Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia

Consideran que esta reforma podría estar relacionada con un punto de negociación con representantes de los partidos de oposición con miras a un nuevo ciclo de reuniones en México

La Asamblea Nacional de 2020 de mayoría oficialista llevará a cabo este jueves 30 de diciembre una sesión extraordinaria para iniciar la discusión de la reforma a la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), con el fin de disminuir el número de magistrados que integran las diferentes salas del organismo.

Aunque no se informaron los detalles de la modificación a la normativa legal, para varios analistas consultados, esta reforma no implica un cambio significativo sobre el organismo para que retome su independencia y autonomía. No obstante, consideran que muy posiblemente se trate de algún punto de negociación con representantes de los partidos de oposición con miras a un nuevo ciclo de reuniones en México.

Alí Daniels, director de Acceso a la Justicia, explicó que la Constitución venezolana se limita a señalar cuáles son las salas que constituyen el TSJ, pero no establece el número de magistrados que la conforman. Esto ha quedado al criterio del legislador y por ello es que han ocurrido los cambios en el número de integrantes. En consecuencia, dijo, no habría que modificar la carta magna para ello y basta solo con reformar la ley del máximo tribunal.

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Recalcó, sin embargo, que con este instrumento jurídico ocurre lo mismo que con las anteriores leyes que han sido modificadas por esta AN, es decir, no ha sido consultada por los diferentes actores de la sociedad civil.

«Ya, a partir de este punto, observamos un vicio de procedimiento. La AN está convocando a sesiones para la reforma de la ley, pero sin la consulta debida a universidades, colegio de abogados y sociedad civil, ya es una violación a los procedimientos, pues la Constitución exige que las leyes se aprueben luego de una discusión pública sobre su contenido», afirmó.

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La Junta Directiva de la Asamblea Nacional, conformado por los diputados Julio Borges, Freddy Guevara y Dennis Fernández, así como el Jefe de la bancada de la Mesa de la Unidad Democrática, Stalin González, rechazaron la sentencia publicada este martes por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en la que se adjudica la potestad de definir “los límites de la inmunidad de los parlamentarios” y afirmaron que esto es “una retaliación contra el Parlamento por el trabajo que hicieron sus miembros para denunciar en el exterior los atropellos contra la democracia y el voto en Venezuela”.

El presidente del Parlamento, aseveró que la «única conmoción interna que teme Nicolás Maduro son unas elecciones en el país» y denunció que todos estas disposiciones y sentencias son «atropellos ilegales que está utilizando para defenderse del voto de los venezolanos, porque lo que está claro es que el verdadero miedo de Nicolás Maduro es una elección, por eso usa las instituciones del Estados para evitarlas”.

Aseguró que esta medida tomada por el TSJ es consecuencia del reciente acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados sobre la reactivación de la aplicación de la Carta Democrática Interamericana de la Organización de Estados Americanos (OEA), quien hoy reúne al Consejo Permanente en Washington, Estados Unidos para tratar la situación de Venezuela.

“Hoy a las dos de la tarde el Gobierno de Maduro va a quedar al descubierto ante el continente. El saboteo a la sesión de hoy, la marcha instalada para amedrentar, las últimas declaraciones de Maikel Moreno y la sentencia de hoy, son una respuesta al trabajo que se ha venido realizando en el Parlamento de la crisis política y social en todas las inspeccionas nacionales e internacionales. Hoy Venezuela tiene un Gobierno que está cuestionado por los 18 países más importantes de la región,” explicó Borges.

El jefe de la bancada de la Unidad agregó que este documento busca de manera “delictiva” desconocer la inmunidad parlamentaria de los diputados a la Asamblea Nacional. Asimismo, ratificó que desde el Poder Legislativo seguirán construyendo los escenarios para fijar un cronograma electoral.

La Asamblea Nacional aprobó en primera discusión la reforma parcial de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que entre otras modificaciones prevé aumentar de siete a 15 los magistrados de la Sala Constitucional.

La aprobación del proyecto no contó con el apoyo de la bancada chavista, que en voz del diputado Pedro Carreño calificó la reforma como una vía para «materializar un golpe de Estado».

«Tenemos que rescatar la dignidad del Tribunal Supremo», dijo el diputado Luis Florido al presentar el proyecto de reforma y señalar la pertinencia de aumentar de siete a 15 la cantidad de magistrados de la Sala Constitucional.

«Si queremos recobrar el sistema de justicia para que no haya más linchamientos, para que cesen las muertes violentas y para que la justicia sea una realidad al servicio de los venezolanos, tenemos que rescatar la dignidad del TSJ», dijo Florido.

Carreño, por su parte, dijo que la bancada opositora supuestamente legisla desconociendo la Constitución y el Estado de derecho.

«Ustedes saben que ninguno de los instrumentos jurídicos que ustedes han sancionado y que han propuesto para sancionar va pasar por la alcabala de la constitucionalidad», señaló Carrero, y agregó que «el TSJ no les va a permitir materializar un golpe de Estado parlamentario».

La bancada opositora ha promovido esta reforma, que ahora pasará a segunda discusión y de ser aprobada nuevamente irá a sanción del Ejecutivo, para hacer frente a un Supremo al que acusan de no tener parcialidad y de ser aliado del Gobierno de Nicolás Maduro.

La diputada opositora Delsa Solórzano dijo que en 2004, cuando la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) era controlada por una mayoría chavista, se aprobó el incremento del número de magistrados del Supremo de 20 a 32.

«Si en el año 2004 se pudo aumentar el número de magistrados de 20 a 32 yo no veo obstáculo para que en este momento podamos aumentar el número de magistrados de la Sala Constitucional del TSJ, porque lo manda la Constitución, porque tenemos la facultad (…) porque el pueblo clama justicia», dijo.