En términos jurídicos, la impunidad es la falta de castigo a quien ha transgredido una norma legal, pero es imposible desconocer lo que esa ausencia de justicia provoca en los individuos y en la sociedad. El impacto es aún mayor cuando el hecho que no se sanciona constituye una violación de derechos humanos porque la impunidad propicia la repetición crónica de esas violaciones y la total indefensión de las víctimas y de sus familiares.

La impunidad tiene efectos perversos en la sociedad democrática. Uno de los más elementales y dañinos es que los responsables de los crímenes, al constatar que no hay justicia, cometen nuevos abusos, sin temor a ser castigados. La impunidad le dice a los perpetradores que sus acciones no tienen consecuencias para ellos y allí se genera un círculo peligroso de injusticia y abusos.

Los familiares de las víctimas también son afectados por la impunidad, lo que lo convierte en una segunda agresión. Esa sensación de que los culpables del crimen no son castigados es vivido con gran intensidad emocional y mucho dolor, sin mencionar el sufrimiento que conlleva el participar en el proceso judicial porque de alguna manera se revive el trauma (revisar el expediente, solicitar actas o informes forenses, poner denuncias o someterse a interrogatorios resulta tremendamente estresante).

La impunidad impide a los familiares de las víctimas cerrar el duelo, y poder rehacer su vida. En el círculo familiar genera muy diversas consecuencias, y muchas veces reproduce la violencia al generar deseos de venganza. La ausencia de justicia genera en la familia que ha sido víctima la impresión de estar incompletas.

Por otra parte, existe la imperiosa necesidad de que se conozca la verdad de lo ocurrido, y así desmontar la verdad oficial que oculta los hechos y estigmatiza a las víctimas.

Por eso es tan necesario reconocer socialmente que se trató de un crimen, de una violación a los derechos humanos que no debió ocurrir nunca.

La impunidad también produce efectos perversos en la sociedad: la ciudadanía en general deja de confiar en las instituciones, en especial en el poder judicial, por lo que se debilita la democracia. Pero probablemente lo más relevante, es que reproduce la violencia.

La impunidad, de hecho, es un obstáculo para la paz, porque al amparar a los culpables siembra graves dudas sobre la justicia y la sinceridad del proceso desarrollado con miras a obtenerla.

En nuestra experiencia de acompañamiento a familias víctimas de violaciones a los derechos humanos, la palabra impunidad ha adquirido diferentes significados: “(…) es un silencio profundo” expresó Graciela Fajardo, líder del Comité de Familiares de Víctimas de abusos policiales y militares del estado Anzoátegui COFIVANZ en uno de los talleres de apoyo psicosocial realizado por COFAVIC.

“La impunidad es un vacío, es una lucha permanente, es buscar una respuesta y no encontrarla (…)”, dijo la madre de un joven asesinado en el estado Aragua por presuntos funcionarios policiales. “La impunidad es cuando no te toman en cuenta el caso y te lo archivan, no hay solución (…), la asocio con rabia e impotencia”, expresó Hilda Páez madre de Richard Páez asesinado en los hechos del Caracazo en 1989.

Estas expresiones muestran que la impunidad en Venezuela, más que un término jurídico, es una experiencia, un relato, una historia. Algunas víctimas refieren incluso olores, sensaciones y hasta sabores.

Para una persona que ha acudido a denunciar un abuso o un crimen ante las autoridades, o ante alguna instancia en busca de protección y mediación frente a un conflicto, la falta de respuesta oportuna, de una debida diligencia, aumenta la sensación de indefensión y desprotección, lo que afecta su identidad y confianza, pero en especial, la manera de reconocerse como parte de un sistema que debería tomar en cuenta sus derechos y está allí para mediar de manera independiente frente a los conflictos, facilitando la convivencia y contribuyendo a la co-existencia entre personas y grupos con diferentes pensamientos e intereses.

Para una víctima de violaciones a los derechos humanos, la impunidad cobra un sentido mayor, puesto que favorece la re-victimización a través de la inacción del Estado. La impunidad produce un silencio que aísla y culpabiliza a la propia víctima, lo que le quita responsabilidad al perpetrador, y propicia una forma de opresión social y cultural, con enormes repercusiones en la salud física y psicológica de la persona.

Adicional a esto, la falta de castigo a los responsables de violaciones a los derechos humanos contribuye a fomentar en las víctimas una cultura de miedo, que se ve reflejada en la no denuncia, la sensación de desamparo, desesperanza, que nadie puede protegerles y que no existen opciones para próximas víctimas. Fomenta la culpa e impide las respuestas organizadas de individuos y grupos.

Sin embargo, la lucha contra la impunidad, a lo largo de la historia de la humanidad, ha inspirado y movilizado a miles de personas en torno a la verdad, al restablecimiento de la dignidad, por tanto, el mejor antídoto para reducirla ha sido la denuncia, el contar y mantener las voces de quienes se han sentido dañados o afectados, haciendo colectivo un propósito basado en la universalidad de los derechos humanos, el cual pese a los esfuerzos de los perpetradores, pasa a transmitirse de una generación a otra.

ENVÍENOS SU COMUNICACIÓN: Queremos animarles a que nos hagan llegar sus dudas, preguntas y sugerencias: Por teléfono 0212 5729631, fax 0212 5729908; correo electrónico cofavic@gmail.com, Cofavic@gmail.com o carta: Esq. Candilito, Edif. El Candil, piso 1, Ofic. 1-A, La Candelaria, Apartado 16150 Caracas 1011-A.

 

@COFAVIC

 

La designación del TSJ por la Asamblea Nacional fue un hecho trascendental en la lucha en contra del régimen de Maduro. Cierto que se han debido tomar las previsiones ante una segura persecución en contra de los designados, pero –me imagino– no se pensó en una reacción tan inmediata y brutal como la que Maduro y su banda de rock puyao adoptaron en contra de los magistrados. Después de meses de peregrinaje en el exilio, se puede observar el inmenso valor de la decisión adoptada en ese entonces por la AN: se creó una institución que a trancas y barrancas ha comenzado a ser la expresión de la nueva justicia que habrá de imponerse.

La participación de la controvertida fiscal Luisa Ortega Díaz en ese juicio ha mostrado que los magistrados se decantaron por poner en primer lugar el objetivo del enjuiciamiento de Maduro. Así se ha logrado una decisión que, si bien hoy no es aplicable, apenas cambie la dirección del viento, lo será.

¿Son promesas para un futuro incierto? No. Lo que acaba de decidir el TSJ con el enjuiciamiento a Maduro por “corrupción propia y legitimación de capitales” es sobresaliente, más aún porque pide a la Asamblea Nacional una definición –autorizar su enjuiciamiento–, le da una orden terminante a la Fuerza Armada y al Cicpc para que proceda a su captura, y lanza alerta roja para Interpol.

El TSJ legítimo es una referencia para gobiernos e instituciones multilaterales, con lo cual sus decisiones comienzan a ser reconocidas y, más adelante, acatadas. La institucionalidad de la transición nace así y, una vez que Maduro salga de Miraflores, existe ya una cabeza del Poder Judicial que ha comenzado a tomar decisiones y dictar sentencias de obligatorio cumplimiento.

Cabe reflexionar sobre los cursos que podría haber tomado la historia contemporánea si la AN hubiese designado el Consejo Nacional Electoral legítimo. Nadie puede decir lo que habría ocurrido a ciencia cierta; pero un CNE legal, legítimo y honrado también habría sido una fuente de institucionalidad alternativa. Sería parte del poder constituyente naciente, así como lo es ya el TSJ.

No es tarde para que la Asamblea Nacional designe a los cinco miembros del CNE –con las salvaguardas de su seguridad personal– y adopten decisiones: la primera es suspender la mamarrachada del 20 de mayo con la que Maduro aspira a una relegitimación hoy aguada y piche; y, luego, establecer la ruta de las elecciones legítimas cuando el momento sea llegado.

Le toca a la AN aprobar el antejuicio y nombrar al CNE. Los diputados tienen la palabra.

 

ALTO

¿ANGUSTIAS?: 

 

El exviceministro venezolano de Desarrollo Eléctrico Javier Alvarado ha sido citado a declarar ante la Justicia española el próximo 16 de abril por haber recibido supuestamente sobornos del grupo empresarial español Duro Felguera a cambio de contratos.

 

“La paz, si es posible; pero la verdad, a toda costa”. Martín Lutero (1483-1546)

 

Las víctimas y los familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, secuestro o torturas necesitan saber qué pasó. El derecho a la verdad entraña tener un conocimiento pleno y completo de los actos que se produjeron, las personas que participaron en ellos y las circunstancias específicas, en particular de las violaciones perpetradas y su motivación.

El 21 de diciembre de 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 24 de marzo como Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con Violaciones Graves de los Derechos Humanos y de la Dignidad de las Víctimas.

Ese día, además, se rinde homenaje a la memoria de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, asesinado el 24 de marzo de 1980, y quien denunció activamente las violaciones de los derechos humanos de las personas más vulnerables de El Salvador.

Ese día se espera que en todo el mundo se recuerde a las víctimas de violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos y se resalte la importancia del derecho a la verdad y la justicia.

Los antecedentes de ésta declaratoria se sustentan en diversos documentos internacionales como la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como en la Declaración y el Programa de Acción de Viena, donde se perciben y reconocen los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales como derechos universales, indivisibles e interdependientes, aunque están relacionados entre sí.

Las víctimas de violaciones a los derechos humanos o sus familiares aspiran a, que ese día y en adelante, se haga todo lo necesario para conocer la verdad de lo sucedido a través de una investigación efectiva, se procese a los responsables de los ilícitos, se impongan sanciones pertinentes y se indemnice por los daños y perjuicios que hubieren sufrido los familiares.

En efecto, en todos los ámbitos civiles y sociales, las víctimas tienen derecho a saber la verdad sobre las violaciones que las hayan afectado, y también se debe informar a todas las comunidades, como salvaguarda vital contra las mismas.

El derecho a la verdad está vinculado estrechamente al derecho a la justicia y en todo el mundo las Naciones Unidas han abogado por la celebración de consultas inclusivas y genuinas con las víctimas y los grupos afectados, especialmente las mujeres, las niñas y aquellas personas que con demasiada frecuencia quedan excluidas y marginadas.

Lo deseable es propiciar mecanismos que garanticen la participación de las víctimas en todas las etapas pertinentes de los procesos de justicia de transición y reconocer plenamente sus necesidades en las medidas de reparación y de protección, incluyendo su integridad física y psicológica, su dignidad y su privacidad. Por eso es tan importante preservar los archivos y los documentos fundamentales relativos a las violaciones de los derechos humanos porque de esa manera se aseguran los registros históricos y la memoria.

Cuando se hace referencia a las víctimas, no sólo se considera a las personas que fueron asesinadas, desaparecidas o directamente afectadas por violaciones a los derechos humanos; sino, también a los familiares de esas personas asesinadas y desaparecidas, y al derecho que tienen tanto ellas como la sociedad de conocer el paradero, los responsables y los hechos que produjeron dichas violaciones.

Por eso se habla de que se trata de un derecho de las víctimas y de la sociedad y de un deber del Estado, consagrado como tal al conllevar la obligación de garantizar su ejercicio, conforme al artículo 1.1 de la Convención Americana. Por eso, el derecho a la verdad se concibe como un derecho colectivo.

El derecho a la verdad, adicionalmente, viene acompañado del derecho al duelo, en el caso de personas desaparecidas. Este derecho al duelo encuentra su base en el hecho de que sirve de forma de mediar y aceptar la realidad. Es el derecho de los familiares a enterrar a sus muertos y al negarle dicho derecho, se les niega su condición humana.

En definitiva, el derecho a la verdad es el derecho de la sociedad de obtener respuestas del Estado, es el derecho a conocer el pasado para, de esa forma, no cometer los mismos errores en el futuro.

Sin embargo, la normativa aplicable al derecho a la verdad es limitada. Si bien no existen tratados internacionales especializados en la materia, tanto la Organización de las Naciones Unidas como la Organización de Estados Americanos han coincidido en que un punto de partida común al reconocimiento de este derecho, en los sistemas universal e interamericano, parte de la inclusión de garantías para que las víctimas de desaparición (en el derecho internacional de los derechos humanos y en el derecho internacional humanitario) conozcan la forma en que ocurrieron los hechos, la identidad de los perpetradores, las circunstancias que permitieron que los hechos ocurrieran, así como información sobre el paradero o destino final de las víctimas.

Afortunadamente, algunas normas no vinculantes de derecho internacional han ampliado la enumeración de los contenidos del derecho a la verdad. Eso significa que no solo se incluyen las desapariciones sino todas las violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.

Además, el derecho a la verdad se complementa y perfecciona con el derecho a la memoria, y la investigación sobre los hechos debe regirse por los principios de independencia, imparcialidad y competencia, en correspondencia con las cualidades que deben caracterizar a las autoridades que imparten justicia.

Después de eventos traumáticos, la verdad ayuda en el proceso de recuperación de las personas y en la restauración de la dignidad que, con frecuencia, ha quedado maltrecha después de años de estigmatización.

Con el esclarecimiento de la verdad se inicia un proceso de reconciliación que deja atrás la impunidad, la negación y el silencio.

 

Puede que sea simple casualidad, y la mayoría de los maduristas ni siquiera tengan idea, que el 22 de abril, domingo fijado para las fraudulentas elecciones presidenciales “ampliadas a parlamentarias” por deseo y apetencia de Con El Mazo Dando, además, le da la gana al régimen y a la sumisa e irrita Asamblea cubana Constituyente, se cumplen 148 años del nacimiento, ¡miren qué casualidad!, de Vladimir Ilich Ulianov, más conocido en los bajos fondos del crimen organizado y el pranato como Lenin, uno de los padres ideológicos históricos de esta tragedia que ha llevado a Venezuela y sus ciudadanos en menos de 20 años a la peor situación política, económica y social de su historia.

 

De Lenin a Stalin, de Mao a sus herederos Fidel y Raúl Castro y el desastre cubano, de la Cuba castrista destruida al chavismo que Maduro, más que imitar, ha empeorado a niveles insólitos, tal vez lo que debamos celebrar el 22 de abril es la coherencia comunista, porque Lenin comenzó la tragedia rusa, peor que la zarista, Stalin la profundizó especialmente en tumbas y sangre derramada, los Castro comenzaron, ampliaron y solidificaron el hundimiento cubano, los países de Europa del Este y Asia han sido devastados sanguinariamente por las tiranías comunistas, Chávez y Maduro acabaron con Venezuela a cuenta de una revolución socialista bolivariana del siglo XXI, marxista-leninista, socialista para lo malo, marxista-leninista para lo peor, buena en nada.

 

Hay sin duda histórica una relación lógica persistente en tiranía, injusticia, corrupción, ineficiencia y permanente equivocación en el manejo de las cuestiones económicas que muestran, sin excepciones los comunistas, y lo peor, después de no pegar una en más de un siglo, insisten en ser mentirosos e incapaces. Lo único que hacen en algunos casos, como en Venezuela, es cambiar el nombre del partido de turno.

 

En los países sojuzgados y devastados por la plaga comunista hubo votaciones interesadas que invariablemente ganan los candidatos -los designados, para ser más exactos- del o los partidos oficialistas. En consecuencia, ¡no hay elecciones sino espectáculo rojo rojito!

 

Bueno recordar que comunistas disfrazados han entrado con las expresiones democracia, justicia para los pueblos y libertad, valores éticos y morales ciudadanos respetados pero desvirtuados por el engaño y la manipulación con una serie de inventos mentecatos populistas, que muchos, para su desgracia, creen; pero después que acceden y se aferran al poder reprimen, controlan, encarcelan, torturan, desaparecen, asesinan y, por supuesto, se enriquecen groseramente la cúpula dominante y sus colaboradores. Quizás Lenin no se hizo millonario, pero sin duda, aunque desplazado del poder por otros marxistas-leninistas, vivió de lo más tranquilo y cómodo hasta que murió. 

 

Este 22 de abril de 2018 la revolución comunista versión castrista adaptación venezolana ajustada al madurismo, se dispone una vez más, emplear su experiencia en el fraude a los pueblos para continuar en el poder lucrándose, saqueando, burlándose de los ciudadanos, beneficiándose con el hambre y la desesperación de los diferentes niveles sociales y en todos los rincones del país.

 

Sacan de la manga como por arte de magia, a un desfachatado cliente de panamá papers, payaso cuestionado de dudosa reputación, pagó arresto domiciliario acusado de contrabando agravado, manejo ilícito de materiales o desechos clasificados como peligrosos, asociación para delinquir, tráfico de materiales estratégicos, (año 2010) según sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, el Pastor Evangélico Javier Bertucci, anuncia su aspiración presidencial, y una de sus maravillosas propuestas consiste en que debemos acostumbrarnos, «todos los domingos, en cadena nacional, a escuchar el mensaje de salvación», versión propia de aquellos programas de Chávez. El chiflado pretendiente a regir los destinos de Venezuela, anunció que su candidatura no debe ser vista como una iniciativa política “sino espiritual y de obediencia a Dios”; farsante, embustero, fantoche quedará inscrito en la historia como un majadero mequetrefe charlatán que le hizo el juego al comunismo y al castrismo, otro de los llamados “tontos útiles”.

 

Otro que al parecer tiene la decisión tomada -según se intuye del 28, 28- de participar en esta estafa continuada pero montada a todo costo, es Henri Falcón, chavista converso que manifestó, jamás sería candidato de la oposición. Infelizmente hizo recordar a su perverso y sinvergüenza compañero de partido, aquel insidioso padre de la lista Maisanta que juró nunca estaría del lado opositor. No hay nada peor y más peligroso que ciertos conversos; son especímenes extraños, resbaladizos y guabinosos como las Hoplias malabaricus de agua dulce, cuerpo cilíndrico, boca grande, hábitos lacustres, acechando en aguas poco profundas, cálidas, cenagosas y con abundante vegetación, también conocidas como guabinas. Como buenos carnívoros tiene poderosas dentaduras y hasta dientes en el paladar.

 

Y no será entonces este 22 de abril fecha para festejar ni apagar velitas rojas, sino para la cúspide de la desesperación. O el capítulo final.

 

@ArmandoMartini 

 

 

El ministro de interior y Justicia, Néstor Reverol, informó que se crearan Casas de Justicia para disminuir el índice delictivo en el país. “En una primera prueba piloto de 25 casas de justicias se han visto resultados favorables para la ejecución de la justicia en el país”.

Dijo que se han creado cinco en todo el país y que en proyección esperan que sean 79 y estarán ubicadas en las jurisdicciones que concentran el 70% de la incidencia delictiva de la nación.

 

“Con estos nuevos recintos se espera atender todos los delitos cuya pena no excedan de 8 años”, explicó el ministro Reverol al tiempo que agregó que con las casas ya existentes se han atendido a más de 9 mil personas y se han hecho más de 2 mil mediaciones y conciliaciones así como 1.203 actos conclusivos.

Reverol informó que una comisión integrada por representantes de Poderes Públicos revisará el conjunto de leyes en materia penal vigentes en Venezuela, con el propósito de estudiar su reforma.