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¿Qué esperar de la sentencia que emitirá este #1Mar la CPI en la situación Venezuela I?

Este primero de marzo la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional (CPI) anunciará a las 03:00 p.m. de la ciudad de La Haya, en Países Bajos, — 10:00 a.m. Caracas— su respuesta  a una solicitud que hizo el gobierno de Maduro para frenar la reanudación de las investigaciones por parte del fiscal de la CPI Karim Khan el pasado 7 y 8 de noviembre de 2023

Esta decisión determinará si se continúa con la investigación de los presuntos crímenes de lesa humanidad que ha cometido el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela desde el 2014, conocido como el caso «Venezuela I»

Francisco González Centeno, funcionario de divulgación de la CPI, explicó a Transparencia Venezuela que existen cuatro posibles sentencias que puede dar la Corte frente a la apelación del gobierno madurista: 

Confirmar la decisión de la Sala de Apelaciones para que se retome las investigaciones en el caso Venezuela I.

«De producirse este escenario, la oficina de Karim Khan tendría vía libre para continuar con sus indagaciones para identificar a los presuntos responsables materiales e intelectuales de los crímenes denunciados», detalló la ONG Trasparencia Venezuela.

Dentro de los casos a indagar está la cadena de mando que permitió las ejecuciones extrajudiciales en el marco de las protestas anti maduristas en los años 2014; 2017 y 2019, que, según la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, hay más de 300 víctimas.

Anular la decisióm de la Sala de Apelaciones, congelando la investigación del caso Venezuela I por parte de la CPI.

Hasta ahora, la Oficina Pública para la Defensa de las Víctimas ha recopilado en dos informes más de 10.000 testimonios de venezolanos bajo protección internacional que denuncian un sistema judicial ineficiente en el país para hacer valer y reparar los derechos humanos.

Por su parte, el gobierno de Maduro dijo ante la Corte que el ente internacional «maneja información cuestionable» y no se le ha informado a la Fiscalía venezolana cuáles casos serán investigados por la CPI.

«Hay que recordar que ahora tres instancias distintas de la CPI (la Fiscalía, la Oficina Pública para la Defensa de las Víctimas y la Sala de Cuestiones Preliminares) han determinado que hay motivos para sospechar que en Venezuela hubo detenciones ilegales y arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas y persecución de “manera sistemática y generalizada” contra un sector de la población», agregó Trasparencia Venezuela.

Modificar el dictamen de la Sala de Apelaciones, lo que retrasaría la reanudación de la investigación del caso Venezuela I por parte de Khan para buscar mejores evidencias y argumentos en favor de las víctimas venezolanas. 

Enviar el caso a la Sala de Cuestiones Preliminares para que emita un nuevo pronunciamiento

De acuerdo con Trasparencia Venezuela, este último panorama también daría a conocer que existieron errores o fallas formales en alguna de las partes involucradas en la reanudación de las investigaciones. 

González reiteró que la decisión de la Corte debería ser imparcial, aunque trabaje con información suministrada por la Misión Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela de la ONU.

El análisis legal de los hechos se llevará a cabo por parte de los jueces Marc Perrin de Brichambaut (eñ presidente de la Sala de Apelaciones de la CPI), Piotr Hofmański, Luz del Carmen Ibáñez Carranza, Solomy Balungi Bossa y Gocha Lordkipanidze. 

DDHH Olvidados | «Todos los testigos del caso de Jimmy Vargas se fueron del país por las amenazas de los militares»
Jimmy Vargas falleció el 24 de febrero del 2014 en San Cristóbal, Táchira, cuando cayó de un segundo piso intentando resguardarse de la represión que infringía la GNB
Mientras los familiares de Jimmy y varios testigos señalan como responsables a la GNB, el tribunal decretó el caso como muerte accidental sin la oportunidad a la familia de presentar sus evidencias 
Carmen González, madre de Jimmy, denunció que tras nueve años de su fallecimiento las autoridades no le dejan ver el expediente de su hijo ni exigir celeridad ante la justicia 

Antes de que Caracas protestara contra el gobierno de Nicolás Maduro el 12 de febrero del 2014, en San Cristóbal, capital del estado Táchira, los estudiantes universitarios llevaban semanas exigiendo mayor seguridad, una mejor economía y un cambio de gobierno. 

El 06 de enero de ese año habían asesinado a un estudiante de la Universidad de Los Andes (ULA), Héctor Moreno. Después, el 04 de febrero, detuvieron a dos estudiantes dentro de la sede de la ULA en Táchira por exigir justicia frente a un presunto caso de violación, rompiendo la autonomía universitaria. 

Semanas después, las manifestaciones pacíficas de los civiles para la celeridad en el caso de Héctor y el presunto caso de violación se combinó con una petición para cambiar el gobierno de Nicolás Maduro. 

Era un 24 de febrero cuando las calles de la ciudad andina estaban llenas de militares identificados por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). Jimmy Vargas, un estudiante de Informática de 34 años de la ULA, exigía su derecho a la protesta pacífica desde el edificio donde residía, en la avenida Principal de Pueblo Nuevo

El sonido de los perdigones y el gas lacrimógeno de los militares entraba al edificio. A unos 20 metros del conjunto residencial se encontraba una tanqueta y un grupo de la GNB, disparando. Jimmy estaba en una mezzanina como centinela. Él advertía a sus compañeros desde qué dirección venían los cartuchos de bombas lacrimógenas y cuándo se recargaban

Entre las detonaciones, Jimmy cayó de la mezzanina. 

Según varios testigos, la GNB intentó forzar la entrada del edificio para llevarse al joven

«Había seis personas junto a él e hicieron una cadena humana para protegerlo», recordó Carmen González, madre de Jimmy Vargas. «Pudieron sacarlo de allí y llevarlo al hospital cargándolo en una puerta de nevera, porque no permitían pasar a los paramédicos y no tenían camillas». 

Para Carmen González, está era una de las primeras protestas de Jimmy. Él forma parte de los siete fallecidos en contexto de las protestas del 2014 en Táchira sin ningún tipo de juicio

Ese mismo día, el alcalde de San Cristóbal para ese entonces, Daniel Ceballos, informó que ese 24 de febrero hubo al menos 10 heridos además de la muerte Jimmy. 

Restricciones y amenazas

Entre cortinas de humo blanco que asfixiaban a los protestantes se encontraba el cuerpo de Jimmy. Su cara estaba ensangrentada. Poco después sus familiares declararon que tenía la cuenca del ojo izquierdo rota, bajo la marca de un cartucho de bomba lacrimógena

«Llevaron a mi hijo a la Clínica San Sebastián y poco después llegó el CICPC (Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas) y allanaron el centro médico. No me dejaron entrar ni ver el expediente forense. También, acorralaron a los médicos», dijo González. 

 

 

Después de que confirmaron el deceso, las fuerzas militares concluyeron sin investigaciones formales que la muerte de Jimmy Vargas fue «accidental», producto de la caída que tuvo y no como consecuencia de la represión a las protestas por parte de la GNB. Fue decretado el sobreseimiento de la investigación

La familia de Jimmy Vargas sostiene que los responsables de su muerte fueron la GNB

«Pero no nos han dejado defender el caso», reiteró González. «Sacaron un video que retrata el momento en que murió, pero esa evidencia fue viciada por el gobierno. Aún así hay fotografías, testigos y recortes de periódico que sustentan que él tuvo heridas de perdigones en su cuerpo y el rostro fracturado por una bomba lacrimógena, que en realidad mataron a mi hijo», expresa su madre- 

Carmen González admitió que durante seis años había visitado la fiscalía para pedir una audiencia. «Paré en 2020, justo antes de que declararan la cuarentena por covid-19 en Venezuela. Cuando el guardia que me atendió me dijo: “No se investiga ese caso, viene por órdenes de arriba. Ya no se puede hacer nada”. Desde allí me encomendé a Dios para que se logre la justicia». 

Poco después de la muerte de Jimmy, la familia denunció que miembros de la GNB y personas afines al chavismo marcaban las paredes de su casa con círculos de pintura. «Aún estaba en duelo y los amigos y vecinos de Jimmy eran los que limpiaban la zona». 

«También amenazaron a los testigos, a las seis personas que estaban en el momento en que murió mi hijo. Todos los testigos se fueron del país por las amenazas de los militares», advirtió González. «Aún así están pendientes del proceso que hacen las ONG para dar sus declaraciones, una y otra vez, durante estos nueve años». 

Sueños rotos, esperanzas resilientes

Carmen González recuerda a su hijo como un joven emprendedor y energético. Mantenía altas calificaciones en la carrera de Informática en la universidad y buscaba recursos para montar su propio restaurante de comida italiana. 

«Él pretendía pausar sus estudios para poder sustentarse. Esas metas y aspiraciones se truncaron con su muerte. Los militares lo silenciaron», dijo. 

Frente a la falta de una investigación y un juicio para su hijo, Carmen confía en la labor de las ONG nacionales y la Corte Penal Internacional para lograr un debido proceso a todos los casos de muertes y ejecuciones extrajudiciales en distintas manifestaciones que ocurrieron en Venezuela en los últimos nueve años. 

Según la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, 334 personas fallecieron en el contexto de las protestas contra el gobierno entre 2014 y 2020. De ese grupo, 94% (314 muertes) sigue en impunidad, entre ellos está el caso de Jimmy Vargas

Las protestas en el estado Táchira duraron hasta el 31 de marzo, consecuencia de un movimiento militar por tierra y aire que tenía como objetivo desmantelar los campamentos civiles en las calles. La acción dejó a cientos de detenidos. El alcalde Daniel Ceballos también fue detenido por su presunta participación en las manifestaciones. 

También, el gobierno de Nicolás Maduro retiró la concesión nacional a los medios de comunicación NTN24 y a CNN en español por las coberturas de las protestas en Táchira. 

De los 43 fallecidos bajo el contexto de las protestas del 2014 que la sociedad civil venezolana cuenta, 7 ocurrieron en el estado Táchira. 

«La justicia es lo mínimo que merecen todos esos muchachos. Yo seguiré documentando y depositando mis esperanzas en que algún día la justicia se haga realidad», reflexionó González. 

Agradecimientos a Justicia, Encuentro y Perdón

Rodolfo Álvarez era jubilado y murió mientras escapaba de las bombas lacrimógenas el 1º de mayo

RODOLFO ÁLVAREZ ASPIRABA PUBLICAR UN LIBRO  sobre las especies marinas de Venezuela. Por más de 30 años trabajó en el Instituto de la Pesca y Acuicultura (Insopesca), donde se dedicó a documentar distintos ejemplares acuáticos.

No obstante, tantos años como empleado público no le fueron remunerados de forma suficiente en su jubilación. A sus 64 años, dependía económicamente de su hija Catherine, de 26 años, quien vive en Irlanda. Por esta y otras razones Rodolfo como otros centenares de empleados públicos manifestaba el 1° de mayo, Día del Trabajador, respondiendo al llamado de quien se proclamó como presidente encargado de la República, Juan Guaidó.

A las 2:00 pm, Rodolfo estaba junto a su hermano, Luis Álvarez y su sobrina de 15 años en la Avenida Victoria, protestando de manera pacífica, de acuerdo a vecinos que participaron en la jornada de ese día. Pero funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) dispersaron la concentración con bombas lacrimógenas. Mientras Rodolfo corría hacia la Calle Colombia para escapar de los gases, se tropezó con una acera y cayó sobre un tubo que le partió la tráquea.

“¿Cuál es la labor de la policía?”, se pregunta Luis Álvarez, “se supone que proteger a los ciudadanos”, acota. Sin embargo, cuenta que eso no ocurrió el 1° de mayo en la Avenida Victoria. Luego de que su hermano resultó herido, los funcionarios continuaban reprimiendo y no prestaron auxilio a Rodolfo y otros heridos. Quince minutos después del incidente fue que Luis pudo llevar a su hermano hasta el Hospital Universitario. Al poco tiempo, Rodolfo Álvarez murió por un derrame interno.

«No hay nada que justifique la arremetida desmedida de los efectivos de seguridad”, expresó Luis Álvarez.

Rodolfo vivía con su esposa en Punto Fijo, estado Falcón. En enero se mudó a Caracas para atender a su mamá, quien está en condiciones complicadas de salud. Distintos vecinos se aglomeraron la mañana de este sábado 5 de mayo para recordar a Rodolfo. En la Calle Colombia dibujaron la silueta de un hombre y lo acompañaron con una escrito en el que se lee “Insigne empleado público que pidió libertad”.

Carlos Julio Rojas, coordinador del Frente en Defensa del Norte de Caracas, lideró la actividad de esta mañana y calificó de criminal la actuación de la PNB.  “Solo entre el 30 de abril y 1° de mayo, parroquias como La Candelaria, San Pedro, La Vega, El Paraíso, San Juan o El Recreo, han sido víctimas de una represión brutal por parte de escuadrones de la muerte de la tiranía. Esos miles de dólares con que compraron balas y gases, se pudieron invertir en medicinas o comida para el pueblo que se muere de hambre”, dijo.

Por otro lado, el también integrante de la Plataforma de Conflicto del Frente Amplio Venezuela Libre señaló que Nicolás Maduro está tratando de “parar a plomo limpio” la “rebelión popular” que se ha desarrollado en distintos barrios de la capital. “Sea a través de cuerpos de seguridad del Estado o colectivos armados la tiranía busca sembrar el terror en la población”, acotó.

La mayoría de los asistentes de esta mañana eran personas de la tercera edad, quienes expresaban que querían una Venezuela libre y sin violencia. “El mejor homenaje que podemos darle a Rodolfo es que dejemos el miedo atrás. Seguimos en las calles”, dijo una vecina.

A finales del año pasado Rodolfo conoció a su primera nieta. Pasó las navidades con ella y su hijo mayor Kevin en San Cristóbal, estado Táchira. Luis Álvarez cuenta que otro motivo por el que protestaron ese día fue para exigir un futuro digno para sus hijos y nietos.

Entre el 30 de abril y 2 de mayo de este año, seis personas murieron en contexto de protesta por el uso abusivo de los cuerpos de seguridad del Estado, de acuerdo al Observatorio de Conflictividad Social (Ovcs) y Provea. Tres de ellos eran menores de edad. Las muertes ocurrieron en Miranda, Distrito Capital, Mérida y Aragua. Estas muertes se suman a las 53 que han documentado las organizaciones a lo largo de 2019, es decir, en total, 59 venezolanos perdieron la vida mientras protestaban de manera pacífica.

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Relatores de la ONU exigen investigar muertes de manifestantes en Venezuela

RELATORES DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS sobre derechos humanos exigieron a Nicolás Maduro que ordene una investigación imparcial de las muertes durante las protestas en Venezuela. Además, demandaron la liberación de todos los detenidos en las manifestaciones.

Provea: derrota de la rebelión popular le dio un nuevo respiro a Maduro

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«Somos testigos de la crisis terminal del bolivarianismo», dice una de las 21 reflexiones que el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) incluyó en un documento que pone el foco sobre las cosechas y fracasos que dejaron las protestas antigobierno que se registraron entre abril y julio de 2017 en Venezuela. La organización apunta que, si bien la «rebelión popular» fue derrotada, el pronóstico para los meses que vienen es que la conflictividad continuará como consecuencia de los reclamos sociales.

Para Provea, la dirigencia de la oposición fue rebasada por los rebeldes y no pudo contener las improvisaciones que, entre otras cosas, condujeron el movimiento a su fractura. Además, señala que hasta ahora los líderes de la MUD no han sido capaces de reconocer «que son los primeros responsables de los resultados adversos».

Las protestas, según la ONG, también dejaron al descubierto que el gobierno de Nicolás Maduro «está dispuesto a reprimir hasta donde sea necesario para preservar el poder», y que no le preocupa que haya «violaciones a los derechos humanos» ni que la comunidad internacional condene sus acciones, mientras él pueda «preservar sus privilegios».

En su balance, Provea considera que «e l efecto post Rebelión y post Constituyente apunta a una nueva ola migratoria de la que no escapa el movimiento de Derechos Humanos» y  apunta que las organizaciones deben «estar preparadas ante este escenario».

También advierte que iniciativas impulsadas por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) como la Ley contra el Odio, la Comisión de la Verdad y la Comisión de Convivencia «radicalizarán la persecución contra la oposición, los medios de comunicación y a las ONG como Provea».

 

Aquí las 21 reflexiones publicadas por Provea este 30 de septiembre:

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1.- Hay que admitirlo: es una Rebelión Popular derrotada. Las manifestaciones intentaron promover el colapso del gobierno, estimulando que un sector del bolivarianismo y de las Fuerzas Armadas se colocaran de lado de las demandas populares, lo cual no sucedió. Esto le dio un nuevo respiro al gobierno, una estabilidad precaria. Todo apunta a que Nicolás Maduro llegará hasta el 2018 en el poder y que cualquier estrategia pase por la realización de elecciones presidenciales ese año.

2.- La Rebelión Popular dejó muestras de mucha valentía por parte del pueblo, sobre todo los más jóvenes. Fue un desafío a la represión y mostró un nivel de indignación contra el gobierno de dimensiones que inimaginables a finales del 2016. Cuatro meses continuos de protesta, a escala nacional, sólo podían mantenerse porque había mucha rabia acumulada ante la pobreza y la arbitrariedad.

3.- Si bien la rebelión no logró alcanzar los objetivos propuestos (Calendario electoral; Liberación de los presos políticos; Respeto a la Asamblea Nacional y Canal Humanitario), logró otros no previstos. Colocó la crisis de Venezuela en la agenda internacional, desenmascaró el autoritarismo del gobierno y dejó en evidencia que estamos en dictadura. Ello sin duda es un gran saldo, pero para los objetivos concretos que se convocó al pueblo a luchar y este atendió el llamado, casi nada se logró. El Informe del Alto Comisionado de la ONU y las sanciones económicas a altos funcionarios del gobierno no son un “logro”, sino consecuencia del afianzamiento provisional del autoritarismo y su respuesta abusiva en derechos humanos. Hoy los organismos internacionales de protección están más sensibilizados ante la gravedad de las violaciones a los derechos humanos y desarollan iniciativas y pronunciamientos condenando e informando a la comunidad internacional. Todo ello es una consecuencia de la indignación popular expresada en las masivas y continuas protestas. No obstante sin la contrapartida de las manifestaciones las contradicciones no se hubieran agudizado hasta el nivel que alcanzaron.

4.- Las pérdidas en vidas fueron grandes y lamentables. 139 personas resultaron asesinadas por acción directa de las fuerzas represivas del Estado, por la actuación de los grupos paramilitares que actuaron junto a los funcionarios o con su respaldo, así como por la actuación de particulares que usaron armas de fuego para enfentar a los cuerpos represivos, Además de las personas asesinadas, miles resultaron heridos muchos de gravedad. Queda exigir castigo a los autores materiales e intelectuales. Y a las ONG continuar acompañando a los familiares y a las víctimas, para continuar con el trabajo de documentación que permita la justicia cuando sea posible. Asimismo, hay que estimular su organización para que nuevos emprendimientos tengan el saldo positivo del fortalecimiento del movimiento de DDHH.

5.- El gobierno demostró que está dispuesto a reprimir hasta donde sea necesario para preservar el poder. Poco le importa que haya violaciones a los derechos humanos ni la condena de la comunidad internacional a fin de preservar sus privilegios. Se evidenció una actuación no democrática para afrontar la protesta social y poca sensibilidad ante la muerte de jóvenes, no disminuyendo la represión sino incrementándola en la medida que aumentaba la lista de fallecidos y heridos. Demostró el gobierno un gran desprecio por la vida e indiferencia ante la obligación de respetar los derechos humanos.A pesar de la existencia de críticas internas, los diferentes grupos del oficialismo se cohesionaron ante las protestas y optaron por mantenerse unidos a pesar de las evidencias de graves violaciones a los derechos humanos.

Protesta Escudos Foto- Vladimir Marcano La Nacion AR

6.- El llamado ‘chavismo democrático’ es numéricamente poco y así quedó demostrado. Su mayor peso es de carácter simbólico, y la gran mayoría prefirió distanciarse de las protestas bajo el argumento de “no beneficiar a la MUD”. El discurso del gobierno construido desde la época de Chávez, justificado en la existencia de una “derecha apátrida” que busca restablecer privilegios y que está al servicio de los ‘gringos’, ha calado en importantes sectores que se identifican como bolivarianos y chavistas aunque critiquen a Maduro tanto a nivek de dirigencia como en las bases. Prefieren apoyar al gobierno y sus arbitrariedades antes que colocarse al lado de la “derecha” y el “Imperio”. Sin embargo, se ha ampliado el número de chavistas disidentes que así lo han manifestado públicamente, distanciados de Nicolás Maduro como la ex defensora Gabriela Ramírez y el Diputado Eustoquio Contreras.

7.- La dirigencia de la oposición, hay que reconocerlo, hizo el esfuerzo de orientar y dirigir la Rebelión Popular pero fue rebasada. No construyó una estrategia para fortalecerla y la improvisación se impuso. De manera tardía se comprendió la necesidad de “jugar en varios tableros de manera simultánea”, cuando la estrategia del colapso demostró que era inviable, y no se establecieron objetivos intermedios (desmenuzados de los 4 objetivos iniciales) que lograran importantes victorias parciales frente al autoritarismo y que mantuvieran cohesionados al movimiento de protesta contra la dictadura. La dirigencia, además, subestimó activar la solidaridad internacional y por tal motivo careció de iniciativas que estimularan a pueblos y gobiernos pronunciarse condenando la represión y apoyando los reclamos populares.

8.- Uno de los cuestionamientos de los sectores de base con respecto a la vocería opositora es el silencio posterior al 30 de julio. La gente esperaba del liderazgo mensajes que reconocieran la derrota, haciendo un balance de lo positivo y de lo negativo de los últimos meses, de cómo se iba a variar la estrategia tras los aprendizajes. Los voceros opositores no han tenido la altura de, como líderes, reconocer que son los primeros responsables de los resultados adversos. Las protestas se han convertido en un tema tabú y se apuesta a la fórmula que, si no se habla de ellas, y de sus lamentables resultados, la gente pronto pasará la página. De manera similar a lo que ocurrió tras las protestas del año 2014, las víctimas han quedado huérfanas de la clase política que las convocó.

9.- Las protestas estimularon un debate a lo interno del movimiento de DDHH sobre el rol de las organizaciones ante escenarios tan extraordinarios. La dimensión de la protesta y el uso excesivo y letal de la fuerza para reprimirla sobre pasó la capacidad de las organizaciones para afrontar las inumerables violaciones a los derechos humanos que se sucedían a diario y en algunos casos de manera masiva.  Además la propia característica de la Rebelión indicaba que no se podía actuar de manera tradicional que si bien era importante era insuficiente para afrontar tan difícil coyuntura. Desde Provea, siguiendo la experiencia peruana, creímos que ante la situación de ausencia de democracia las ONG debían jugar un rol político, en sentido amplio del término, de coordinación con la mayor cantidad de actores posibles para el restablecimiento de la institucionalidad democrática. Algunas ONG nos acompañaron en esta estrategia. Sin embargo, la mayoría del movimiento de DDHH continuó su labor tradicional en defensa de DDHH, que si bien es parte de su mandato, los terminó confinando al rol de espectadores pasivos de la situación. Un saldo positivo es que algunas pequeñas organizaciones del interior del país mostraron mucha disposición y valentía. Hacia ellas debemos las organizaciones más consolidadas realizar un esfuerzo de para ayudarlas a fortalecer.

10.- El pronóstico es que la protesta social va a continuar, con mayor probabilidad por demandas sociales. El discurso debe ir orientado a reivindicar el derecho a exigir derechos. El gobierno viene con una línea de restricción jurídica y más represión. Reimpulsar la denuncia de los temas sociales, vinculándolo con la falta de democracia, identificar dictadura con hambre y sufrimiento. Reforzar el análisis de las consecuencias de la ausencia de democracia y la instalación de una fraudulenta ANC sobre los DESC. El ciclo de protestas desde 1989 ha indicado que el pueblo venezolano ha exigido simultáneamente derechos civiles y políticos y realización de los derechos sociales y en algunos momentos los reclamos por derechos laborales y servicios públicos han prevalecido. Todo indica que la crisis económica y social se agravará y en consecuencia la población principalmente los sectores más pobres se verán obligados a exigir sus derechos.

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11.- A corto plazo, la oposición no tendrá capacidad de levantar un amplio y coordinado a nivel nacional movimiento de masas. Pero las condiciones económicas, sociales y políticas sobre las que se desarrolló la Rebelión persisten y se agravan. Cualquier chispa puede encender la pradera, aunque potencialmente de manera anómica y atomizada.

12.- De esta Rebelión queda gente descontenta con muchas ganas de enfrentar al gobierno. Esto genera la posibilidad acciones violentas y conspirativas, trayendo escenarios de mayor represión.

13.- La apuesta electoral de la MUD es comprensible. Están claros que el movimiento perdió fuerza y algunos de sus sectores apostaron a eso. Que la MUD controle espacios de decisión política termina siendo el mal menor y quizá otro saldo que queda de la Rebelión por la indignación acumulada, pues muchas personas canalizarán ese descontento vía electoral. La gran pregunta es si habrá elecciones, y si las hay, cuánto durarán esos gobernadores. Asimismo, ronda el fantasma, bastante factible, de la abstención opositora descontenta con sus líderes y desconfiada ante el CNE luego del fraude Constituyente. Es poco probable –y quizás también poco recomendable- que a corto plazo surja un liderazgo alternativo que sustituya el de los partidos aglutinados en la MUD. Sin embargo, las condiciones objetivas están dadas para que, a mediano plazo, ante un nuevo escenario, aparezcan liderazgos alternativos.

14.- El gobierno recrudecerá su ofensiva autoritaria, con sus torpezas; de esa actitud puede generarse la chispa que prenda nuevamente la protesta. Pero además se avecina mayor crisis económica y social. Pueden darse pequeñas rebeliones en Estados del interior del país, como ya ocurrió en Bolívar y Sucre durante 2016, donde la crisis económica es sencillamente inaguantable. Ante esta posibilidad hay que continuar reforzando nuestras vinculaciones con las organizaciones regionales.

15.- El movimiento de DDHH y las organizaciones sociales deben continuar realizando esfuerzo por realizar un trabajo articulado que potencie su capacidad de incidencia. Es una necesidad por razones políticas, pero también de sobrevivencia. Quien pretenda enfrentar sólo la ofensiva autoritaria, se expondrá más. Unidos somos más fuertes. En ese sentido, debe trabajarse no solo en una agenda común de exigibilidad de derechos, de resistencia al autoritarismo, sino también de incidencia internacional. Hay que redoblar las inicitivas y esfuerzos para continuar y mejorar la información a los pueblos y gobiernos sobre la situación de Venezuela y estimular acciones de solidaridad al pueblo y de cuestionamiento a la gobierno y su autoritarismo.

16.- Debemos reivindicar la Rebelión Popular y sus logros, los aspectos positivos. Surgieron nuevos movimientos y formas de protesta que van desde los “escuderos” hasta las iniciativas creativas como “Dale Letra”, “Piloneras”, “Billete Alzao”, “El Bus TV”, “Humano Derecho Radio”. Destacamos que del movimiento tradicional de DDHH, Provea es la ONG que tiene mayores vínculos con estas organizaciones. Hay que seguir reivindicando lo que significó la Consulta Popular del 16Ago. Que movilizó a más de 7 millones de venezolanos, y su contraparte de la dictadura que evidenció un descomunal fraude reconocido por la propia empresa SmartMatic.

17.- Hay que resaltar que la solución final que dio la dictadura al pueblo para frenar la Rebelión Popular fue sacrificar el último elemento simbólico positivo del bolivarianismo: La Constitución de 1999. La fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente, que con sus decisiones al margen de la Carta Magna, ha profundizado el golpe a las instituciones, criminalizado a la disidencia y en nada ha contribuido para mejorar la crisis económica, social y política que afronta Venezuela.  Maduro y la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente co-gobiernan hoy, En los hechos Maduro y la directiva de esa Fraudulenta constituyente actúan como una junta de gobierno dictatorial.

18. El efecto post Rebelión y post Constituyente apunta a una nueva ola migratoria de la que no escapa el movimiento de Derechos Humanos, sus líderes y equipo base. A lo interno de las organizaciones hay que estar preparados ante este escenario. Por otro lado, las ONG venezolanas deben aprender cuál debe ser su papel frente a las necesidades de los migrantes y las violaciones a sus DDHH.

19.- Iniciativas como la Ley contra el Odio, la Comisión de la Verdad y la Comisión de Convivencia (ley de convivencia pacífica), radicalizarán la persecución contra la oposición, los medios de comunicación y las ONG como Provea. El portal Nombre y Vergüenza sigue siendo un posible blanco de acciones judiciales de criminalización a la organización. También son previsibles acciones de limitación a la cooperación internacional.

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20.- Somos testigos de la crisis terminal del bolivarianismo. En el mejor de los escenarios y como fruto de la presión interna e internacional, tendremos una renovación presidencial hipotéticamente más tardar en el año 2019. Las disminuciones de intensidad en las movilizaciones callejeras pueden tener como contraparte positiva ceder el tiempo y espacio para que ONG como Provea se preparen para construir agendas para la transición, en el caso que esta ocurra de manera menos traumática. En el momento en que suceda el cambio político en Venezuela los acontecimientos serán vertiginosos y las ONG de DDHH debemos estar preparadas para promover una agenda de reinstitucionalización democrática del país, acordada con la menor improvisación posible.

21.- Debemos romper el silencio impuesto por la clase política sobre las protestas recientes y hablar sobre lo que hicimos como sociedad, de manera honesta, reconociendo los errores pero también los logros alcanzados. Las protestas del año 2017 deben recordarse como lo que fueron: Un movimiento heroico de resistencia del pueblo venezolano que obligó al gobierno de turno a profundizar su naturaleza dictatorial para derrotarlo. El gobierno ha salido airoso de un episodio, pero el conflicto continúa. No es lo mismo reconocer una derrota, en una confrontación de largo alcance, que sentirse derrotados.

Saab acusa a Luisa Ortega de ser la “autora intelectual” de las muertes en protestas

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El fiscal general designado por la ANC, Tarek William Saab, acusó hoy a su antecesora, Luisa Ortega, de ser la autora intelectual de todas las muertes ocurridas durante la oleada de protestas que se inició en abril contra el Gobierno de Nicolás Maduro y se saldó con más de 120 fallecidos.

La considero la autora intelectual de cada uno de los muertos y heridos que ocurrió a partir del 1 de abril, dijo Saab ante la Asamblea Nacional Constituyente (ANC).

Luisa Ortega se distanció del Gobierno a finales de marzo al denunciar la ruptura del hilo constitucional por parte del Supremo lo que detonó la oleada de protestas y luego acusó al Ejecutivo de acometer terrorismo de Estado por la represión contra ciudadanos que participaron en las manifestaciones.

Su declaración el 31 de marzo apuntó hacia una guerra civil en este país, apuntó a que hubiese una intervención extranjera, a que hubiera una ocupación militar en este país. Yo la denuncio como una agente de la conspiración, la más terrible que ha vivido esta nación venezolana, sostuvo.

Saab, un fiel defensor de la llamada revolución bolivariana, señaló que cada declaración de Ortega durante los cuatro meses de protestas generaba más muertos y heridos y que los organismos internacionales se prestaran para esta conjura.

Consideró que la exfiscal apostó a la disolución del Estado y desarrolló una aberrada actuación durante los casi 10 años que pasó como titular del Ministerio Público, una institución, remarcó, convertida en un “cartel de extorsión” que mantenía una guerra de impunidad en el país.

Dijo además que el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, que ha denunciado en varias ocasiones abusos por parte de la fuerza policial en Venezuela, tendrá que rendir ante la historia su complicidad en cada uno de los muertos y heridos que hubo en este país.

Incluso de los que propiciaron los propios agentes del Estado hasta los particulares encapuchados y los que promovieron los crímenes de odio, agregó.

Masacran a 16 venezolanos en jornada electoral por la Constituyente

LA REALIZACIÓN DE LAS ELECCIONES de la Asamblea Nacional Constituyente desató, entre las 8:00 pm del sábado 29 y las 8:00 pm del domingo 30 de julio, una serie de manifestaciones y sucesos que confirmaron el rechazo a estos comicios en todo el país. La respuesta de las fuerzas de seguridad del Estado no se hizo esperar y fue peor aún que en días anteriores. En esas 24 horas, repitieron el patrón que han ejecutado durante los últimos cuatro meses y reprimieron, con mayor brutalidad, a los disidentes. Fue así como cometieron una masacre: 16 personas murieron en el contexto de la jornada electoral.

El número de muertes contabilizado en estas 24 horas –en comparación con los otros 120 días de protestas antigobierno– solo es superado por los 18 caídos que se registraron durante la madrugada del 20 de abril pasado entre Miranda y Distrito Capital. En este último sucedieron los disturbios en El Valle que dejaron 14 electrocutados, 2 baleados y un asfixiado.

Los decesos de esta jornada se reportaron en cinco estados: 6 en Táchira, 5 en Mérida, 2 en Zulia, 2 en Lara y 1 en Sucre.

El grueso de los homicidios, contrario a lo que ha sucedido en los 4 meses de manifestaciones, ocurrió en pueblos y no en las capitales de los estados. Localidades como Chiguará, Tovar y San Jacinto, en Mérida; Tucapé, Capacho Viejo y La Grita, en Táchira; y Aguada Grande, en Lara, figuran ahora en el mapa de las muertes en medio de las protestas.

Táchira

En el pueblo de Tucapé, ubicado en el municipio Cárdenas del estado Táchira, murieron otras dos personas: Luis Ortiz, de 17 años de edad, estaba en una manifestación, mientras que Albert Rosales, de 53 años de edad, estaba en la misma zona, pero en el balcón de su vivienda.

El homicidio de Wilmer Smith Flores, de 21 años de edad, ocurrió durante una protesta en un centro de votación de La Grita, en el municipio Jáuregui. En la misma localidad cayó el sargento segundo de la Guardia Nacional, adscrito a los comandos rurales, Ronald Ramírez Rosales, quien recibió un impacto de arma de fuego en el ojo izquierdo durante los disturbios que se suscitaron en los alrededores del Liceo Militar Jáuregui.

En el sector El Calvario de Capacho Viejo murió de un disparo un adolescente de nombre Adrián Rodríguez, de 13 años de edad. Testigos indicaron que lo mató un francotirador.

En horas de la noche murió Ender Rafael Peña, de 18 años, quien durante la tarde había recibido un balazo en la ingle mientras participaba en un trancón en la avenida Rotaria de San Cristóbal. Aunque de inmediato fue llevado a un centro asistencial privado, no sobrevivió a la operación. Peña era jugador de la sub·17 Lotería Del Táchira.

Mérida

Paramilitares del chavismo atacaron con armas de fuego la noche de este sábado las manifestaciones que se produjeron en la población de Chiguará, ubicada al oeste del estado Mérida, en el municipio Sucre, y asesinaron a dos jóvenes: Marcel Pereira murió al recibir un disparo en el cráneo, mientras que Iraldo Gutiérrez, quien también fue impactado por un balazo en la cabeza, falleció cuando era traslado al Hospital Universitario de Los Andes en Mérida.

En horas de la mañana de este domingo, se conoció que efectivos del Plan República mataron a Eduardo Olave y Ángelo Yordano Méndez, presuntamente cuando intentaban ingresar al centro de votación de la Escuela Bolivariana Juan Rodríguez Suárez, ubicada en San Jacinto, municipio Libertador de Mérida, para sustraer el material electoral dispuesto para la elección de este domingo.

La quinta víctima merideña cayó en la localidad de Tovar. Se trató de un joven indigente a quien conocían como «Andrés».

Lara

Durante una protesta en Barquisimeto, estado Lara, cayó Luis Beltrán Zambrano Lucena, de 43 años de edad. La víctima recibió, en la mañana de este domingo, un disparo en la cabeza mientras estaba en una barricada en la calle 54 con avenida Pedro León Torres. Versiones preliminares señalan a la GNB como la culpable del homicidio de quien era conocido por ser deportista y corredor.

En la madrugada, alrededor de las 2:00 am, un hombre fue herido de bala en medio de una manifestación en un centro electoral en la localidad de Aguada Grande, municipio Urdaneta de Lara. Se trató de Juan José Monges Páez, de 42 años de edad, quien horas después murió en un centro asistencial. El proyectil provino, presuntamente, de los cuerpos de seguridad del Estado que reprimieron durante horas la movilización.

Zulia

En las primeras horas de la noche de este domingo se confirmó el asesinato de Miguel Urdaneta, de 25 años de edad, quien cayó por un disparo hecho por paramilitares en el sector de San Isidro, en Maracaibo. El joven era militante de UNT e hijo de Yulibeth Urdaneta, una dirigente local de la tolda azul en la entidad.

Heiber Ocando es el nombre del muchacho de 19 años de edad que murió en la mañana de este domingo al enfrentarse a una comisión mixta de funcionarios del Sebin, la Guardia Nacional, la Policía del Estado Zulia, el Cicpc y Policía Nacional, luego de robar un fusil y una pistola de un centro de votación en el municipio Santa Rita del estado Zulia. El hecho se produjo luego de que unas 40 personas entraran, en la madrugada, a la escuela Punta Azul, del sector Punta Iguana, para tratar de robar material electoral. En la acción despojaron a dos oficiales de sus armas. Más tarde, a las 8:30 am, los uniformados dieron con Ocando, alias “El Caracas”, a las afueras del punto electoral.

Sucre

También en un protesta contra la ANC fue asesinado en la madrugada del domingo Ricardo Campos, secretario juvenil del partido Acción Democrática (AD) en Cumaná, estado Sucre. Cerca de la 1:30 am, mientras estaba en las calles Bolívar y Vela de Coro de la capital de la entidad, sufrió el impacto de tres disparos.

Versiones preliminares, citadas por El Pitazo, indican que el dirigente estaba frente a su casa e intentó resguardarse de los funcionarios policiales que habían llegado al lugar para amedrentar. Campos era estudiante de derecho en la Universidad Gran Mariscal de Ayacucho (Ugma) en Cumaná y padre de una niña.

Asesinan a un adolescente durante protesta en Petare #26Jul

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Jean Carlos Aponte, de 16 años, falleció este 26 de julio luego de resultar herido de bala durante manifestación en el barrio 5 de Julio de Petare.

El Ministerio Público informó vía Twitter que la fiscal 104° del Área Metropolitana de Caracas investiga la muerte de Aponte.

Este 26 de julio se llevó a cabo en el país un paro cívico nacional convocado por la MUD en protesta contra el gobierno de Nicolás Maduro.

https://twitter.com/MPvenezolano/status/890402809291710464