones Unidas en el hemisferio occidental. Ellos están implementando esfuerzos de interdicción y han recomenzado la erradicación que ellos significativamente redujeron al inicio de 2013”, expresó Trump en el documento.

 

 

Los demócratas elegimos a nuestros candidatos permitiendo que los ciudadanos los eleccionarán. La cúpula roja impuso los suyos a dedo, sin consultar a sus bases. Quizá no simpaticemos con algunos de quienes quedaron electos, pero en todo caso son mejores que los impuestos. Solo en cuatro Estados no se realizaron primarias por haber consenso en los partidos de la MUD. El siguiente paso es derrotar la abstención.

Algunos compatriotas respetables han considerado que no era conveniente acudir a las regionales. Sin duda esgrimen ciertos argumentos válidos, pero ante una decisión mayoritaria de los partidos de dar la pelea también en el escenario electoral, lo procedente es que reconsideren su posición. Somos mayoría y tenemos que demostrarlo una vez más. El mundo no entendería que teniendo la opción de proporcionarle una nueva derrota a la dictadura, como hicimos en las pasadas parlamentarias, optemos por quedarnos en casa.

Ya con nuestros candidatos en la lisa, sin duda los totalitarios intentarán impedir que sean desplazados de las gobernaciones. Inhabilitarán algunos de nuestros candidatos, harán trampas en las mesas electorales donde no tengamos testigos, limitarán funciones a quienes resulten electos e incluso destituirán algunos por medio de la espuria asamblea constituyente. Es lo que podemos esperar de una dictadura infiltrada por el narcotráfico y con lazos con el terrorismo internacional y que pretende perpetuarse en el poder.

La abstención se justificaría si  enfrentáramos un gobierno democrático con gobernadores que han realizado una mala gestión  y no existiesen candidatos buenos para sustituirlos. Pero frente a gobernadores rojos perversos, corruptos, violadores de los derechos humanos que avalan la política económica de Maduro, la escasez de medicinas, alto costo de la vida y atropellos, sería imperdonable despreciar la posibilidad de desplazarlos.

Las primarias evidenciaron que los partidos de la MUD ofrecieron la opción de que cada quien votara por su candidato. Hay muchas caras nuevas. La gente prefirió no votar por la reelección. Regresaron a la palestra Call y Montilla, quienes  fueron gobernadores en el pasado. Henry Falcón demostró que tiene gente en Lara. Acción Democrática evidenció que a nivel regional es el partido más organizado y con más líderes, aunque sea el tercer partido en aceptación nacional.

Como era de esperar, hubo algunos incidentes, pero los mismos no afectan la transparencia del proceso electoral. Ahora nos corresponde enfrentar unidos a quienes destruyeron al país. La historia no perdonará a quienes sigan insistiendo en la abstención.

Como (había) en botica:  ¿Cómo evaluar la conducta del  general de brigada Renier Urbaez Fermín, director de la Escuela Militar, quien expuso al Alférez Mayor Andrés Serrano Bonilla al escarnio público? Urbaez fue Alférez Auxiliar de su promoción y está evaluado como un buen oficial, pero cometió una falta grave que perjudicó a su subalterno. Desde luego Serrano es un adulto y debe estar consciente de las consecuencias para su carrera militar. Lamentablemente no será recordado por ser el primero de su promoción,  sino que cargará el sambenito  por  su discurso político ante una asamblea constituyente inconstitucional, rechazada por los principales países democráticos. El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos también acusa al gobierno venezolano, pero como Maduro no puede contradecir los señalamientos lo que hace es insultar. La corrupción en Pdvsa tiene años de haber sido denunciada por Gustavo Coronel y otros. Hoy sale a relucir por pleitos internos que se disputan el control de la empresa. Ayer se cumplieron 16 años del cobarde atentado de los terroristas de Al Qaeda sobre las Torres Gemelas de Nueva York y todavía algunos rojos inescrupulosos insisten en que fue un «autoatentado» del gobierno estadounidense. ¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!

 

eddiearamirez@hotmail.com

 

 

*** El extraordinario acontecimiento internacional realzado por la presencia-participación del Papa Francisco, actualmente en curso en la República de Colombia, me ha hecho recordar un artículo que publiqué en el diario El Nacional, de Caracas, con ocasión de la firma del denominado Plan Colombia.

         Los especialistas en cuestiones de política internacional y diplomáticas, evaluarán con sus criterios e instrumentos profesionales su contenido. Mi enfoque fue el de un historiador convencido de que la prospectiva histórica permite enfocar la significación del hecho histórico ubicándolo en la plenitud del tiempo histórico, generándose con ello la certidumbre de su contenido probable; en función del cual cabe a la sociedad adoptar medidas que

         Me permito reproducir, sin enmiendas, el original de mi mensaje que intitulé ***

 

Crece la controversia acerca del Plan Colombia. Se le incorporan resabios ideológicos que ya sólo hablan eficazmente a los convencidos. Se intenta dar nuevo lustre a oxidados argumentos que parecían ser excedentes de la llamada Guerra fría. Se afilan a armas retóricas desgastadas en los reiterados fracasos del socialismo. Vuelven a estar de moda desplantes antiimperialistas que poca, si alguna, atingencia conservan respecto de la nueva escena internacional. Vuelven a meter en la palestra, como campeón contra el imperialismo yanqui, a un Simón Bolívar fabricado mediante una interpretación ahistórica de su pensamiento político. En fin, se inflama la retórica política prescindiendo de toda ponderación serena de circunstancias y objetivos.

Por su parte, los analistas políticos disputan sobre la eficacia y el alcance del Plan Colombia, en el supuesto de que éste sobreviva a la campaña electoral presidencial norteamericana, en la cual el Plan ha servido sobre todo para acreditar la voluntad del gobierno demócrata de combatir el narcotráfico, en medio de una puja entre legisladores por participar de esa acreditación al mismo tiempo que se rescatan de la acusación de negligencia respecto de la atención prestada a las fuerzas armadas, y abren el modesto inicio de alguna oportunidad empresarial para sus respectivas circunscripciones electorales.

Pasada la fase de discusión acerca de la conveniencia y utilidad del Plan, se debate sobre sus objetivos, expresos y mal disimulados u ocultos. Admitiéndose que tiene el Plan más de un objetivo político, se hace cuestión de la determinación del principal, para lo cual compiten tres: la determinación de combatir el narcotráfico en su fuente americana, la decisión de fortalecer al gobierno colombiano en la guerra civil que libra con tan escasa fortuna, y el encubrir la acentuación de la presencia norteamericana en la región mediante una intervención política y militar solicitada por el intervenido. Obviamente, este último objetivo es de amplio espectro, puesto que podría asumir formas que irían desde la participación reticente hasta el compromiso mayor, dependiendo estas posibilidades de cuántos “body bags” se requieran.

En otro nivel se ventilan las posibles repercusiones del Plan en los países vecinos de Colombia, y aun en toda Latinoamérica. Es obvio el propósito de volver continental la cuestión, lo que parece muy improbable en ausencia de un México atado por el TLC y sumido en la que será una grave crisis de desarrollo político; de una Argentina que parece alentar la aspiración de ingresar a la OTAN, y de un Brasil ya candidato a miembro permanente del Consejo de Seguridad ampliado, y los tres agobiados por gigantescas deudas externas.

Se debate con absoluto desdén de los declarados propósitos sociales y económicos del Plan, considerados para el efecto como poco más que el glaseado de la gran torta política y militar que colombianos y norteamericanos se empeñan en poner.

Escuché al Presidente Andrés Pastrana reiterar en la televisión, durante su visita de Estado a Ecuador, que los propósitos del Plan son de promoción del desarrollo económico, social e institucional (en esto último más valdría hablar de reconstrucción), si bien en una ocasión, al menos, llegó a decir (¿fue un desliz?) que combatiendo el narcotráfico sería debilitada la guerrilla, pues perdería su primordial fuente de financiamiento y, -esto no lo dijo-, sobre todo de la que ha sido denunciada como su principal fuente de aprovisionamiento de material de guerra.

En medio de tanto debate ha pasado inadvertido el hecho de que el Plan Colombia ya triunfó, y ello independientemente de su perdurabilidad e incluso de su eficacia sobre el terreno, pues el objetivo central para el gobierno colombiano ya ha sido logrado gracias a la diplomacia personal del Presidente Andrés Pastrana, quien ha tenido éxito en la empresa política que vio fracasar al Presidente César Gaviria. Se ha alcanzado el objetivo, por largo tiempo procurado, de internacionalizar el que hasta ahora había sido visto como un conflicto interno colombiano, y, lo que es aun más significativo, el narcotráfico se ha convertido en un problema internacional no ya en su distribución, lo que había sido admitido al menos de manera declamatoria, sino en su origen, allí donde la responsabilidad primaria pesaba sobre Colombia como una culpa irredimible y no compartida.

Al ceder espacio, el Presidente Andrés Pastrana acreditó hasta límite su determinación de negociar la paz. Al lograr la decisión aprobatoria norteamericana en la negociación del Plan Colombia, y la contribución, aunque reticente o indirecta, de la Unión Europea al financiamiento y la legitimación del mismo, el trataåmiento del múltiple conflicto colombiano fue elevado al rango de cuestión internacional.

Al mismo tiempo, al internacionalizar el conflicto por la vía de la lucha contra el narcotráfico en su nueva modalidad, el Presidente Andrés Pastrana ha conseguido situar a la guerrilla en el campo de la delincuencia internacional.

La única forma eficaz de que la guerrilla se despoje de este sambenito sería luchando ella misma contra el narcotráfico, lo que podría resultarle poco menos que suicida.

 

Germán Carrera Damas

 

 

ALTO

¿EL SECRETO?:

 

Es realidad trágica, silenciada o trivializada, la de la colusión del narcotráfico con la política en América Latina. La denuncia más relevante, al respecto, es la que formula en 1995 el ex presidente de Colombia, Andrés Pastrana, secuestrado años antes por el patrón del mal, Pablo Escobar, señalando la relación del entonces candidato y luego gobernante Ernesto Samper Pizano, hasta hace poco Secretario General de la UNASUR, mimado del Palacio de Miraflores, con el Cártel de Cali.

El saldo del estirar y encoger histórico entre el mundo político y el negocio de las sustancias malditas en el vecino país está a la vista. Llegan hoy al Congreso, sin corromper voluntades ni poner bombas a sus obstáculos como lo hiciera Escobar, antes bien con el aplauso de las instituciones morales más respetadas del mundo, los capos que las producen y comercian, vestidos de redentores.

Las series de televisión abundan acerca de la trama. Son famosas. Y quizás por haberse hecho habitual el tema, al ritmo de esas series que excitan los espíritus mundanos, relajan miedos, muestran verdades en su crudeza, nadie siente vecino o veraz el peligro del narcotráfico. Ni pondera su fuerza destructora, disgregadora de lo humano, corruptora total de la total armazón de nuestras sociedades y repúblicas. ¡Y es que los victimarios han sido victimizados!

La cultura de la muerte, fibra muscular de la diabólica actividad, se asume, es el caso venezolano, como algo natural, lejano del escándalo.

Acaba de salir al mercado el video juego Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands, que supone la toma por un cártel mexicano de la hija predilecta de nuestro Libertador, Bolivia, para crear dentro de sus predios un narco-Estado. Mas lo cierto es que, sinuosamente, en un trabajo paciente de corrupción, que forja redes y vence resistencias de todo orden, ese video juego tiene su soporte real en Venezuela.

Llenos de sobresaltos políticos y de hambrunas, prisioneros de una constituyente dictatorial que mejor parece una junta de gobierno integrada por personas de dudosísima reputación, conducida por lo más podrido del narco-régimen de Nicolás Maduro, la opinión ha pasado por alto esa grave enfermedad que nos contamina y condiciona. Es, justamente, la que nos impide nuestra recuperación y libertad: nuestro secuestro por el narcotráfico.

El causante, fallecido bajo el cuidado de los capos mayores – ¡armas de lucha contra el Imperio! – al apenas inaugurar su mandato acelera sus relaciones con la narco-guerrilla colombiana. Pacta con ellas el 10 de agosto de 1999 su modus vivendi revolucionario.

Las obligaciones recíprocas son concretas. Armas por drogas, uso de nuestro territorio como aliviadero y nueva sede gerencial del negocio, suministro de precursores químicos, creación de bancos de los pobres para el lavado de los dineros sucios, y respeto, eso sí, por ambas partes, de sus respectivos dominios.

Así, el país salta de 4.500 homicidios al año, en 1998, hasta casi 30.000 el pasado año. La descripción de lo inevitable la hace quien mejor ha estudiado el tema, Juan Manuel Mayorca: “Las operaciones en Venezuela comportan escaso riesgo. Se acentuará el paso de sustancias prohibidas…, así como el traslado de otras fases de la industria, como son la producción de cultivos ilícitos y el reciclaje de los capitales generados por estas operaciones”; todas, casualmente, bajo vigilancia de quienes monopolizan la lucha contra el flagelo, actores de la Fuerza Armada.

A mediados del año 2000, al efecto, se restringe el control norteamericano del narcotráfico y la justifica el Canciller, José Vicente Rangel: “es una cuestión de soberanía”.

Lo que viene luego es historia larga y penosa, que llena de vergüenza.

No hay espacio en la columna para escrutar hitos: el affaire de Walid Makled; la formación de comandantes leales para el manejo de la narco-relación bilateral; el control de los puertos y aeropuertos y de los registros inmobiliarios; el asesinato del ex gobernador de Apure y del fiscal Danilo Anderson; el escándalo en Aruba del Pollo Carvajal,  recibido con honores por la Primera Dama; los testimonios olvidados del ex magistrado Aponte Aponte, quien libera narcotraficantes por órdenes del Palacio de Miraflores y es tirado al pajón por el teniente Diosdado Cabello; los roles del general Reverol o El Aissami y su hermano, dueños de las rutas hacia el Medio Oriente, o el asunto de los sobrinos y las redes que los vinculan, afuera y adentro.

Sobran datos para desnudar el oscuro proceso que se pone en marcha, desde antes de 1999, para que una tierra salvaje como la nuestra, por dividida y socialmente atomizada, fuese propicia para la instalación de un narco-Estado; disimulado tras un conflicto entre derechas e izquierdas, entre socialistas del siglo XXI o insensibles globalizadores, entre ricos y pobres, entre radicales y moderados políticos, atenuado o deliberadamente oculto aquel tras los convenientes escándalos de corrupción, como el de Odebrecht, las elecciones fraudulentas, las traiciones entre opositores, habilitados o inhabilitados a conveniencia.

Lo cierto es que ningún cártel del narcotráfico entrega sus territorios pacíficamente. Menos muestra sus rutas o depósitos a través de negociaciones, salvo las que se hacen con las armas en las piernas o puestas sobre la sien de las víctimas, para doblegarlas, someterlas, ofrecerles como dádiva unas pocas parcelas a cambio de un pacto de estabilidad y silencio. Para ello, sobran los facilitadores y los dineros, los chantajes oportunos.

No es casualidad que el punto neurálgico de la ocupación de Venezuela por el narcotráfico haya sido siempre el control de la Justicia. Sin fórmula de juicio, la constituyente de Chávez destituye a todos los jueces y construye una justicia servil al negocio. En 2015, Cabello monta su Tribunal Supremo a la medida, para frenar la amenaza de desalojo territorial que le significa al régimen su pérdida de la Asamblea Nacional. Y en 2017, él mismo, ahora en calidad de constituyente supremo, usa de su poder para destituir al ancla más delicada y enlodarla: a la Fiscal General de la República, depositaria del poder acusador y de la información neurálgica de los cárteles criminales del régimen, en crisis de sobrevivencia.

¿Será un problema de votos, o una tarea para la DEA, me pregunto, sólo eso?

 

correoastral@gmail.com