LACSO

El estudio fue elaborado por el Laboratorio de Ciencias Sociales y la Universidad Central de  Venezuela

La creencia en José Gregorio Hernández (JGH) como un santo al cual se le reza, se le piden  y agradecen favores, está ampliamente extendida en Venezuela y, además, abarca todos  los sectores sociales.

Esto es lo que reporta un artículo científico titulado “La creencia  popular en José Gregorio Hernández en 2020. Quiénes creen y quiénes no”, elaborado por  Roberto Briceño-León y Alberto Camardiel, profesores de la Universidad Central de  Venezuela (UCV) e investigadores del Laboratorio de Ciencias Sociales (LACSO), a partir de  una encuesta nacional realizada en 1.200 hogares distribuidos en todo el país que fue  concluida a inicios del año 2020, poco antes de la cuarentena por la pandemia del Covid-19.  

En este sentido, un 44% de los entrevistados dijo que creía mucho en JGH como santo, un  17% que creía algo y un 9% que creía poco. El 29% restante declaró no creer nada en este  médico y religioso del pueblo trujillano de Isnotú, que este viernes 30 de abril será por fin  beatificado.  

Este estudio también logró medir cómo se distribuyen esas personas que dijeron que creían  mucho, poco o nada, en JGH, de acuerdo con su creencia religiosa, el lugar de residencia, la  edad, la tenencia en su casa por razones religiosas de santos o altares, y su autodefinición  política. 

Religión  

Como era de esperarse, la gran devoción hacia JGH proviene de los católicos. Un 89% de los  que dicen creer mucho en él son católicos, al igual que un 85% de los que creen algo y un  70% de los que creen poco. No obstante, un 16% de católicos afirmaron no creer en JGH.  Por otro lado, resulta sorprendente que más de la mitad (57%) de los que expresaron que  no creen en ninguna religión ni pertenecen a iglesia alguna, dijeron que sí creían -mucho,  algo o poco- en JGH.

La no creencia está marcada por quienes dijeron ser evangélicos (87%), aunque un  porcentaje pequeño (13%) que se identificó con esta denominación religiosa manifestaron  que sí tenía alguna creencia en JGH.  

Lugar de residencia 

La composición de los porcentajes entre quienes creen mucho, algo, poco o nada en las  ciudades grandes o pequeñas, en los barrios o los pueblos campesinos es muy similar. En  todos los lugares de residencia estudiados hay entre un 43% y 50% que creen mucho y hay  entre un 27% y 32% que no creen nada. En grueso, se puede decir que en cualquier lugar  de residencia del país hay alrededor de un 70% que cree en JGH y un 30% que no. 

Edad 

Al igual que con el lugar de residencia, es llamativa la similitud en la composición por edades  de quienes creen mucho o nada con excepción del grupo de más de 56 años. Los  entrevistados en este segmento etario son quienes tienen una mayor creencia en JGH, que  además supera en un 18% a la de los otros grupos etarios. 

Objetos religiosos 

Tres cuartas partes (74%) de los creen mucho, tienen imágenes de santos o altares en sus  casas; y tres cuartas partes (73%) de los que no las tienen, tampoco creen en JGH. Es decir,  a mayor creencia, mayor presencia de objetos y a menor presencia de objetos, menor  creencia. 

Esto se puede explicar por la asociación de la no creencia en santos y objetos sagrados con  los sectores religiosos evangélicos o cristianos en general, así como con otras religiones que  tampoco veneran figuras como la musulmana o judía, así como con los no-creyentes. 

Posición Política 

Entre los chavistas se ubicó el mayor porcentaje de quienes creían mucho en JGH, por  encima del porcentaje de los que se declararon de oposición (47% vs 44%) y también por  encima de los denominados ni-ni (47% vs 42%). Entre quienes no creían nada, la diferencia  se invierte y hay más personas entre los que no se consideran ni chavistas ni opositores  (39%), seguidos por los opositores (32%) y éstos en mayor proporción que los chavistas  incrédulos (29%). La menor creencia estuvo entre quienes dijeron no tener preferencias  políticas.

Reconocimiento oficial y popular del santo 

El santo es una persona que tiene un reconocimiento social por sus cualidades  excepcionales de espiritualidad, expresadas como un vínculo especial con lo sobrenatural o por su comportamiento extraordinario de solidaridad, misericordia o ética. Por esas  cualidades excepcionales se le atribuyen también unos poderes portentosos, capaces de  resolver lo imposible y que son considerados milagros.  

El reconocimiento social de la santidad del santo proviene de dos fuentes, una es la oficial  y otra es la popular. La oficial en la religión católica obedece a un proceso establecido desde  la edad media, por medio del cual se revisa la vida y los milagros del candidato, a fin de  establecer su vivencia heroica de las virtudes cristianas. Este proceso lo lleva a cabo la  Congregación para las Causas de los Santos, quien recibe las candidaturas presentadas por  los obispos, declarando “venerable” al “siervo de Dios”, antes de autorizar oficialmente que  se le profese devoción como beato o beata y luego como santo o santa.  

Sin embargo, en el reconocimiento popular, los santos son elevados a los altares y se les  rinde culto y veneración mucho antes de ser oficialmente reconocidos como tales. Se les  solicitan y atribuyen milagros, y se les ruega por su intercesión ante Dios, mucho antes que  sus poderes milagrosos hayan sido reconocidos oficialmente. 

Hay casos como el de JGH donde han ido confluyendo tanto el reconocimiento popular  como el oficial de la Congregación vaticana de la Causa de los Santos.  

JGH: cientificidad, religiosidad y solidaridad 

La figura de JGH ha permitido ofrecer una síntesis de tendencias sociales que podían ser  interpretadas como opuestas o contradictorias, como la ciencia y la religión, la relevancia  de los laicos y de los sacerdotes, el camino de la santidad por la vocación religiosa o la vida  profesional, entre la oración y la acción, entre la ciencia y la solidaridad y compasión. 

Existen tres dimensiones de la vida de JGH y su representación en la sociedad que se  consideran relevantes, aunque no únicas, para comprendersu importancia como fenómeno  social: la cientificidad, la religiosidad y la solidaridad. 

Su vida y obra tuvo lugar en un ámbito donde la actividad científica era muy reducida y  apenas alcanzaba a un segmento muy pequeño de la sociedad; su práctica como  investigador y docente lo integraba en una élite que buscaba usar las herramientas científicas para vencer las dolencias en un país diezmado por la malaria y las enfermedades contagiosas, con escasa provisión de agua potable y reducido saneamiento ambiental. Su  vida era la imagen de la modernidad científica en un país que, según Picón Salas, todavía no  había entrado al siglo XX, y que tenía muy pocos atisbos de modernidad económica o social.  Su muerte también estuvo vinculada a la modernidad, pues fallece atropellado por un  automóvil en un país donde casi no había vehículos de motor. 

Al lado de la cientificidad estaba su profunda religiosidad. Cuentan que se levantaba  temprano para hacer sus oraciones y se iba a misa a las 6 de la mañana, antes de iniciar las  consultas médicas matutinas. No ocultaba, sino que mostraba su religiosidad y lo hacía  desde su individualidad, como persona, en un tiempo en que la ciencia y la religión se veían  como enemigas y donde el laicismo era como la señal del progreso. 

Sin embargo, la gran fuerza de JGH está en la conexión que lo científico y lo religioso tienen  con la solidaridad y la compasión. Es el médico que responde a la fragilidad humana de la  enfermedad y de la muerte, pero que también lo hace a la fragilidad social, a la  vulnerabilidad de amplios sectores de la sociedad que no tienen recursos económicos para  afrontar los costos médicos. JGH no sería un santo popular si no fuese por la solidaridad que  mantuvo en vida con los más débiles y que persiste y se recrea en la construcción social que  sobre su figura tiene en la actualidad la sociedad venezolana. 

La cientificidad sin fe, la religiosidad sin solidaridad, no son lo mismo. Las tres cualidades  juntas impregnan la fuerza atractiva de JGH porque constituyen una unidad integral y  producen una sinergia y son cualidades que la sociedad venezolana aprecia y, pudiéramos  decir también, necesita para imaginar su bienestar y la superación de la enfermedad y la  malaventuranza. 

Nuevamente Bolívar escaló posiciones en la deshonrosa lista de los estados más violentos de Venezuela. Pasó de ocupar el 6to lugar en 2016 a posicionarse como la cuarta región más violenta del país, con 113 muertes violentas por cada 100 mil habitantes. Así lo revelaron las cifras del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) en un foro ocurrido el pasado 13 de marzo en la UCAB Guayana.

La violencia: Principal protagonista en Venezuela fue el nombre del evento coordinado en conjunto por el Observatorio Venezolano de Violencia y la Escuela de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello-Guayana. El director del OVV, Roberto Briceño León, expuso las desalentadoras cifras derivadas del informe anual 2017 en las que 26.616 muertes violentas en Venezuela, durante el año pasado, no hacen más que recordarnos la falta de políticas necesarias para atacar la inseguridad, la escasez y la crisis social que enfrentamos.

Cada día, funcionarios policiales dieron “de baja” a 15 personas por supuesta resistencia a la autoridad. Así lo explicó Briceño León mientras disertaba sobre el rol, cada vez más activo y con tintes violentos, que están adquiriendo los funcionarios del Estado en estas cifras. “Se está institucionalizando una pena de muerte en un país donde no existe legalmente”, agregó el ponente.

Cuando la policía mata, está acabando con la ley
El sociólogo al hablar de los nuevos rostros de la violencia, explicó cómo Venezuela continúa encabezando los listados de las ciudades más peligrosas del mundo, pero ahora con sucesos que antes no se presentaban y que son consecuencia del hambre, la escasez, la pobreza y el quebrantamiento social.

“Están aumentando crímenes que antes no se veían. Padres que les queman los labios a los hijos que se comieron la comida que había disponible para toda la familia”, agregó con preocupación el también director del Laboratorio de Ciencias Sociales (LACSO).

Resaltó, además, casos como los ocurridos en El Callao y el municipio Sifontes, donde la violencia va de la mano con la minería, la corrupción y el enfrentamiento entre bandas. Estas acciones no han hecho más que incentivar la criminalidad y el director del OVV aseveró que “las masacres no fortalecen la institucionalidad” y que “cuando la policía mata, está acabando con la ley”.

Roberto Briceño León reflexionó sobre el hecho de que la tasa de homicidios actual de El Callao (816 por cada 100mil habitantes) solo puede compararse a la existente en zonas pobres de Medellín, Colombia, cuando Pablo Escobar lideraba las redes de narcotráfico y corrupción.

Alerta roja en el sur del país
Y El Callao es solo uno de los varios municipios que le otorgan al estado Bolívar el título como el cuarto estado más violento de Venezuela. Así lo expresó la representante del OVV Bolívar, María Virginia Alarcón, quien también estuvo en este foro para presentar su ponencia titulada Sensibles ante lo insensible de la violencia.

Alarcón explicó que los 113 homicidios por cada 100 mil habitantes que ocurren en el estado Bolívar, hacen que su tasa de violencia supere a la de Caracas, ciudad capital que se queda atrás con un promedio de 109 asesinatos. Sumado a esto, en el año 2017 se registraron 774 sucesos violentos de los cuales derivaron 1.070 víctimas de delitos (943 fueron homicidios). Aunque se contabilizaron menos casos en comparación al año anterior, fueron más las víctimas.

Tres de los municipios más violentos de Venezuela están en Bolívar. Las tasas de homicidios de El Callao (816), Roscio (306) y Sifontes (274) encienden las alarmas en el incremento de la criminalidad en el sur del país. Agregó que “de cada 10 sucesos ocurridos en Bolívar, 6 ocurren en el Municipio Caroní”, ya que Ciudad Guayana no queda exenta de esta realidad. Durante 2017 ocurrieron 391 casos de violencia en esta zona, 32.22% tuvo lugar en Puerto Ordaz y 67.77% en San Félix.

Una realidad que debe terminarse
La abogada destacó que 92,5% de las víctimas del año pasado fueron hombres y solo un 7,5% fueron mujeres. Resaltó con preocupación que 82% de los hechos estuvieron marcados por uso de armas de fuego y que, incluso, en algunos casos se reportó uso de armamento letal y de guerra.

María Virginia Alarcón reveló que en lo que va de 2018, han ocurrido 159 hechos de violencia en el estado Bolívar, 81 en el mes de enero (evidenciando un aumento de 33 casos en comparación a enero 2017) y 78 en febrero (tres casos menos a los reportados en febrero 2017). Finalmente, la ponente reflexionó sobre los más recientes casos de violencia contra la mujer. Tomó como ejemplo el ocurrido hace pocos meses en Villa Africana, donde una mujer fue estrangulada en su casa y luego los delincuentes abusaron de su hija.

“Son aristas de una realidad que debe terminarse a como dé lugar (…) Desde la participación activa de instituciones como el OVV y la simbiosis con nuestra Escuela de Derecho, buscaremos dentro del humanismo que nos inspira, las salidas para operativas para esta crisis de violencia”, aseveró Alarcón.

Pacificar al país
Tanto Alarcón como Briceño-León coincidieron en la importancia de medidas que ataquen esta realidad. Destacaron la necesidad de políticas aplicadas para el ámbito social y económico, así como también la urgencia de “desarmar la violencia” en vista del incremento de los índices de delitos ligados a armas de fuego.

El director del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) reflexionó sobre la percepción existente sobre los funcionarios de seguridad del Estado y sobre cómo los venezolanos han optado por apoyarse entre sí para alcanzar un poco de resguardo. “La protección se busca en la sociedad, no en el Estado”, agregó el sociólogo.

Y recordando la necesidad de fortalecer a la sociedad y restaurar la democracia en Venezuela, María Virginia Alarcón, representante del OVV Bolívar y directora de la Escuela de Derecho, reafirmó el compromiso que tienen desde estas instituciones para plantear posibles salidas a esta ola de violencia que agobia a Venezuela.

CON EL PROPÓSITO DE GENERAR INFORMACIÓN de calidad sobre la violencia interpersonal que ocurre en el estado Zulia y desarrollar investigaciones que permitan producir información base para su prevención y control, se constituyó el Observatorio Venezolano de Violencia Zulia (OVV Zulia).

El OVV Zulia está conformado por los profesores de la Universidad del Zulia, Johel Salas y Raima Rujano, el periodista Leonado Galué y la licenciada en Trabajo Social, Yéssica Bravo.

Según Johel Salas, coordinador del OVV zuliano, además de la información registrada en la prensa sobre sucesos, el observatorio desarrollará un conjunto de actividades relacionadas con la violencia y de investigaciones que permitan producir información base para la acción. “Es nuestro fin contribuir al diseño de medidas, estrategias y políticas públicas que faciliten la prevención y el control de la violencia en el país y en la región”, señaló.

Entre las actividades centrales de esta instancia regional se encuentra el registro de la violencia interpersonal reseñada en los medios de comunicación (prensa escrita y digital) para contribuir, junto a otras fuentes de datos, a una mejor comprensión de la violencia en el país.

Informó el coordinador regional que actualmente el OVV Zulia también realiza un estudio para conocer la perspectiva de la ciudadanía en relación a la violencia política y a la violencia delincuencial, a fin de comprender los significados que de éstas tiene la sociedad. Para este propósito, la población fue dividida según su inclinación política: oficialistas, opositores e independientes.

Para finalizar, Salas expresó que “es necesario consensuar una idea sobre el tema de la violencia en el país y unificar criterios para el diseño de una política de seguridad que ofrezca repuestas a la apremiante situación que en esta materia viven los venezolanos”.

En este sentido, dado que el tema de la violencia es un asunto de todos los venezolanos, el observatorio está abierto al encuentro con las instituciones y con la ciudadanía en general para la construcción conjunta de las ideas y de los planes de acción.

La sede funciona en el Centro de Investigación en Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de LUZ.

El OVV Zulia pasa a ser el séptimo observatorio regional, tras haber sido creados en 2016 los OVV de Bolívar, Lara, Mérida, Sucre, Táchira y de la Región Capital, todos bajo la coordinación general del sociólogo Roberto Briceño-León, quien dirige el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) y el Laboratorio de Ciencias Sociales (LACSO).

Estos observatorios están asociados a las respectivas universidades: Católica Andrés Bello sede Guayana, Centroccidental Lisandro Alvarado, de Los Andes, de Oriente, Católica del Táchira, Central de Venezuela, y ahora la Universidad del Zulia.

NI LA POBREZA, NI LA DESIGUALDAD son las causas directas de las grandes tendencias de criminalidad en Venezuela desde el siglo XXI, demostró una reciente investigación del Laboratorio de Ciencias Sociales, con apoyo del Departamento para el Desarrollo Internacional del Reino Unido y del Centro de Investigaciones para el Desarrollo Internacional de Canadá.

A diferencia de otros países de América Latina, entre 2000 y 2010 los asesinatos aumentaron sostenidamente en 300% en el país, con más de 129.000 homicidios, a pesar de los altos ingresos provenientes del petróleo, de la disminución de la pobreza que en 2010 fue menor de 27,8%, y de la desigualdad que se redujo en 0,394. En contraste, en Colombia, por ejemplo, la violencia disminuyó en el mismo período, con un porcentaje de pobreza más alto que el venezolano (44,3%) y un incremento de la desigualdad de 0,578%.

“En el año 1997, Colombia tenía una tasa de 63 homicidios por cada 100.000 habitantes, mientras que en Venezuela la tasa era de 19 homicidios por cada 100.000 habitantes, es decir, entre ambas tasas había una diferencia de 40 puntos. Pero con la llegada del siglo XXI y particularmente en los 5 primeros años de ese ciclo, las tasas se homologaron en 38 homicidios. Pasados 10 años del nuevo siglo, en Colombia los asesinatos habían disminuido a la mitad (32 por cada 100.000 habitantes), en tanto que en Venezuela se triplicaron al alcanzar los 67 por cada 100.000 habitantes”, señala el estudio.

Los datos prueban además el crecimiento “rápido y grande” de la tasa de homicidios en Venezuela “nunca antes ocurrido en la región”, según el sociólogo Roberto Briceño-León, director de Lacso y autor del estudio.

“Si bien a partir de la década de los ochenta se incrementó la violencia en casi todos los países de la región, desde el año 2000 organismos internacionales adoptaron decisiones que empujaron a las ciudades a reducir sus tasas de homicidios: en São Paulo fue de 10 por cada 100.000 habitantes, en Bogotá de 14 por cada 100.000 habitantes, pero en Caracas fue de 150. Venezuela está entre los países más violentos, como Salvador y Haití; lo que cambia es si está en primer lugar o en segundo lugar”.

Una tendencia progresiva que se mantendrá al cierre de 2017, según apunta Briceño-León, al considerar que en 2016 se registraron 28.000 homicidios, con una tasa de 91% por cada 100.000 habitantes.

Fracaso en la no violencia

La investigación se propuso descubrir por qué no descendió la cifra de homicidios en Venezuela en esa década, lo que sí ocurrió en el resto de los países y es posible que eso continúe en el tiempo. “Eliminar la pobreza y reducir la desigualdad son metas sociales válidas y encomiables por sí mismas, pero no se justifica que se conviertan en causas de los asesinatos ni que ayuden a comprender los mecanismos que permiten reducir los homicidios en América Latina”, afirma.

La respuesta está en el irrespeto a la institucionalidad y en el fomento de la violencia frente a la falta de castigo durante esos 10 años. “El sentido de lo moral y de lo correcto se perdió por las acciones del gobierno de Hugo Chávez y por sus mensajes de elogio a la violencia, con las inevitables consecuencias de impunidad”, sostiene el sociólogo y experto en violencia urbana.

En esa década destacan dos picos en los cuales se incrementan las muertes violentas, señala. El primero se ubica en el año 2003 cuando ocurren 11.430 homicidios, lo que conduce desde 2004 a la censura impuesta sobre la información de las cifras reales de homicidios. “Los datos se retiraron de las páginas web de los despachos oficiales y del INE, y se clausuró la oficina de prensa de la PTJ”, recuerda Briceño-León. El segundo pico se produce en 2006. Los asesinatos aumentaron de una forma estrepitosa en el momento de mayor riqueza petrolera, de distribución de bienes y de dinero, de los 9.000 dólares que dio Cadivi que la gente usó para raspar tarjetas; es el tiempo en que el gobierno de Hugo Chávez informa a organismos internacionales que bajó la pobreza.

“El gobierno es responsable por omisión y comisión por lo que no ha hecho hasta ahora y por lo que ha hecho de forma equivocada”, afirma.

El especialista cita el decreto presidencial de 2007 mediante el cual se declara el 4 de febrero como fecha patria, que fue también el primer decreto de la Ley Habilitante. “Fue un elogio a la violencia institucional, como lo fueron también las celebraciones del Caracazo de 1989 y los fallidos golpes de Estado de 1992. Es la única explicación del crecimiento abismal de la criminalidad en Venezuela. Cuando hay una destrucción del tejido social y de las reglas, el proceso de violencia se da en cascada y seguirá por inercia”.

Briceño-León piensa que la tendencia hacia arriba persistirá, como ocurrió en los años posteriores, si no se adoptan correctivos.

“La respuesta debe venir del derecho penal desde la institucionalidad; se requiere de una cultura ciudadana máxima; de una internalización de la moral y de los valores de la sociedad, así como de un control social antes que un control penal por el Estado; de una sociedad donde las consecuencias desagradables para el criminal, como decía Durkheim, tengan un fuerza más social que penal. Solo así podremos pensar en una reducción sostenible de los homicidios”.

LA VIOLENCIA INTERPERSONAL Y LA CONSECUENTE ruptura de la convivencialidad son los dos ejes temáticos a través de los cuales giran las reflexiones condensadas en el Documento 8 del Observatorio Social del estado Táchira: “El Táchira en cifras 2016”. La investigación emprendida por la institución, parte de la Universidad Católica del Táchira (UCAT), busca multiplicar la reflexión sobre el tema de la violencia en la entidad para así contribuir a la creación de una sociedad fronteriza más humana, digna y habitable.

Cifras de violencia interpersonal en el estado, análisis de la violencia en la frontera Táchira-Norte de Santander, el derecho a la cultura como respuesta a la violencia en la ciudad, y la gobernanza como estrategia para superar la violencia interpersonal, son algunos de los temas desarrollados por los nueve autores de la investigación.

El trabajo se realizó a través de una alianza entre el Observatorio Social de la UCAT, el Laboratorio de Ciencias Sociales (LACSO) y el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), instituciones que coordinan, desde el año 2007, el Observatorio de Prensa del Estado Táchira (OVV- Táchira) dedicado al registro de todos los hechos de violencia interpersonal reseñados en medios regionales.

La violencia en cifras

Dentro de los datos contenidos en el documento destaca que en Táchira se registraron 616 sucesos de violencia interpersonal durante 2016, siendo el homicidio el delito más cometido, con un 49,1% de los datos válidos, seguido por los robos (22,5%).

La mayoría de víctimas (25,6%) y victimarios (33,1%) tienen edades comprendidas entre los 20 y 24 años. Por otra parte, el tipo de arma más utilizado para cometer delitos en la entidad, durante 2016, fue el arma de fuego (79%). Resalta, además, que la causa protagonista de los sucesos fue el robo (34,9%), seguido por el sicariato (27,6%).

El tipo de violencia con mayor registro fue delincuencial (78,5%), seguida por la policial (9,4%), intrafamiliar (3,8%), linchamientos (1,8%), de grupos irregulares (1,3%), pandillera (1,2%) y organizada (1,2%). Todos datos recabados gracias a la colaboración del Observatorio de Prensa del Observatorio Venezolano de Violencia-Capítulo Táchira.

Un desafío para todos

El deterioro social, su cohesión como comunidad de personas y la imposibilidad de crear una sociedad fronteriza más humana, digna y habitable son los principales problemas que se originan debido a la propagación de la violencia en la región, según el rector de la UCAT Javier Yonekura Shimizu. “En el caso del Táchira y su zona fronteriza con el Norte de Santander, el hecho de la violencia interpersonal se ha visto incrementado en los últimos años, por un complejo contexto social, relacional, político y económico que lo favorece y a su vez dificulta la búsqueda de soluciones inmediatas”, indica el presbítero en la presentación del texto.

La violencia interpersonal, para Yonekura, presenta un desafío prioritario que debe ser asumido por todos los ciudadanos, sobre todo por parte de quienes rigen los destinos sociopolíticos y económicos de la región: “Aun cuando las condiciones históricas sean las más complejas, y las necesidades básicas de la población crezcan exponencialmente en tal contexto, los principales enemigos de la acción acertada y eficaz en contra de la violencia, serán siempre la indiferencia, el desaliento, el conformismo, la resignación y la inacción”.

Incentivar el sentido de pertenencia a la comunidad donde se habita, promover una gerencia pública integrada por diversos actores y generar confianza en las instituciones son algunas de las soluciones, para mitigar la violencia interpersonal, planteadas en esta investigación. “El Táchira necesita de una gerencia pública integrada por diversos actores que desde acciones particulares generen alternativas en pro de la seguridad ciudadana”, indica Rina Mazuera, decana de Investigación de la UCAT.

“Es un deseo de la Universidad Católica del Táchira, contribuir una vez más con nuestra sociedad fronteriza, despertar la conciencia cívica y ciudadana a partir de los datos concretos sobre un fenómeno personal y social que, si no es tratado a tiempo, puede llevarnos a una situación lamentable de deterioro social e individual”, advierte el rector de la UCAT.

NOVENTA Y CUATRO POR CIENTO de la población considera que la violencia ha aumentado en el último año, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi 2016) realizada por equipos de investigación de las Universidades Central de Venezuela, Simón Bolívar y Católica Andrés Bello y organizaciones no gubernamentales.

En el área de seguridad personal, que estuvo a cargo del Laboratorio de Ciencias Sociales (Lacso), se indagó sobre lo que pensaba la gente de la inseguridad, y se encontró que solo 6% de los encuestados estaba de acuerdo en que Venezuela en 2016 era un país más seguro con respecto al año anterior.

En la encuesta que se ha realizado por tres años consecutivos, la mayoría (65%) dijo que en su comunidad la violencia se ha incrementado, y 21% afirmó haber sido víctima de un delito en el último año, un porcentaje que aumentó con respecto a los resultados anteriores, 15% en 2015 y 17% en 2014.

La mayoría, 68%, admitió no denunciar los delitos y calificó como mala o muy mala la labor de la policía (57%). Esta opinión negativa contrasta con los resultados de la Encovi en los dos años anteriores: 43% en 2014 y 41% en 2015 de los entrevistados consideró malo o muy malo el trabajo policial.

Asimismo, aumentó la percepción negativa sobre el trabajo de la fiscalía, los jueces y las cárceles: para 55% la labor de la fiscalía fue muy mala en 2016, mientras que 36% en 2015 y 39% en 2014 la calificaron de esa manera; 56% opinó en 2016 que el trabajo de los jueces es muy malo, mientras que en 2015 así lo consideraba 37% y en 2014 el 38%; 66% dijo que la labor de las cárceles es muy mala, y en los años anteriores este porcentaje se ubicó en 50% (2015) y 56% (2014).

Para 65% la gestión del Gobierno Nacional contra la inseguridad y el delito es mala, mientras que para 45% lo fue en 2015 y para 43% en 2014.

Vivir con miedo

La Encovi 2016 reveló que los venezolanos viven con temor a la inseguridad y la violencia, lo cual tiene un impacto negativo en sus condiciones de vida y su libertad.

El 80% admitió que se siente temeroso de ser robado o atacado en el transporte público, 60% en su vivienda, 66% en las calles durante el día y 79% en otros lugares de la ciudad.

Por el miedo a ser víctima de la violencia, 40% de los venezolanos ha sentido la necesidad de mudarse del lugar donde vive; además, 69% ha limitado los lugares de diversión y recreación; 67% los lugares a donde va de compras; y 43% los sitios de estudio o trabajo.

Este 29 de junio, el Laboratorio de Ciencias Sociales (LACSO) y el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) -integrado por LACSO junto con un grupo de cinco universidades públicas y privadas del país- consignaron su informe alternativo, relacionado con el Derecho a la Vida en Venezuela, al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el cual revisará el cumplimiento del Estado venezolano del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). 

Del año 2000 en adelante, Venezuela se ubica entre los países con niveles de “violencia muy alta” en el mundo, conformados por aquéllos que tienen más de 31 homicidios por cada 100.000 habitantes. Aun cuando naciones con realidades similares, tales como Colombia, Brasil y México, han compartido con Venezuela esta preocupante clasificación, en la actualidad Venezuela dobla o cuadruplica la tasa de homicidios de los mencionados países.

Ante el panorama detallado, en el cual la violación al derecho a la vida en Venezuela ha traído como principal y evidente consecuencia la muerte de miles de personas en el país, es de destacar que también trae consigo varias otras secuelas: personas lesionadas, física y psicológicamente; sufrimiento de madres, padres, parejas e hijos; descomposición de familias; impacto en la economía familiar; impacto en la salud pública; problemas de salud mental (ansiedad, depresión, estrés, paranoia); pérdida de la calidad de vida; posicionamiento negativo de la imagen país; disminución de las inversiones nacionales y extranjeras; migraciones de miles de venezolanos, entre otras consecuencias.

Se destaca la impunidad como factor previamente mencionado. En 1998, por ejemplo, por cada 100 homicidios se detuvieron a 110 sospechosos; sin embargo, apenas dos años después, en el 2000, por cada 100 homicidios se detuvieron a 18 sospechosos. En los años 2007, 2008 y 2009, por cada 100 homicidios se detuvieron a 9 sospechosos. Visto de otra manera, en esos tres años el 91% de los homicidas quedó libre, sin haber tenido ni siquiera una detención como sospechoso.

Entre 1998 y 2009, en el país se produjeron 23.046 detenciones, de 123.091 homicidios que se cometieron, lo que significa que, a 2009, había 100.045 homicidas impunes. La impunidad deja sin derecho a la justicia a las víctimas y sus familiares, fomenta el incumplimiento de la ley y la convierte en un adorno, destruye la convivencia e impide el progreso social y económico de la sociedad.

Dada esta situación, LACSO y OVV desean solicitar al Comité se hagan al Estado venezolano, entre otras, las siguientes recomendaciones:

– El Estado debe cumplir con su responsabilidad de ser transparente y proporcionar cifras, públicamente y al menos una vez al año, acerca de la situación de inseguridad y violencia en Venezuela; así como abstenerse de censurar la información y permitir el acceso a las cifras de homicidios, y demás delitos, a los ciudadanos que las soliciten.

– El Estado debe, cuanto antes, reducir los niveles de impunidad en el país, en el marco de una política de seguridad ciudadana exenta de cuerpos militares ajenos a tareas de control del orden interno.

– El Estado debe aplicar claras políticas sociales ante la violencia que tengan continuidad; fomentar la institucionalidad y emprender acciones de prevención, así como de represión: forzando el cumplimiento de la ley. Debería, también, ser crítico de la actuación violenta, cuestionar –y no elogiar- a los violentos, pacificar a la sociedad venezolana. De igual manera, debería apoyar y destinar mayor cantidad de recursos económicos a los organismos policiales; así como impulsar el desarme de la población.